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Sentencia A.P. Madrid 115/2010, de 25 de marzo


 RESUMEN:

Se alega por el recurrente que no ha existido la conducta omisiva a que se refiere el artículo 316 del Código Penal, pues existían las medidas de seguridad necesarias, constando la entrega del equipo personal de seguridad a cada operario y la existencia de una escalera cuyo uso fue rechazado por los trabajadores al considerarla más peligrosa. Pero los fundamentos jurídicos rechazan estas consideraciones.

SENTENCIA

En MADRID, a veinticinco de marzo de dos mil diez

VISTO, en segunda instancia, ante la Sección Vigésimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, el Procedimiento Abreviado núm. 420/2007, procedente del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Móstoles, seguido por un delito contra el derecho de los trabajadores y homicidio imprudente, contra el acusado D. Pedro, representado por Procuradora D.ª Roa M.ª Martínez Virgili y defendido por Letrado D. Francisco Javier Peco Vázquez, venido a conocimiento de esta Sección en virtud de recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por dicho acusado, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de referido Juzgado, con fecha 27 de octubre de 2010, siendo parte apelada el MINISTERIO FISCAL. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª PILAR RASILLO LÓPEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 27 de octubre de 2010 se dictó sentencia en Procedimiento Juicio Oral de referencia por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Móstoles.

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos como probados:

"Único.-Se declara probado que el día 15-11-05, los trabajadores Juan Pedro, Cornelio y Jenaro, pertenecientes a la empresa Técnicas y Cubiertas SL, se encontraban en su centro de trabajo sito en la finca La Bubilla en el término municipal de Navalcarnero realizando trabajos de imprimación de un techo de madera. Quedaba una zona por imprimir para lo cual utilizaban un andamio tubular de 1,50 o 1,60 cms aproximadamente de altura. En un determinado momento, cuando Jenaro subía al andamio por unos de sus laterales, al llegar al tercer peldaño resbalo, cayendo hacia atrás, enganchándosele la pierna en el lateral del andamio de tal forma que su cabeza golpeó en el suelo causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico unos días después. El andamio carecía de las escaleras necesarias para el acceso a las estructuras tubulares exigido por la legislación vigente en materia de riesgos laborales. El trabajador fallecido junto a sus compañeros de trabajo desempeñaba su labor careciendo de los medios de seguridad oportunos siendo el primer día que estaban en dicha obra. El acusado mayor de edad y sin antecedentes penales era en ese momento el representante legal y encargado de Técnicas y Cubiertas SL. La víctima mantenía relación de convivencia con Marí Juana y tenían un hijo menor de edad Juan María. Los perjudicados no reclaman al haber sido indemnizados por Caser y Aseq SA.".

Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo:

"Debo condenar y condeno a Pedro como autor de un delito de homicidio imprudente y un delito contra la seguridad en el trabajo, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena por el primer delito, de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el segundo a la pena de prisión de seis meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de seis meses a razón de seis euros día, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y costas en ambos casos.".

Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por la representación procesal del acusado D. Pedro, exponiendo como motivos de apelación error en la valoración de la prueba e infracción de los arts. 316 y 142.1 C.P.

Tercero.-Admitido a trámite se dio traslado del escrito de formalización del recurso a las demás partes, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal, que interesaron su desestimación y la confirmación de la sentencia por ser plenamente conforme a derecho.

Cuarto.-Remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, correspondieron a la Sección 29.ª, siendo registradas al número de orden 13/10 RP y no estimando necesario la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo, quedando los mismos pendientes de sentencia.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Dictada por el Juzgado lo Penal 4 de Móstoles sentencia en fecha 27 de octubre de 2010 por la que se condena al acusado D. Pedro por un delito contra los derechos de los trabajadores del art. 316 C.P. y un delito de homicidio imprudente del art. 142.1 C.P., se interpone recurso de apelación por la defensa de este condenado por un error en la valoración de la prueba e indebida aplicación de los arts. 316 y 142.1 Código Penal.

Como es sabido, el recurso de apelación, en la esfera penal, viene caracterizado por la nota específica de la plena jurisdicción, de manera que el tribunal puede revisar los hechos probados y sustituir los establecidos por la sentencia de instancia por aquellos que resulten acreditados del estudio de los antecedentes y alegaciones vertidas en los escritos de recurso y de impugnación, o en la eventual vista oral. Sin embargo, a consecuencia de la inmediación observada en el Juicio Oral, con la correlativa apreciación directa por el Juez de las pruebas practicadas, es prudente no reformar la base fáctica de la resolución recurrida si del examen de las pruebas no aparece una deducción ilógica, forzada o absurda que lleve a declarar probados unos determinados hechos que, en otro caso, no debieran haberlo sido. En consecuencia, el juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se centra en si el juicio de hechos realizado por el Juzgador de instancia es conciliable con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el juicio, controlar, en definitiva, la estructura racional del juicio de hecho.

