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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 26 de enero de 1998


 RESUMEN:

Despido. Caducidad de la acción. Presentación de la demanda el último día de plazo en el Juzgado de Guardia sin dejar constancia, al día siguiente hábil, ante el Juzgado de lo Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión litigiosa planteada se limita a considerar si ha existió o no caducidad de la acción de despido cuando la demanda de esta clase se presenta el último día de plazo en el Juzgado de Guardia, según prevé el artículo 45.1 de la Ley de Procedimiento Laboral si bien, al día siguiente hábil, no se dejó constancia de ello en el Juzgado de lo Social correspondiente.

La sentencia de instancia desestimó la caducidad alegada por la empresa y declaró, resolviendo sobre el fondo, la improcedencia del despido. En términos similares y sólo variando la cuantía de la indemnización, se pronunció la sentencia ahora impugnada, de 18 de Marzo de 1997 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, radicada en Sevilla, al resolver el recurso de suplicación deducido contra aquella.

El Ayuntamiento recurrente alega que la sentencia recurrida infringe claramente lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 45.1 mencionado produciendo el consiguiente quebranto en la unificación de doctrina. Y aporta como sentencia contraria respecto de la impugnada, certificación de la dictada por esta Sala en 18 de Julio de 1988.

Segundo.-Ninguna duda, respecto a su contradicción con la recurrida plantea la sentencia aportada en comparación. En ambas se examina el mismo supuesto de ejercicio de la acción de despido con presentación de demanda el último día de plazo y en ambas el actor no constata al día siguiente hábil en el Juzgado de lo Social la circunstancia de su presentación en el día anterior en el Juzgado de Guardia. No obstante la coincidencia de los supuestos, las respuestas judiciales difieren, rechazando la caducidad la sentencia impugnada y aceptándola la de contraste.

Cumplidos los requisitos de viabilidad del recurso ha de entrarse ahora en el examen de la infracción denunciada. Y a este respecto, la interpretación correcta del citado artículo 45.1 de la Ley procesal laboral, no puede desconocer el principio general de presentación de escritos y documentos en los Registros de los Juzgados y Salas de lo Social establecido en el anterior artículo 44. De manera que sólo excepcionalmente y para los supuestos de presentarse los escritos el último día de plazo, en horas en que no se hallen abiertos dichos Registros, podrá presentarse ante el Juzgado de Guardia. Pero "a tal efecto", añade el artículo comentado, deberá el interesado dejar constancia de ello en el Juzgado o Sala el día siguiente hábil, requisito necesario que legitima la excepcional presentación en el Juzgado de Guardia el último día hábil. Y constatado en los autos que la demanda de despido tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados el lunes 14 de Marzo de 1996, siendo el 12 el último día de plazo, al no cumplir el actor el requisito antes mencionado, debe estimarse caducada la acción ejercitada contra su despido.

En armonía con lo anterior, la sentencia de esta Sala de 15 de Enero de 1996 advirtió que la del Tribunal Constitucional de 14 de Febrero de 1995 rechazó la inconstitucionalidad del artículo 45 mencionado y afirma que «la consecuencia que los órganos judiciales han deducido, la ineficacia de la presentación de documentos de no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Laboral, no puede ser calificada de arbitraria o infundada, sino que enlaza con la naturaleza imperativa, de orden público, de las reglas procesales, y también con el carácter excepcional, en favor del justiciable con que opera el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Laboral, que lejos de ser una medida restrictiva del derecho del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una excepción flexibilizadora con la norma general sobre el lugar de presentación de documentos», y que «si el requisito es constitucionalmente legítimo según se ha afirmado, lo serán también las consecuencias que legalmente se deriven de su incumplimiento. Como ya se ha dicho, la exigencia de la comunicación no es una carga excesiva y permite fórmulas muy flexibles para su realización, pero la simplicidad de la obligación que impone la norma legal no puede servir para justificar su inobservancia, ni entender como desproporcionada una consecuencia que sólo resulta de la negligencia de la parte».

En consecuencia, siguiendo la doctrina expuesta, procede de acuerdo con el dictámen del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso con las consecuencias que se determinan en la parte dispositiva de la presente resolución, sin que haya lugar a la imposición en las costas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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