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Sentencia T.S.J. Asturias 376/2010 de 31 de marzo


 RESUMEN:

Se impugna por la representación procesal de los recurrentes la Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias de fecha 29 de Noviembre de 2006 desestimatoria de su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de los servicios sanitarios derivada de la atención prestada a su hijo en un Hospital de Madrid, el cual falleció. No queda acreditado lo suficiente, a juicio de la sala, lo alegado en el recurso. Desestimación.

SENTENCIA

En Oviedo, a treinta y uno de marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 377/07 interpuesto por D.ª Antonia y D. Teodulfo, representadas por la Procuradora D.ª María Teresa Carnero López, actuando bajo la dirección Letrada de D.ª Orfelina Moradiellos Rubín, contra la CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS, representado por el Procurador D. Luis Álvarez Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de D. Miguel A. Suárez González. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Manuel González Rodríguez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Segundo.-Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

Tercero.-Por Auto de 13 de abril de 2009, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

Cuarto.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

Quinto.-Se señaló para la votación y fallo del presente el día 29 de marzo pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna por la representación procesal de los recurrentes la Resolución del Iltmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias de fecha 29 de Noviembre de 2006 desestimatoria de su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de los servicios sanitarios derivada de la atención prestada a su hijo Sergio en el Hospital "Ramón y Cajal" de Madrid, el cual falleció el 4 de noviembre de 2004.

Segundo.-La parte demandante, tras efectuar una relación cronológica de las actuaciones llevadas a cabo respecto de su hijo menor por parte del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Ramón y Cajal, considera que en el presente caso concurre un deficiente funcionamiento de éste, achacándolo a su aspecto administrativo, a la insuficiente preparación de la intervención quirúrgica (citación apresurada, mala información de la familia, etc.), al incumplimiento de la obligación legal de realización de las hojas de quirófano por parte del cirujano Dr. Lourdes, y a la falta de cumplimiento del frecuente seguimiento del paciente por el Servicio de Cirugía durante su ingreso.

Tercero.-La representación procesal del SESPA contestó a la demanda alegando, en primer término, la inadmisibilidad por falta de legitimación pasiva, por desviación procesal, y por litispendencia, así como por concurrencia de falta de litis consorcio pasivo necesario al no haberse traído al pleito al Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid; para, finalmente y respecto al fondo, negar la concurrencia de la responsabilidad prevista en el art. 139 y s.s. de la Ley 30/92 por inexistencia del exigible nexo causal.

Cuarto.-Comenzando por el análisis de las excepciones opuestas por la parte demandada, hemos de descartar la concurrencia de todas ellas en la presente litis, siendo ello así porque no cabe hablar de desviación procesal cuando resulta plenamente coincidente la pretensión de la demanda con la resolución recurrida y con la reclamación efectuada en la vía administrativa, por más que en ésta no se hubiese cuantificado en un primer momento dicha reclamación; en segundo lugar, porque no cabe litispendencia cuando el procedimiento penal ya está finiquitado por resolución firme de la Audiencia Provincial de Madrid; en tercero, porque en el proceso contencioso-administrativo no cabe hablar de excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/98; y, finalmente, porque no cabe hablar de falta de legitimación pasiva una vez que la Consejería de Salud del Principado es la autora de la resolución impugnada y porque la circunstancia de haberse prestado la atención médica en un centro hospitalario de la Comunidad de Madrid no excluye a la referida Consejería al haberse hecho así en virtud de la remisión del paciente por los servicios del Hospital Central de Asturias en el que no existe el de cirugía cardiaca infantil, por lo que, en definitiva, procede considerarse a la Consejería demandada como responsable indirecta y ello con independencia de que pudiera también haberse efectuado la reclamación ante la análoga de la Comunidad de Madrid.

Quinto.-El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo el artículo 139.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho, dentro del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo "de otro modo de produciría un sacrificio individual a favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad".

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere según el artículo 139 antes citado, que concurran los siguientes requisitos:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto con acreditar que un daño antijurídico, se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, así lo dice la Ley 30/92, en el artículo 139, cuando señala que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso Fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

Sexto.-A la luz de la doctrina anteriormente expuesta, esta Sala no aprecia en el presente caso la concurrencia del tipo de responsabilidad que aquí nos ocupa, y no lo hace porque la prueba practicada no acredita suficientemente que la actuación de los facultativos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid estuviese incursa en una "mala praxis" sino que, por el contrario se adecuó a la lex artis ad hoc, no pudiendo llevar a conclusión contraria el lacónico informe del perito de parte Don Cesar que, aparte de no ser especialista en la materia, deduce sin más mala praxis del hecho de haberse tenido que realizar una segunda intervención quirúrgica olvidando que la obligación de tales facultativos lo es de medios y no de resultados y de que no existe el menor indicio en el expediente de que aquella primera intervención no se hubiese realizado en forma correcta, tal y como estiman los demás doctores e incluso el Sr. Médico-Forense de Madrid.

Es cierto que la parte recurrente parece fundamentar la responsabilidad más bien en deficiencias de tipo administrativo ya expuestos en el segundo fundamento de la presente resolución, más también lo es que no puede derivarse de ello el resultado producido faltando así el primero de los requisitos necesarios para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración como lo es el de la existencia de una actuación antijurídica, así como el necesario nexo causal entre aquél y ésta; y si bien se denuncia asimismo el deficiente seguimiento del paciente por parte del Servicio de Cirugía tampoco esto ha resultado acreditado tratándose, por el contrario, de una manifestación de parte sin el suficiente apoyo probatorio.

Séptimo.-En definitiva, pues, procederá desestimar el presente recurso contencioso-administrativo, sin que se estimen méritos para efectuar una expresa imposición de las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª Antonia y D. Teodulfo contra la resolución impugnada, por ser la misma conforme a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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