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Sentencia T.S. (Sala 3) de 4 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Recurso de alzada: Interposición por Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Improcedencia de desdoblar en dos fases la interposición del recurso. La falta de alegaciones debe ser subsanada.

En la Villa de Madrid, a cuatro de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. al margen anotados, el presente recurso de casación número 1264/2007, promovido por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la Sentencia de 8 de febrero de 2007, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 974/2003, instado frente a la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de septiembre de 2003, estimatoria del recurso de alzada ordinario interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, de fecha 30 de octubre de 2000, estimatoria de la reclamación económico-administrativa formulada por la entidad mercantil "Apamon, S.L." (antes, "Apamon, S.A.") frente al Acuerdo de liquidación definitiva dictado por el Inspector-Jefe de la Inspección Provincial de la Delegación de Castellón de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1997.

Ha sido parte recurrida la entidad mercantil APAMON, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Pérez-Mulet Díez-Picazo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El 15 de noviembre de 1999 la Dependencia de Inspección de la Delegación de Castellón de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) incoó a la entidad mercantil "Apamon, S.A." el Acta de disconformidad A02 núm. 70208626 en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1997, Acta de la que resultó una deuda a ingresar de 133.100.857 ptas., de las que 119.799.665 ptas. correspondían a la cuota y 13.301.192 ptas. correspondían a los intereses de demora.

Una vez emitido el preceptivo Informe ampliatorio y no habiendo presentado el obligado tributario alegaciones dentro del plazo fijado al efecto en el art. 56 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, el Inspector-Jefe, mediante Acuerdo de fecha 11 de enero de 2000, confirmó la propuesta de liquidación contenida en el Acta.

Contra el Acuerdo mencionado, la sociedad "Apamon, S.A." interpuso reclamación económico-administrativa núm. 12/00165/00, que fue estimada mediante Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia, de fecha 30 de octubre de 2000.

El 30 de noviembre de 2000 tuvo entrada en el registro de la A.E.A.T. la notificación de la Resolución anterior.

Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2000, el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T. interpuso recurso de alzada ordinario (R.G. 7650/00; R.S. 726-01), formulando alegaciones por escrito de fecha 10 de abril de 2001.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), mediante Resolución de 26 de septiembre de 2003, acordó estimar el recurso de alzada ordinario y revocar en parte la Resolución recurrida, ordenando a la Oficina Gestora la práctica de una nueva liquidación en la que se admitiera la aplicación del tipo de gravamen correspondiente a las empresas de reducida dimensión.

Segundo.-Contra la Resolución del T.E.A.C., la mercantil "Apamon, S.L." interpuso recurso contencioso-administrativo núm. 974/2003, que fue estimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 8 de febrero de 2007, que anuló la resolución impugnada, por no ser conforme a derecho.

La Sala de instancia, después de considerar " temporáneo el anuncio del recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento " (FD Tercero), procedió a examinar " la alegación sobre la posible extemporaneidad en la formulación del recurso, pues la presentación de alegaciones, tras la puesta de manifiesto, excedió del plazo de quince días", precisando al respecto que había " que estarno a su fecha de salida de la Agencia Tributaria, (27 de Febrero de 2001) sino a la entrada de los mismos en el TEAR de Valencia (28 de Febrero de 2001)". Atendiendo a tales fechas, le resultaba claro que, excluyendo los días inhábiles, " transcurrió con exceso el plazo previsto en el artículo 121,1 del citado cuerpo legal, computado dicho plazo a partir del día siguiente a aquel en que tuvo entrada en el registro de la Agencia Tributaria el expediente administrativo, es decir, el 9 de Febrero de ese mes y año ", por lo que " si la formulación del escrito de alegaciones del recurso de alzada es el acto sustancial constitutivo del recurso, y no contaba solicitud de prórroga por parte del citado Director para formular las mismas, el TEAC no debió tenerlas por aportadas y al encontrarse con una reclamación, en este caso, recurso de alzada, carente de fundamentación, estaba obligado, en virtud del referido artículo, a continuar el procedimiento y desestimar el citado recurso, confirmando la resolución recurrida, al no haberse sostenido en modo alguno la pretensión inicialmente ejercitada por el citado Director y desconocer aquel las razones que sustentaban dicha impugnación " (FD Cuarto).

Tercero.-El 17 de abril de 2007 el Abogado del Estado interpuso recurso de casación, solicitando que se casara y anulara la Sentencia de instancia y se sustituyera por otra en la que se desestimara el recurso contencioso-administrativo, con la consiguiente confirmación de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central impugnada.

