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Sentencia T.S.J. Canarias 826/2010, de 4 de junio


 RESUMEN:

Cosa juzgada material: Efecto positivo o vinculante. Declaración  de inexistencia de relación laboral entre las partes en anterior proceso de despido en el cual la sentencia es firme. Efecto vinculante sobre el actual proceso de reclamación de complemento de jefatura.

D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

D.ª MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D. EDUARDO RAMOS REAL.

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En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los llmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el rollo de suplicación interpuesto por D.ª Remedios contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2008, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de juicio 380/2007 sobre derechos- cantidad, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMOS REAL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos se presentó demanda por D.ª Remedios contra la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias) y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 14 de abril de 2008 por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.-En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

Primero.-Remedios, mayor de edad, cuya demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para la demandada, en régimen administrativo y categoría de profesor especialista en lenguaje de signos en virtud de sendos contratos administrativos siendo la duración del primero desde el 5.10.2005 hasta 30.05.2006 y el segundo desde 20.09.2006 hasta 30.06.2007, siendo en ambos casos el objeto la prestación de servicios en la especialidad de Lenguaje de signos en el IES Felo Monzón, siendo su horario laboral de treinta y siete horas y media semanales de las que veintiocho horas y media se dedicarán a las actividades del centro y el resto de la jornada nueve horas, de no obligada permanencia en el centro se destinará a la preparación de actividades docentes y a la atención de otros deberes inherentes a la función docente, percibiendo salario mensual de 2.170,72 euros. SEGUNDO.- En la estipulación cuarta de los contratos administrativos suscritos por las partes, se establece "Dependencia jerárquica; De la Dirección del Centro, así como de aquellas personas bajo las cuales, por razón de la función que realice, se encuentren en una inmediata dependencia jerárquica dentro de la Administración Educativa". SE da por reproducido el contenido de los contratos al constar incorporados a los autos. TERCERO.- La actora ha venido desempeñando durante el curso 2006-2007 el puesto de Jefe de Departamento, desarrollando tareas de coordinación docente y académica, prestando sus servicios en el mismo horario que el resto del personal docente, utilizando los medios materiales suministrados por la Administración Educativa y sometida al mismo régimen disciplinario que el resto de sus compañeros docentes. CUARTO.- En fecha 30.06.2007 se extiende diligencia en la que se hace constar por Da Ascension, Jefa del Negociado de enseñanza secundaria de la Dirección Territorial de Educación en Las Palmas en la que se hace constar que con efectos económicos y administrativos de 30.06.2007 el Interino /sustituto Remedios, titular de NIF NUM000 cesa en su destino en el ÍES Felo Monzón. Frente a tal decisión extintiva, la actora formuló demanda de despido, desestimada en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º5 de los de esta ciudad. QUINTO.- De prosperar la demanda, la actora tendría derecho a percibir la cantidad de 606,29 € en concepto de complemento por jefatura de departamento desde septiembre de 2006 a junio de 2007.

Sexto.-Se agotó la vía administrativa previa.

Tercero.-La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Que estimando la excepción opuesta por la parte demandada de incompetencia de jurisdicción de este Juzgado, para el conocimiento de la demanda presentada por D.ª Remedios frente al GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES), debo desestimar y desestimo la demanda sin entrar a conocer el fondo del asunto, debiendo advertir a la parte actora que debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para la solución del conflicto planteado en la demanda.

Cuarto.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia desestima íntegramente la pretensión ejercitada por la actora, D.ª Remedios, quien prestara servicios para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias) con la categoría profesional de Profesora Especialista de Lenguaje de Signos entre los días 5 de octubre de 2005 y 30 de junio de 2007 adscrita al Instituto de Enseñanza Secundaria "Felo Monzón" de Las Palmas de Gran Canaria, relación que se articuló mediante la suscripción de dos contratos administrativos la cual, una vez extinguida su relación de servicios, interesaba que se condenara a la Administración empleadora al pago de la cantidad total de 602,29 € en concepto de "complemento de jefatura de departamento" devengado entre los meses de septiembre de 2006 y junio de 2007, por entender que la relación de prestación de servicios que en su día entablaran las partes estaba sometida al derecho administrativo y que los órganos del Orden Jurisdiccional Social son incompetentes para conocer del fondo del asunto.

