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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Medio Ambiente: Responsabilidad patrimonial. Expediente sancionador y cierre de las instalaciones por una infracción muy grave consistente en el exceso de los límites admisibles de emisión de contaminantes. Medidas cautelares adoptadas en el expediente sancionador no impugnadas. La recurrente consiguió que se levantara el precinto de las instalaciones, minorando con ello el quantum de la reclamación. Se considera ésto irrelevante. Desestimación del recurso.

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

VISTO por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la mercantil HIJOS DE ESPUNY, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Federico Pinilla Peco, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 30 de diciembre de 2008, sobre Reclamación de Responsabilidad Patrimonial como consecuencia del expediente sancionador tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla y el cierre de las instalaciones que se produjo en el procedimiento por una infracción muy grave consistente en el exceso de los límites admisibles de emisión de contaminantes.

Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, representada y dirigida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el recurso contencioso-administrativo número 61/2005 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fecha 30 de diciembre de 2008, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo objeto de este procedimiento contra la resolución referida en el Antecedente de Hecho Primero de la presente sentencia; y todo ello, sin hacer expresa condena en costas procesales".

Segundo.-Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de la mercantil HIJOS DE ESPUNY. S.A., interponiéndolo ante esta Sala que, con fecha 17 de septiembre de 2009, dictó Auto cuya parte dispositiva literalmente dice: " LA SALA POR UNANIMIDAD ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad HIJOS DE ESPUNY, S.A., contra la Sentencia de 30 de diciembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el recurso n.º 61/05, respecto del motivo tercero; y, la admisión a trámite del recurso de casación en cuanto a los motivos primero y segundo; remítanse las presentes actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala con arreglo a las normas de reparto de asuntos".

Los motivos admitidos que se refiere la parte dispositiva del auto antes transcrita denuncia:

Primero.-Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la Jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y en concreto por infracción de las normas contenidas en el artículo 139 de la Ley 30/192 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 24 de la Constitución.

Segundo.-Bajo el mismo amparo procesal, por infracción de las normas contenidas en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del artículo 24 de la Constitución Española.

Y termina suplicando a la Sala que "...dicte sentencia por la que estime los motivos de casación, y en todo caso case y anule la sentencia y estime el recurso contencioso formulado, y declare no ser conforme a Derecho, revocando y anulando la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con fecha 18 de febrero de 2004 y acuerde que debe indemnizarse a mi representada en la suma de 572.076,82 euros con sus intereses, o en la que en su defecto fije la Sala y condene a esa Administración a estar y pasar por esa declaración y al cumplimiento de la misma y con ello al pago de esa suma, con expresa condena en costas a la Administración demandada, con los efectos y trámites legales consiguientes".

Tercero.-La representación procesal de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que "...acuerde desestimarlo en su integridad, confirmando en todos sus términos la resolución recurrida".

Cuarto.-Mediante providencia de fecha 8 de octubre de 2010 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 23 de noviembre del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Hemos dicho con reiteración que la naturaleza de un recurso de casación y el objeto del mismo -condensados una y otro en la idea de que aquél no es una segunda instancia y de que en él no se trata más que de enjuiciar las concretas infracciones jurídicas, in iudicando o in procedendo, que la parte recurrente impute a la sentencia que recurre- exigen como consecuencia obligada la crítica de ésta, de su razón de decidir, sin que la parte pueda, por ello, limitarse a reproducir lo que ya argumentó ante la Sala de instancia. En este sentido, y por citar sólo algunas de las numerosísimas sentencias de este Tribunal Supremo que afirman ese deber procesal de la parte recurrente en casación, dijimos en el párrafo tercero del fundamento de derecho tercero de nuestra sentencia de 12 de diciembre de 2006, y lo reiteramos en las de 25 de marzo, 24 de noviembre de 2009 y 17 de febrero de 2010, lo siguiente: "Ciertamente la exigencia de que la crítica se dirija no contra el acto administrativo sino contra la sentencia recurrida es inherente al significado del recurso de casación que tiene como única finalidad depurar la aplicación que del Ordenamiento Jurídico ha efectuado el Tribunal a quo. Como recuerda la sentencia de 4 de mayo de 2005 la necesidad de expresar las razones legales de disentimiento contra la sentencia trae como consecuencia que la mera reproducción de lo ya alegado y desestimado por la sentencia recurrida, como argumentación básica del recurso intentado, suponga la desestimación del mismo, ya que quien así procede no está sometiendo a crítica fundada la decisión recurrida, ni alegando ante el Tribunal de Casación las razones que puedan desvirtuar los argumentos utilizados".

