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Sentencia T.S. (Sala 4) de 8 de abril de 1998


 RESUMEN:

Diferencias salariales. Inadecuación de procedimiento. Desestimación. No procede la aplicación del artículo 41 E.T. que justificaría el trámite del artículo 138 L.P.L. El proceso ordinario es el adecuado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión debatida en el presente recurso de Casación para la Unificación de Doctrina es únicamente si la petición de diferencias salariales formuladas por el actor en su demanda por los trámites del proceso ordinario fue acertada o se debió plantear según la modalidad prevista en el artículo 138 de la L.P.L., para los supuestos de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, siendo dos las infracciones denunciadas, una directa, la del artículo 138 citado y otra indirecta la del artículo 41 del E.T., mientras la sentencia recurrida dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 19 de junio de 1997, estimó la inadecuación de procedimiento declarando la nulidad de actuaciones desde el momento de la presentación de la demanda por considerar que debió seguirse la modalidad del artículo 138 de la L.P.L., la de contradicción dictada por la misma Sala de lo Social en 2 de octubre de 1996, consideró que el trámite del proceso ordinario era adecuado.

Segundo.-Ambas sentencias, por tanto son contradictorias, pese a que los hechos probados de los que una y otra parten son idénticos, lo mismo que los litigantes. En ambos casos el actor, Director General de "Banesto Bolsa", reclama diferencias salariales por cantidades no abonadas a partir del 1 de enero de 1995, más el interés del 10 por ciento por mora, aunque referidas a distintos períodos de tiempo, constando probado que aquél el 30 de diciembre de 1992, acordó con la empresa, como consecuencia de la recesión económica en el sector que sus retribuciones serían de 20.000.000 de pesetas en 1993 y 1994 y que a partir de 1 de enero de 1995, volverían a ser la de 32.700.000 pesetas lo que no se había cumplido por la empresa, alegando novación de la relación contractual; en contra de lo que alega la empresa no afecta a dicha contradicción el hecho de que lo reclamado se refiera a distinto período de tiempo, ni tampoco que en un caso se siguiera el trámite del proceso ordinario y en otro el especial, pues lo primero es accesorio y lo segundo constituye precisamente el punto litigioso.

Tercero.-La cuestión litigiosa ha sido ya resuelta por esta Sala en unificación de doctrina en su sentencia de 18 de julio de 1997; en la que se citó como contraria la misma que la aquí invocada, en otro supuesto también idéntico; a dicha doctrina ha de estarse por un elemental principio de seguridad jurídica, acorde también, con la naturaleza y significado del recurso que no ocupa. Dicha doctrina en síntesis es la siguiente:

a)  El proceso especial regulado en el artículo 138 de la L.P.L., tiene como presupuesto que existan realmente las modificaciones sustanciales de trabajo tal y como se definen en el artículo 41 del E.T.

b)  En este artículo se dice que se producirán éstas, cuando la adopción de las medidas propuestas contribuyan a superar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos que favorecen su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

c)  Dichas medidas deberán notificarse por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 30 días.

d)  En consecuencia, se añadía, como en el caso allí contemplado, la actuación empresarial de no pagar a partir de 1995 los salarios al actor, en la forma acordada en el acuerdo de 1992, por pretender existía novación de este acuerdo desde el 31 de diciembre de 1995, no se ajustó a lo establecido en el artículo 41 del E.T., estamos ante un incumplimiento de lo pactado por la empresa y el actor sobre reducción temporal de retribuciones, que no admite amparo según disponen los artículo 1091 y 1256 del C. Civil, siendo el proceso adecuado para reclamar lo adeudado el ordinario y no el especial del artículo 139 de la L.P.L.; por último se añadía que en ningún caso implicaba novación un simple cambio de poderes, que afectó al actor y a otros empleados, máxime cuando la empresa otorgó otros similares, continuando como Director y Consejero hasta su dimisión en 5 de abril de 1995.

Cuarto.-La aplicación de dicha doctrina al presente caso, totalmente idéntico al allí contemplado, aunque referido a distinto período de tiempo, lleva a la estimación del recurso, debiendo añadirse a los razonamientos de la sentencia unificada, que estamos ante una reclamación de cantidad, en ningún caso ante el supuesto del artículo 41 del E.T., y que en lo que aquí respecta que la revocación de poderes al actor y el otorgamiento de otros nuevos (documentos 14 y 15) manteniéndole en sus cargos anteriores, hasta su dimisión en 5 de abril de 1995, (documento 25) y de las cartas cruzadas entre los litigantes (documentos 23, 23.1, 23.2 y 23.2) no se deduce, como alega la empresa existencia de novación alguna de lo pactado en 1992 en materia de retribuciones, solo la existencia de discrepancias y negociaciones, más tarde rotas, en este punto.

Quinto.-Lo antes dicho lleva, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, a la estimación del recurso con la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida. Y entrando a resolver el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a la unidad de doctrina, desestimamos el recurso de esta clase interpuesto contra la sentencia de 29 de junio de 1996, del Juzgado de lo Social núm. 3 de Madrid, dictada en autos seguidos por el recurrente contra "Banesto Bolsa, S.A.", confirmando la citada resolución. No ha lugar a imposición en las costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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