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Sentencia A.P. Castellón 108/2010, de 30 de marzo


 RESUMEN:

En el presente supuesto, dice la sentencia, no existe prueba directa del conocimiento que tuvieran los acusados del incumplimiento anticipado -dolo antecedente- con que pretendieran, en su caso, resolver la situación. La estafa requiere la intención premeditada de no cumplir con lo pactado.

SENTENCIA

En Castellón a treinta de marzo de dos mil diez.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen, ha visto en juicio oral y público la causa instruida con el número de Procedimiento Abreviado 138/2007 por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta ciudad, seguida por delito de estafa, contra Balbino, con DNI número NUM000, hijo de Emilio y de Adoración, nacido en San Sebastián el día 15 de septiembre de 1969, con domicilio en calle [...], de Castellón, y contra Federico, con DNI número NUM003, hijo de Leandro y de Milagros, nacido en Castellón el día 28 de julio de 1970, y con domicilio en calle [...], de Castellón, ambos con instrucción y sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en situación de libertad por esta causa.

Han intervenido en el proceso, el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Juan Salvador Salom Escrivá, como acusación particular D. Miguel y D.ª Begoña representados por el Procurador D. Agustín Cerdá Dols con la asistencia jurídica de la Letrada D.ª Merced Cerdá Altava, y los mencionados acusados representados por la Procuradora D.ª Carmen Rubio Antonio y defendidos por el Letrado D. Salvador Alós Ruiz, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. PEDRO LUIS GARRIDO SANCHO, que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En sesión que tuvo lugar el día 23 de marzo de 2010 se celebró ante este Tribunal juicio oral y público en la causa instruida con el n.º 183/2007 por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Castellón, practicándose las pruebas propuestas y admitidas que fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en autos.

Segundo.-El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos objeto del proceso tal como estimó que habían quedado probados, como constitutivos de un delito de estafa de los arts. 248, y 250.1.1 CP, y acusando como responsables del mismo a los comparecidos -art 842 LECrim - en este juicio Balbino y Federico, solicitó la condena de éstos como autores del expresado delito, a la pena de tres años de prisión y multa de diez meses a razón de veinte euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, accesorias legales y costas, y que en concepto de responsabilidad civil indemnicen conjunta y solidariamente a Miguel y Begoña en la cantidad de 53.778 euros, más intereses del art 576 LEC, así como intereses devengados del préstamo solicitado por éstos para el pago de la construcción de la vivienda, 6.000 euros en concepto de alquiler que durante un año tuvieron que contratar para ocupar la vivienda que habiendo sido de su propiedad habían vendido para construir la que encargaron a Alvabercons SL, y 30.000 euros por daños morales, con la responsabilidad subsidiaria de la citada mercantil.

Tercero.-La acusación particular, en igual trámite, calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los arts. 248.1 y 250.6 y 7 CP, adhiriéndose a las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal, solicitando no obstante de modo especial se impusiera a los acusados la pena de seis años de prisión, además de multa diez meses a razón de veinte euros diarios, más accesorias y responsabilidad civil, intereses y costas.

Cuarto.-La defensa de los acusados, en desacuerdo con el relato de hechos de las acusaciones, estimó que no eran constitutivos del referido delito, solicitando la libre absolución de sus defendidos con todos los pronunciamientos favorables.


HECHOS PROBADOS

Los acusados Balbino y Federico, mayores de edad y sin antecedentes penales, eran en el año 2004 administradores de la empresa constructora Alvabercons SL, constituida en 1998, de la cual asimismo eran administrador, colaborador e inversor, respectivamente, Jesús Carlos, Apolonio y Domingo, a quienes ahora no se juzga al encontrarse en rebeldía.

A primeros de mayo del citado año 2004 los querellantes Miguel y Begoña se presentaron en los locales de la empresa para recabar información sobre la construcción de una vivienda unifamiliar, en cuya primera reunión tan sólo se encontraban por parte de la empresa los Sres. Jesús Carlos, Apolonio y Domingo, no los dos acusados en este juicio, suscribiendo a tal efecto después de las conversaciones habidas contrato de fecha 18 de mayo de 2004, donde intervenían, como promotores el matrimonio querellante Sres. Miguel Begoña, y por la constructora el Sr. Jesús Carlos, en calidad de administrador de la citada mercantil, firmando no obstante el Sr. Apolonio.

El precio convenido para la realización de la obra se estableció en 134.446 euros, siendo el 40% (53.778 €) a la firma del contrato, el 27'05% al llegar la obra al cuarenta por ciento de ejecución (36.373 €) y el 32'95% restante (44.295 €) mediante "pago en especie" con trabajos de fontanería, calefacción o aire acondicionado a realizar por el propio querellante, debiendo abonarse dichas cantidades en el domicilio del constructor o del promotor, o bien por transferencia / ingreso bancario a la cuenta reflejada en el contrato mediante efecto o en metálico, siendo el plazo máximo para la ejecución de la obra el 20 de septiembre de 2004 y para entrega de llaves el 20 de noviembre siguiente.

Así las cosas, el día 21 de mayo de 2004 la querellante se personó en la entidad Bancaja a fin de ingresar el primero de los plazos en dicha cuenta, no siendo admitido por el empleado dicho ingreso al tratarse de una cuenta abierta a nombre de Domingo y no ser súbdito español, acudiendo entonces la Sra. Begoña a la oficina de la empresa donde hizo la entrega de los 53.778 euros en metálico, expidiéndose al efecto un recibo firmado por el Sr. Domingo, el cual no era administrador de la empresa.

Con anterioridad a la firma del contrato la empresa ya había comenzado a realizar trabajos de movimientos de tierras, si bien a los cuatro meses aproximadamente de haberse firmado el contrato quedaron paralizadas las obras, cesando además en su actividad empresarial Alvabercons SL, sin que hayan recuperado la expresada cantidad los querellantes, quienes habían solicitado además un crédito y vendido la vivienda en la que residían para poder afrontar así el precio de la nueva vivienda, lo cual les ha ocasionado una serie de perjuicios en cuanto que tuvieron que acordar con el comprador de su antigua vivienda un arrendamiento de la misma, a la vez que se vieron en la obligada necesidad de continuar pagando el mencionado crédito.

No ha resultado debidamente acreditado que los acusados que han sido juzgados en este caso tuvieran participación alguna en los hechos objeto de acusación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los anteriores hechos declarados probados no son legalmente constitutivos de un delito de estafa del que Balbino y Federico venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, al no resultar debidamente acreditados, en la convicción de este Tribunal, todos los requisitos que exige la aplicación del precepto penal de pretendida aplicación, esto es el art. 248 CP, precepto que sanciona a los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Es conocido que la estafa en el ámbito penal no constituye un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo explicitado en el art. 248 CP con precisión de todos sus elementos típicos esenciales, tal y como han sido jurisprudencialmente interpretados, lo que implica la concurrencia y acreditación en Juicio de un engaño bastante, esto es, idóneo objetiva y subjetivamente para provocar error en la persona a la que se dirige, error que naturalmente debe ser susceptible de inducirle a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o de tercero, todo ello llevado a cabo por el autor del engaño con la finalidad de obtener una ventaja patrimonial o lucro injusto a costa del patrimonio del sujeto engañado o de un tercero; cuya definición legal comporta que para otorgar relevancia penal a hechos patrimonialmente lesivos, deben concurrir todos y cada uno de los elementos que la integran en orden sucesivo y concatenado, de manera que la ausencia de uno de ellos exonera al Tribunal de determinar los restantes.

Especial relevancia, por la dificultad de hallar criterios diferenciales nítidos, generales y concluyentes entre ilícito civil e ilícito penal en sede patrimonial, la ostentan respecto del delito de estafa los denominados "negocios civiles criminalizados", es decir, aquellos supuestos en los que la defraudación patrimonial típica se lleva a cabo mediante una relación contractual sea cual sea su naturaleza. Según reiterada jurisprudencia, la estafa, en los supuestos de los llamados negocios jurídicos criminalizados, tiene lugar en aquellos casos donde el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, vulnerándose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo (SSTS 2 marzo 2000, 29 diciembre 2005, 9 mayo 2007, 16 diciembre 2008). En estos casos el dolo se manifiesta en el conocimiento que tiene el sujeto activo de la imposibilidad de hacer frente a los compromisos adquiridos, o bien en la intención inicial de no responder a los mismos, con independencia de la posibilidad, mayor o menor, de hacerlo, recibiendo la contraprestación de la otra parte del negocio y lucrándose con ella.

Segundo.-Debemos de hacer constar, con carácter previo, que junto a los dos acusados por los que se ha celebrado este juicio, existen otros tres, Jesús Carlos, Apolonio y Domingo, a los que ahora no se les juzga al estar en paradero desconocido, sin perjuicio de que en el anterior relato fáctico era inevitable realizar una mínima referencia a aquéllos para la adecuada comprensión de la conducta desarrollada por los que ahora sí juzgamos. En todo caso, esas referencias no les incriminan en esta resolución, pues deberá ser en el momento del juicio que contra ellos se celebre, una vez sean hallados, donde se deje constancia de lo que resulte acreditado en virtud de las pruebas que se practiquen y se determine si sus actos fueron o no constitutivos del delito objeto de acusación. En definitiva, la afirmación que ahora hacemos de que no están debidamente acreditados los hechos constitutivos del delito de estafa viene referida única y exclusivamente a la conducta enjuiciada, que solamente es la de Balbino y Federico.