El recurso se fundamentó en un único motivo, al amparo de lo previsto en el art. 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del art. 17 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-administrativo, los arts. 40.1, 61, 88, 90 y 121.1 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas (R.P.R.E.A.), y la doctrina jurisprudencial sentada en la Sentencia de esta Sala de 1 de febrero de 2005 (rec. cas. núm. 7661/2000), al entender que el escrito de alegaciones tiene señalado un plazo de quince días que no es preclusivo, " por lo que tales alegaciones podían hacerse incluso fuera de plazo, y por tanto tenían que ser examinadas por el Tribunal Económico Administrativo Central, máxime cuando tal órgano de revisión de actos tributarios debe decidir todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gestión y el de reclamación ante el órgano inferior, hayan sido o no planteadas por los interesados " (pág. 5).

Además, alegaba el Abogado del Estado que, aun admitiendo que fuera necesario efectuar alegaciones iniciales, su falta no podía suponer la inadmisión del recurso, como entendía la Sala de instancia, en base al principio antiformalista regulador del procedimiento económico-administrativo.

Cuarto.-Mediante escrito presentado el 9 de abril de 2007, la representación procesal de "Apamon, S.L." se opuso a la admisión del recurso de casación, en virtud de lo previsto en el art. 93.2 c) de la Ley Jurisdiccional, al haberse desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, solicitando la desestimación del recurso de casación interpuesto frente a la misma.

Por Auto de 21 de junio de 2007 se acordó por esta Sala admitir a trámite el recurso formulado por el Abogado del Estado, por cuanto que " en el trámite de personación a que se refiere el artículo 90.3 , la parte recurrida puede oponerse a la admisión del recurso exclusivamente por las causas previstas en el artículo 93.2 .a) -no por los demás casos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del propio artículo 93.2 - es decir, porque el escrito preparatorio del recurso sea defectuoso, al no haberse observado los requisitos exigidos al efecto, o porque la resolución impugnada no sea susceptible de recurso de casación, toda vez que la posibilidad que brinda a la parte recurrida el citado artículo 90.3 es la consecuencia, como claramente se desprende de su texto, de la imposibilidad legal en que aquélla se encuentra de reaccionar frente a la providencia que tenga por preparado el recurso de casación, contra la que la parte recurrida no puede interponer recurso alguno " (FD Segundo).

Quinto.-Por Providencia de 4 de octubre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 3 de noviembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Angel Aguallo Aviles, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación se interpone por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 8 de febrero de 2007, que estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 974/2003 promovido por la representación procesal de la entidad "Apamon, S.L." contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de 5 de febrero de 2003, estimatoria también del recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T. contra la Resolución del T.E.A.R. de Valencia, de fecha 30 de octubre de 2000, estimatoria de la reclamación económico-administrativa formulada por la citada mercantil contra el Acuerdo de liquidación, de fecha 11 de enero de 2000, dictado en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1997.

La Sala de instancia consideró temporáneo el anuncio del recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, teniendo en cuenta que el plazo de quince días hábiles, computado a partir del 1 de diciembre de 2000 y excluidos los días inhábiles, a saber, los días 3, 6, 8, 10 y 17 de diciembre de ese año, finalizaba el propio 20 de diciembre de 2000. Sin embargo, entendía que " si la formulación del escrito de alegaciones del recurso de alzada es el acto sustancial constitutivo del recurso, y no constaba la solicitud de prórroga por parte del citado Director para formular las mismas, el TEAC no debió tenerlas por aportadas y al encontrarse con una reclamación, en este caso el recurso de alzada, carente de fundamentación, estaba obligado, en virtud del referido artículo, a continuar el procedimiento y desestimar el citado recurso, confirmando la resolución recurrida, al no haberse sostenido en modo alguno la pretensión inicialmente ejercitada por el citado Director y desconocer aquél las razones que sustentaban dicha impugnación " (FD Quinto), razón por la cual procedía a estimar el recurso de la entidad mercantil recurrente y a anular la Resolución del TEAC

