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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.C. 8/98, de 13 de enero

 RESUMEN:

Demanda. Subsanación de defectos. El órgano judicial debe aplicar la norma con un criterio antiformalista y no rigorista. Si la subsanación fuera incompleta, el juez deberá requerir en orden a completar lo que faltaba, o a la ordenación de los datos aportados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.  El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 C.E. la decisión de archivo de las actuaciones, al haberse estimado no subsanado el defecto legal de la demanda, decretada por el Auto del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid de 19 de junio de 1995, y confirmada por el Auto del mismo Juzgado de 20 de julio de 1995.

2.  Antes de abordar el fondo de la cuestión planteada, procede dilucidar si, como afirma el Abogado del Estado, el presente recurso de amparo ha sido interpuesto prematuramente, pues los recurrentes también formularon, frente al último de los Autos impugnados en amparo, recurso de suplicación, y frente a la inadmisión de éste, recurso de queja, por lo que habría una vía judicial abierta y concurriría en la presente demanda la causa de inadmisión, prevista por el artículo 44.1 a), en relación con el artículo 50.1 a), ambos de la Ley Orgánica de este Tribunal.

La objeción formal alegada por el Abogado del Estado no puede, sin embargo, prosperar.

El presente recurso de amparo se interpuso frente a los Autos referidos, comunicando los recurrentes en el mismo escrito de demanda, el anuncio del recurso de suplicación frente al Auto de archivo de las actuaciones, ya que consideraban inconstitucional la norma procesal que impedía la revisión por un Tribunal superior de esta decisión judicial. Los actores manifiestan en su demanda que, conociendo, pues, que no existe recurso contra el Auto aquí impugado, y las escasas posibilidades de que se planteara cuestión de inconstitucionalidad, interponían, en tiempo y forma, el presente recurso de amparo. Este Tribunal tuvo conocimiento, como consecuencia de la interposición por los recurrentes del recurso de amparo núm. 107/96, de que el referido recurso de suplicación se tuvo por no anunciado por el Auto de 11 de septiembre de 1995, y que el Auto de 5 de diciembre de 1995, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de queja formulado contra el anterior. La Sección Primera de este Tribunal admitió a trámite el presente recurso de amparo por su providencia de 20 de mayo de 1996, conocedora de que ya no había ninguna vía abierta ante la jurisdicción ordinaria, ni posibilidad, por tanto, de obtener en dicha jurisdicción la reparación de la lesión constitucional denunciada.

El amparo no puede, por ello, conceptuarse como prematuro o contrario al principio de subsidiariedad, por lo que la Sala confirma la admisión de la demanda en su día formulada, y la entiende extendida a los Autos del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid, de 11 de septiembre de 1995 y del T.S.J. de 5 de diciembre de 1995.

3.  Procede, pues, pasar a examinar el fondo del recurso en el cual se plantea si la decisión de archivo de las actuaciones acordada por el Juzgado de lo Social, en el proceso por reclamación de cantidad promovido por los ahora recurrentes, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho al proceso.

Frente a la inexistencia de violación del derecho fundamental, propugnada por el Abogado del Estado-que entiende que no ha existido indefensión alguna, sino aplicación de las formalidades previstas para la admisión de las demandas-sostienen los demandantes de amparo y el Ministerio Fiscal que la decisión de archivo fue excesivamente rigorista y desproporcionada, y lesiva, por tanto, del artículo 24.1. de la Constitución.

Constituye un criterio, reiteradamente mantenido por la jurisprudencia constitucional, que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión, siempre que esté fundada en una causa legal, apreciada razonablemente por el órgano judicial. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (SSTC 118/1987, 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, entre otras). El principio pro actione opera en este caso sobre los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida.

También es un criterio reiteradamente mantenido por la jurisprudencia de este Tribunal el de que los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con independencia de la transcendencia práctica del mismo; antes al contrario, los requisitos formales han de examinarse teniendo en cuenta la finalidad que con ellos pretende lograrse, para, de existir defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas por la entidad real del defecto mismo, pues debe existir proporcionalidad entre éste y aquéllas (SSTC 36/1986, 216/1989 y 172/1995).

De cuanto antecede se deriva que la interpretación y aplicación de la ley, en lo que atañe a los requisitos formales de la demanda, tiene transcendencia constitucional, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la interpretación de aquélla que sea más conforme con el principio pro actione, y lleva a favorecer la continuación del proceso, siempre que el interesado actúe con diligencia y que no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento (SSTC 29/1985, 216/1989).

