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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de abril de 1998


 RESUMEN:

Conflicto colectivo. Nulidad de actuaciones. Diligencia para mejor proveer sin audiencia y alegación de las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La petición de la demanda origen del conflicto colectivo planteado por la Confederación Sindical de Administración Pública de Comisiones Obreras de Canarias se concretaba en solicitar la condena de la Administración demandada para que reconozca, respecto del colectivo afectado, trabajadores fijos discontinuos, de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, "que la gratificación extraordinaria de junio de 1995 asciende al importe de una mensualidad completa de salario base, antigüedad, complementos de homologación y encuadramiento".

La sentencia de instancia que ahora se recurre, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, radicada en Las Palmas, de 25 de abril de 1997, resolvió el litigio en los términos que se indican en los antecedentes de la presente resolución.

Segundo.-El primer motivo del recurso se formula al amparo del artículo 205.c) de la Ley de Procedimiento Laboral por quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte actora y en particular del artículo 88.1 del mismo texto legal, en relación con el artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se alega en el recurso que se acordó en el proceso, una vez conclusos los autos para sentencia, diligencia para mejor proveer, consistente en aportación de documentación determinada, sin dar audiencia a las partes lo que produjo indefensión a la parte actora que solicita la declaración de nulidad de actuaciones.

Ciertamente al efectuar un examen de los autos, consta en ellos la providencia de 14 de marzo de 1997 del tenor siguiente: "Para mejor proveer y con suspensión el término para dictar sentencia, requiérase a la Administración demandada que, en el plazo de diez días aporte todos los recibos salariales del personal afectado que, en 1994 haya prestado servicios en cualquiera de sus últimos dos meses y donde figure la liquidación por pagas extraordinarias".

Del redactado transcrito se infiere que la citada providencia no cumple los requisitos exigidos por el artículo citado 88.1 de la Ley Procesal Laboral que se denuncia como infringido ya que dicho artículo establece que en la misma providencia en que se acuerda la diligencia para mejor proveer, se fijará el plazo dentro del que haya de practicarse la prueba, durante el cual se pondrá de manifiesto a las partes el resultado de las diligencias a fin de que las mismas puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o importancia.

Conocida es la doctrina jurisprudencial constante referente a los poderes del órgano jurisdiccional para acordar libremente las diligencias para mejor proveer, si bien, una vez acordadas, en su desarrollo y ejecución han de ajustarse a las normas reguladoras de las mismas (v. STCT 24 de octubre de 1983), de manera que acordada una diligencia, su práctica se convierte en obligatoria para el juzgador y su incumplimiento determina nulidad de actuaciones (v. entre otras, STS de 2 de julio de 1986).

Constatado pues, que los numerosos recibos solicitados se aportaron a los autos pero que se omitió el trámite de audiencia a las partes y de alegación por éstas de cuanto estimaran pertinente acerca del alcance de la diligencia acordada, su indefensión resulta manifiesta y, en consecuencia, procede, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal estimar el motivo con la consiguiente nulidad que se especifica en la parte dispositiva de la presente resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin que haya lugar al examen del segundo y último motivo del recurso.

Por lo que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal el recurso ha de estimarse en los términos solicitados en su primer motivo debiendo cada parte hacerse cargo de las costas causadas a su instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 233.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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