Segundo.-Como se ha explicitado en los Antecedentes, el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado se articula sobre la base de un solo motivo, al amparo de lo previsto en el art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 17 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-administrativo, los arts. 40.1, 61, 88, 90 y 121.1 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, y la doctrina jurisprudencial sentada en la Sentencia de esta Sala de 1 de febrero de 2005 (rec. cas. núm. 7661/2000), ya que el recurso de alzada del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T. existió y no precisaba alegaciones iniciales. " El recurso -se afirma- existe siempre que se incluya la pretensión impugnatoria y la voluntad de recurrir, aunque en el mismo no se contengan aun las alegaciones, y sin perjuicio de que la ausencia de las mismas pueda privar al Tribunal de Instancia de las razones jurídicas que tenga el recurrente para impugnar las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional. Por eso la interposición que se efectuó fue ajustada a derecho" (pág . 6).Aun admitiendo que fuera necesario efectuar alegaciones, defiende la representación pública que debió concederse trámite para subsanar el defecto, en virtud del principio antiformalista regulador del procedimiento económico-administrativo.

Frente a dicho recurso, la representación procesal de "Apamon, S.L." presentó escrito, solicitando la plena y absoluta confirmación de la Sentencia de la Audiencia Nacional en todos sus extremos.

Tercero.-Esta Sala ha tenido ocasión de resolver asuntos sustancialmente iguales a los ahora formulados en relación con la falta de motivación del recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T.

Así, en la Sentencia de 6 de marzo de 2008, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 316/2004, se señalaba lo siguiente:

" QUINTO.- (...) en contra de lo que mantiene el Abogado del Estado, hay que reconocer que los artículos 121, 122 y 123 del Reglamento de 1 de Marzo de 1996 coinciden sustancialmente con los artículos 131, 132 y 133 del Reglamento de 20 de Agosto de 1981 , por lo que la contradicción denunciada por el recurrente entre la sentencia recurrida y las invocadas de contraste es patente, en cuanto a la posibilidad, o no, de que se anuncie la interposición del recurso de alzada sin indicar los motivos en que se funde, debiendo reconocerse, además, que la sentencia impugnada incurre en infracción legal.

En efecto, y como ha tenido ocasión de declarar esta Sala, en la reciente sentencia de 30 de Enero de 2008, rec. de casación para la unificación de doctrina 92/03 , "El art. 121.1 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-administrativas (R.P.E.A.), dispone que el recurso de alzada se interpondrá ante el Tribunal Regional o Local que hubiera dictado la resolución que se recurra en el plazo improrrogable de quince días, contados desde el siguiente al de su notificación. No obstante --dice el apartado 2--, si el recurso de alzada se promoviera por alguno de los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda o Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, "podrá" interponerse el recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el ya indicado plazo de quince días.

El contenido del escrito de interposición del recurso de alzada debe reunir una serie de requisitos. Así, según el art. 123.1 del citado R.P.E.A., de idéntica redacción al art. 133.1 del Real Decreto 1999/1981 , en el escrito de interposición de la alzada debe exponer el recurrente los motivos en que se funde y podrá acompañar los documentos que estime pertinentes, sin que en la segunda instancia (la de alzada) sea procedente la puesta de manifiesto del expediente para alegaciones, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del art. 122 .

A tenor del art. 122.2 , de análoga redacción al art. 132, apartado 2, del R.P.E.A. de 1981 , cuando el recurso se interponga directamente ante el Tribunal Central, en virtud de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior --es decir, cuando el recurso de alzada se promueva por alguno de los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda o Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria--, el Secretario General, dentro de un plazo de ocho días, reclamará el expediente con todas las actuaciones al Tribunal Regional o Local correspondiente, al que se enviará el escrito de interposición del recurso, con objeto de que se de vista del mismo, en unión de los expedientes, al reclamante y demás partes interesadas, con puesta de manifiesto de los expedientes durante el plazo de quince días para que en dicho plazo presenten las alegaciones que estimen convenientes (único supuesto de puesta de manifiesto del expediente para alegaciones en la segunda instancia además del caso de diligencias de prueba practicadas de oficio: art. 124.2 ).

Así pues, a diferencia de la posibilidad de iniciar la reclamación económica administrativa mediante escrito en el que el interesado se limite a pedir que se tenga por interpuesta la reclamación, a la manera de escrito de iniciación del proceso contencioso-administrativo, el escrito de interposición del recurso de alzada ha de contener necesariamente las alegaciones correspondientes (hechos, fundamentos jurídicos y petición que se concrete en el recurso) y los documentos que acompañen al mismo al no haber con posterioridad, en la segunda instancia de la vía económica administrativa, un trámite posterior de puesta de manifiesto del expediente para alegaciones y por ello no existe la posibilidad de iniciar el recurso de alzada mediante un escrito en el que el interesado se limite a pedir que se tenga por interpuesto el recurso, reservándose la realización de las alegaciones para un momento posterior.

Además, pues, de los requisitos comunes a todo escrito de iniciación de un procedimiento, el recurso de alzada deberá contener, obligatoriamente, los hechos y fundamentos jurídicos que justifiquen la pretensión del recurrente. Y así, el art. 123.2 del Real Decreto 391/1996 (que es transcripción del art. 133.2 del Decreto 1999/1981 ) señala que "después de la presentación del escrito de interposición, no se admitirá documento alguno y el Tribunal mandará devolver de oficio los que se presenten, sin ulterior recurso".

La doctrina ha precisado que, aún cuando el art. 123.1 del R.P.E.A . no exige la puesta de manifiesto previa del expediente para poder formular la interposición del recurso, parece evidente que si el recurrente estimase necesario el examen del expediente para fundar debidamente el recurso, tendrá derecho a ello, pudiendo examinar tanto el expediente de gestión para constatar algún dato que estime de interés para articular el recurso como el expediente correspondiente a la primera instancia para verificar cualquier otro extremo. Negar el acceso del recurrente al expediente podría colocarle en situación de indefensión.

La interpretación conjunta de los arts. 121 y 123 del Real Decreto 391/1996 , al igual que la de sus homólogos arts. 131 y 133 del Real Decreto 1999/1981 , determina, forzosamente, dada la radicalidad de los requisitos formales establecidos en los mismos para la viabilidad del recurso de alzada en vía económico administrativa y para que éste goce de la virtualidad de un acto impugnatorio propiamente dicho, que su escrito de interposición, en el plazo improrrogable de 15 días contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución del TEAR que se intentas impugnar, contenga, ya, como algo insito y connatural al mismo, la exposición de los motivos en que se funde en cuanto que -como expresamente se precisa- no es procedente en la segunda instancia el trámite de puesta de manifiesto del expediente ni habrá periodo de alegaciones, debiendo formularse éstas en el mismo escrito de interposición.

De no observarse todos los condicionantes expuestos, no se estaría ante la presencia de un recurso de alzada ordinario en sentido estricto, con todos sus elementos de contraste justificativos, sino ante una virtual pretensión, vacía de contenido.

El cumplimiento de las formalidades y plazos indicados en la interposición del recurso de alzada obliga a todos los intervinientes, sin posibilidad de la concesión de plazos de cortesía o de una interpretación que pueda beneficiar a una de las partes en detrimento del principio de seguridad jurídica (derivado del cumplimiento del indicado plazo y formalidades procedimentales). Como decía esta Sala en su sentencia de 21 de enero de 2002 (rec. de casación num. 7368/1996 ), el TEAC debió tratar al Director General de Tributos como una parte recurrente, sin privilegio procedimental alguno, al igual que si se tratara de un recurso de alzada de un contribuyente.

Esta Sala y Sección, en su sentencia de 18 de septiembre de 2001 (rec. num. 3282/2000 ) ya había establecido que en los procedimientos tramitados con el Real Decreto 1999/1981 el escrito de interposición del recurso debía contener las alegaciones, entendiéndose en caso contrario, es decir, cuando sólo se anunciaba el recurso, que no había verdadera interposición del recurso, ya que únicamente puede entenderse planteado cuando se presentan alegaciones.

La misma sentencia señaló que con los arts. 121, 122 y 123 del Real Decreto 391/1996 la solución era distinta, dando a entender que admitían el desdoblamiento del procedimiento entre anuncia del recurso y alegaciones.

Este criterio debe entenderse superado porque, comparando la redacción del art. 132.2 del Real decreto 1999/1981 con la del art. 122.2 del Real Decreto 391/1996 no se aprecia cambio sustantivo alguno. El primero establecía que se dará "vista del escrito de interposición del recurso" a las "demás partes interesadas" y la novedad introducida por el Real Decreto 391/1996 es que, además de las partes interesadas, se dará vista al "reclamante". El "reclamante" es el sujeto que instó la reclamación en primera instancia, siendo el órgano que interpone la alzada "el recurrente", término acuñado por el apartado 3 del art. 122 del Real Decreto 391/1996 , en referencia a quien interpone el recurso.

Ítem más, si el escrito de interposición del recurso es un mero anuncio, las demás partes interesadas, entre las que se incluye al reclamante a cuyo favor produce efectos la resolución impugnada, desconocerán los motivos de impugnación del órgano directivo, pues el plazo de alegaciones es común de quince días, como prevé el num. 3 del art. 122 del Real Decreto 391/1996 , lo que atentaría al derecho del administrado a la defensa y al orden público procesal pues primero debe exponer la parte que acciona y después la parte que ejerce la oposición. En conclusión, ni el Real Decreto 1999/1981 ni el Real Decreto 391/1996 preveían un procedimiento de interposición del recurso de alzada ordinario distinto según que el recurrente fuera el propio reclamante o alguno de los órganos directivos legitimados para su interposición, sino un único procedimiento consistente en la formulación de alegaciones en el mismo escrito de interposición sin admitir posteriormente documento alguno, lo que convierte el anuncio previo en una pretensión vacía de contenido, como decíamos en la sentencia de 18 de septiembre de 2001 , impidiendo así tener por planteado el recurso".

SEXTO.- No desconoce, si embargo, la Sala, como se señalaba en la citada sentencia de 30 de Enero de 2008 , que "el nuevo régimen del recurso de alzada ordinario constituido por el art. 241 de la nueva Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre , y por el art. 61.2 del "Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en materia de revisión en vía administrativa" (RGRVA), aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo , (RGRVA) ofrece algunos aspectos de interés en la tramitación del recurso de alzada ordinario.

Se amplia el plazo de interposición a un mes, en lugar de los quince días que regían en el régimen anterior. El plazo obliga igualmente a los órganos administrativos legitimados para recurrir.

En cuanto al órgano al que debe dirigirse el recurso, éste se interpone ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y se dirige al Tribunal que hubiese dictado la resolución recurrida, que, en el plazo de un mes, lo remitirá junto con el expediente de aplicación de los tributos y el de la reclamación al Tribunal Económico-Administrativo Central (art. 61.2, párrafo 1 del RGRVA).

El procedimiento a seguir es distinto según que el legitimado para recurrir hubiera estado personado o no en el procedimiento en primera instancia:

a) Cuando el recurrente hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el escrito de interposición -dice el art. 241.2 de la Ley 58/2003 - deberá contener las alegaciones y adjuntará las pruebas oportunas, resultando admisibles únicamente las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia.

b) Cuando el legitimado para recurrir no hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, dice el art. 61.2, párrafo 2.º, del RGRVA que el tribunal económico-administrativo regional o local le pondrá de manifiesto el doble expediente -el de aplicación de los tributos y el de la reclamación- para que pueda formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación y, a continuación, dará traslado de ellas al reclamante en primera instancia y a los demás personados para que en el plazo de otro mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. (En total, dos meses para que las partes -las que se personaron y las que no- efectúen alegaciones). Una vez completados estos trámites, los expedientes se remitirán al Tribunal Económico-Administrativo Central.

Así pues, la Ley 58/2003 y su RGRVA de 13 de mayo de 2005 han introducido un cambio en la normativa reglamentaria anterior (Real Decreto 1999/1981 y Real Decreto 391/1996 ) al imponer el procedimiento de interposición con alegaciones sólo cuando el recurrente haya comparecido en la reclamación en primera instancia. Cuando el recurrente en alzada no hubiera comparecido en la reclamación, el procedimiento en alzada se desdobla en dos fases: simple anuncio y posterior formulación de alegaciones, tal como desarrolla el art. 61 del RGRVA ".

La misma doctrina se ha venido a recoger en pronunciamientos posteriores, entre los que pueden citarse, como más recientes, los contenidos en las Sentencias de 8 de julio de 2010 (rec. cas. núm. 4007/2005), FD Segundo 2; de 22 de abril de 2010 (rec. cas. núm. 11225/2004), FD Segundo; de 25 de marzo de 2010 (rec. cas. núm. 9213/2004), FD Segundo; y de 11 de febrero de 2010 (rec. cas. núm. 6855/2004), FD Segundo.

Cuarto.-El escrito presentado por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T. ante el TEAC con fecha 20 de diciembre de 2000 tenía el siguiente tenor literal:

" El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria comparece ante este Tribunal y dice:

Que con fecha 30 de noviembre de 2000 ha recibido notificación la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, por la que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 103 del vigente Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo , le da cuenta de la resolución en parte estimatoria de fecha 30 de octubre de 2000, recaída en reclamación n.º 12/00165/00, reclamante la entidad ADAMÓN, S.A. por el concepto Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1997 y cuantía 133.100.857 pesetas.

