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Sentencia T.S.J. Castilla y León 796/2010 de 5 de abril


 RESUMEN:El objeto del presente recurso se concreta en determinar si es conforme con el ordenamiento jurídico la Orden de la Consejería de Sanidad que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por defectuosa asistencia sanitaria. Dada la incapacidad parcial que las secuelas, especialmente los acúfenos comportan al actor, que afecta "en cierta medida" de forma permanente a su vida social, emocional y laboral. Se acuerdo estimar el recurso y reconocer el derecho a ser indemnizado del recurrente.

SENTENCIA

En Valladolid, a cinco de abril de dos mil nueve.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

Orden de la Consejería de Sanidad de 16 de febrero de 2004 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 9 de octubre de 1998 por los daños y perjuicios causados por la defectuosa asistencia sanitaria prestada al recurrente.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: Don Simón, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Lucía Lafuente Mendicute, y bajo la dirección del Letrado D. Rufo Martínez de Paz.

Como demandada: La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Consejería de Sanidad), representada y defendida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.

La compañía aseguradora "Mapfre Industrial S.A.S.", representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Guilarte Gutiérrez Don Felipe Alonso Delgado, y defendida por el Letrado don José María Tejerina.

Ha sido Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Doña MARÍA ANTONIA LALLANA DUPLÁ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal que se tenga por formalizada la demanda, tras la que, y previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que estimando el recurso declare el derecho del actor a ser indemnizado por las lesiones y secuelas sufridas como consecuencia de la actuación de la Administración demandada, fijando la indemnización en la suma de 90.151,82 €, intereses legales de la misma desde el día 9 de octubre de 1998 y costas.

Segundo.-En el escrito de contestación de la Administración demandada, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el presente recurso y se impongan las costas a la parte actora.

En el escrito de contestación de la entidad codemandada, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el presente recurso.

Tercero.-El proceso se recibió a prueba con el resultado que figura en los autos.

Presentados los escritos de conclusiones por las partes, se declararon conclusos los autos y se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 31 de marzo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos en ella fijados por causa del volumen de pendencia y trabajo que soporta la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto del presente recurso se concreta en determinar si es conforme con el ordenamiento jurídico la Orden de la Consejería de Sanidad de 16 de febrero de 2004 que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por defectuosa asistencia sanitaria formulada el 9 de octubre de 1998 en solicitud de una indemnización de 90.151,82 €, por los daños y perjuicios producidos al actor D. Simón, tras una caída derivada de un desmayo tras la administración de una vacuna en el colegio Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria (Zamora), dentro de la campaña de vacunación organizada el año 1997 por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Zamora.

Del expediente administrativo, de las pruebas practicadas y de las alegaciones vertidas en los escritos forenses de las partes quedan acreditados los siguientes extremos de interés para la resolución de este pleito:

El 2 de octubre de 1997 don Simón, a la sazón de 18 años, que presentaba antecedentes de labilidad emocional a la sangre, inyecciones, fue vacunado contra la meningitis meningocócica A+C, durante la campaña de vacunación de 1997, en el Instituto "Valverde de Lucerna" de Puebla de Sanabria (Zamora). La vacunación era voluntaria y gratuita, y dirigida a personas entre 18 meses y 19 años. El documento de consentimiento para la vacunación lo firmó el propio don Simón.

Después de ser vacunado, trascurridos uno o dos minutos, sin indicación alguna, abandonó la sala donde se estaban realizando las vacunaciones y se dirigió a su aula, y aproximadamente durante los 10 minutos posteriores mientras se encontraba solo en su aula sufrió un síncope vasovagal, o una reacción anafiláctica, con un mareo y una caída, golpeándose la cabeza en la parte frontal derecha y con una posible pérdida de consciencia, siendo encontrado por unos compañeros cuando se encontraba recostado en su banca en el aula. Al ser encontrado por sus compañeros les comentó que no se encontraba bien y que lo acompañasen a los servicios donde vómito y sintió un fuerte dolor de cabeza.

