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Sentencia T.S.J. Madrid 318/2006, de 24 de abril


 RESUMEN:

Infracciones y sanciones. Sanción de suspensión de empleo y sueldo de 18 días. Falta muy grave. Agresión física a un compañero de trabajo. Confirma la sanción.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó sentencia.

Segundo.-En dicho sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados

Primero. La parte actora, D. Juan Pablo, presta servicios a la demandada, Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (Instituto de la Vivienda de Madrid-IVIMA, con la categoría de Jefe de equipo, salario de 1.916,10 euros, incluida prorrata, y antigüedad de 14.1.1982, circunstancias no controvertidas.

Segundo. Con fecha de efectos de 13-28 de junio 2005, por resolución de 27.5.05, notificada el 2.6.2005, la entidad demandada acuerda imponer la sanción de suspensión de empleo y sueldo de 16 días de suspensión de empleo y sueldo, por falta muy grave, en aplicación del art. 71.2.c)-4 del Convenio Colectivo, previa tramitación de expediente sancionador, unido a los autos junto con el expediente administrativo, y que como todo él se da por reproducido, de acuerdo con la comunicación escrita unida la documental y por íntegramente reproducida, que alega, en esencia, que el día 15 de febrero, al reincorporarse tras una baja laboral, discute con otro empleado, el encargo de electricidad Sr. Pablo, por la organización del trabajo, al concluir la cual el otro empleado, Don. Pablo, se marchó llamándole gilipollas y payaso, añadiendo que ojalá no le hubieran dado de alta y siguiera enfermo, marchándose a continuación a su coche; el actor sale en busca Don. Pablo empleado y se enzarzan en una pelea. La resolución considera que el Sr. Pablo realizó agresiones físicas contra el hoy actor, que éste no profirió ofensas verbales contra el otro, pero sí le agredió físicamente, por lo que impone al Sr. Pablo 17 días de suspensión de empleo y sueldo; y al Sr. Juan Pablo 16 días de suspensión.

Tercero. El día citado, el Sr. Juan Pablo, hoy demandante, que se reincorporaba tras una baja laboral, en su calidad de encargado de organizar el trabajo diario de los distintos oficios, indicó a otro empleado, ayudante electricista, que hiciera una reparación en una vivienda de las que mantiene el organismo demandado, y al objetar éste que tenía una orden de trabajo Don. Pablo como encargado de electricidad en otra vivienda, le dijo que hiciera a primera hora el trabajo que le estaba encomendando, y que después le enviaría Don. Pablo a esa dirección para luego hacer el trabajo encargado por este último. A las 10 llegó Don. Pablo y al saber lo ocurrido discutió con el Sr. Juan Pablo, en presencia de otros compañeros, discusión que fue subiendo de tono, hasta que Don. Pablo se marchó del almacén mientras llamaba al Sr. Juan Pablo "gilipollas" y "payaso", y decía que ojalá no le hubieran dado nunca el alta y siguiera enfermo (con la expresión "tenías que seguir siempre de baja" u otra semejante), y subió a su coche. El demandante salió tras él, le alcanzó en el coche, le hizo salir, y se enzarzaron a golpes. El Sr. Juan Pablo, durante la pelea, en la que se intercambiaron golpes los dos citados, hasta que fueron separados por los compañeros que salieron detrás y por transeúntes que presenciaron los, hechos, le dio Don. Pablo un puñetazo en la mandíbula, del que resultó con contusión mandibular (parte hospital Doce Octubre de 15.2.2005). El Sr. Juan Pablo acudió a consulta médica el día 23 de febrero y manifestó que se había producido lesiones en el transcurso de una discusión con un compañero de trabajo el día 15 de febrero anterior, y según el parte presentaba erosiones que no precisaron tratamiento en cuello, antebrazos y codo izquierdo. Presentó igualmente denuncia en Comisaría de Policía el día 24 de febrero por los hechos ocurridos el día 15 anterior, cuyo texto, obra en el expediente administrativo. Constan en el expediente las declaraciones de los compañeros presentes en los hechos -uno de los cuales declaró en juicio a instancia del actor- conforme a las cuales, de modo concorde y unívoco, los hechos dentro del local de la empresa ocurrieron como se indica y de que al salir detrás de los implicados se los encontraron enganchados contra el capot del automóvil del otro trabajador no demandante en estos autos y los separaron como pudieron, y dos declaraciones contradictorias, en cambio, sobre quién dirigió el primer golpe, a cargo de transeúntes ajenos a la empresa, que serán valoradas más adelante, que igualmente contribuyeron a separar a los contendientes.

