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Auto A.P. Bilbao 548/2010, de 30 de julio


 RESUMEN:

Negligencia médica. Continuación de las investigaciones y ampliación de las pruebas solicitadas. Se imputa un homicidio imprudente alegando que no se han practicado todas las pruebas porque los médicos forenses han elaborado su opinión sobre la documentación aportada y antes de archivar o continuar con las diligencias sería necesario tomar declaración a los imputados. Considera la sala que no ha existido por parte de los médicos vulneración del deber de cuidadno ni error en el diagnóstico.

AUTO

En Bilbao, a treinta de julio de dos mil diez.


HECHOS


 
Único.-Por la representación procesal de Tomás y otros se interpuso subsidiariamente recurso de apelación en fecha 10 de mayo de 2010 contra el auto de 29 de abril de 2010 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Baracaldo en las Diligencias Previas núm. 311/09 y admitido a tramite continuó con su tramitación legal habiéndose turnado a la Sección 2.ª de esta Audiencia.

Expresa el parecer de la Sala, como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL AYO FERNANDEZ.


RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Se alza el recurrente contra el auto de 29 de abril de 2010 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Baracaldo en las Diligencias Previas núm. 311/09 solicitando continuar con las investigaciones y se practiquen las pruebas solicitadas en su escrito, habiendo sido desestimado el recurso de reforma interpuesto con carácter principal mediante auto de fecha 24 de mayo de 2010, y presentando escrito de alegaciones en fecha 7 de junio de 2010.

El recurrente alega que no se han practicado todas las pruebas no siendo suficientes porque los médicos forenses han elaborado su opinión sobre la documentación aportada y antes de archivar o continuar con las diligencias sería necesario tomar declaración a Montserrat y Leopoldo como imputados así a los Dr. Rubén, Carlos Miguel y Alfredo porque como facultativos de la Clínica Universitaria de Pamplona han asistido en algún momento a la paciente y su declaración es fundamental para conocer el alcance de lo acontecido.

También se considera necesario que los médicos forenses respondan a las aclaraciones que se les puedan plantear.

Igualmente que declare el Dr. Higinio que emitió el documento de derivación para que indique los motivos por los que apuntó la existencia del Síndrome Budd Chiari (SBC) y la Dra. Isidora que apuntó el 11 de marzo de 2008 la posibilidad de tal síndrome.

Tras hacer nuevas consideraciones sobre las pruebas que se le practicaron a la paciente alegando que no bastaba con una Eco abdominal sino que tenía que ser una Eco pulsada y confirmar el diagnóstico mediante un TAC, se aduce que en la documentación que poseen los médicos forenses no constan las hojas de control de enfermería que podrían dar datos sobre medicaciones pautadas, dolor de la paciente, paracentesis y Eco abdominal, siendo conveniente sus aportaciones; también se señala la conveniencia de ser aportados los informes de radiología y de laboratorio.

Posteriormente se insiste por el recurrente tras nuevas consideraciones en que no se hizo el diagnostico diferencial adecuado durante toda la evolución de la enfermedad ni se adoptaron las medidas terapéuticas factibles para la curación de un SBC por lo que deben continuar las investigaciones.

Por último se hace referencia a que los informes médicos forenses aportados son dos y no son exactamente iguales en sus conclusiones y habría que aclarar los extremos pertinentes, añadiendo que están partiendo de que había una enfermedad de base cirrótica derivada de etilismo que no es correcta y se ha descartado en el informe de la Clínica Universitaria de Pamplona, siendo incorrecto el diagnóstico del Hospital y la documentación posterior recae sobre ese error que se corrige cuando se llega a la Clínica Universitaria.

El Ministerio Fiscal mediante escrito de fecha 2 de junio de 2010, remitiendo a su informe de fecha 17 de mayo de 2010 ha impugnado el recurso de apelación interpuesto interesando la conformación de la resolución dictada.

Segundo.-Examinadas las actuaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Baracaldo mediante testimonio no podemos acoger las alegaciones del recurrente.

En este caso lo que se imputa es un delito de homicidio imprudente por negligencia médica del artículo 142.1 y 3 del Código Penal, debiendo recordar que según la STS 2445/2001, de 22 de diciembre, FD. 2.º "Nuestra jurisprudencia de forma reiterada, estructura el delito imprudente sobre dos pilares fundamentales: el psicológico de la previsibilidad, es decir "un deber saber", y el normativo de la reprochabilidad, es decir, "un deber evitar" el concreto daño que se origina.

