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Sentencia T.S.J. Extremadura 347/2006, de 25 de mayo


 RESUMEN:

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Desestimación. No se da la movilidad funcional alegada. Tareas encomendadas por la empresa son propias de la categoría profesional del demandante.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

"Primero. El actor D. Gaspar viene prestando sus Servicios en la empresa demandada ''Autociba, SA'del Sector de la Automación y concesionario de la casa ''Citrôen' en esta ciudad, desde el 14-4-2004 con la categoría de Oficial de 3.ª y realizando las funciones previas a la entrega de los vehículos nuevos a los clientes, como limpieza, colocación de placas de matricula, supervisión de líquidos, etc.

Segundo. El 26-2-2005 cursó baja por enfermedad y el 17-6-2005 fue dado de alta incorporándose el día siguiente, lunes 20.

Tercero. Al haberse recibido nuevas instrucciones por la casa ''Citrôen' para la preparación y entrega de los vehículos nuevos, de mediante la utilización de una determinada técnica para el control y checo de los mismos, al actor se le encomendaron inicialmente otras funciones como cambios de aceite o de filtros, mantenimiento mecánico, revisión de coches, etc.

Cuarto. El día 28, tras un sábado o domingo y un día de fiesta local, causó nueva baja, y el mismo día promovió acto de conciliación en la UMAC por modificaciones de sus condiciones de trabajo. Celebrado el mismo sin resultado alguno, presentó demanda en el Juzgado de lo Social.

Quinto. Ha venido percibiendo una retribución última de 1.072,03 euros mensuales."

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Gaspar contra ''Autociba, SA' sobre Modificación de condiciones laborales, debo absolver y absuelvo libremente a dicha empresa demandada de las pretensiones contenidas en la demanda por aquél formulada y que han dado origen a las presentes actuaciones."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 10-3-2006, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 11-5-2006 para los actos de deliberación, votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su demanda sobre modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, formulando un primer motivo en el que, al amparo del apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, pretende que se anule la sentencia recurrida por haberse infringido en ella los artículos 97.2 de la citada ley, 218 de la de Enjuiciamiento Civil, 24.1 de la Constitución y 5.1.a) y 39.3 y 5 del Estatuto de los Trabajadores, entendiendo el recurrente que en la resolución de instancia falta por declarar como probados hechos necesarios para resolver la cuestión planteada.

No puede prosperar tal alegación porque, como ha declarado el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia de de 4 de octubre de 1995: "... ordinariamente, sólo podrá afirmarse que la narración histórica es insuficiente, cuando en ella no se recogen hechos de relevancia en el pleito, a pesar de que los mismos han quedado acreditados en virtud de la prueba practicada en él. Pero en tales supuestos el camino que está al alcance de quien recurre en casación contra la sentencia de que se trate es el que establece el apartado d) del artículo 204 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral de 27 de abril de 1990 -apartado d) del artículo 205 del Texto Refundido de 7 de abril de 1995-; esto es, la solicitud de que se revise o modifique dicho relato fáctico mediante la inclusión en él de los hechos omitidos por la sentencia impugnada, basándose tal modificación en las pruebas documentales o periciales que obren en autos y que demuestren la realidad de esos hechos. Por ello, en estos casos los Tribunales laborales, desde mucho tiempo atrás, han venido manteniendo que es el propio tribunal que conoce del recurso a quien corresponde normalmente determinar la suficiencia o insuficiencia de los hechos probados de la sentencia recurrida, sin que como norma general las partes puedan basar los motivos de sus recursos de casación de suplicación en esa particular alegación de nulidad de lo actuado, pues el cauce procesal que, para resolver esa insuficiencia, pueden utilizar las partes, es, como se acaba de decir, la pertinente adición o revisión fáctica basada en documentos o pericias obrantes en autos. Así lo ha proclamado en con reiteración esta Sala IV del Tribunal Supremo en numerosas sentencias de las que mencionamos las de 4 y 7 de noviembre de 1988, 7 de junio, 11 de octubre y 27 de diciembre de 1989 y 21 de mayo de 1990" y en este caso no se puede apreciar que los datos que proporciona la sentencia recurrida no sean suficientes para resolver el recurso. Es más, como señala la recurrida en su impugnación, el propio recurrente no intenta revisión de los hechos que declara probados el juzgador de instancia ni concreta con claridad que es lo que falte, cuando en la sentencia se declara prácticamente todo lo que de hechos se alega en la demanda sin que en el acto del juicio se aludiera a ninguno más, dejando a un lado, claro está, lo que son meras apreciaciones del demandante sobre las intenciones de la empresa.

