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Sentencia T.S.J. Asturias 436/2010 de 16 de abril


 RESUMEN:

Se recurre la desestimación presunta de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Principado de Asturias, de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios sanitarios. Alega el recurrente falta de información. No hay un documento que recoja el consentimiento firmado del paciente, pero esta circunstancia no supone en este caso no existiera información como ponen de manifiesto los peritos y el propio médico. Desestimación.

SENTENCIA

En Oviedo a dieciséis de abril de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 861/07 interpuesto por D.ª Loreto, representada por la Procuradora D.ª Cecilia Álvarez Alonso, actuando bajo la dirección Letrada de D. Rafael Abril Manso, contra la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, representada por el Procurador D. Ramón Blanco González, actuando bajo la dirección letrada de D. Lorenzo Carro Alonso y codemandada Zurich España Cia de Seguros y Reaseguros, representada por la Procuradora D.ª Pilar Oria Rodriguez, actuando bajo la dirección Letrada de D. Javier Moreno Alemán. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Gallego Otero.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia por la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración condenándole al abono de la indemnización en la cantidad solicitada, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Segundo.-Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

Tercero.-Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.

Cuarto.-Por Auto de 29-9-2008, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

Quinto.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

Sexto.-Se señaló para la votación y fallo del presente el día 14 de abril pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La parte recurrente interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Principado de Asturias, de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios sanitarios.

Con la acción ejercitada pretende que se declare la responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud del Principado de Asturias en la causación de los perjuicios sufridos por la recurrente, condenándole a que le abone la cantidad de 150.000 euros, con los intereses legales correspondientes a dicha cantidad desde la fecha de la reclamación previa, que para la Entidad Aseguradora Zurich serán los previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Demanda con fundamento en que concurren los requisitos determinantes de la responsabilidad del SESPA por el anormal funcionamiento de los servicios sanitarios del Principado de Asturias. Por cuanto la recurrente fue objeto de hasta 6 intervenciones quirúrgicas para la solución de su problema de cadera, cuando se podía haber optado por la prótesis total de cadera desde un principio, en lugar de otro tipo de soluciones quirúrgicas sin solución satisfactoria, hasta que se coloco en la quinta intervención la prótesis total de cadera, 2 años y 4 meses después de la primera intervención que tuvo lugar el día 24 de enero de 2002. En todo caso, para las intervenciones quirúrgicas 1.ª a la 4.ª, no hubo consentimiento informado para la paciente.

Segundo.-La Administración Sanitaria demandada niega la responsabilidad que le atribuye la parte contraria, pues frene a la argumentación de ésta es preciso dejar constancia de que se trata de una paciente a la que se sometió, previa la adecuada información y consentimiento, a una osteotomía varizante por entender que era la actitud terapéutica más adecuada de acuerdo con la edad y la patología que sufría. Esta intervención tuvo una complicación relativamente frecuente que es el retraso en la consolidación o pseudoartrosis que se pueden incluir entre las roturas o estadillos del hueso que se manipula o el aflojamiento del material implantado, lo que motivo las posteriores intervenciones, sin que se haya producido una fractura, cuya existencia se pretendiese ocultar a la reclamante. En cuanto a la luxación de la prótesis implantada es otro de los riesgos típicos de esta cirugía, tal como consta descrito en el consentimiento firmado el 20 de enero de 2004. No se cumplen los requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad, ya que la paciente fue tratada correctamente mediante una técnica perfectamente avalada por múltiples estudios y trabajos clínicos desde hace más de 30 años y que sufrió complicaciones descritas en la literatura propias de la patología que sufría.

En parecidos términos defiende la legalidad del acto y la desestimación del recurso la compañía aseguradora de la responsabilidad de la Administración codemandada, por ausencia del requisito de antijuricidad en el daño sufrido por la paciente, que constituye la materialización de los riesgos inevitables de las cirugías que requería la paciente para el tratamiento de su patología degenerativa de la rodilla. Así la cirugía realizada el 24 de enero de 2001 era la indicada para la paciente y se realizó de forma correcta, puesto que no tiene edad avanzada y es preferible trata de conservar la articulación. Las complicaciones que presenta la paciente, retraso en la consolidación o pseudoartrosis, es un riesgo infrecuente en esta técnica que puede materializarse a pesar de una correcta praxis en la realización de la osteotomía, que da lugar a la necesidad de nuevas intervenciones como única solución para esta intervención, consiguiendo obtener una perfecta consolidación del foco de osteotomía. La artoplasia de cadera se realizó por la persistencia de la clínica según se refería la paciente e insatisfacción con el resultado, presentado luxaciones que requirieron un recambio de prótesis.