Segundo.-La aplicación de esa jurisprudencia nos obliga a desestimar el primero de los motivos de casación, pues formulado al amparo del art. 88.1.d) de la LJ y denunciando la infracción de las normas contenidas en el art. 139 de la Ley 30/1992, así como el art. 24 CE, su desarrollo argumental se limita, sucesivamente: A afirmar " que han quedado acreditados todos los elementos copulativos exigidos para la determinación de responsabilidad patrimonial de la Administración ". A afirmar, también, que la sentencia recurrida " no hace ni una mínima mención, ni una sola reseña a las pruebas practicadas y de las que se determina o con las [que] se acredita esa responsabilidad patrimonial de la Administración ". A transcribir el citado art. 139. A indicar meramente, sin más añadido, cuáles son "l os cuatro elementos copulativos exigidos " por la jurisprudencia para configurar la teoría de la responsabilidad de la Administración. A afirmar de nuevo que "l a realidad es que nos encontramos con todos esos elementos necesarios para determinar la presencia de esa responsabilidad de la Administración ". A identificar del modo escueto que vamos a indicar los daños y perjuicios causados a la mercantil actora al verse sometida a un procedimiento sancionador cuya sanción de multa se anuló por sentencias de este orden jurisdiccional (a saber: medidas cautelares adoptadas por la Administración, con cierre de las instalaciones del 17 al 27 de enero de 1997 y una actividad mermada hasta el 5 de marzo del mismo año; unos gastos directos e, igualmente, una merma en la credibilidad de la firma y empresas de la actora). Y, finalmente, a citar y transcribir en parte las sentencias de este Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2006 y 16 de julio de 2008, referidas a supuestos, distintos del que ahora nos ocupa, de privación de aprovechamientos urbanísticos.

Pero fuera de ello, y esto es lo importante, no hace mención alguna, no se refiere para nada, a las dos razones jurídicas que condujeron a la Sala de instancia a dictar su fallo desestimatorio, que fueron: Una, que por los motivos y consideraciones que expresa con claridad y detalle en el fundamento de derecho quinto de la sentencia (consistentes en esencia en que no se derivan sino de la ejecución y cumplimiento de una resolución de medidas cautelares acordadas en el seno del expediente sancionador al amparo de lo dispuesto en el art. 69 de la Ley Andaluza 7/94, de 18 de mayo, que adquirió firmeza, pues consta notificada a la recurrente el 17 de enero de 1997 con pie de recurso y la dejó firme al no impugnarla, sin que la sentencia que anuló la multa examinara ni siquiera de modo tangencial la inconveniencia técnica o jurídica de esas medidas cautelares adoptadas), no puede apreciarse la antijuridicidad de la lesión consistente en los daños derivados del "cierre de la fábrica de forma absoluta entre los días 17 al 27 de enero de 1997" y de impedirse "la actividad normal de la empresa hasta el día 5 de marzo de 1997", así como los consistentes en las "numerosas inversiones para reabrir la empresa y terminar con la situación angustiosa que suponía el precinto de las instalaciones". Y otra, que con acierto o desacierto, pero también con claridad, expresa en el siguiente fundamento de derecho, consistente en que el reembolso de los gastos derivados del aval prestado en el recurso contencioso-administrativo para suspender la ejecutividad de la multa impuesta, ha de interesarse y obtenerse en ese procedimiento.