También alega el recurrente que la sentencia recurrida carece de fundamentación respecto a las declaraciones fácticas, sin añadir más que le produce indefensión, pero, aunque el juzgador de instancia en efecto, no hace más que una alusión general a "la prueba practicada", no se ve la indefensión que ello pueda suponer, ni el recurrente la razona, cuando, como se dijo, los hechos que se declaran probados son los que se aducen en la demanda.

Por último se alega en el motivo una incongruencia por exceso y unos razonamientos sobre la licitud de la modificación de que se trata, alegaciones que tampoco pueden prosperar, la primera porque no se sabe bien que es lo que se alega y, aunque entendamos que lo que quiere decir el recurrente es que se desestimó la demanda por razones no alegadas por la demandada, claramente se adujo por ésta en el acto del juicio que las funciones encomendadas son propias de la categoría profesional del demandante; y la otra porque son ya alegaciones sobre el fondo de la cuestión planteada que deben ser examinadas en otro tipo de motivos porque no pueden dar lugar a nulidad de actuaciones ninguna.

Segundo.-El otro motivo del recurso se dedica a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia que se hayan cometido en la sentencia recurrida, denunciando la del artículo 39.5 del Estatuto de los Trabajadores, alegación que no puede prosperar porque dicho precepto determina la vía para la movilidad funcional dentro de la empresa cuando el ejercicio de funciones distintas a las pactadas excede de lo previsto en los números anteriores del mismo artículo y aquí no se produce esa situación.

En efecto, el demandante tiene la categoría profesional de oficial de tercera y, acudiendo al convenio colectivo provincial de Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de Badajoz, publicado en el BOP de 13 de febrero de 2005, que figura en autos aportado por el propio demandante, esa categoría puede equipararse a la de profesional de oficio 3.ª dentro del Grupo Profesional 6, y en ella caben tanto las tareas que venía realizando como las que ahora se le han añadido tras la necesidad de una más completa preparación de los vehículos que van a se entregados a los clientes; puede que algunas de esas tareas necesiten una cierta preparación, pero el mismo convenio permite que las que corresponden al grupo puedan necesitar un pequeño período de adaptación. De todas formas no parece que esa sea la razón por la que el demandante no está conforme con la asignación de las nuevas tareas cuando él mismo alega en el anterior motivo que son propias de aprendiz o peón, encuadrados en el convenio en el grupo profesional 7, lo que podría determinar que la movilidad funcional precisara necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva para estar justificada, a tenor del núm. 2 del mismo artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, pero no puede considerarse que las nuevas tareas sean más sencillas ni menos importantes que las que el demandante venía realizando.

En definitiva, hay que entender que, en realidad, no se ha producido movilidad funcional alguna, pues las tareas encomendadas son propias de la categoría profesional que el demandante ostenta y, aunque entendiéramos que esas nuevas tareas suponen un nuevo puesto de trabajo, distinto al que desempeñaba, la movilidad está amparada en el núm. 1 del precepto cuya infracción se alega pues no excede de las limitaciones que en él se imponen respecto de las titulaciones académicas o profesionales, pues para las nuevas tareas no se exige una distinta, lo cual ni siquiera se alega, y la pertenencia la grupo profesional, hasta el punto que tanto unas como otras son propias de la misma categoría. Igualmente ampara la posible movilidad el propio convenio en el artículo 47, que se pronuncia en igual sentido que el estatutario.

Como nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en sentencia de 17 de diciembre de 2003: "En efecto, el empresario goza de plena libertad para decidir cambios funcionales en el seno de la empresa, siempre que se contraigan al interior del grupo profesional, tal y como sucede en el caso que nos ocupa. En ejercicio de su ''ius variandi' ordinario está legitimado para proceder a tales cambios sin invocación de causa alguna, con plena discrecionalidad, si bien respetando el principio de que el cambio no puede imponer una función o tarea cuyo desempeño desborde la titulación académica o profesional correspondiente al puesto que se venga desempeñando".

Cita el recurrente una sentencia de esta Sala, pero el caso allí contemplado difiere sustancialmente del presente pues se producía una movilidad geográfica sin cumplir ninguno de los requisitos que exige el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y, además, no tenía justificación, por lo que se anuló.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

Vistos los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Gaspar, contra la sentencia de fecha 23-11-2005, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz en sus autos número 588/2005, seguidos a instancia del mismo recurrente, frente a "Autociba, SA", sobre modificación condic. laborales, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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