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Sentencia A.P. Barcelona 299/2010, de 29 de marzo


 RESUMEN:

No considera la Audiencia que el acusado que compró a su tía por 54.901 euros (que nunca abonó) una finca, que posteriormente hipotecó por 195.360 euros, engañare a aquélla.

SENTENCIA

En Barcelona, a veintinueve de Marzo de dos mil diez.

VISTOS en Juicio oral y público ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de Procedimiento Abreviado número 94/09-K seguido por un delito de apropiación indebida y un delito de estafa, contra Carlos Manuel, con DNI n.º NUM000, de solvencia no pronunciada, nacido en Barcelona el día 09/05/56, hijo de Eduardo y de Margarita, sin antecedentes penales y en situación de libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Albert Josep Piñana Ibáñez y defendido por la Letrado Sra. D.ª Verónica Reyes del Moral. Como parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública. Como ACUSACIÓN PARTICULAR, Marí Jose, Bartolomé y Clara, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Antonio Cortada García y defendidos por el Letrado Sr. D. Jaume Oliveras Malla.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Antecedentes Procesales.

Los presentes autos de Procedimiento Abreviado dimanan de las Diligencias Previas número 380/07 del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, incoadas en virtud de querella. Formulada acusación provisional por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular se dictó auto de apertura de juicio oral, cumpliéndose posteriormente el trámite de calificación por la Defensa del acusado. Remitidos los autos a en esta Audiencia Provincial de Barcelona, correspondió a ésta Sección el conocimiento de la causa por turno de reparto y formado el presente Rollo, se nombró magistrado ponente y se señaló celebración de vista que tuvo lugar el día de hoy con la asistencia de las partes, y en la que se han practicado las pruebas del interrogatorio del acusado, la testifical y la documental, con el resultado que consta en el acta de la vista levantada por el Sr. Secretario.

Segundo.-Calificación del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal, en la vista oral, calificó definitivamente los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los arts 248.1.º, 250.1.1.º y 7.º del Código Penal, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se impusiera al mismo la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria e caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Costas. El acusado deberá indemnizar a Marí Jose en la cantidad que ésta haya pagado en concepto de indemnización del préstamo hipotecario suscrito por el acusado.

Tercero.-Calificación de la Acusación Particular.

La Acusación Particular calificó definitivamente los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los arts. 248.1, en relación con el art. 250.1, apartados 1, 6 y 7 del Código Penal; y un delito de apropiación indebida, previsto y penado en el art. 250.1, apartados 1.º, 6.º y 7.º del CP, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, por el delito de estafa, de 4 años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 24 euros y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; y por el delito de apropiación indebida la pena de 4 años de prisión y multa de 12 meses multa con una cuota diaria de 24 euros y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Se reclama la suma de 132.000 euros a fin de hacer frente a la total devolución del préstamo hipotecario.

Tercero.-Calificación de la Defensa.

La Defensa del acusado se opuso a la calificación del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, negando los hechos y solicitando la libre absolución del acusado.


HECHOS PROBADOS

Único.-Probado y así se declara, en fecha 26 de noviembre de 2002 la querellante Marí Jose, de 79 años de edad, vendió a su sobrino y acusado Carlos Manuel, mayor de edad y carente de antecedentes penales, la finca sita en la calle [...] de Palau de Plegamans, que constituía el domicilio familiar de la Sra. Marí Jose. El precio de la venta fue de 54.091 euros, precio sensiblemente inferior al de mercado y del que el acusado no abonó cantidad alguna. No ha quedado suficientemente probado que el acusado engañara a su tía para obtener la venta de la casa, ni que se prevaliera de su avanzada edad.

Como titular de la finca el acusado concertó con la entidad bancaria Banesto un crédito hipotecario por importe de 195.360 euros, incluido el principal del préstamo, intereses y costas en el mes de marzo de 2003, cantidad que pasó a formar parte de su patrimonio.

Por Marí Jose se instó la recuperación de la finca en vía civil por lesión en el precio, habiéndose dictado por la Audiencia Provincial sentencia firme estimatoria de la pretensión de fecha 19 de julio de 2005, siendo inadmitido en fecha 9 de marzo de 2006 el recurso de casación interpuesto por el acusado contra la sentencia de la Audiencia. El acusado a finales del año 2005 dejó de asumir las cuotas mensuales del pago de la hipoteca por él concertada sobre la finca de la DIRECCION000, habiendo tenido que pagar la Sra. Marí Jose hasta el momento actual las cantidades que restan pendientes para la satisfacción de la deuda desde octubre de 2006, incluyendo los impagos anteriores del acusado.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Calificación Jurídica de la acusación.- Se formula acusación contra Carlos Manuel por un delito de estafa del art. 248.1.º y 250.1.1.º y 7.º del Código Penal. La Acusación Particular formula también acusación por un delito de apropiación indebida del art. 252, en relación con el art. 250.1, apartados 1.º, 6.º y 7.º, del Código Penal, introduciendo en el delito de estafa la circunstancia 6.ª

El delito de estafa requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a).- Un engaño precedente o concurrente que es la "ratio essendi" de este delito y que consiste en la maquinación, simulación o mendacidad que emplea el sujeto activo del delito.

b).- Que sea tal engaño adecuado, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo.

c).- Que tal error determine un desplazamiento patrimonial del engañado con un perjuicio derivado.

d).- que exista una relación de causalidad entre el engaño, de una parte, y el acto dispositivo y perjuicio de otra.

e).- El ánimo de lucro, en beneficio propio o ajeno, tanto logrado como intentado.

El artículo 250 del Código Penal contempla una serie de supuestos agravados, así, en su apartado 1.1.º cuando el hecho: Recaiga sobre cosas de primera necesidad, vivienda u otros bienes de reconocida utilidad social; en el apartado 1.6.º cuando el hecho: "Revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia"; y en el apartado 1.7.º cuando: "Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional."

La primera circunstancia se refiere pues a cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. Como cosas de primera necesidad deben entenderse aquellas de las que no se puede prescindir, como son los productos de consumo imprescindible para la subsistencia o la salud de las personas. Cosas de utilidad social son las destinadas a la satisfacción de fines colectivos. Por último, respecto a la vivienda, la STS 658/98, de 19 de junio, señala que el concepto de vivienda se aplica a las que constituyan el domicilio o morada del comprador e integren, por tanto, bienes de primera necesidad, pero no a las llamadas de "segundo uso" o a las adquiridas como "segunda vivienda" o con "finalidad recreativa". La STS 188/2002, de 8 de febrero refiere que la agravación no es aplicable por el mero hecho de aparecer en la dinámica de los hechos una vivienda, sino que debe limitarse su aplicación a los casos en que el perjudicado ve frustradas las expectativas de adquirir una vivienda, como bien de primera necesidad que es.

Por lo que respecta a la sexta circunstancia (especial gravedad) las SSTS 173/2000 y 696/2002 señalan que concurrirá la agravación cuando se produzca alguno de los anteriores resultados (valor de la defraudación, entidad del perjuicio y situación económica en que deje a la víctima o a su familia), sin que sea necesario que se den todos simultáneamente. Por lo que se refiere al "valor de la defraudación" hay que estar a la fecha en que se cometieron los hechos, debiendo conjugarse los factores objetivos y subjetivos concurrentes en cada caso. El Tribunal Supremo ha ido estableciendo límites cuantitativos a partir del cual se considera que la estafa o apropiación indebida son de especial gravedad, (la STS 188/2002 lo fija en 30.060,73 euros, equivalente a 6 millones de pesetas; y la STS 904/2006 en 19 millones de pesetas).

Por último, la séptima circunstancia (abuso de relaciones o aprovechamiento de credibilidad) se basa en el abuso de la confianza o de la superioridad que el sujeto activo tiene sobre la víctima por razón de sus relaciones personales con ella, o de su credibilidad empresarial o profesional sobre la misma. En estos supuestos se quebranta no sólo la confianza genérica subyacente en este tipo de delitos, sino que es necesaria una situación de mayor confianza o credibilidad derivada de determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, lo que supone un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de la confianza implícito en este tipo de delitos (STS 626/2002, entre otras).

Por su parte los requisitos del delito de apropiación indebida son:

a).- Que el sujeto activo se halle en la posesión legítima del dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial de que se trate.

b).- Que el sujeto pasivo sea dueño o titular del dinero, efecto, valor, activo o cosa y los haya entregado, autorizado o accedido a que el primero los reciba, si bien con la provisionalidad o temporalidad determinada por la relación o concierto base que mediara entre ambos.

c).- Que el título de esa posesión o tenencia -acerca del cual el C.P. mantiene claramente un criterio de numerus apertus- debe consistir en cualquier acto o negocio jurídico que origine la entrega al sujeto activo del dinero o de la cosa de que se trate, en cada caso, con la obligación de su puesta a disposición o devolución al sujeto pasivo.

d).- Que, por ello, de tal conducta se derive un enriquecimiento para el sujeto activo con el consiguiente perjuicio patrimonial para el agraviado.

e).- Que todo ello venga inspirado en un ánimo de lucro en la conducta del sujeto activo. (STS 24 de Junio de 1996).

Segundo.-Valoración de la prueba.-

Se imputa al acusado haber engañado a la Sra. Marí Jose aprovechando que tenía sus facultades físicas y mentales disminuidas como consecuencia de su avanzada edad, 79 años en el momento de los hechos, para conseguir que otorgara a su favor escritura de compraventa de la vivienda que constituía el domicilio familiar de la SRa. Marí Jose, sito en la DIRECCION000 NUM001, de Palau de Plegamans.

Sobre la existencia de engaño suficiente para integrar el delito de estafa se ha pronunciado numerosa Jurisprudencia que interpreta el término "bastante" como idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude, capaz de mover la voluntad normal de un hombre, por lo que queda erradicado no sólo el engaño burdo, grosero o increíble por su inaptitud de impulsar la decisión de las personas normalmente constituidas, y también aquel engaño que no posea un grado de verosimilitud suficiente, para confundir a la víctima. Para su determinación debe acudirse a un doble baremo, objetivo y otro subjetivo. El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad suficiente para afirmarlo. El criterio subjetivo tiene presente las concretas circunstancias del sujeto pasivo. Por tanto, la cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia simple, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio sujetivo una cierta objetivación de la que resulta una seriedad y entidad de la conducta engañosa (STS de 14 de octubre de 2009, con cita de la STS 177/2008, de 24 de abril).

Aplicada la anterior doctrina al caso de autos cabe señalar, por lo que se refiere a las facultades mentales de la Sra. Marí Jose, que no ha quedado acreditado que en el momento de los hechos sufrieran algún tipo de disminución. Sólo los testigos y querellantes, Sres. Bartolomé y Clara, declararon que tenían que acudir diariamente a casa de su abuela, Sra. Marí Jose, para hacerse cargo de la casa y para darle la medicación tanto a ella, como a la hija de la Sra. Marí Jose y madre de los también querellantes, declarada incapaz, de la que había sido nombrada tutora la querellante Clara. Tanto Bartolomé como Clara declararon que de forma casual, al tramitar el IBI para conseguir prestaciones para su madre por la incapacidad que padece, descubrieron que la casa estaba a nombre del acusado, y que al decírselo a su abuela, ésta no era consciente y negaba que la casa fuera del acusado, reconociéndoles que el acusado la había llevado al Notario para arreglar papeles para evitar que la causa cayera en manos del ex esposo de su hija incapacitada, madre de Bartolomé y Clara, pero sosteniendo que la casa seguía siendo suya. Por tanto, se imputa al acusado haber engañado a su tía, Sra. Marí Jose, diciéndole que iban al Notario a arreglar unos papeles para salvar la casa, cuando en realidad lo que se hizo fue una compraventa a favor del acusado en la que no pagó cantidad alguna.