Pues bien, otorgamos credibilidad a las declaraciones prestadas por los querellantes, al ofrecernos ambos un relato persistente, claro y coherente, dando impresión de total sinceridad. Además no se observa que tuvieren causa de incredibilidad subjetiva alguna respecto de los acusados, ni se desprende ningún ánimo de incriminarles de manera gratuita. Y sus manifestaciones presentan corroboraciones periféricas comprobadas como son, entre otras, la realidad del contrato, la cantidad de 53.778 euros entregada como primer plazo pactado, la paralización de las obras, los perjuicios causados a consecuencia de ello y la falta de devolución de cantidad alguna. Sin embargo, también reconocen que en la reunión que tuvieron con responsables de la empresa para negociar el contrato no se encontraban los dos acusados, sino que en las oficinas de la empresa sólo estaban Jesús Carlos, Apolonio y Domingo.

Ciertamente, en el contrato de fecha 18 de mayo de 2004 figura como administrador de la citada mercantil Jesús Carlos, si bien la firma corresponde a Apolonio, como reconoció éste en fase instructora, el cual carecía de poder alguno de la empresa y aunque manifestó que "estaba autorizado para firmar" fue negada tal circunstancia por el Sr. Jesús Carlos, quien a su vez afirmó que "no le consultó el Sr. Apolonio para la firma del documento", advirtiéndole además que "la obra no se podía hacer con la cantidad contratada", para responder a continuación en lo referente a la cantidad ingresada a cuenta de la obra que "no le consta que el Sr. Apolonio haya ingresado dicho dinero en la cuenta de la sociedad" y que tras exigir a éste explicaciones sobre el dinero correspondiente a dicha obra, sin que diera respuesta alguna, procedieron los administradores a denunciarle por apropiación indebida. No debía estar muy de acuerdo con ello el Sr. Apolonio cuando, después de manifestar que era colaborador de la empresa, hasta que le despidieron, y de admitir que propuso a los querellantes que en lugar de una casa de madera podía interesarles más una de obra para lo cual "les haría un diseño...que les costaría 134.000 euros", afirmó en su día que "hizo una valoración de esa obra, que luego supervisó Jesús Carlos ", también que "su labor acababa con el presupuesto y a partir de ahí lo llevaba Jesús Carlos " y que en alguna ocasión "a petición de Jesús Carlos " se había empleado como cuenta de la empresa la cuenta bancaria de Domingo, quien efectivamente reconoció que era un inversor y que el ingreso de la referida cantidad "se hizo en su cuenta en Bancaja, en la que figura como titular" con su esposa, "sin otra persona autorizada para utilizar dicha cuenta".

De estas manifestaciones no se desprende que Balbino y Federico tuvieran intervención alguna en la referida negociación o conocieran la entrega del dinero ni el destino del mismo, pues ninguna referencia hicieron aquellos -se dio lectura a los efectos previstos en el art. 730 LECrim - en ese sentido y el dinero entregado por la querellante en las oficinas de la empresa no fue ingresado en la cuenta de Alvabercons SL, sino que fue recogido por Domingo e ingresado en la cuenta del mismo, habiendo declarado en el plenario ambos acusados que en la práctica no ejercían el cargo de administrador ni labor de dirección empresarial alguna, puesto que estaban a los órdenes de Jesús Carlos, se dedicaban a transportar herramientas y material a los trabajadores, percibían un sueldo, como cualquier otro empleado, y nunca repartieron beneficios, lo que en definitiva es coherente con lo declarado en juicio por quien entonces era secretaria de la empresa Estibaliz, en cuanto afirma que Jesús Carlos "es el que estaba allí mayormente, el que firmaba las nóminas", y también con la declaración prestada por Carlos María, gerente de la mercantil Elexa 2002, a quien había encargado Alvabercons SL un presupuesto de paneles, para lo cual "se entrevistó con unos señores que no son los acusados".

Por tanto, no existe prueba directa del conocimiento que tuvieran los acusados del incumplimiento anticipado -dolo antecedente- con que pretendieran, en su caso, resolver la situación quienes controlaban de hecho la sociedad, ni tampoco cabe decir que en su condición de administradores solidarios no podían desconocer dicha situación, pues tal argumentación se basa en meras conjeturas; todo ello sin perjuicio de que no todo incumplimiento contractual supone un contrato criminalizado, como hemos razonado en el anterior fundamento jurídico, sino que se ha de tomar en consideración el elemento subjetivo del delito que, para el caso de la estafa, y en relación a estos dos acusados, requiere la intención premeditada de no cumplir con lo pactado.