Los alumnos avisaron a los facultativos que estaban realizando las vacunaciones (dos médicos y tres ATS); acudiendo inmediatamente dos médicos u un ATS junto a don Simón, observando cómo éste vomitaba en los servicios. Se trasladó al joven a la sala de vacunación y se le exploró. Estaba consciente, orientado, coloración normal de piel, campos pulmonares con ventilación normal, auscultación cardiaca normal pero sudorosa. Presentaba náuseas repetidas y vómitos discretamente hemáticos. Se apreció a la exploración faríngea un hilillo de sangre.

Mientras estuvo en observación, fue vigilado y controlado por el doctor Jesús Luis. Al no ceder los síntomas, se le trasladó al Centro de Salud de Puebla, acompañado por el Coordinador Médico del Centro y una ATS. En el Centro fue tratado con sueroterapia y corticoides.

De allí fue remitido al Hospital Virgen de la Concha. En el Servicio de Urgencias, las exploraciones física, neurológica y analítica eran normales. Se le realizó TAC craneal con probable TCE-Neumoencéfalo, contusión hemorrágica frontal; es remitido desde el Servicio de Urgencias al Servicio de Neurocirugía de Salamanca, por si precisara intervención quirúrgica.

Ingresó en Neurocirugía de Salamanca, consciente, orientado, con escala de Glasgow 15, exploración neurológica normal y cefálea. En TAC se detecta pequeña contusión frontobasal izquierda y neumoencéfalo de pequeñas proporciones en cisternas basales. No se observan signos de edema cerebral y el sistema ventricular es de tamaño y aspecto normal. Tampoco se objetiva fractura craneal. Ingresa para observación y durante el ingreso presentó goteo por fosas nasales que confirma la sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo que cesó con antibióticos y reposo.

Durante el ingreso refiere hipoacusia de oído derecho. Visto por otorrinolaringología como interconsulta, se observa engrosamiento de la membrana timpánica y zonas hemorrágicas sobre dicha membrana. El resto de la exploración es normal.

El 22 de octubre es dado de alta de Neurocirugía. En el informe no constan manifestaciones de fístula de líquido céfalo raquídeo, reabsorción progresiva de la contusión frontal basal y desaparición del neumoencéfalo (por TAC). Señalan que deberá ser controlado por otorrinolaringología para seguimiento de hipoacusia.

En otorrinolaringología se solicitan estudios posteriores, al haber diagnóstico de presunción de hipoacusia de transmisión por ocupación de cavidades. En el estudio craneal por imagen no se aprecian signos de fractura de base (base media) ni otros signos de ocupación de ángulo pontocerebeloso. En estudios audiométricos se demuestra el carácter neurosensorial de la hipoacusia de oído derecho, con una pérdida pantonal del 60%. Se da de alta en otorrinolaringología y se indica que sea revisado pasado seis meses. El 16 de junio de 1998 es visto por otorrinolaringología en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. A la exploración se indica tímpano normal e hipoacusia neurosensorial unilateral con pérdida auditiva de 65 dB en oído derecho.

A consecuencia del traumatismo craneal D. Simón sufrió una fístula de líquido cefalorraquídeo, de la que sanó y una hipoacusia derecha con una pérdida de audición del oído derecho del 60%. Necesitó para su curación un periodo de incapacidad de 69 días de los que 20 necesitaron hospitalización y 49 fueron impeditivos restándole como secuelas. Hipoacusia del oído derecho con una pérdida pantonal del 60 % y acúfenos en oído derecho. Estas secuelas, especialmente los acúfenos afectan de modo permanente a todos los ámbitos de las relaciones personales del actor, tanto a la vida social, emocional y laboral.

Por estos hechos se siguieron Diligencias Previas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria. En dichas actuaciones figura el informe del Médico Forense de fecha 5 de diciembre de 1997 que dice que: "La asistencia recibida por el niño Simón el día 2 de octubre de 1997, tanto en el momento de la vacunación como después de la misma, cumple fielmente el protocolo de instrucciones para personal del equipo de vacunación antimeningocócica A+C emitido por la Junta de Castilla y León, especialmente en sus apartados 8 (precauciones y contraindicaciones) y 12 (aspectos prácticos de organización de la vacunación en centros escolares). Por auto del Juzgado de 10 de diciembre de 1997 se decretó el archivo de las diligencias previas, por no ser los hechos constitutivos de delito o falta.