Cuarto. El Comité de Empresa emitió informe el 30.3.2005 indicando que los hechos fueron fruto del enfrentamiento no premeditado entre los dos trabajadores que no han sabido controlar la situación (f/7 expdte.). Los dos trabajadores pocos días después, según manifestaron las partes en el juicio retiraron las denuncias que se habían presentado mutuamente, por lo que no consta que se siga vía penal por los hechos.

Quinto. Se promovió acto de conciliación con el resultado que consta de la documentación unida a la demanda origen de los presentes autos.

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que desestimando la demanda interpuesta por D. Juan Pablo contra Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (Instituto de la Vivienda de Madrid-IVIMA), declaro la procedencia de la sanción impuesta y absuelvo a la entidad demandada de las pretensiones de la demanda".

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha uno de febrero de dos mil seis dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio en veintinueve de marzo de dos mil seis, señalándose el día diecinueve de abril de dos mil seis para los actos de votación y fallo.

Séptimo.-En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia de instancia desestimó en su integridad la demanda que rige las presentes actuaciones, en la que el actor, quien desde el 14 de enero de 1982 viene prestando sus servicios como personal laboral por cuenta y orden del Instituto de la Vivienda de Madrid (en lo sucesivo, IVIMA), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de esta Comunidad, con la categoría profesional de Jefe de equipo, se alza contra la sanción de suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días que, como autor de una falta muy grave, le fue impuesta en resolución datada en 27 de mayo de 2005, notificada el día 2 de junio siguiente, sanción que cumplió durante el período que se extiende de 13 a 28 de junio de ese año, ambos inclusive, y que dicha resolución judicial confirmó en su totalidad. Recurre en suplicación el demandante instrumentando cuatro motivos, todos ellos con adecuado encaje procesal, de los que los tres primeros se ordenan a revisar la versión judicial de los hechos, mientras que el otro lo hace al examen del derecho aplicado en la sentencia combatida.

Segundo.-El motivo inicial, dirigido, como expusimos antes, a denunciar errores in facto, postula la modificación de "un elemento de hecho especialmente relevante para la decisión final que contiene la sentencia recurrida. En este caso, con valor de hecho probado pero, como mantiene la doctrina judicial, inadecuadamente narrado en los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, se dice en el último párrafo del sexto fundamento, que 'A todo ello se añade que el actor, como jefe de equipo de mantenimiento, tenía una responsabilidad laboral superior sobre el otro trabajador, que estaba a sus órdenes por su condición de responsable de un área parcial de ese mantenimiento". Como es natural, esta pretensión revisoria se ampara en el elenco de categorías profesionales y niveles retributivos que figuran en uno de los Anexos a la norma convencional de referencia. La misma tiene que correr suerte adversa: de un lado, porque, a despecho de lo que el motivo hace valer, la afirmación que se trata de suprimir no entraña un dato de carácter fáctico, sino, si bien se mira, una valoración jurídica que debe combatirse por cauce procesal distinto al ahora seguido; y de otro, porque, aunque sea cierto, por notorio, que la categoría de Encargado es superior a la de Jefe de Equipo, tal circunstancia carece de cualquier relevancia para el signo del fallo, tratándose de uno más de los diversos argumentos, sin duda el de menor entidad, que el Juez a quo utilizó para rechazar la demanda rectora de autos y, por ende, confirmar la sanción por falta muy grave impuesta al actor.

