Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Madrid 138/2010, de 30 de marzo


 RESUMEN:

Teniendo en cuenta que el artículo 270 del Código Penal protege los ataques graves contra la propiedad intelectual, que no se ha concretado el perjuicio económico causado y las dudas sobre si se protege o no el organismo gestor de los derechos de autor, la sentencia absuelve al acusado a quien ocuparon 52 DVDs que resultaron ser copias ilegales de los originales.

SENTENCIA

En MADRID, a treinta de Marzo de dos mil diez.

VISTO, por esta Sección Segunda de esta Audiencia Provincial de Madrid, el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra la Sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal n.º 13 de Madrid.

Han sido partes el mencionado recurrente y Edmundo.

Actúa como ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS ANTONIO MARTINEZ DE SALINAS ALONSO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el Juicio Oral de referencia se dictó Sentencia con fecha 27 de Noviembre de 2009, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

"Que debo absolver y absuelvo a Edmundo, del delito por el que venía siendo acusado, con declaración de oficio de las costas procesales causadas.

Procédase al comiso de los efectos intervenidos.

Cancélense las medidas cautelares reales que hubieran podido acordarse, en su caso, en la pieza de responsabilidad civil.

Y como Hechos Probados expresamente se recogen los de la sentencia apelada:

"El acusado Edmundo, mayor de edad y sin antecedentes penales, con permiso de residencia en España NUM000, el día 8 de noviembre de 2007, a las 22,00 horas, fue detenido por agentes de la Policía Local de Madrid, en la Plaza Tirso de Molina con Duque de Alba, ocupándosele 52 DVDs, que resultaron ser copias ilegales de sus originales, actuando sin la autorización de los legítimos titulares de los derechos de explotación".

Segundo.-Contra dicha Sentencia, por el MINISTERIO FISCAL, se interpuso recurso de apelación, que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla unido a las actuaciones.

Tercero.-Dado traslado del escrito de formalización del recurso a la parte apelada, se presentó escrito de impugnación en base a considerar la sentencia objeto de recurso plenamente ajustada a derecho, solicitando su confirmación.

Cuarto.-Por el Juzgado de lo penal más arriba referido se remitieron a este Tribunal los Autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el día 30/03/2010.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos que en la sentencia recurrida se declaran probados.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-La Sala debe de partir, en todo caso, de Jurisprudencia constante de las Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo, y el propio Tribunal Constitucional. (Sentencia 170/02 de 30 Septiembre, 200/02 de 28 de Octubre, 212/02 de 11 de Noviembre, 230/02 de 9 de Diciembre, 40/04 de 22 de Marzo, y 78/05 de 4 de Abril). La condena en segunda instancia, tras una anterior sentencia absolutoria, supone una infracción de la presunción de inocencia que solo puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida con las debidas garantías procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional, y sometida a los principios de contradicción y publicidad. El pronunciamiento absolutorio solo podrá rectificarse por inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba, cuando el relato histórico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo, o cuando haya sido desvirtuado por probanzas practicadas en segunda instancia.

Segundo.-A mayor abundamiento de lo anterior, y específicamente en el presente supuesto debe tenerse en cuenta, como acertadamente se explicita en la sentencia de la instancia, que el art. 270 del Código Penal, al tipificar el delito contra la propiedad intelectual, está protegiendo dicha propiedad de actuaciones que supongan un ataque de gravedad contra el contenido de dicha propiedad, pero no de actuaciones que carecen de la entidad suficiente como para hacerse reprochables desde el punto de vista penal. Desde este punto de vista, debe hacerse aplicación en el presente caso del principio de intervención mínima por cuanto la actuación del acusado Edmundo, no reviste especial gravedad en relación con el contenido del mencionado derecho.

En segundo lugar, debe ponerse de manifiesto por esta Sala que el concreto perjuicio económico es uno de los elementos del tipo. Por consiguiente, ese perjuicio debe estar perfectamente concretado en la causa.

El perjuicio que figura en el escrito de acusación deriva de la tasación realizada en las actuaciones por miembros de la Policía Municipal de Madrid pertenecientes al Área de Coordinación Técnica, Sección Técnica de Investigación. Se desconoce la cualificación profesional y técnica que tienen los peritos citados para realizar semejante valoración, de resultado dudoso, máxime teniendo en cuenta que se han limitado a repetir, como valor del perjuicio, el valor de venta al público en establecimientos comerciales de los objetos intervenidos.

Otra cuestión en relación con el perjuicio como elemento del tipo es la relativa al objeto de protección en el tipo penal. Así, el art. 270 del Código Penal protege a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, pero no a los organismos que se dedican a gestionar de forma exclusiva esos derechos. Partiendo del precio de venta al público, en absoluto consta en la causa la participación concreta y específica que corresponde al titular de derecho de propiedad intelectual, del total de las sumas que las sociedades gestoras entienden que debe serles abonadas, por compensación de los servicios que prestan a los titulares de la propiedad intelectual.

Todas estas consideraciones llevan a la Sala a la desestimación del recurso que ha dado origen a los presentes autos, como se dice, por aplicación del principio de intervención mínima, así como también por la falta de constatación de uno de los elementos del tipo penal.

Si a ello se le añade, como acertadamente se manifiesta en la resolución recurrida, que hay en la causa un problema de prueba, (porque ninguno de los agentes que intervino vió realizar un acto de venta), la resolución a la que ineludiblemente debe llegarse por esta Sala no es otra que la desestimación del recurso que ha dado origen a las presentes actuaciones.

Tercero.-Se declaran de oficio las costas procesales de esta alzada a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a lo expuesto.


FALLAMOS


 
Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por EL MINISTERIO FISCAL contra la Sentencia dictada con fecha 27/11/2009 en el procedimiento PROCEDIMIENTO ABREVIADO n.º 465 /2008 por el JDO. DE LO PENAL N. 13 de MADRID, debemos CONFIRMAR dicha sentencia, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 248-4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la cual se llevará certificación al Rollo de su razón y a los autos de que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS ANTONIO MARTINEZ DE SALINAS ALONSO, estando celebrando audiencia pública. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación