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Sentencia A.P. Cáceres 3/2010, de 29 de marzo


 RESUMEN:

La Audiencia duda acerca de la capacidad de la víctima para decidir rápidamente sobre el mantenimiento de una relación sexual y acerca del conocimiento por parte del acusado de la patología de la mujer. Absuelve.

SENTENCIA

En Cáceres, a veintinueve de marzo de dos mil diez.

Vista ante la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial de Cáceres, la causa seguida ante el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Plasencia, por un delito de ABUSO SEXUAL, contra el inculpado Candido, nacido en Madrid el día 23 de diciembre de 1979, hijo de Fernando y de Gloria, provisto de D.N.I. n.º [...], con domicilio en c/ [...] de Alburquerque (Badajoz), con instrucción y sin antecedentes penales computables, representado por el Procurador Sr. Murillo Jiménez y defendido por el Letrado Sr. Rincón Romero, no habiendo estado detenido por esta causa; siendo parte el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que por el M. Fiscal se calificaron los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual, art. 182.1 y 2 en relación con el 181.1.2 y 180.1.3.º C.P.. Deber responder el acusado en concepto de autor (art. 28 C.P.). No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer al acusado la pena de 7 años y seis meses de prisión, prohibición de acercamiento a la persona y domicilio de la perjudicada en una distancia de 300 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 10 años; inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Costas. El acusado deberá indemnizar a Coro en 3.000 euros por los daños morales causados.

Segundo.-Que evacuado el traslado conferido a la defensa del acusado D. Candido para calificación, expresa su disconformidad con los hechos del M.º Fiscal, manifestando que al no existir hechos delictivos no existe delito alguno, por lo que si no hay delito ni responsabilidad, no hay circunstancias modificativas, solicitando la libre absolución de su defendido.

Tercero.-Que celebrado el correspondiente juicio oral, el Ministerio Fiscal elevó sus conclusiones a definitivas.

La defensa del acusado las elevó a definitivas.

Cuarto.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON VALENTÍN PÉREZ APARICIO.


HECHOS PROBADOS

El 10 de noviembre de 2.006 el procesado Candido ingresó en el Hospital Psiquiátrico de Plasencia para tratamiento de su patología (personalidad antisocial y dependencia a drogas de abuso); ingreso que se realizó de forma voluntaria al tener sus facultades intelectivas y volitivas suficientemente conservadas.

A las pocas horas de ingresar coincidió en una sala de espera con Coro, paciente también de dicho Hospital, a quien el procesado no conocía, y que se encontraba allí cumpliendo una medida de seguridad que le había sido impuesta en sentencia penal en la que se le apreció la eximente completa de trastorno mental, toda vez que Coro padece un retraso mental de leve a moderado (con un cociente intelectual de 53), trastornos de conducta y una personalidad inmadura y emocionalmente inestable, primitiva, dependiente e infantil, no obstante lo cual en el trato con ella, en los momentos iniciales, no pone de manifiesto dicha patología ni, por tanto, que la misma pueda limitar sus facultades volitivas.

Ambos pacientes entablaron conversación y, en ella, surgió la idea de mantener una relación sexual, a la que ambos accedieron, para lo cual se desplazaron a uno de los aseos del hospital donde iniciaron sus contactos íntimos, sin que se haya acreditado si llegaron, o no, a consumar un coito. Encontrándose allí, una de las trabajadoras del hospital, Eufrasia, al tratar de entrar en el aseo comprobó que la puerta estaba cerrada, si bien consiguió abrirla, y se encontró al procesado y a Coro vistiéndose apresuradamente; no observó, por tanto, contacto íntimo entre ellos aunque sí escuchó a Coro decir "nos habéis pillado".

No ha sido acreditado que la patología de Coro (que en su día tuvo una convivencia more uxorio de cuatro años de duración de la que tuvo tres hijos, y que a la forense reconoció haberse prostituido para conseguir dinero para pequeños caprichos) le impida acceder con voluntad libre al mantenimiento de relaciones sexuales, como tampoco se ha acreditado que el procesado, al acordar con ella el mantenimiento de aquella relación puntual, pudiera ser consciente de que Coro padecía una patología que la impidiera consentir válidamente sobre ese tipo de actos, ni que se aprovechara de ello para satisfacer sus deseos lúbricos.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-El delito de abuso sexual en la modalidad por la que se acusa al procesado (art. 181.2 del Código Penal) equipara a la falta de consentimiento de la víctima la realización de actos de naturaleza sexual "sobre personas... de cuyo trastorno sexual se abusare". Es necesario, por tanto, además de la acreditación del trastorno mental de la víctima (y no de cualquier trastorno, sino de uno de tal naturaleza que afecte a la voluntad respecto del mantenimiento de relaciones sexuales, pues estamos ante delitos contra la "libertad" sexual), que quede debidamente acreditado que el autor, no solo conocía de esa circunstancia de la víctima sino que, además, se aprovechó de ella para, así, cometer el ataque destinado a satisfacer sus instintos lúbricos.

Segundo.-Sobre ambas cuestiones, la prueba practicada en el juicio ha suscitado serias dudas al Tribunal que han conducido a la presente sentencia absolutoria.

Así, respecto de la capacidad de Coro para decidir válidamente sobre el mantenimiento de una relación sexual, si bien es cierto que presenta una patología que incluso ha conducido en alguna ocasión a la declaración de concurrencia de la circunstancia eximente primera del artículo 20 del Código Penal, siendo esa la razón por la que se encontraba en el Hospital Psiquiátrico cumpliendo la medida de seguridad impuesta, no se ha puesto de relieve que dicha patología, que se concreta principalmente en un retraso mental leve-moderado, impida que pueda decidir válidamente sobre el mantenimiento de una relación sexual, aunque sí tiene como consecuencia que sea fácilmente influenciable por otra persona para que acceda a mantenerla. Así, el informe médico forense (folios 14 y ss) indica que su patología "no le impide conocer básicamente lo que está bien o mal" y, por ello, se dice que "por ejemplo, ella tiene claro que si el sujeto la fuerza en contra de su voluntad eso está mal, sin embargo, cuando el análisis supone un problema de mayor complejidad como es entender que los hechos son incorrectos por sufrir ella una minusvalía psíquica, sus dificultades de discernimiento y razonamiento son mayores, no teniendo una conciencia clara de la ilicitud del acto". El Ministerio Fiscal puso el acento, a la hora de acreditar la incapacidad de Coro para decidir válidamente mantener una relación sexual, en el hecho de que la propia forense había informado en su día en contra de su capacidad para contraer matrimonio; sin embargo, como explicó la profesional en el juicio, tal informe negativo no fue derivado de la imposibilidad de que Coro pudiera comprender y adoptar decisiones sobre cuestiones básicas de la relación de pareja (entre las que sin duda se encuentra la de acceder a relaciones sexuales, cuestión básica en el matrimonio incluso en una mentalidad infantil) sino sobre las más complejas cuestiones derivadas del vínculo matrimonial (y en este sentido podemos recordar lo dispuesto en los artículos 66 y ss del Código Civil) respecto de las cuales su minusvalía psíquica sí suponía importantes limitaciones a la hora de comprenderlas y de actuar en consecuencia a dicha comprensión siendo esa, y no otra, la razón por la que informó desfavorablemente a su capacidad para casarse.

Pero, aún cuando pueda ser dudoso si la patología de Coro permite que pueda considerarse libremente consentido un acto sexual ocasional con un desconocido como el que es objeto de enjuiciamiento, de lo que a la Sala no le ha quedado ninguna duda es de que esa circunstancia no tenía por qué ser conocida del procesado y, en consecuencia, nada induce a pensar no solo que fuera plenamente consciente de que estaba ante una persona que padecía un trastorno mental que la hacía especialmente vulnerable ante propuestas de naturaleza sexual, sino también de que podía abusar de ese trastorno para conseguir, así, satisfacer un deseo lúbrico, pues es el abuso del trastorno mental, y no meramente su existencia, lo que exige el artículo 181.2 del Código Penal para sancionar una conducta como la enjuiciada.

En este sentido no basta, como pretende la acusación, con exigir al autor que, dado que la mujer es una paciente del hospital, deba tener conciencia de que no puede consentir válidamente una relación sexual; el procesado también era un paciente y, en principio, si él piensa, en relación con su persona, que puede decidir si mantener o no una relación sexual, el mero hecho del internamiento de ella no tiene por qué entenderlo como un obstáculo para que ella pueda acceder al acto, obstáculo del que -insistimos- debe decir además aprovecharse. Ha de atenderse a la concreta situación de la víctima y analizar si la misma mostraba externamente algo que constituyera para el procesado un dato del que razonablemente pudiera concluir que Coro no podía decidir por sí misma, que era fácilmente influenciable y que podía aprovecharse de ello para satisfacer sus propios deseos sexuales.

Tercero.-En este sentido la conclusión a la que llega la Sala, tras la rotunda y unánime declaración en tal sentido por parte de todos aquellos que atendieron profesionalmente a Coro durante su tratamiento es, indudablemente, negativa.

La Dra. Soledad, en su declaración en el juicio, puso de manifiesto que la impresión inicial de Coro es de una cierta normalidad, y no es sino cuando se profundiza en el estudio profesional de la paciente que surgen los síntomas que ponen de manifiesto su minusvalía y consecuente limitación de su capacidad de decidir.

En similares términos se pronunció el Dr. Ernesto, diciendo que es difícil para un profano constatar las limitaciones de Coro, ya que no es un retraso que pudiera considerarse como "llamativo" y en ocasiones, y especialmente en los momentos iniciales, puede pasar perfectamente por una persona normal. Coincide con la Dra. Soledad en que es necesaria la realización de pruebas especializadas para tomar conciencia de sus verdaderas limitaciones.

El resto del personal sanitario que atendía, y por tanto, conocía a Coro es de la misma opinión. Así, la Sra. Camino dijo que a primera vista no es fácil darse cuenta del trastorno de Coro, y que para eso hace falta un trato más continuado; por su parte, la Sra. Evangelina (la enfermera que les descubrió en el aseo) afirmó igualmente que es probable que un profano no se de cuenta del trastorno de Coro.

Por último la forense Sra. Raimunda, que ha tenido ocasión de reconocer a Coro no solo para la presente causa penal sino también para otras anteriores, así como en relación con aquel informe de capacidad para contraer matrimonio, afirmó categóricamente que inicialmente no da muestras de su patología, no dando la impresión de ser una persona retrasada, en parte porque compensa sus limitaciones con un importante "desparpajo" consecuencia de su experiencia vital.

Esa unanimidad de los profesionales que conocían bien a Coro determinó que, en último término, se rechazara la suspensión del juicio para traer conducida a Coro, ausente en la vista oral, dado que la única razón por la que el Ministerio Público mantenía la utilidad probatoria de dicha declaración era para que la Sala pudiera comprobar, personalmente, esa primera impresión que resulta del trato directo con ella; pero la contundencia y absoluta unanimidad de los profesionales del Hospital Psiquiátrico sobre esa cuestión hacía ya innecesaria, por superflua, la declaración inicialmente admitida cuya práctica, además, precisaba de una conducción forzada de Coro ante el Tribunal, situación que si para nadie es agradable, menos ha de serlo para quien tiene tan limitada conciencia y que, sin duda, asociaría la intervención policial a haber hecho ella "algo malo".

Cuarto.-La conclusión no puede ser otra que la absolución del acusado: Si el precepto penal exigía "abuso" de una situación de trastorno mental para considerar inconsentidos los actos sexuales realizados, abuso que necesariamente presupone el conocimiento de la existencia del trastorno, y la totalidad de los profesionales que han declarado en el juicio coinciden en la tesis de que resulta francamente difícil que un profano, en tan escaso espacio de tiempo (no olvidemos que el procesado había ingresado en el hospital tan solo unas horas antes), pudiera darse cuenta del retraso mental de Coro, la Sala no puede declarar acreditada la concurrencia en el procesado del elemento subjetivo de la infracción penal imputada

Quinto.-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de costas procesales, declaración que podrá consistir en declararlas de oficio o en condenar a su pago a los acusados, señalando la parte proporcional que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios. Siendo en su totalidad absolutoria la presente sentencia es procedente declarar, igualmente en su totalidad, de oficio las costas de esta instancia.

Vistos los preceptos citados, los artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 123 del Código Penal y 141, 142, 203, 239, 240, 242, 741 y 789.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español


FALLAMOS:


 
Debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Candido del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL del que venía acusado por el Ministerio Fiscal, declarando de oficio las costas causadas en esta instancia.

Se dejan sin efecto cuantas medidas cautelares venían adoptadas contra el procesado.

Notifíquese a las partes conforme a lo prevenido en el art. 248.4 de la L.O.P.J.

Contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN, para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debiendo prepararse ante esta Audiencia Provincial mediante escrito presentado en el término improrrogable de cinco días contados desde el siguiente al de la última notificación de la misma, autorizado por Abogado y Procurador.

Sin perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución (art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno (art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el siguiente día de su fecha. Certifico.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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