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Sentencia T.S.J. Asturias 372/2010 de 31 de marzo


 RESUMEN:

Se impugna por la representación procesal de los recurrentes la desestimación presunta por la Consejería de Salud del Principado de Asturias de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de la asistencia sanitaria prestada. El servicio sanitario no extremó el tiempo necesario a la hora de realizar una segunda intervención. Se entiende que ha existido negligencia por parte de los médicos que atendieron. Estimación.

SENTENCIA

En Oviedo, a treinta y uno de marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1895/07, interpuesto por D. Gonzalo, D. Manuel y D. Modesto, representados por la Procuradora Dña. Ana Candanedo Candanedo, actuando bajo la dirección Letrada de D. Emilio Candanedo Candanedo, contra la CONSEJERIA DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por la Procuradora Dña. Paula Cimadevilla Duarte, actuando bajo la dirección letrada de D. Lorenzo Carro Alonso y como parte codemandada, ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador D. Francisco Javier González de Mesa, actuando bajo la dirección Letrada de D. Javier Moreno Alemán. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Manuel González Rodríguez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Segundo.-Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

Tercero.-Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.

Cuarto.-Por Auto de 18 de marzo de 2009, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

Quinto.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

Sexto.-Se señaló para la votación y fallo del presente el día 29 de marzo pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna por la representación procesal de los recurrentes la desestimación presunta por la Consejería de Salud del Principado de Asturias de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada el 13 de abril de 2007 por los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de la asistencia sanitaria prestada a Dña. Silvia.

Segundo.-Como fundamento de la pretensión resarcitoria se señala en la demanda la existencia de un retraso injustificable de 11 semanas en el inicio del tratamiento radioterápico que se le practicó después de la aparición de un carcinoma ductal infiltrante que presentaba dicha paciente en el pecho izquierdo, demora esta reconocida por el propio Jefe del Servicio de Ontología Radioterápica; asimismo se pone de manifiesto que en marzo de 2004 se le detectó un lipoma en tanto que en el mes de junio se comprobó que este era en realidad un carcinoma con metástasis axilares que, pese a ser intervenida quirúrgicamente, fue propagándose hasta que ocasiona su fallecimiento el 22 de abril de 2006.

Tercero.-Las representaciones procesales del Principado y de la aseguradora "Zurich España Cia. De Seguros y Reaseguros" contestaron oponiéndose a la demanda manteniendo que no existió en este caso mala praxis médica ni retraso injustificado alguno sino que el fatal desenlace fue debido a la extrema gravedad del tumor que padecía la paciente.

Cuarto.-El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo el artículo 139.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho, dentro del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo "de otro modo de produciría un sacrificio individual a favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad".

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere según el artículo 139 antes citado, que concurran los siguientes requisitos:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto con acreditar que un daño antijurídico, se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, así lo dice la Ley 30/92, en el artículo 139, cuando señala que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso Fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

Quinto.-A la luz de la doctrina anteriormente expuesta procede indicar que la cuestión fundamental que debe dilucidarse en el presente procedimiento no es otra más que la de determinar si ha existido un retraso injustificado en la aplicación del tratamiento radioterápico (falta o inadecuación de medios, indica en su reclamación, el esposo de la fallecida) y sí en último término, aquél influyó directamente en la recidiva y consiguiente metástasis.

Púes bien, del examen del expediente administrativo se puede deducir claramente que una vez extirpado el primer carcinoma detectado, en mayo de 2003, se la administró a la paciente tratamiento quimioterapico que finalizó el 10 de septiembre de 2003 cuando, en principio, había sido citada para el mes de octubre no pudiendo llevarse a cabo en esta fecha por la carga asistencial existente (Vid. Informe del Dtor. Luis Manuel al folio 694 del Expediente Administrativo).

La cuestión se centra, púes, en decidir sí ha existido un retraso relevante en el inicio de la radioterapia, como se señala en la demanda al fijar como plazo razonable el de dos a cuatro semanas con posterioridad a la operación quirúrgica, o sí, como indica el Dtor. Miguel Ángel, el plazo admisible puede alargarse hasta los seis meses; y a este respecto debemos señalar que, por una parte, existen estudios médicos que admiten que el plazo para administrar tratamiento radioterapico puede llegar hasta los siete meses posteriores a la operación quirúrgica, y que, por otra, no puede obviarse que aquí los facultativos decidieron aplicar, en un principio, tratamiento quimioterapico y que desde la finalización de este hasta el inicio del radioterápico transcurrieron poco más de seis semanas debido a la excesiva carga asistencial, por lo que habrá que determinar si este retraso pudo tener influencia en el resultado final.

De la prueba practicada no puede concluirse que dicho retraso fuese el motivo desencandenante de la recidiva del tumor ubicada en otra parte del pecho de la paciente ni, menos aún, que si se hubiese administrado la radioterapia en la fecha inicialmente prevista el tumor no se hubiese reproducido pues, ello, y pese a lo manifestado por el perito de parte, Sr. Blas, supondría tanto como afirmar que en todos los supuestos de tratamiento radioterapico tras extirpación de tumores locales se evitan las recidivas, lo que es hecho notorio que no acontece.

También hemos de analizar el hecho de que en enero de 2004 se diagnosticó la presentencia de un lipoma en el pecho que en revisión de junio se comprobó que era un carcinoma con metástasis axilares, y es precisamente aquí donde esta Sala aprecia una pérdida de oportunidad al no extremar en dicho plazo (6 meses) las medidas diagnosticas preventivas que pudieran dar lugar a apreciar en tiempo más corto este segundo carcinoma, cuya aparición podía ser previsible visto el desarrollo de la enfermedad y la gravedad que ya presentaba el primer carcinoma intervenido; ahora bien, lo que no puede tenerse por probado es que en caso de haberse diagnosticado y tratado antes este segundo carcinoma el resultado fatal se hubiese evitado, con lo que el daño antijurídico e indemnizable no puede cuantificarse en relación con el hecho del fallecimiento de la paciente sino el de dicha pérdida de oportunidad y que esta Sala, en atención a la edad y circunstancias familiares de la misma, prudencialmente cuantifica en 24.000 euros, más intereses legales devengados desde la fecha de reclamación en vía administrativa (art. 141.2 Ley 30/92).

Sexto.-No se aprecian méritos para efectuar una expresa imposición de las costas procesales (art. 139.1 Ley 29/98).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido:Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Ana Candanedo Candanedo, en la representación ostentada, contra el acto presunto impugnado, declarando la obligación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias de abonar a dichos recurrentes la suma de 24.000 euros, más intereses legales devengados desde el día 13 de abril de 2007.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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