Tercero.-Como tiene declarado la doctrina jurisprudencial, únicamente se admitirá el error de hecho en la apreciación de la prueba cuando concurran las circunstancias que siguen: "a) Señalamiento con precisión y claridad del hecho negado u omitido; b) Existencia de documento o documentos de donde se derive de forma clara, directa y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas; c) Ser la modificación o supresión del hecho combatido trascendente para la fundamentación del fallo, de modo que no cabe alteración en la narración fáctica si la misma no acarrea la aplicabilidad de otra normativa que determine la alteración del fallo" (sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1993). A su vez, según esta misma doctrina, el documento en que se base la petición revisoria debe gozar de literosuficiencia, pues: "(...) ha de ser contundente e indubitado per se, sin necesidad de interpretación, siendo preciso que las afirmaciones o negaciones sentadas por el Juzgador estén en franca y abierta contradicción con documentos que, por sí mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis evidencien cosa contraria a lo afirmado o negado en la recurrida" (sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1990).

Pues bien, como ya dijimos, la actual petición novatoria no tiene carácter fáctico, sino valorativo; se ampara en una norma jurídica, que, por ende, no es prueba documental; y carece, además, de trascendencia para la suerte del recurso, habida cuenta que el precepto colectivo en que se encuadró la conducta imputada al demandante no hace distingo alguno en relación con el nivel de la categoría profesional que pueda ostentar el ofendido, al calificar como falta muy grave "los malos tratos de palabra u obra con los trabajadores de superior e inferior categoría, compañeros y público", lo que determina que este primer motivo haya de correr suerte adversa.

Cuarto.-El que le sigue, con el mismo designio que el anterior, se encamina a "modificar, dentro del largo ordinal tercero de los hechos probados, el hecho relativo consistente en que el hoy recurrente, 'hizo salir' del coche Don. Pablo, para después enzarzarse a golpes como manifiesta la sentencia recurrida". Esta pretensión tampoco puede prosperar, pues adolece de similares defectos que la precedente, ya que ni se funda en prueba documental, ni resulta relevante para el signo del fallo. Es cierto que el expediente disciplinario que en su día instruyó la empresa al trabajador no fue ratificado en el juicio por su Instructor, mas también lo es que en aquel acto se practicaron otros medios de prueba, algunos de ellos, concretamente la testifical, a instancia del propio actor. Y como razona el Magistrado de instancia en el fundamento primero de su sentencia: "(...) El demandante, que no acudió a consulta hasta varios días después, y sólo entonces formuló denuncia en Comisaría, ha aportado un testigo, que tiene un negocio en las proximidades, que declaró en el expediente y en el juicio que el primero en agredir al otro fue Don. Pablo, si bien este testigo reconoció también que el Sr. Juan Pablo salió del edificio en busca del otro trabajador en actitud desafiante, en términos más que significativos de su aceptación del posible intercambio de golpes (...)", añadiendo en el tercero que: "(...) Por el contrario, está plenamente probado que cuando el autor de los insultos había abandonado el lugar, salió tras él de modo desafiante, buscando abiertamente el enfrentamiento físico, y le hizo salir del coche, desencadenando así efectivamente la pelea a golpes, en la que participó de buen grado, y del modo tan efectivo que se ha indicado, con resultado visible ulterior en el rostro de su contrincante". Por consiguiente, la conclusión que se quiere eliminar del relato fáctico es fruto de la valoración que el Juzgador a quo, único competente para ello, hizo de la prueba testifical sometida a su consideración, por lo que mal cabe acceder a tal petición, de lo que se sigue el rechazo de este motivo.

Quinto.-El siguiente, con igual propósito que los dos que le preceden, propugna la revisión "del último párrafo del mismo ordinal tercero de los hechos probados al mantener en el mismo que existen 'dos declaraciones contradictorias, en cambio, sobre quién dirigió el primer golpe'", para lo que, una vez más, no se apoya en elemento documental alguno, sino en la prueba testifical practicada en el acto de la vista, medio que, parece necesario insistir, resulta por completo inhábil para el fin propuesto, por lo que tampoco este motivo puede tener éxito al tratar el recurrente con él de suplir el criterio valorativo del Juez a quo, imparcial por principio, por el suyo propio, sin duda subjetivo e interesado y, en ocasiones, apasionado.