Por lo tanto, únicamente cabe apreciar un error en la apreciación de la prueba cuando las conclusiones fácticas obtenidas por el juzgador de instancia no son conciliables con los principios de la lógica, se apartan de las máximas de experiencia o no tienen apoyo en conocimientos científicos. En consecuencia, en el segundo grado jurisdiccional no se despliega un discurso tendente a convencer al Tribunal de la suficiencia de las pruebas para corroborar la propuesta de hechos que se ofrece, más bien se elabora una argumentación que pone en tela de juicio la racionalidad del juicio de hecho confeccionado por el juzgador de instancia. Ajenas al debate en el segundo grado jurisdiccional son las cuestiones atinentes a la credibilidad de los testimonios dados ante el juez de instancia, dado que el principio de credibilidad depende de la inmediación y percepción sensorial directa del contenido de las declaraciones, existiendo datos como los gestos, el tono de la declaración, titubeos, etc., no quedan reflejados en el acta del juicio, donde ni siquiera consta el contenido íntegro de lo declarado, dada la precariedad de medios técnicos que se padece en los juzgados y tribunales. Ha de admitirse, pues, que esa perspectiva relevante del material probatorio resulta inaccesible al Juzgador de la segunda instancia, de modo que el escollo de la falta de inmediación le impide ahondar con holgura en el análisis de la veracidad y credibilidad de los diferentes testimonios.

Es a consecuencia de esta inmediación observada en el Juicio Oral, con la correlativa apreciación directa por el Juez de las pruebas practicadas, por lo que resulta prudente no reformar la base fáctica de la resolución recurrida si del examen de las pruebas no aparece una deducción ilógica, forzada o absurda que lleve a declarar probados unos determinados hechos que, en otro caso, no debieran haberlo sido.

Sentado lo anterior, discrepa el recurrente de la aseveración que se contiene en los hechos probados de la sentencia de que el trabajador fallecido y sus compañeros de trabajo realizan su labor careciendo de los medios de seguridad oportunos, alegando que el recurrente había entregado los elementos personales de seguridad a sus trabajadores que contaban con la correspondiente formación, siendo una cuestión distinta que no los utilizaran. Y que el andamio de autos era de borriqueta no precisando ni escalera, ni barandilla o rodapié.

Sin embargo el visionado de la grabación del acto del juicio y el examen de las actuaciones nos llevan a considerar el acierto de esa cuestionada conclusión, conviniendo con el Juzgador a quo que en efecto, no existían ni medidas de seguridad colectivas ni individuales. En cuanto a las primeras, porque estándose ante un verdadero andamio tubular como así informó el Inspector de Trabajo D. Ezequias -que compareció al juicio como perito- a la vista de las fotografías del andamio aportadas por la defensa, resultaba necesario para su acceso que estuviera provisto de una escalera específica, enganchada al andamio, con su protección, quedando ajustada al centro del mismo con unos ganchos, no siendo adecuado que el acceso al andamio se realizara a través de sus travesaños laterales, lo que genera un riesgo de resbalarse y de caerse, como así sucedió en el caso enjuiciado. Indica el perito que una escalera que las condiciones indicadas no incrementa el riesgo de caída, por cuanto que la escalera no debe de estar al lado del andamio, sino sobre el propio andamio, desembocando en su mitad, quedando por tanto desvirtuada la alegación exculpatoria del acusado de que era más peligroso usar la escalera porque entonces habría de saltar desde ésta al andamio. Indica el perito-Inspector de Trabajo que en todo caso la discusión sobre si se era un andamio tubular o uno de borriqueta es baladí, pues en atención a la altura del andamio en cuestión el andamio de borriqueta tenía tanto peligro como el tubular, siendo necesario, ante estas características, que uno y otro se vise por un técnico y la adopción de medidas de seguridad que eviten el riesgo de caída.

Tampoco existían medidas individuales de protección, como acertadamente resuelve el Juez a quo en su fundamento tercero. En efecto, pese a que el recurrente y sus empleados dicen que los trabajadores habían sido provistos del material de seguridad y lo tenían allí, lo que manifiesta el acusado que vio, resulta que el trabajador D. Juan Pedro declara que no recuerda haber visto al acusado en la obra esa mañana, mientras que el otro trabajador D. Cornelio afirma que en esa mañana el acusado no fue a la obra, pasando por la tarde. De manera que si el recurrente no acudió a la obra antes del accidente no podía saber si estaba el material de seguridad, que como dijo en juicio el primero de estos trabajadores no estaba en esa obra sino en otra, lo que ya había manifestado el segundo trabajador en instrucción (F. 187).

En consecuencia, ha de desestimarse el motivo.

