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Sentencia A.P. Lérida 108/2010, de 25 de marzo


 RESUMEN:

Sigue la sentencia la línea jurisprudencial conforme a la cual el medio comisivo del robo es el de apreciar en todo caso en el que se emplee fuerza física sobre otro o cuando se amenaza en forma inminente con su empleo, pues tal amenaza tiene ya el efecto coactivo corporal que excluye el ejercicio del derecho a la libertad del coaccionado y da lugar a la intimidación.

SENTENCIA

En la ciudad de Lleida, a veinticinco de marzo de dos mil diez.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha visto el presente recurso de apelación contra sentencia de 01/02/2010, dictada en Procedimiento abreviado número 349/2008, seguido ante el Juzgado Penal 1 Lleida.

Es apelante Florentino (también conocido como Hernan), representado por la Procuradora D.ª M.ªJOSÉ ALTISENT CAMARASA y dirigido por el Letrado D. Josep Ramon Escuer Calaveras. Es apelado el MINISTERIO FISCAL. Es Ponente de esta resolución la Magistrada Ilmo. Sr. D.MARIA LUCÍA JIMÉNEZ MÁRQUEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado Penal 1 Lleida se dictó sentencia en el presente procedimiento en fecha 01/02/2010, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: CONDENO a Don Florentino (también conocido como Hernan), como autor criminalmente responsable de un delito de robo con violencia en las personas en grado de tentativa, en su modalidad de menor entidad de la violencia ejercida, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales causadas."

Segundo.-Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación, mediante escrito debidamente motivado, del que se dio traslado a los apelados para adhesión o impugnación, evacuando dicho trámite en el sentido de impugnarlo, solicitando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

Tercero.-Remitidos los autos a la Audiencia, esta acordó formar rollo, y se designó Magistrado Ponente al que se entregaron las actuaciones, señalándose día y hora para deliberación y votación.


HECHOS PROBADOS

Único.-Se admiten los que contiene la resolución recurrida en todo lo que no se opongan o contradigan lo que a continuación se argumenta.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El apelante se alza contra la sentencia que le condena como autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, considerando probado el juzgador que el mismo se apoderó de unos artículos de un establecimiento "If" de la localidad de Lleida, procediendo a empujar fuertemente a dos dependientas, al ser sorprendido por las mismas, con la finalidad de lograr salir del local.

Alega el recurrente que ha existido error en la valoración probatoria y también en la aplicación del art. 242 del CP, considerando la parte que no ha quedado acreditada la existencia de una voluntad de agredir en el acusado, y que el apoderamiento de objetos tuvo lugar sin realización de fuerza alguna, existiendo tan sólo una discusión posterior a la consumación de los hechos con las empleadas, invocando finalmente el principio de intervención mínima del Derecho Penal, solicitando la absolución en esta alzada o, de forma subsidiaria, la condena del acusado por una falta de hurto y dos faltas de amenazas.

El Ministerio Fiscal impugna el recurso e interesa la confirmación de la resolución apelada, al hallarala ajustada a Derecho.

Segundo.-En materia de apelación, es preciso recordar que el Tribunal "ad quem" asume la plena jurisdicción sobre el supuesto objeto del recurso, con idéntica situación a la del juez "a quo", con posibilidad de un nuevo análisis crítico de la prueba practicada y comprobación de si existe o no prueba incriminatoria razonable y suficiente para enervar la presunción de inocencia. No obstante lo anterior, la valoración de la prueba realizada por el Juzgador "a quo" en uso de la facultad que la confiere el art. 741 de la L.E.crim y sobre la base la actividad desarrollada en el juicio oral, goza de una especial singularidad, ya que dicho acto -núcleo del proceso penal- se ha desarrollado en su presencia, con plena eficacia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) Por ello, el Tribunal de apelación debe limitarse a examinar si el juzgador de instancia ha incurrido en razonamientos arbitrarios, ilógicos o irracionales, o si hubo o no vulneración del derecho a la presunción de inocencia, analizando la existencia y suficiencia de actividad probatoria de cargo practicada en el acto del juicio (en este sentido se ha pronunciado de forma uniforme y reiterada la jurisprudencia -SSTS de 3.3.99, 13.2.99, 24.5.96 y 14.3.91, entre otras-).

En base a lo expuesto hay que entender que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el acto del juicio, siempre que resulte debida y adecuadamente motivado, únicamente deberá ser rectificado, cuando haya incurrido en un manifiesto y claro error, de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, habiendo señalado la jurisprudencia del TS que para acoger el error en la valoración de las pruebas, se exige la existencia en la narración descriptiva de supuestos inexactos, con error evidente, notorio y de importancia, de significación suficiente para modificar el sentido del fallo.