En aplicación de esta doctrina, el control constitucional ha sido especialmente riguroso en relación con decisiones judiciales que, apreciando irregularidades formales en las demandas decretaron el archivo de las actuaciones, o, en general, no dieron una respuesta sobre el fondo de la pretensión formulada (SSTC 118/1987, 11/1988, 216/1989, 25/1991, 335/1994, 84/1997, 112/1997, entre otras); respaldando este Tribunal la posibilidad de subsanar algunos de tales defectos de la demanda. En relación concretamente a la materia laboral, la STC 118/1987 ya manifestó que el trámite de subsanación previsto en la Ley de Procedimiento Laboral «se propone garantizar que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudieran imputársele a aquélla» (fundamento jurídico 3.º).

El artículo 81 de la L.P.L. prescribe, en efecto, que el órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido el actor al redactar la demanda, a fin de que lo subsane dentro del plazo de cuatro días con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo. La doctrina elaborada por este Tribunal en torno a su precedente inmediato -el artículo 72.1 de la L.P.L. de 1980- ha tenido ocasión de precisar, de un lado, que tal atribución es constitucionalmente inobjetable, puesto que responde a una finalidad razonable y necesaria, incluso de la brevedad del plazo de subsanación establecido, acorde con el principio de celeridad que preside los procesos laborales (STC 154/1992, fundamento jurídico 3.º) y, de otro, que se trata, no de una mera facultad, sino de una auténtica obligación legal del órgano judicial dirigida a garantizar que los derechos e intereses legítimos deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudieran imputársele a aquélla (STC 118/1987, fundamento jurídico 3.º).

El juzgador debe advertir a la parte actora la existencia de defectos en la demanda y concederle un plazo para su subsanación, pero el incumplimiento del requerimiento judicial, en el plazo legalmente establecido, determina irremisiblemente el archivo de las actuaciones, excluyendo así la Ley una reiteración o cadena de subsanaciones sucesivas, que podría significar el ampliar ad infinitum las posibilidades de subsanación de la demanda (STC 25/1991, fundamento jurídico 4.º).

Por tanto, la decisión de archivar el procedimiento si el demandante incumple el mandato judicial no viola el artículo 24.1 C.E., porque se basa en la concurrencia de una causa legalmente prevista para la inadmisión de la demanda, aunque la norma ha de ser aplicada con un criterio antiformalista y no rigorista a fin de no impedir injustificadamente la obtención de una resolución de fondo (STC 118/1987 fundamento jurídico 3.º).

4.  En el presente caso, el Juzgado de lo Social, cumpliendo lo indicado por el T.S.J. en la Sentencia de 21 de abril de 1995, requirió a los recurrentes para que, de conformidad con el artículo 81.1 de la L.P.L., especificaran cada uno de ellos las jornadas reales trabajadas de hecho, en las semanas para las que reclame el abono de horas extraordinarias, en el período temporal a que se refiere su reclamación.

La parte recurrente dio cumplimiento al requerimiento de subsanación de la demanda aportando una documentación, que según expresan en su demanda de amparo, cumplía completamente lo indicado por el Tribunal Superior de Justicia. La decisión judicial de archivo afirmó, por el contrario, que sólo se había aportado información sobre las horas trabajadas semanalmente, y no sobre las jornadas reales trabajadas cada día, que era lo interesado, sin perjuicio de que después eso se pudiese agrupar semanalmente.

El examen de la documentación aportada en cumplimiento de la subsanación de la demanda requerida, permite comprobar que, aun aceptando por vía de hipótesis que tal cumplimiento fuera incompleto, sí ha de estimarse suficiente, a los efectos de entender que, conforme a la doctrina de este Tribunal reflejada en el fundamento jurídico anterior, el Juez de lo Social debió requerir a los recurrentes, en orden a completar lo que faltaba, o a la ordenación de los datos aportados. La decisión de archivo del procedimiento resultó así desproporcionada atendiendo a la actividad desplegada por la parte para la subsanación requerida, siendo la interpretación del artículo 81.1 de la L.P.L. en la que se fundamentó tal decisión, formal y rigorista y lesiva del derecho al proceso de los recurrentes.

Ello determina, en definitiva, que la aplicación que el órgano judicial ha efectuado del citado artículo 81 de la L.P.L. merezca reproche constitucional, por lesión del artículo 24.1 C.E. por lo que el amparo debe ser estimado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido otorgar el amparo solicitado por los recurrentes y, en consecuencia:

1.  Reconocer el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 C.E.).

2.  Declarar la nulidad de los Autos del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid de 19 de junio y de 20 de julio de 1995, y por conexión con ellos el Auto de 11 de septiembre de 1995, y del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de diciembre de 1995.

3.  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse el primero de los Autos anulados, a fin de que el Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid requiera a los recurrentes, de conformidad con el artículo 81.1 de la L.P.L., para que subsanen la demanda especificándoles el defecto advertido.

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