Frente a la misma se alza la parte actora mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un motivo de nulidad, uno de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que, anulada la sentencia de instancia, se repongan las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquel en que se produjo la infracción de normas y garantías del procedimiento causante de indefensión que denuncia o, en caso de no ser estimada dicha petición que, revocada la misma, se estimen íntegramente las pretensiones contenidas en la demanda origen del presente procedimiento.

Segundo.-Antes de entrar en la resolución del presente recurso hemos de hacer una puntualización previa, con el fin de determinar su objeto. La cuestión estriba en determinar si las sentencias que resuelven controversias sobre el derecho a la percepción de cantidades (en este caso por un complemento salarial) por parte de la trabajadora, cuando la cuantía reclamada no excede de 1.803,04 €, son susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de suplicación.

Ciertamente tales sentencias se encuentran expresamente excluidas del recurso extraordinario de suplicación por el artículo 189 párrafo 1.º de la Ley de Procedimiento Laboral.

Por ello, en principio, al encontrarnos ante un pleito en el que se articula por la actora una pretensión de abono de un concepto retributivo (el denominado "complemento de Jefatura de Departamento") devengado entre los meses de septiembre de 2006 y junio de 2007 en la cantidad total de 602,29 €, contra la sentencia dictada en el mismo no cabe recurso de suplicación ni ningún otro.

No obstante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 189 párrafo 1.º letra d) de la Ley de Procedimiento Laboral, procede en todo caso el recurso de suplicación contra las sentencias dictadas por reclamaciones que tengan por objeto subsanar una falta esencial de procedimiento o la omisión del intento de conciliación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión. En otras palabras, se puede recurrir en suplicación cualquier sentencia dictada por el Juzgado de lo Social con independencia de su cuantía y de la modalidad procesal en la que haya recaído, siempre que el motivo de suplicación esgrimido sea, precisamente, el previsto en el párrafo a) del artículo 191 de la ley de Procedimiento Laboral; por tanto, también las sentencias que el párrafo 1.º del artículo 189 de dicho cuerpo legal declara irrecurribles ("El Recurso de Suplicación", Faustino Cavas).

Pero, dado el carácter estrictamente formal de este singular recurso, su objeto quedará limitado a obtener la nulidad de las actuaciones y reponer los autos al estado en que se encontraban cuando se cometió la falta causante de la indefensión a una de las partes (de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); de modo que aunque la sentencia resulte impugnada, además, por motivos de revisión fáctica o censura jurídica de los párrafos b) y c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, éstos quedarán imprejuzgados, dictándose una sentencia de contenido estrictamente procesal.

Dicho lo anterior, a la hora de conocer y fallar el presente recurso, esta Sala entrará a resolver única y exclusivamente el motivo de nulidad articulado por la recurrente, quedando imprejuzgados los otros dos motivos.

Tercero.-Por el cauce del apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral viene a denunciar la demandante, ahora recurrente, la infracción del artículo 2 letra a) del mismo cuerpo legal y del artículo 9 párrafo 5.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que operando los contratos administrativos suscritos entre la actora y la Consejería demandada como una mera apariencia jurídica y encontrándonos ante una relación labora encubierta, la Jurisdicción Social es plenamente competente para el conocimiento del presente pleito, razón por la cual los autos han de ser devueltos la Juzgado de procedencia para que entre a resolver sobre el fondo de la cuestión.

Antes de entrar a dar solución al motivo de nulidad articulado por la actora (y orillando el espinoso tema del encuadramiento procesal de la excepción de incompetencia de jurisdicción como motivo de censura jurídica o de nulidad) hemos de determinar, de oficio, si la existencia de la sentencia firme dictada el día 21 de septiembre de 2007 por el Juzgado de lo Social N.º 5 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos 640/2007 que, en procedimiento sobre despido, desestimó la demanda de la actora por apreciar la excepción de incompetencia de jurisdicción, permite que en el presente procedimiento se pueda entrar nuevamente a cuestionar la naturaleza de la relación de prestación de servicios que la actora mantuvo durante dos años con la Consejería demandada, o si por el contrario ello no es posible por impedirlo la institución de la cosa juzgada material.

La institución de la cosa juzgada (cuyo régimen jurídico está contenido en los artículos 207 y 222 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil) tiene como objeto proteger la seguridad jurídica, impidiendo una segunda sentencia sobre lo ya enjuiciado. En su consideración hay que tener en cuenta la diferenciación que presenta la cosa juzgada, distinguiéndose entre "cosa juzgada material" y "cosa juzgada formal", estando la diferencia en que la cosa juzgada material actúa en proceso distinto (actuando hacia fuera) y la cosa juzgada formal actúa en el mismo procedimiento (actuando hacia dentro), según afecte al momento procesal o al derecho ejercido, respectivamente. A su vez, la ley distingue entre el efecto positivo y negativo de la cosa juzgada.