Con fecha 9 de octubre de 1998 el actor presentó solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente al Insalud, Dirección Provincial de Zamora, solicitando una indemnización de 15 millones Ptas por el daño producido -traumatismo cráneo encefálico que necesitó de hospitalización con fístula de líquido cefalorraquídeo ya sanada y secuelas de hipoacusia neurosensorial del 60% del oído derecho y acúfenos- a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios sanitarios, alegando que el interesado a los 18 años fue sometido a un programa de vacunación escolar sufriendo una reacción adversa a la vacuna, al parecer un mareo, cayendo al suelo, provocándose un traumatismo cráneo encefálico. El mareo y la caída se producen por una reacción a la vacuna de la meningitis sin haber sido informado previamente de las posibles complicaciones de la vacuna. Alega que la no previsión de una reacción aunque sea poco usual es una violación de la correcta lex artis.

Interpuesto recurso contencioso administrativo por el actor frente a la desestimación presunta de la solicitud presentada, la Audiencia Nacional dictó sentencia el 18 de marzo de 2003 declarando el derecho del recurrente a que previos los trámites del expediente reglados en el reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993 se dicte resolución expresa en el procedimiento de responsabilidad patrimonial citado.

La Inspección Médica del Insalud emitió informe en el expediente administrativo con las siguientes conclusiones: "que la sintomatología presentada en las consecuencias posteriores debidas a un traumatismo que pudo ser debido a un golpe (existencia de traumatismo craneoencefálico) anterior o posterior a la vacunación, no son consecuencia, en ningún caso de reacción adversa por la vacuna. La asistencia sanitaria prestada a don Simón por el personal sanitario del INSALUD fue en todo momento, la correcta y adecuada, incluso muy diligente"

En fecha 16 de febrero de 2004 la Consejería de Sanidad dicta Orden desestimatoria de la reclamación patrimonial referida, sobre la consideración, de acuerdo con el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, prestado en el día 22 de enero de 2004, de que en todo momento la actuación médica fue totalmente ajustada a la lex artis, cumpliéndose todos los protocolos.

En la demanda la parte actora alega que concurren en el presente caso todos los requisitos necesarios que determinan la responsabilidad patrimonial de la Administración por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios pues no cabe duda de que las secuelas psíquicas y físicas parecidas por el actor (neuritis del VII par coclear del oído derecho, de origen postraumático, que provoca la pérdida pantoral del 60% y acúfenos en el oído derecho), fueron causadas por una reacción anafiláctica o bien un episodio vasovagal después de habérsele administrado una vacuna antimeningocócica A+C. Expone que ha habido una clara infracción de la lex Artis pues el manual suministrado al personal sanitario por la Consejería de Sanidad indica expresamente la posibilidad de aparición de reacciones adversas y la necesidad de supervisión médica de los vacunados durante un periodo de tiempo (según los estudios técnicos de 15 a 30 minutos), siendo lo cierto que dicha prescripción no fue cumplida, permitiendo que don Simón abandonarse de forma inmediata el local en el que la vacunación había tenido lugar, sin recibir instrucción alguna al respecto. Mantiene que hay relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público sanitario pues, además de que la reacción anafiláctico o el síncope vasovagal causantes de la caída, las lesiones y las secuelas de don Simón, son consecuencias posibles y descritas específicamente de la vacunación, ha de tenerse en cuenta la inmediatez entre ésta y el episodio sufrido por el actor (menos de 10 minutos), así como la ausencia de patología previa o de cualquier incidente interconcurrente durante ese escaso período de tiempo. Reclama por las lesiones y secuelas sufridas la cantidad de 90.151,82 €, más los intereses legales de esta cantidad desde el día 9 de octubre de 1998.