Tercero.-Delimitado el objeto del recurso a la concurrencia o no de los requisitos que se exigen para declarar la responsabilidad patrimonial que se demanda ante las posiciones contrapuestas que sobre el particular mantienen las partes litigantes con base en los respectivos informes médicos sobre la existencia de una mala praxis medica y que la actuación es correcta.

Examinada la historia clínica y los informes que sobre la actuación medica se han emitido, resulta que no hay un documento firmado que recoja el consentimiento firmado del paciente, pero esta circunstancia no supone en este caso no existiera información como ponen de manifiesto esos peritos y el propio medico que la atendió en el centro hospitalario que han depuesto como peritos y testigo respectivamente, declarando este último que existió buena relación con la familia, pues había tratado con anterioridad a parte de sus miembros y a la propia paciente por este proceso a quien se le indica el tratamiento quirúrgico, explicándola de manera detallada, incluso con la ayuda de dibujos para hacer más comprensible el objetivo de la cirugía, que dada la todavía moderada afectación degenerativa de la articulación, el hecho de que se tratará de una cadera anormalmente verticalizada y su edad (52 años) era aconsejable realizar una intervención conservadora llamada osteotomía femoral varizante, en la que se preserva la extremidad superior del fémur de la paciente y retrasar en lo posible la evolución de la artrosis, y, por consiguiente, la implantación de una prótesis. En la hoja anexa a esta información consta que la paciente entiende y acepta la operación. Al aparecer la complicación de retardo en la consolidación consta en la historia como señala el perito que emitió el informe que aporta la recurrente que se habla con la paciente de que la mejor solución es retirar el material de osteosintesis, decorticación y nueva osteosintisis con colocación de una placa de 90.º, que se realiza en varias ocasiones y que eran necesarias para implantar una prótesis de cadera, operaciones que la paciente es consultada como manifiesta ella misma, salvo para retirar un clavo, y acepta pero prefiere que se le ponga una prótesis, a partir de quinta intervención realizada firma un consentimiento informado. Con los antecedentes recogidos por todos los médicos que han emitido informes sobre la actuación medica enjuiciada, resulta que la paciente fue informada de las alternativas de tratamiento, las indicaciones y riesgos de cada una de las intervenciones, sin que ello suponga que se justifique la actuación como apunta la defensa de la recurrente, supliendo mediante esta comunicación entre el paciente y él medico la ausencia de consentimiento informado, lo que excluye la vulneración de la autonomía de la voluntad del paciente y la responsabilidad por daño moral.

Cuarto.-- Procede a continuación examinar si existe mala praxis por las intervenciones realizadas a la paciente para la solución de un problema de coxalgia al optar por una técnica que no que era la adecuada, sino que procedía la prótesis total de cadera que hubiera evitado los dolores y padecimientos que tuvo y que no tenía el deber jurídico de soportar.

Tesis del recurrente basado en el parecer del perito que ha emitido el informe a su instancia y que otros médicos eran partidarios de la prótesis para corregir la patología congénita de cadera que padecía, para lo cual se hace hincapié en la sucesión de operaciones a que fue sometida y los efectos perjudiciales que relata, pero hace abstracción según la opinión coincidente de los restantes médicos informantes que la técnica era aconsejable por las circunstancias concurrentes: que preserva la extremidad superior del fémur de la paciente, tratando de mejorar la sintomatología dolorosa y retrasar en lo posible la evolución de la artrosis y, por consiguiente, la implantación de una prótesis. Igualmente se omite por la recurrente que las complicaciones surgidas son riesgos típicos en esta clase de intervenciones(aparte de las luxaciones que padeció derivadas de la patología) y es precisamente para corregir el retardo de consolidación/pseudoartrosis se practican nuevas intervenciones consiguiendo obtener la consolidación del foco de la osteotomía y extraer posteriormente el material de síntesis, sin que se pueda confundir como lo hace el perito de la parte recurrente las partes de las extremidades afectadas en una y otra intervención. Para concluir no existe fractura, sino que estamos ante un acortamiento del hueso, y tampoco dilación en el tratamiento del enfermo en el plazo que señala la recurrente. Por lo expuesto, el juicio de valor de la Inspección y los especialistas del informe acompañado con el escrito de contestación de la demanda es más objetivo y completo que parcial e interesado de la parte recurrente, lo que determina que deba desestimarse el recurso la recurrente sobre el funcionamiento anormal del servicio sanitario, al no apreciar que existe vulneración de la lex artis, pues se siguió un procedimiento y técnica correcta.

Quinto.-En la conducta de las partes no se aprecia mala fe ni temeridad ni concurren las circunstancias especiales que como presupuestos para la imposición de las costas que pudieran devengarse en esta instancia establece el artículo 139.1 Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Cecilia Álvarez Alonso, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Loreto, contra la desestimación presunta de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Principado de Asturias, de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios sanitarios, debemos declarar y declaramos conforme a derecho el acto administrativo impugnado, que por tal razón, confirmamos. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la instancia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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