No se ha practicado en el acto del Juicio Oral prueba alguna que acredite la existencia de dicho engaño, pues sorprendentemente Doña. Marí Jose nunca ha declarado, ni en instrucción, ni en el acto del Juicio Oral, sin que se haya aportado ningún documento médico acreditativo que la misma en el momento de los hechos tuviera sus facultades psicofísicas disminuidas en grado alguno. Salvo la declaración de los querellantes, con evidente interés en la causa, de la documental aportada en la causa se desprende que la Sra. Marí Jose se encontraba en pleno uso de sus facultades intelectuales, pues no solo los querellantes reconocieron que en esas fechas la Sra. Marí Jose hizo una serie de operaciones inmobiliarias, si bien a su juicio con malos resultados, sino que en la propia escritura de compraventa de la casa objeto de autos el Notario hizo constar que la otorgante tenía a su juicio plena capacidad. Es más, años después la querellante, en fecha 21 de noviembre de 2006, acudió nuevamente al Notario para otorgar Poderes para Pleitos y nuevamente el Notario considera que tiene plena capacidad.

A lo expuesto hay que añadir un dato muy importante, como es que en fecha 3 de octubre de 2002, es decir, un mes antes de vender la casa al acusado, la Sra. Marí Jose compareció ante Notario y otorgó testamento, legando la casa al acusado, apreciando nuevamente el Notario que tenía plenas facultades, sin que haya quedado probada la existencia de manipulación alguna en el otorgamiento de dicho testimonio. Por tanto, la voluntad de la Sra. Marí Jose un mes antes de la venta era que la casa pasara a su sobrino y acusado, por lo que del hecho de que se hiciera la venta sin que el acusado abonara cantidad alguna no puede inferirse ningún tipo de engaño, como tampoco ningún prevalimiento sobre unas condiciones psicofísicas de la querellante supuestamente disminuidas debido a su edad. Otro hecho a tener en cuenta es que la primera voluntad del acusado fue pagar las cuotas de la hipoteca permitiendo que la Sra. Marí Jose continuara residiendo en su vivienda, habiendo dejado de pagar después de que por la Audiencia Provincial se estimara la pretensión de los querellantes de rescindir la venta por lesión en el precio, siendo irrelevante si ello se debió a su mala situación económica o debido al hecho de que había perdido la titularidad de la casa, pues en todo caso se trataría de un dolo sobrevenido posterior a los hechos enjuiciados.

Por todo lo expuesto, tras valorar en conciencia la prueba practicada conforme establece el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede absolver al acusado del delito de estafa que se le imputaba.

Tercero.-Por lo que respecta al delito de apropiación indebida cabe resaltar la existencia de un obstáculo que impide un pronunciamiento condenatorio, pues cuando el acusado recibió el dinero procedente del préstamo hipotecario sobre la vivienda de autos, era titular de la misma, por lo que no recibió el dinero por ninguno de los títulos contemplados en el art. 252 del CP y por ello podía disponer del mismo. Por tanto, el hecho posterior de que dejara de pagar las cuotas de la hipoteca, es una cuestión civil a la que deberán dirigirse los querellantes al objeto de verse resarcidos en los daños y perjuicios que sin duda les ocasiona el acusado al no hacer frente a los pagos a los que viene obligado.

En todo caso hay que señalar que dicha cuestión ya fue resulta por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 10.ª, en auto de fecha 27 de marzo de 2008 al resolver el recurso de apelación contra el auto de inadmisión de querella, que confirmó el archivo por el delito de apropiación indebida y ordenó la admisión respecto al delito de estafa por considerar que existían indicios.

Por todo lo expuesto procede absolver al acusado del delito de apropiación indebida que se le imputaba en la presente causa.

Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 123 y 124 del C. Penal las costas procesales den ser declaradas de oficio.

Vistos los artículos citados, criterios expuestos y demás normas de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
.

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Carlos Manuel de los delitos de estafa y apropiación indebida que se le imputaban en la presente causa, con declaración de oficio de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, dentro del plazo de cinco días.

La presente sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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