Que entendiendo no ajustada a Derecho dicha resolución, al amparo del artículo 120 del vigente Reglamento procedimental, interpone RECURSO DE ALZADA contra la misma.

A tal fin, solicita le sea puesto de manifiesto el expediente para formular las oportunas alegaciones ".

Es evidente, por tanto, que el escrito reproducido, aun presentado en plazo, no puede considerarse como escrito de interposición del recurso de alzada, pues se limitaba a anunciar dicho recurso, careciendo de fundamentación jurídica, pues no indicaba los motivos en que se fundaba. Las alegaciones correspondientes fueron formuladas en escrito posterior de fecha 26 de febrero de 2001, razón por la cual el TEAC debió declarar su inadmisión, por incumplir el escrito inicial los requisitos reglamentariamente exigidos en relación con su interposición.

Quinto.-Adicionalmente, el Abogado del Estado defiende que si el escrito de interposición del recurso de alzada no cumplía los requisitos previstos en el Reglamento, en cuanto no acompañaba las oportunas alegaciones, lo procedente hubiera sido conceder, en todo caso, un plazo para subsanar el defecto.

A estos efectos, es preciso señalar, tal y como recuerda la Sentencia de 1 de julio de 2009 (rec. cas. núm. 2821/2003), que "[e]sta cuestión (...) ha sido ya resuelta por esta Sala en la sentencia de 18 de septiembre de 2001 , al decidir el recurso de casación en interés de la ley 3282/00 , en la que se descartó fijar como doctrina legal que "la interposición de un recurso de alzada en la vía económico administrativa, por un Director General del Ministerio de Economía y Hacienda, sin efectuar alegaciones en el propio escrito, no conlleva la inadmisibilidad del recurso, sino, en su caso, la puesta de manifiesto para alegaciones o la concesión de un plazo para la subsanación de la falta de las mismas". Esta decisión, adoptada durante la vigencia del Reglamento de 1981, conviene también al caso debatido, regido por el de 1996, cuyos artículos 121 a 123 siguen la estela de los artículos 131 y 133 de aquél, de modo que en el escrito de interposición han de constar los motivos en los que se funde el recurso, sin que se prevea la puesta de manifiesto del expediente, salvo que se interponga ante el propio Tribunal Económico-Administrativo Central por las autoridades legitimadas al efecto, en cuyo caso, previa reclamación, ha de darse vista del mismo a los reclamantes y demás partes personadas, pero no a la instancia administrativa recurrente. No existe, pues, un trámite específico de subsanación, pues se está, no ante un mero defecto formal, sino frente una tara substancial que convierte el escrito inicialmente presentado en una mera, hueca y virtual actuación, vacía de contenido, en lugar de lo que debiera ser, el instrumento para el ejercicio de una auténtica pretensión que, por disposición reglamentaria, ha de contener la irrenunciable motivación (véase en este punto el párrafo segundo del fundamento cuarto de la citada sentencia de 18 de septiembre de 2001 ).

La posibilidad de enmendar los defectos de los escritos está prevista en el artículo 50 del Reglamento de 1996 para el inicial que pone en marcha una reclamación económico-administrativa y para los posteriores que presente los interesados, no para el ejercicio de la facultad extraordinaria que otorga nuestra normativa procesal a la Administración de gestión tributaria para recurrir en alzada las decisiones que adopte la propia Administración, ya de revisión, en la vía económico-administrativa. Recuérdese que el artículo 125 del repetido Reglamento manda aplicar a la fase de recurso las disposiciones previstas para la primera instancia, en todo aquello que "no esté modificado por las disposiciones contenidas en este título " (FD Cuarto).

Todo lo expuesto conduce a la desestimación del presente recurso de casación.

Sexto.-La desestimación del recurso de casación comporta la imposición de las costas a la parte recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el art. 139.3 de dicho texto legal, señala 6.000 euros como cuantía máxima de los honorarios de Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO contra la Sentencia dictada el día 8 de febrero de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo núm. 974/2003, con expresa imposición de costas a la parte recurrente, con el limite cuantitativo expresado en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez Ramon Trillo Torres

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente don Angel Aguallo Aviles, estando constituida la Sala en audiencia pública, lo que, como Secretaria de la misma CERTIFICO.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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