La Administración demandada y la entidad aseguradora codemandada en los respectivos escritos de contestación a la demanda se oponen a las pretensiones de la demanda alegando mediante razonamientos en esencia coincidentes que la actuación médica ha sido totalmente ajustada a la lex Artis, se han adoptado todas las precauciones previstas en los protocolos existentes; no puede reputarse existente responsabilidad patrimonial de la Administración demandada por ausencia del nexo causal. Por último exponen que la cantidad reclamada no se encuentra justificada teniendo en cuenta las secuelas padecidas y los baremos previstos por la Dirección General de Seguros para las indemnizaciones permanentes.

Segundo.-Esgrimida en la demanda una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración ha de indicarse que el art. 139 de la Ley 30/92 dispone textualmente: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas......" y el art. 141.1 dice que "Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley".

Dichos preceptos establecen, en sintonía con el art. 106.2 de la CE, un sistema de responsabilidad patrimonial: a) unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca toda la actividad - por acción u omisión- derivada del funcionamiento de los servicios públicos, tanto si éstos incumben a los poderes públicos, como si son los particulares los que llevan a cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera de interés general; c) de responsabilidad directa: la Administración responde directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa, o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del sistema, es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a la reparación integral.

Por tanto para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración es preciso:

Que se aprecie una relación de causalidad entre la acción/omisión y el resultado lesivo.

Que el daño sea antijurídico, o, lo que es lo mismo, que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo y ello supone: a) que el daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público; y b) que el ordenamiento no imponga al perjudicado expresamente el deber de soportar el daño.

Que el daño sea indemnizable: a) daño efectivo; b) evaluable económicamente; y c) individualizable en relación a una persona o grupo de personas.

En este sentido cabe recordar, entre otras, la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de noviembre de 1998 (RJA 9920).

Tercero.-En materia de responsabilidad patrimonial derivada de una actuación médica, el criterio básico utilizado es el de la Lex Artis, de suerte que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados: la obligación del médico es prestar la debida asistencia y no de garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. Por ello, la Lex Artis constituye el parámetro de actuación de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos, imponiendo al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es fundamental a la hora de delimitar la responsabilidad en este ámbito, exigiéndose para su existencia no sólo la lesión sino también la infracción de dicha Lex Artis. Si sólo bastara la lesión se incurriría en una excesiva objetivación de la responsabilidad. Al respecto cabe citar la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2000 en la que se recuerda: "Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano".

Cuarto.-Proyectada la doctrina expuesta sobre el caso de autos, es forzoso declarar que concurren los requisitos configuradores de la responsabilidad patrimonial.

En el presente caso vistos los informes médicos obrantes en las actuaciones -en especial el informe del perito judicial D. Francisco, así como el informe de la perito judicial doña Adelina - no cabe sino estimar acreditada la relación de causalidad entre la administración de una vacuna contra la meningitis meningocócica A+C, durante la de vacunación de 1997, en el Instituto "Valverde de Lucerna" de Puebla de Sanabria y el episodio de síncope vasovagal o reacción anafiláctica sufrida por don Simón en los 10 minutos posteriores a la administración de la vacuna, cuando se encontraba sólo en su aula, sin vigilancia médica, que le produjo mareo, caída y traumatismo en la cabeza, con posible pérdida de consciencia, ocasionándole las lesiones antes descritas.

Dada la proximidad temporal (unos 10 minutos) entre la administración de la vacuna y el episodio probablemente de síncope vaso-vagal, se da por acreditada la relación de causalidad entre la administración de la vacuna y el referido episodio; máxime cuando está acreditado que don Simón presentaba antecedentes de labilidad emocional a la sangre, inyecciones etc. que pudieran haber favorecido la aparición del referido síncope.

Una vez determinada la relación de causalidad entre la actuación sanitaria y el referido cuadro clínico presentado por el actor, resta por examinar el título de imputación por el que la Administración ha de asumir la responsabilidad por la lesiones y secuelas padecidas por el recurrente, o si por el contrario, existía la obligación del actor de soportar el daño causado, lo que impediría la calificación de la lesión, de antijurídica y por ende su consideración como perjuicio indemnizable.

