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Sentencia A.P. Huelva 104/2010, de 30 de marzo


 RESUMEN:

La prueba producida, que valoró la jueza de instancia fue tanto directa como circunstancial, con declaraciones de testigos coincidentes en lo circunstancial, por lo que, conforme declara la sentencia, resulta acreditado que el acusado virtió amenazas a su esposa, con la que había convivido durante años, con desprecio absolutode la relación.

SENTENCIA

En Huelva a treinta de Marzo del año dos mil diez.

Esta Audiencia Provincial en su Sección 1.ª compuesta por los Iltmos. Sres. anotados al margen, ha visto en grado de apelación el Juicio Rápido núm. 72/09, procedente del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Huelva, seguido por delito de amenazas, en virtud de recurso interpuesto por el acusado Lucas, defendido por el Letrado D. Juan Manuel Muriel Daza. Siendo apelado el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

Segundo.-Por el Juzgado de lo Penal núm. tres de esta Ciudad, con fecha 18 de Agosto de 2009, se dictó sentencia en las presentes actuaciones cuyos Hechos Probados resumidamente dicen que: PRIMERO.- 1) El acusado Lucas (mayor de edad y sin antecedentes penales) se encuentra divorciado de Doña Marí Luz, con la que tiene un hijo menor de edad, Iván, nacido el 6 de Diciembre de 1995, siendo el domicilio familiar durante el matrimonio el sito en avenida de la [...], en Lepe, al parecer otorgado en su uso y disfrute al menor o a la madre, habiéndolo abandonado el acusado a finales de Junio de 2009. 2) El día 30 de Julio de 2009 la Sra. Marí Luz viajó de Barcelona a Lepe tomando posesión del referido inmueble, lo que supo el acusado, quien sobre las 20.10 horas telefoneó a Doña Marí Luz y al no responder ésta, llamó a Doña Esperanza, tía de aquella, diciéndole a ésta que mataba a quien entrase en la casa. 3) No consta probado que minutos antes de las 20.15 horas el acusado telefonease a su hijo Iván y le dijese que mataría a su madre si ésta entraba en la casa. SEGUNDO.- 1) El acusado fue detenido por esta causa el 6 de Agosto de 2009. 2) Mediante Auto de ese día, la Juez de Instrucción impuso al acusado la medida cautelar de prohibición de comunicación y acercamiento a Doña Marí Luz, en vigor hasta que el proceso finalice. Siendo requerido el acusado de cumplimiento el mismo día.

Y termina con la parte dispositiva por la que se condena al acusado como autor de un delito de amenazas leves a mujer, de menor entidad, a la pena de prisión de tres meses, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, privación de porte de armas por seis meses y un día y prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a Marí Luz y comunicarse con ella por cualquier medio en un año y tres meses. Absolviéndolo del resto de hechos objeto de acusación. Y pago de la mitad de las costas procesales.

Tercero.-Contra la anterior resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el imputado, y conferido traslado se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, donde se formó rollo de Sala y se entregó la causa al Magistrado Ponente para deliberación, votación y decisión del Tribunal, lo que ha tenido lugar el día de hoy.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El escrito de recurso de la Defensa comienza denunciando errónea valoración de la prueba, al postular que no se acredita la realidad de los hechos y responsabilidad del acusado por delito de amenazas a la mujer con la que había estado conviviendo en virtud de relación conyugal. Entiende estaríamos ante "una estrategia de mal gusto orquestada por la familia de la denunciante" para presionar en los pleitos pendientes, y que los hechos son penalmente irrelevantes, al no acreditarse proferir las expresiones amenazantes que refiere la testigo, tía carnal de la denunciante.

Con el escrito de recurso se aporta prueba documental consistente en copia de demanda de modificación de medidas de separación matrimonial que, conforme al art. 790.3 LECrim. y por su fecha posterior al juicio, no hay inconveniente en admitirse.

El testimonio de Esperanza en acto de juicio es claro y contundente. Se trata de expresión amenazante ("si entraban en la casa, las mataría") mas allá de las propias de disputa en el contexto de conversaciones siempre tensas. Pero debe atenderse en juicio dicho testimonio, corroborado por el de la víctima, por mas que existan razones subjetivas de incredibilidad, y la consideración de los hechos como leves. Frente al Ministerio Fiscal, que impugna el recurso.

El recurso niega así la realidad de las expresiones conminatorias que el acusado dirige. Insiste en que no amenazó ni tuvo voluntad o intención de hacerlo. En el sentido de que los hechos acaecidos tendrían su justificación por las diificultades económicas y tensiones propias de la situación.

Al margen de quien sea el destinatario natural del principio de intervención mínima del Derecho Penal, si solo el legislador o también el Juez, deben compartirse las consideraciones realizadas por la sentencia apelada en torno a las doctrinas y parámetros a tener en cuenta en la valoración de las acciones e infracciones concurrentes, para analizar si merecen ser calificadas como propias de violencia de género y punición, o bien inclinarse por su tipificación separada o incluso la absolución como consecuencia del beneficio de la duda que supone el principio "in dubio pro reo".

Con el Ministerio Fiscal, debemos oponer que es prueba concluyente el propio testimonio de la tía carnal de la víctima denunciante, que en acto de juicio no se desdice y mantiene siempre una incriminación uniforme y con detalles sobre la secuencia de los hechos, que no están seriamente contradichos por el acusado, lo que es suficiente para apreciar en el apelante la responsabilidad penal que se declara, dada además la declaración del acusado.

Segundo.-El recurso debe desestimarse en cuanto puede tenerse por acreditada la autoría y el delito de amenazas, del art. 171.4 y 6 CP. Respetamos en líneas generales el relato que de los hechos probados hace la sentencia apelada porque compartimos plenamente la valoración del testimonio de la perjudicada y su tía como testigos. Pero también la defensa del imputado y su declaración exculpatoria, en relación con las restantes declaraciones y documentos.

Con lo que discrepamos del recurrente en la valoración de la prueba para llegar a la conclusión contraria, esto es, que el acusado amenazó a la denunciante Sra. Marí Luz de modo libre y consciente, sabiendo que infringía con ello la ley penal, por leves que fuesen las advertencias o frases conminatorias dirigidas.

La levedad de las expresiones proferidas ya ha sido tenida en cuenta en la imposición de la pena, sin que pueda valorarse para determinar su relevancia penal, pues ha sido el propio legislador quien ha querido con la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género tipificar como delito aquellos hechos constitutivos de amenazas que serían calificadas como falta por su levedad, cuando la ofendida sea cónyuge o pareja del autor.

La testigo perjudicada pudo valorar la entidad de las expresiones vertidas, y no duda en presentarlas como frases amenazantes que el acusado le dirigía como pareja. Y porque admite el propio acusado la tensión emocional de las circunstancias, que trata de justificar por la voluntad de hacer ver las dificultades económicas de la situación ("que iba a tener problemas porque no podía mantener dos casas" nos dice el apelante que manifestó).

En cualquier caso, entendemos que por el contenido de las expresiones -mataba a quien entrase en la casa- exceden de las discrepancias y tensiones normales en una discusión. Son amenazas propias de violencia sobre la mujer, y la medida de prisión y alejamiento es adecuada. Porque es claro que supone fuente de conflictos y, si se quiere, de provocarse una situación no querida. La razón u origen está en el deterioro de la relación sentimental, evidentemente, y no en otros posibles enfrentamientos de contenido económico, convivencia o familiares.

Las frases amenazantes tuvieron que ser evitadas. No se erige en causa de justificación suficiente mas que aquella alteración anímica que produce una situación de enajenación o trastorno mental, y no parece que sea el caso. Enervándose con ello el beneficio de la duda para estimar que sea posible la ausencia de intención o dolo de proferir unas frases que, objetivamente, son amenazantes.

Y que la amenazara y agrediera verbalmente es un hecho constatado por la testigo perjudicada y su tía carnal.

Existe una evidente intención de intimidar y amenazar. Es la conclusión lógica a la que se llega, cualquiera que sea el proceso de razonamiento que sigamos.

La prueba producida y que valora la juzgadora de primer grado es directa y circunstancial, con unos testimonios, los de los presentes, que convergen en lo sustancial al declarar sobre los hechos.

Por lo que resulta acreditado conforme al art. 741 LECrim. las amenazas vertidas por el acusado a su esposa, con la que había convivido durante años, con desprecio absoluto de la relación. Como manifestación del trato degradante, a modo de relación de dominio que intentaba seguir ejerciendo. Que refleja el riesgo que se corre con semejantes actitudes de imposición y dominio del hombre sobre la mujer en el seno de una relación de pareja. Que adquiere tintes dramáticos cuando ella puede verse anímicamente obligada a seguir la convivencia.

Tercero.-Debe desestimarse el recurso, encontrando correcta además la extensión de la pena de prisión impuesta, pues se individualiza imponiéndola aplicando el art. 171.6 CP, porque se observan razones suficientes teniendo en cuenta la entidad de la acción, el grado de intimidación y ejecución del delito, peligro que ha supuesto para la víctima y demás circunstancias concurrentes.

Por lo que estimamos que se debe confirmar la sentencia apelada.


FALLO


 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Lucas contra la Sentencia dictada en el Juicio Rápido núm. 72/09, a que se refiere el rollo de sala, y su primer grado por la Iltma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Huelva, CONFIRMANDOLA en todos sus pronunciamientos.

Remítanse las actuaciones originales al Juzgado de su Procedencia, con certificación de la presente y despacho para su notificación a las partes, cumplimiento y demás efectos.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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