Así, la cosa juzgada material se traduce en el principio "non bis in idem", que quiere decir que la primera sentencia excluye un segundo proceso cuando el objeto del segundo litigio sea el mismo o coincida con el del primero, impidiendo así que se pueda empezar un nuevo proceso, produciendo de esa forma dos efectos:

- uno negativo o preclusivo (recogido en el párrafo 1.º del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que "la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo"), y

- otro positivo o prejudicial (recogido en el párrafo 4.º del artículo 222 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal").

Por otro lado, el ámbito de la cosa juzgada material no actúa indiscriminadamente, sino que se circunscribe a un campo específico que ha de quedar delimitado. Para verificar tal delimitación partiremos de la tradicional tesis de las tres identidades, según la cual, para que un fallo goce de autoridad de cosa juzgada en proceso ulterior se requiere que se dé la perfecta concurrencia de tres elementos comunes: los sujetos, el objeto y la causa (sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1992, 2 de octubre de 1995 y 30 de abril de 1997), aunque se estima que no es necesaria una identidad perfecta entre todos los componentes de los dos procesos (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1994 y 29 de mayo de 1995). Pero si bien hemos de decir que solo el fallo o parte dispositiva pasa a tener autoridad de cosa juzgada, para determinar esa triple identidad hay que analizar y tener siempre en cuenta los hechos, la causa petendi, la cual, como alegación, sirve entre otras cosas, de base para la lógica aplicación de la ley al caso concreto.

Es preciso tener en cuenta que cuando una sentencia definitiva ha resuelto sobre el fondo de la pretensión y en el nuevo proceso se plantea otra que respecto a la precedente tiene las identidades subjetivas, objetivas y causales que enumera el artículo 1.252 del Código Civil, se da la excepción de cosa juzgada en el sentido material, que no queda desvirtuada por utilizar diferentes denominaciones si la pretensión de fondo es la misma, ni porque aparezcan los litigantes en otra posición procesal, ya que la paridad de los litigios ha de inferirse de la relación controvertida al comparar lo ya resuelto con lo que se pretende resolver de nuevo, evitando un segundo proceso en aras del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 párrafo 3.º de la Constitución Española (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1964 y 22 de octubre de 1986).

Además el Tribunal Supremo continuamente incide en que el efecto positivo de la cosa juzgada puede ser estimado de oficio y esta Sala en consonancia con la doctrina mayoritaria concibe el efecto positivo de la cosa juzgada, que pondera el elemento prejudicial de conexión lógica entre dos decisiones judiciales, en el sentido de que la vinculación afecta también a aquellos elementos de decisión que siendo condicionantes del fallo no se incorporan a éste de forma especifica, aunque actúan sobre él como determinantes lógico.

Hechas las anteriores precisiones fácticas y jurídicas y entrando ya en cuestión, hemos de decir que el debate planteado por la actora en el presente procedimiento (la reclamación de un concepto salarial cuyo devengo presupone la existencia de relación laboral) quedó ventilado indirectamente en la sentencia firme dictada el día 21 de septiembre de 2007 por el Juzgado de lo Social N.º 5 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos 640/2007 que, en procedimiento sobre despido, consideró que la naturaleza jurídica de la relación de servicios que la actora mantuvo con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias entre el meses de octubre de 2005 y el de junio de 2007 era administrativa y, en consecuencia, desestimó su demanda por apreciar la excepción de incompetencia de jurisdicción.

Por ello, en el presente procedimiento se ha de partir de dicha circunstancia, quedando el presente litigio vacío de contenido (si no hay relación laboral no puede devengarse salario en general ni los distintos conceptos que lo componen en particular) pues la existencia de la sentencia firme antes referida vincula al Tribunal a la hora de resolver el debate planteado, al ser antecedente lógico de lo que es su objeto (efecto positivo de la cosa juzgada).

En consecuencia, se desestima el presente motivo de censura jurídica y, por su efecto, el recurso de suplicación interpuesto por la actora, debiendo ser confirmada la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Remedios contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2008, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de juicio 380/2007, la cual confirmamos íntegramente.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cuenta número: 3537/0000660801/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 € en la entidad de crédito de BANESTO cuenta corriente número 2410000066 0801/08, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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