Segundo.-Se alega por el recurrente que no ha existido la conducta omisiva a la que se refiere el art. 316 C.P. pues existían los medios de seguridad necesarios, constando la entrega del equipo personas de seguridad a cada operario y la existencia de una escalera cuyo uso fue rechazado por los trabajadores al considerarla más peligroso. Cuestión que ya ha sido resuelta en el anterior fundamento, remitiéndonos a lo en él expuesto.

Y no solo había una ausencia de medidas de seguridad colectivas e individuales, sino que a la vista del tipo de andamio y de su altura existía un riesgo de caída de accederse a través de sus travesaños, como se señala en el informe del el inspector de trabajo (F. 92 a 98) y ratifica este inspector en juicio, insistiendo que tratándose de un andamio alto, tanto el de borriqueta como el tubular tienen el mimos peligro de caída, siendo necesarias las medidas de seguridad normativamente establecidas y en particular que el acceso al andamio se haga por una escalera (Orden 2988/98 de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y art. 207 y 242 de la Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28/01/1970).

Tercero.-La protección penal de la vida y salud de las personas en una actividad laboral se articula en dos planos complementarios:

A).- Por una parte, se diseña un tipo especial, de peligro de concreto que trata de tutelar la vida y salud de los trabajadores cuando, con dolo o imprudencia grave, las personas legalmente obligadas no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, siempre y cuando se produzca una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y se ponga con ello en peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Esta protección penal, diseñada en los arts. 316 y 317 del CP se extiende a la vida y salud de la totalidad de los trabajadores que desempeñan su actividad en un marco estructural y prestacional generador de riesgos específicos para estos bienes jurídicos. El objetivo de este delito consiste en que por parte de los responsables de la actividad laboral se permita el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales no facilitando a los trabajadores los medios necesarios para que desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, constituyendo el "resultado" típico de este ilícito penal la puesta en peligro efectivo y grave de la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores.

B).- Convive con esta protección, la tutela concreta de la vida y salud de cada uno de los trabajadores frente a los comportamientos que se desarrollan en el trabajo y menoscaban su indemnidad personal como consecuencia de la infracción de normas de prevención de riesgos laborales, produciéndose el resultado lesivo que tratan de evitarse con dichas normas (muerte o lesión del trabajador). Son tipos contra la vida y salud imprudentes que, a diferencia de los delitos de peligro, precisan una lesión efectiva del bien jurídico protegido -vida y salud del trabajador-, y se despliegan en un contexto estrictamente individual -tutela de la vida y salud del trabajador directamente afectado por la realización del riesgo generado por la conducta imprudente-.

El delito contra la seguridad en el trabajo y los delitos o faltas de homicidio y lesiones imprudentes se encuentran un una relación de complementariedad. Como analiza la S. T.S. de 14 de Julio de 1.999 cuando como consecuencia de la infracción de normas de prevención de riesgos laborales acontece el resultado que se hubiera evitado con ellas (la muerte o lesión del trabajador) el delito de resultado (homicidio culposo o lesiones) absorbe al de peligro del artículo 316, como manifestación de la progresión delictiva (artículo 8.3 del Código Penal), pero no cuando la muerte o lesiones de uno de los trabajadores constituye, como dice la última Sentencia citada, solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad al encontrarse otro trabajador en la misma y desfavorable condición de plena inseguridad, estándose en este caso ante un concurso de delitos y no en el seno del concurso de normas.

Cuarto.-En el presente caso, con la carencia de una escalera para acceder al andamio, con el consiguiente riesgo de caída, constituye una infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales, antes citadas.

Infracción de normas y ausencia de medios para el desarrollo del trabajo con las medidas de seguridad e higiene adecuadas de la que se derive un peligro grave para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, que en el informe de la Inspección de Trabajo se califica como grave (F. 92 y 93).

Y en el supuesto que ahora se enjuicia, además de cometerse el delito de peligro concreto a que se refiere el artículo 316 del Código Penal tuvo lugar el fallecimiento del trabajador D. Jenaro, debido precisamente a la falta de escalera, al resbalarse al subir por el lateral, que se encontraba mojado al haber llovido, quedándosele enganchada una pierna al andamio y golpeándose la cabeza con el suelo. Lo que obliga a considerar la existencia de un concurso entre el meritado delito y el de homicidio imprudente del art. 142 Código Penal, por cuanto que el riesgo por la falta de medidas de seguridad afectaba a todos los trabajadores que utilizaban el andamio, siendo concretamente el día del accidente tres.

Quinto.-En atención a todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso y no apreciándose mala fe ni temeridad, se declaran de oficio las costas de esta alzada. (art. 240 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.


FALLO


 
QUE DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal del acusado D. Pedro, contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Móstoles, en los autos a que el presente Rollo se contrae, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese a las partes, con advertencia de que contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno. Notifíquese asimismo a los perjudicados aunque no sean parte en el proceso.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta sentencia, para su conocimiento y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dña. PILAR RASILLO LÓPEZ, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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