En este sentido hemos de tener en cuenta los diferentes informes médicos emitidos en las actuaciones en los que se afirma que los episodios de síncope vasovagal o las reacciones anafilácticas derivadas de la administración de una vacuna son eventos previsible y por tanto se deben extremar las medidas precautorias. Al respecto se indica que en las consideraciones médico legales del informe del Dr. Francisco se dice que: "Aunque no es habitual la existencia de mareos con pérdida de equilibrio tras la vacunación, éstos pueden producirse, por lo que la actitud o praxis más correcta y prudente es la observación del paciente tras la vacunación durante un periodo variable de tiempo que puede alcanzar los 15-20 minutos, periodo en el que ocurren la mayor parte de los síncopes. Durante este periodo es recomendable que permanezcan sentados o semisentados en un lugar sin excesivos riesgos en caso de caída. Lo más prudente es acondicionar un aula o gimnasio para las vacunaciones y que los alumnos permanezcan un tiempo de supervisión por los facultativos o los docentes del centro". Y se añade que: "Es posible y altamente probable que el paciente sufriera un síncope vaso-vagal o similar ante la administración de la vacuna, puesto que además presentaba antecedentes de labilidad emocional a la sangre, inyecciones, etcétera. Desde el punto de vista médico legal y forense estos antecedentes cobran elevada importancia, puesto que la presencia de los mismos debió hacer extremar la diligencia y cuidado en este caso particular. Un síncope vaso-vagal se puede desencadenar por el dolor, la bipedestación prolongada, el miedo a distintas situaciones y prácticas, la administración de inyecciones, venopunciones o situaciones estresantes entre otras muchas cosas, por lo que debemos considerar muy probable que ésta fuera la causa de la caída y el traumatismo, aunque no podemos afirmarlo sin ningún género de dudas."

Éstas manifestaciones y en concreto esta última apreciación de la hipótesis más probable de cómo se pudo producir el síncope vaso-vagal y el traumatismo en la cabeza de D. Simón no han resultado desvirtuadas por las restantes pruebas obrantes en autos.

De lo que hasta aquí se ha dicho se debe concluir que en la administración de la vacuna al actor en el centro educativo de Puebla de Sanabria se incidió en un factor conocido de riesgo de que se produjese un síncope vasovagal, o una reacción anafiláctica sin que se haya acreditado que se hayan adoptado por la Administración sanitaria las medidas preventivas correspondientes. Se recuerda que el alumno, D. Simón, tras ser vacunado, permaneció uno o dos minutos en la Sala de vacunaciones sin que conste que recibiesen ninguna indicación concreta sobre las prevenciones a tener en cuenta, máxime dadas sus circunstancias especiales de antecedentes de labilidad emocional a la sangre, y a continuación se dirigió a su aula donde fue encontrado solo, sin vigilancia médica, por sus compañeros recostado sobre su banca y mareado aproximadamente a los 10 minutos de haber sido vacunado. El lapso temporal de 10 minutos lo reconoce la Administración en el informe del Jefe de Sección de Epidemiología de 3 de octubre de 1997 que figura al folio 62 del expediente administrativo, (y se reitera en el informe emitido por el mismo Jefe de Sección que obra al folio 67 del expediente administrativo).

En consecuencia el daño sufrido por el actor debe ser calificado como antijurídico pues no existe deber de que el mismo sea soportado por aquél.

Quinto.-Llegados a este punto el montante de la indemnización que corresponde percibir al recurrente, habrá de determinarse, por analogía, conforme al Baremo establecido por el R.D. Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, siendo aplicable, para hacer efectivo el principio de plena indemnidad que impera en la responsabilidad patrimonial de Administración, la previsión del art. 141 de la Ley 30/92 que establece que "la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística".