Como requisitos configuradores de las infracciones culposas merecen señalarse: a) una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa, o sea, que se halle ausente en ella todo dolo directo o eventual; b) factor psicológico o subjetivo, eje o nervio de la conducta imprudente en cuanto propiciador del riesgo, al marginarse la racional presencia de las consecuencias nocivas de la acción u omisión empeñadas, siempre previsibles, prevenibles y evitables; elementos de raigambre anímica no homogeneizable y, por lo mismo, susceptible de apreciarse en una gradación diferenciadora; c) factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, definido el mismo no sólo atendiendo a la respuesta exigible a un hombre consciente, de prudencia e inteligencia media, sino, también, a un conjunto de reglas extraídas de la estimable cantera de la común y diaria experiencia, muchas de ellas cristalizadas y consolidadas a través de normas reglamentarias o de otra índole, aceptadas e impuestas en la vida social y en cuyo escrupuloso atendimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro acentuadas por sobrevenencia de circunstancias excepcionales; hallándose en la violación de tales principios o normas socioculturales o legales, la raíz del elemento de antijuridicidad detectable en las conductas culposas o imprudentes, al erigirse aquéllos en reglas rectoras de un sector actuacional; el reproche de culpabilidad pasa por la constatación de que el autor, con su comportamiento peligroso, ha infringido el deber de cuidado requerido, en general, en el tráfico en aras de la evitación del resultado dañoso, mostrándose igualmente inobservante de aquellas previsiones que eran exigibles en atención a sus personales aptitudes; d) originación de un daño, temido evento mutatorio o alterador de situaciones preexistentes; e) adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado e inobservante, desatador del riesgo, y el "damnum" o mal sobrevenido, lo que supone la traducción del peligro potencial entrevisto o podido prever en una consecuencialidad real, en un efectivo resultado lesivo; constatación de la relación causal que conecta el efecto criminal con el comportamiento delictivo, juicio "a posteriori" que permite atribuir el efecto dañoso a la acción humana desplegada por el agente. Requisitos, todos ellos, a los que, más o menos exhaustivamente, se refiere la doctrina científica y legal, y en cuya referencia o alusión merecen destacarse, entre otras, las sentencias de 22 de septiembre de 1995 (RJ 1995, 6755) y 14 febrero 1997 (RJ 1997, 1357).

En el vigente Código Penal de 1995 sólo se castigan determinados y específicos delitos culposos ("crimina culposa"), a diferencia del derogado atinente al crimen culpae genérico; la punición del delito imprudente cuenta con la realización objetiva del tipo de injusto y la previsión específica por parte de la norma penal de incriminación de la comisión imprudente, sea en forma grave o en forma leve (cfr. artículos 5, 12 y 621 del nuevo Código Penal). La gravedad de la infracción de la norma de cuidado es el elemento normativo a que atiende la clasificación legal, debiendo de tenerse en cuenta tanto la peligrosidad de la conducta como la valoración social del riesgo.";

En este caso, como suele ser práctica habitual en las actuaciones referentes a delitos contra la vida o integridad física por imprudencia profesional el Juez Instructor ordenó la práctica de la diligencia consistente en informe médico forense acorde además con lo solicitado por la querellante que la proponía analizando el historial médico de la finada Paula, siendo la misma esencial para poder determinar los posibles indicios de la comisión del delito, habiéndose emitido con fecha 26 de marzo de 2010 acompañado de Anexo Argumentativo a las Conclusiones del Medico Forense, sin que se observen conclusiones diferentes o falta de respuesta a las cuestiones que se plantean.

En las conclusiones médico forenses y tras hacer referencias a los distintos ingresos de la paciente, se afirma que en el primer ingreso se descartó que padeciese el SBC; en el segundo ingreso la clínica era compatible tanto con un SBC como con el diagnóstico realizado a la paciente; en el tercer ingreso, y aunque se había descartado el SBC como causa primaria del cuadro de fallo hepático y se había establecido el diagnostico de Cirrosis OH se estableció una pauta terapéutica para prevenirlas (tratamiento antibiótico y anticoagulante) aunque no existían evidencias que permitiesen afirmar que la paciente sufría un SBC, y, por ultimo, en el cuarto ingreso, aunque no constaban evidencias diagnosticas de la aparición de un SBC si se estableció la pauta de tratamiento recomendado, como primera medida ante un SBC, anticoagulación que fue mantenida durante todo su ingreso.

Además se indica que en el primero y segundo ingreso no se omitieron pruebas diagnosticas necesarias para el despistaje de un SBC, y en el tercero y cuarto aunque no se practicaron pruebas diagnósticas tendentes a confirmar el diagnostico de SBC si se practicaron otras pruebas diagnosticas adecuadas a la situación clínica del paciente, concluyendo también que con los datos obrantes en poder de los doctores que les trataron si se realizó un diagnostico suficientemente contrastado en el Hospital de Cruces, no encontrándonos ante una equivocación inexcusable de acuerdo con la ciencia médica actual.

Partiendo de estas conclusiones es razonable estimar que no ha existido por parte de los médicos que se encargaron de asistir a la paciente la vulneración de un deber de cuidado, habiendo observado en principio las reglas de su ciencia, no habiendo errado en el diagnóstico ni en las medidas adoptadas con los medios que tenían a su alcance, por lo que no resulta necesario ahondar en la práctica de diligencias como las que propone el recurrente, tanto documentales como de carácter personal, en cuanto que las mismas no van a suponer una alteración de estas conclusiones que descartan la infracción penal, sin perjuicio, de que puedan los perjudicados efectuar las oportunas reclamaciones frente a los medicos asistentes mediante el ejercicio de acciones relativas a la responsabilidad civil ante el fallecimiento de la paciente.

En consecuencia, procede la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto.

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y siguiente de la LECRim. procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación


LA SALA ACUERDA


 
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Tomás y otros contra el auto de 29 de abril de 2010 dictado por la Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Baracaldo en las Diligencias Previas núm. 311/09, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, declarando de oficio las costas de esta instancia.

Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno de carácter ordinario.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, para su conocimiento y fallo.

Así por este Auto, del que se unirá la pertinente certificación al rollo, juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilmos. Magistrados que lo encabezan, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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