Sexto.-El último motivo, destinado a censurar errores in iudicando, señala como infringido el artículo 71.2.c.4 de la norma pactada de aplicación, en relación con el 24 de la Constitución. Incólume la versión judicial de los hechos, también este motivo debe decaer. En efecto, del contenido del hecho probado tercero de la resolución combatida, ciertamente extenso, puede destacarse que sobre las 10:00 horas del día 15 de febrero de 2005 "llegó Don. Pablo y al saber lo ocurrido discutió con el Sr. Juan Pablo, en presencia de otros compañeros, discusión que fue subiendo de tono, hasta que Don. Pablo se marchó del almacén mientras llamaba al Sr. Juan Pablo 'gilipollas' y 'payaso', y decía que ojalá no le hubieran dado nunca de alta y siguiera enfermo (con la expresión 'tenías que seguir siempre de baja' u otra semejante), y subió a su coche. El demandante salió tras él, le alcanzó en el coche, le hizo salir, y se enzarzaron a golpes. El Sr. Juan Pablo, durante la pelea, en la que intercambiaron golpes los dos citados, hasta que fueron separados por los compañeros que salieron detrás y por transeúntes que presenciaron los hechos, le dio Don. Pablo un puñetazo en la mandíbula, del que resultó con contusión mandibular (parte hospital Doce de Octubre de 15.2.2005)". Siendo ésta la actuación que el trabajador que hoy recurre llevó a cabo aquel día, la misma encuentra pleno acomodo en el supuesto de falta muy grave de malos tratos de obra previsto en el precepto convencional cuya infracción denuncia este motivo, tal y como con acierto entendió el Magistrado de instancia, debiendo destacarse, por último, que la sanción impuesta al actor -suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días-es la de menor intensidad aflictiva o, si se quiere, la menos grave de entre las que el Convenio Colectivo reserva para esta clase de infracciones laborales.

Séptimo.-No obstante, insiste el demandante en que no hizo sino defenderse de la injusta agresión verbal de que había sido objeto por parte del otro trabajador que intervino en la pelea, cuya conducta tilda de provocadora, olvidando así que fue él quien, tras recibir injustamente los insultos que evidencia el hecho probado antes transcrito, salió en pos del Encargado de electricidad en actitud desafiante alcanzándole en su automóvil, y haciéndole salir de él, tras de lo cual ambos se enzarzaron en una pelea a golpes, uno de los cuales, propinado por el recurrente, impactó en la mandíbula de su opositor. Como argumenta el Juez a quo en el fundamento sexto de su sentencia: "(...) A ello cabe añadir que, sin perjuicio de que la conducta del otro trabajador debe ser enjuiciada en el procedimiento que al parecer se encuentra en trámite ante otro órgano jurisdiccional, cuyo criterio en modo alguno puede verse condicionado por lo que ahora se resuelve, máxime cuando no ha sido emplazado ni ha comparecido en autos el interesado, no se ha probado en este procedimiento que la agresión física procediera exclusivamente del otro trabajador, sino que, por el contrario, el demandante le brindó amplia y generosamente la oportunidad de enzarzarse a goles, y participó muy activamente y de buen grado en la distribución de puñetazos que siguió a continuación". Por tanto, la tipificación desde un prisma disciplinario de las acciones materiales llevadas a cabo por el demandante el día 15 de febrero de 2005 fue absolutamente correcta, siendo asimismo adecuada la condigna sanción que con tal motivo se le impuso, sin que la invocación, meramente nominalista, del principio de presunción de inocencia pueda enervar la anterior conclusión, al no ser de aplicación en este campo del derecho laboral, y sí sólo de modo pleno en el penal y matizadamente en el administrativo sancionador, todo lo cual conduce al rechazo de este último motivo y, con él, del recurso en su integridad, sin que dada la condición laboral del recurrente haya lugar a la imposición de costas

Vistos los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Don Juan Pablo, contra la sentencia dictada en 11 de noviembre de 2005 por el Juzgado de lo Social núm. 30 de los de Madrid, en los autos núm. 665/05, seguidos a instancia de dicho recurrente, contra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (Instituto de la Vivienda de Madrid), sobre sanción laboral por falta muy grave y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos en su integridad la resolución judicial recurrida. Sin costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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