Tercero.-El Ministerio Fiscal ya hizo alusión a las dificultades de deslindar responsabilidades en supuestos como el de autos, señalando no obstante que estaban mezcladas las funciones en este caso y que la empresa la dirigían todos aunque los acusados dijeran que no sabían nada. Igualmente la acusación particular estimó acreditado que ninguno de los administradores o socios había tenido la intención de construir la vivienda, que todos ellos habían trabajado en conjunto, siendo conocedores del destino del dinero y responsables del engaño que ha quedado constatado.

La interpretación que al parecer efectúan las acusaciones del art. 31 CP y su aplicación posterior al caso enjuiciado en modo alguno puede compartirse por este Tribunal.

Como señala STS 23 julio 2009, el art. 15 bis CP derogado, que es el antecedente directo del actual art. 31, fue introducido en el texto legal en virtud de la reforma de 25 de junio de 1983 con el fin de evitar las lagunas punitivas que se daban en los delitos especiales propios relacionados con las personas jurídicas. En esta clase de delitos se requiere para poder imputar la autoría que concurran ciertas cualidades o condiciones personales en el sujeto activo que, en algunos supuestos delictivos, sólo se daban en la persona jurídica, pero no en la persona física que actuaba como su representante o administrador. Para cumplimentar el principio de legalidad y solventar los problemas que estaba suscitando alguna jurisprudencia que cubría las lagunas legales con criterios de analogía contra reo, se dio vida al art 15 bis, que en sus aspectos sustanciales ha quedado integrado en el actual art. 31 CP.

Ahora bien, eso no quiere decir que para ser considerado autor del delito correspondiente baste con ocupar el cargo de administrador o representante de la sociedad vinculada al hecho delictivo, sino que se requiere, además, que el imputado incurra en una acción u omisión (siempre que en este último caso ocupe la posición de garante y se den los restantes requisitos del art. 11 CP) que aparezca recogida en el tipo delictivo que se le atribuye. Ello ha sido corroborado no sólo por el Tribunal Supremo (SSTS 10 noviembre 1993, 24 marzo 1997, 22 mayo 2000, 7 febrero 2007, entre otras), sino también por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 253/1993, de 20 de julio, que dice así: "Su incorporación al Código Penal (se refiere al art. 15 bis), en efecto, no vino en modo alguno a introducir una regla de responsabilidad objetiva que hubiera de actuar indiscriminada y automáticamente, siempre que, probada la existencia de una conducta delictiva cometida al amparo de una persona jurídica, no resulte posible averiguar quiénes, de entre sus miembros, han sido los auténticos responsables de la misma, pues ello sería contrario al derecho a la presunción de inocencia y al propio precepto".

En el supuesto aquí enjuiciado no cabe interpretar el art. 31 CP en el sentido de que por el mero hecho de ser representante o administrador de una sociedad ya debe responder de las conductas delictivas realizadas en el seno de ésta, lo cual es totalmente inadmisible por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Además, si los principios de culpabilidad, de personalidad de las penas y de responsabilidad individual constituyen un obstáculo muy importante para que se pueda considerar, en nuestro ordenamiento jurídico, como autor de un delito a una persona jurídica, en aplicación de la máxima societas delinquere non potest (SSTS 7 noviembre 2001, 1 abril 2002, 2 junio 2005), tampoco es procedente derivar la responsabilidad penal hacia cualquiera de las personas que en ese momento era administrador de la empresa, sin constatar siquiera la responsabilidad individual de la misma, al margen de las consecuencias indirectas que conlleva la imposición de una pena a sujetos integrantes de una sociedad que no han tomado parte en el comportamiento delictivo.

Procede, en consecuencia, absolver a Balbino y Federico del delito por el que venían siendo acusados.

Cuarto.-El pronunciamiento absolutorio de dichos acusados por el delito de estafa objeto de este proceso conllevará, de un lado que no exista pronunciamiento alguno sobre las responsabilidades civiles que hubieran podido derivarse (sin perjuicio de lo que proceda en caso de reclamación civil a los efectos previstos en el art. 105 LSRL en relación con los arts. 262 y 265 LSA), y de otro, que las costas se declaren de oficio.

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que absolvemos a Balbino y Federico del delito de estafa por el que venían siendo acusados, declarando las costas procesales de oficio.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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