Partiendo de ello, la Sala no puede acoger los argumentos del recurrente, pues, según se desprende de la cronología de los hechos declarados probados, el acusado se enfrentó a las empleadas del establecimiento al ser sorprendido con los objetos sustraídos antes de abandonar el local, existiendo algo más que una discusión con las mismas, como se alega en el recurso, ya que procedió a usar la violencia e intimidación para evitar la oposición de dichas empleadas y poder consumar su acción.

A tal conclusión ha llegado el juzgador tras una valoración probatoria que la Sala comparte, al no detectar en la misma atisbo alguno de error, arbitrariedad o capricho, evidenciándose como totalmente lógica y coherente con el resultado probatorio, el cual ha sido pormenorizadamente detallado en la sentencia impugnada, quedando plenamente convecido el juez "a quo" de la versión mantenida a través del procedimiento por las dependientas del establecimiento, a las cuales ha otorgado total credibilidad respecto a que recibieron fuertes empujones por parte del acusado, haciendo mención expresa una de ellas a que se había sentido intimidada por el comportamiento del mismo, poniendo de relieve también el sentenciador que en el acto del juicio no contó con la versión del acusado, ni con elementos de descargo para su exculpación, dada su incomparecencia injustificada a dicho acto, pese a haber sido citado en debida forma.

Sentado lo anterior, a diferencia de lo que sostiene el apelante, la Sala considera que sí concurren en el presente supuesto todos y cada unos de los presupuestos necesarios para la aplicación del art. 242 del CP. Y es que el acusado nunca tuvo la disponibilidad de los objetos sustraídos, ni siquiera de forma fugaz o momentánea y la violencia que empleó para tratar de conseguir su propósito se produjo antes de la consumación del hecho, por lo que resulta plenamente aplicable al caso la reiterada doctrina del Tribunal Supremo de que si los actos de violencia surgen o sobrevienen antes de conseguirse la disponibilidad sobre los objetos sustraídos y de alcanzarse la consumación del delito de apoderamiento, la violencia o intimidación se integran con el apoderamiento y transmutan el hurto o el robo con fuerza en robo violento (STS 07-04-1981, 281/1989, 858/2000 y Sentencia del Pleno de 25 de enero de 2000).

En concreto, ha declarado la STS de 18-10-2001 que "si cuando el delincuente se halla en pleno proceso apoderativo, precisa para culminarlo ejercer violencia o fuerza física, frente a quien quiera impedir que la apropiación se consolide, está cometiendo un robo y no un hurto. El empleo de la "vis fhysica" o la intimidación ("vis compulsiva") tiene por objeto conseguir la desposesión y la disponibilidad de la cosa y precisamente para alcanzar esa disponibilidad el agente se ve obligado a eliminar el obstáculo constituido por una o mas personas, que quieren impedir la sustracción.

En suma, cuando la fuerza o intimidación se desarrollan antes de la consumación del delito y tienen por objeto vencer la resistencia personal que impide al culpable la disponibilidad del bien codiciado, estamos ante un delito de robo, "ya afloren las violencias antes, durante o después de la aprehensión material de las cosas".

En la misma línea, la STS de 28-2-1998, núm. 255/1998 señala que "el medio comisivo del robo es de apreciar en todo caso en el que se emplee fuerza física sobre otro o cuando se amenaza en forma inminente con su empleo, pues tal amenaza tiene ya el efecto coactivo corporal que excluye el ejercicio del derecho a la libertad del coaccionado y da lugar a la intimidación".

En cuanto a la alegación hecha por el recurrente en relación con la aplicación del principio de intervención mínima, conviene recordar que es pacífica la doctrina que considera que reducir la intervención del derecho penal, como ultima "ratio", al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal. En este caso, tal y como se ha expuesto, concurren en la conducta del acusado todos los elementos que integran el ilícito de robo con violencia por el que ha resultado condenado, debiendo hallar la misma el reproche punitivo previsto en el Código Penal, ya que el principio de mínima intervención del Derecho Penal no puede nunca significar una despenalización de las conductas descritas e integradas en el código punitivo, ello sin perjuicio de que la menor entidad de la violencia empleada en la comisión del delito encuentre respuesta punitiva atenuatoria, como así ha sido, a través de la aplicación del apartado 3.º del Código Penal.

Es por todo ello que procede la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la sentencia recurrida, partiendo de sus acertados fundamentos.

Tercero.-La desestimación de la apelación conduce a la imposición de las costas procesales derivadas de esta alzada al recurrente, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a lo argumentado


FALLAMOS


 
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Florentino (también conocido como Hernan) contra la sentencia dictada en fecha 1 de febrero de 2010 por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Lleida, en Procedimiento Abreviado 349/08, que CONFIRMAMOS en su integridad, con imposición de las costas procesales derivadas de esta alzada a la parte recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme, al no caber contra la misma recurso alguno.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su debido cumplimiento.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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