Pues bien, como quiera que el Baremo aprobado por el citado R.D.L.8/2004 ha sido actualizado periódicamente conforme al incremento del índice de precios al consumo, deberemos partir de la resolución aprobada con fecha 31 de enero de 2010 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (publicada en el BOE de 5 de febrero de 2010), que opera la última de dichas actualizaciones, vigente a la fecha de dictarse la presente sentencia, conforme a la cual se calculará la indemnización que corresponde percibir al lesionado.

Ha de tenerse en cuenta que la determinación de las lesiones sufridas por el actor a consecuencia del referido cuadro clínico se efectúa esencialmente con fundamento en el resultado del informe pericial practicado en este proceso del perito judicial D. Francisco. Con base en el citado informe resulta acreditado que el actor a consecuencia del referido cuadro clínico precisó tratamiento médico para su curación durante 69 días. De ellos 20 en régimen de hospitalización; habiendo sido impeditivos para la realización de sus actividades habituales 49 de ellos; habiendo curado con secuelas.

Conforme a la citada resolución de la Dirección General de Seguros por el concepto de indemnización por incapacidad temporal tiene derecho el actor a percibir la siguiente indemnización: a)-Por los 20 días que precisó tratamiento y asistencia hospitalaria a razón de la indemnización diaria de 66 € la suma de 1.320 €. Por los 49 días que precisó tratamiento médico estando impedido para la realización de sus actividades habituales a razón de la indemnización diaria de 53,66 € la suma de 2.629,34 €.

Por las secuelas que presenta de: 1) Hipoacusia del oído derecho que origina una pérdida pantonal del 60%, conforme a la Tabla VI, Tabla C, sistema auditivo, del Baremo le corresponden, de acuerdo con el informe del citado perito Dr. Francisco (no desvirtuado por el informe de la perito judicial Dña. Adelina, atendidas las consideraciones recogidas al folio 9 del informe sobre "la reseña pantonal en cuanto al 60%") se valora en 8 puntos. 2) Acúfenos en el oído derecho conforme al informe del citado perito se valora en 3 puntos. Y, a razón de 943,65 € el punto se reconoce por las secuelas la suma de 10.380,15 €.

Por la incapacidad parcial que dichas secuelas, especialmente los acúfenos comportan al actor, que afecta "en cierta medida" de forma permanente a su vida social, emocional y laboral ante la presencia constante de un zumbido que conlleva necesariamente una molestia que afecta al carácter y con ello a todos los ámbitos de su vida de relación (conforme se indica en el acta de ratificación del informe pericial del Dr. Francisco, en relación con el informe médico prestado por la Dra. Sabina, ratificado en prueba testifical en fecha de 21 de mayo de 2009 en este recurso) se asigna la indemnización de 5.000 €.

La suma de las indemnizaciones anteriores arroja un total de 19.329.49 €.

Por lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso interpuesto, reconociendo el derecho del actor a ser indemnizado en la cantidad global - salvo error u omisión - de 19.329,49 euros, más los intereses previstos en el artículo 106.2 y 3 de la L.J.C.A. de 1998, que nacen (estos intereses propiamente dichos) ex lege y no necesitan petición de parte, ni expresa declaración en Sentencia, sin que proceda el reconocimiento de intereses a que se refiere el art. 20 de la Ley 50/80, frente a la compañía aseguradora codemandada, entre otras consideraciones, al no venir formulada pretensión contra la misma en el suplico de la demanda.

Ha de indicarse que no procede la práctica de las diligencias finales interesadas por la actora en su escrito de conclusiones, entre otras consideraciones, al tratar sobre diligencias de prueba que constan ya practicadas en las actuaciones.

Sexto.-Procede por tanto estimar parcialmente este recurso, sin hacer especial condena en las costas de este proceso, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes del mismo, de acuerdo con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. Simón contra la resolución impugnada en este recurso, que se anula y deja sin efecto, por no ser conforme a Derecho, declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado por el Servicio Regional de Salud de Castilla y León en la suma de 19.329,49 €, más intereses de dicha cantidad a que refiere el art. 106 de la Ley 29/98, desestimando las restantes pretensiones de la demanda; y todo ello sin hacer especial imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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