En suma, falta en el primer motivo de casación toda crítica a las razones de decidir expresadas en la sentencia de instancia. Y de ahí su obligada desestimación en aplicación de aquella jurisprudencia.

Tercero.-La misma suerte desestimatoria ha de correr el segundo de los motivos de casación, último de los que aquí hemos de examinar, pues el tercero y último de los formulados en el escrito de interposición se inadmitió por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 17 de septiembre de 2009.

Ese segundo motivo, al igual que el primero, se formula al amparo del art. 88.1.d) de la LJ y denuncia en su enunciado la infracción de las normas contenidas en el art. 139 de la Ley 30/1992, así como el art. 24 CE. Luego, en su desarrollo, se refiere primero a aquella resolución de medidas cautelares adoptada en el expediente sancionador, afirmando: Que la Sala de instancia no acierta cuando dice que la recurrente la dejó firme al no impugnarla, pues " ya indicamos que no era posible el pretendido recurso ". Que al llevar a cabo las actuaciones que allí se ordenaron, antes consiguió la recurrente que se levantara el precinto de las instalaciones, minorando con ello el quantum de la reclamación. Que la Sala le aplica la teoría de los actos propios, siendo así que las actuaciones que llevó a cabo cumpliendo lo ordenado no lo son en el sentido o significado preciso con que los define, entre otras, la sentencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de 2000, dictada en el recurso de casación núm. 2903/1995. Y que aquellas medidas cautelares se han calificado por resolución judicial firme como contrarias a derecho. Y después, en otro orden de cosas, afirma además: que se infringe también el art. 79 de la LJ, que sólo permite la desestimación del recurso cuando se ajuste a Derecho la disposición, acto o actuación que resultan impugnadas; y, asimismo, el art. 248.3 de la LOPJ, en cuanto a la necesidad de declarar los hechos que se consideran probados.

Argumentos que, sin embargo, no podemos acoger: 1.º) Porque la resolución que adoptó aquellas medidas cautelares sí expresaba que contra ella podía interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes. 2.º) Porque es irrelevante el argumento referido a la minoración de la lesión y, por tanto, del quantum indemnizatorio, al cumplir con prontitud lo ordenado en la resolución cautelar y conseguir así que se levantara el precinto de las instalaciones. 3.º) Porque la sentencia recurrida no aplica a la recurrente la teoría de los actos propios, pues no equivale a ello la afirmación de que la lesión no fue antijurídica por ser consecuencia de una resolución cautelar no impugnada. 4.º) Porque el estudio de la sentencia que anuló la resolución sancionadora, no desautoriza la conclusión que al llevar a cabo ese mismo estudio expresa la sentencia recurrida, cuando dice que aquélla no alcanzó a examinar ni siquiera de modo tangencial la inconveniencia técnica o jurídica de las medidas cautelares adoptadas. 5.º) Porque la cita del art. 79 de la LJ más parece fruto de un error, pues la que la Sala de instancia considera ajustada a Derecho es la resolución objeto del recurso que resuelve, es decir, la que desestimó por silencio la reclamación de responsabilidad patrimonial; pero no, como es claro, la resolución sancionadora. Y 6.º) Porque ya hemos dicho con reiteración que las sentencias de este orden jurisdiccional no precisan recoger en un apartado separado qué hechos son los que se consideran probados.

Cuarto.-La desestimación de los motivos de casación admitidos comporta la declaración de no haber lugar al recurso interpuesto y la imposición de las costas procesales a la parte recurrente, según establece el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, si bien, como permite el apartado tercero del mismo precepto, procede limitar su cuantía, por el concepto de honorarios de Abogado de la parte recurrida, a la cifra de tres mil euros, dada la actividad desplegada por aquél al oponerse al indicado recurso.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
NO HA LUGAR al recurso de casación que la representación procesal de la mercantil "Hijos de Espuny, S.A." interpone contra la sentencia de fecha 30 de diciembre de 2008, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso núm. 61/2005. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación, con el límite fijado en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, todo lo cual yo el Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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