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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1240/2006, de 17 de julio


 RESUMEN:

Sentencia. Impugnación por insuficiencia. No acarrea nulidad de sentencia. Fundamento en el artículo 191.b), adición de hechos. Sanción laboral. Caducidad del expediente. Desestimación. Cumplimiento del plazo de seis meses previsto en el convenio. Prescripción. Desestimación. Conocimiento cabal y completo de la falta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Con fecha 9 de marzo de 2006, se presentó en el Juzgado de lo Social número Uno de Salamanca, demanda formulada por el actor, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

Segundo.-En referida sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

"Primero.-Germán viene prestando servicios para el Ministerio de Defensa, con centro de trabajo en la Base Aérea de Matacán. Su categoría profesional es la de Técnico de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios. Segundo.-Con fecha 30 de septiembre de 2004, el Secretario General para la Administración Pública, como consecuencia de la solicitud de reconocimiento de compatibilidad de actividades privadas formulada por el actor, adoptó resolución del siguiente tenor literal, en lo que aquí concierne:

"Este Ministerio resuelve reconocer la compatibilidad solicitada, con exclusión expresa de toda actividad que pueda incidir en las limitaciones contenidas en los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en relación con el artículo 9 del Real Decreto 598/1995, de 30 de abril, excluyéndose de dicha compatibilidad la intervención en asuntos cuyo contenido se relacione directamente con los sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, entre o Empresa públicos a que está adscrito el interesado o en el que preste sus servicios y, en general, en cualquier acto o gestión que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, no pudiendo desempeñar la actividad privada en aquellos asuntos en los que esté intervenido o tenga que intervenir por razón del puesto público, debiendo abstenerse de prestar servicios profesionales a las personas físicas o jurídicas, a las que esté obligado a atender en el desempeño de dicho puesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley ".

Tercero.-Desde abril del año 2000 hasta el 29 de diciembre de 2004 a la empresa María Teresa López Miguel le fueron adjudicadas 46 obras en la base aérea de Matacán. De dicha empresa es titular la madre del actor. Hasta hace aproximadamente 10 años estaba a nombre de la esposa del mismo. Desde principios del año en curso ha dejado de existir. El demandante trabajaba por las tardes en dicha empresa, habiendo realizado dichos trabajos también en la "Base Aérea de Matacán". Cuarto.-Con fecha 9 de junio de 2005, Pedro Francisco, superior inmediato del actor, dirigió escrito al Ilmo. Coronel Jefe de la Base Aérea de Matacán, solicitando la incoación del correspondiente expediente disciplinario contra el demandante y otro trabajador por realizar actividades incompatibles, ilícitas y presumiblemente delictivas dentro del recinto de la Base Aérea. Se abrió expediente informativo en el que el Instructor concluye que existen indicios y evidencias que pudieran dar lugar a incoar expediente disciplinario. En fecha 10 de octubre de 2005, el Coronel solicita a su superior se nombre instructor y Secretario para instruir procedimiento disciplinario. Por resolución de 24 de octubre se acuerda la incoación del expediente disciplinario. En la misma fecha se comunica la incoación del expediente al Presidente del Comité de Empresa. El actor presta declaración el día 27. Se formula pliego de cargos y con fecha 24 de noviembre de 2005 se concede al actor el plazo de diez días hábiles para proponer los medios de prueba que le convengan y contestar las alegaciones. Se formula propuesta de resolución el 23 de diciembre. Y por resolución de fecha 13 de enero de 2006, se considera al trabajador autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 80.2.C.7 del Convenio Colectivo Unico para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, B.O.E. 1 de diciembre de 1998, consistente en el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Se le impone la sanción de suspensión de empleo y sueldo durante un período de tres meses y un día. La resolución se notifica al interesado el 16 de enero y al día siguiente al Comité de Empresa. Quinto.-Por resolución de 9 de marzo de 2005 se impuso al actor una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante tres días, como autor de una falta grave del artículo 80, apartado 2, letra b) del Convenio, consistente en "el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores...". Sexto.-Se ha celebrado la preceptiva reclamación previa a la vía judicial".

Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por el actor, fue impugnado por la demandada. Elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia del Juzgado de lo Social número Uno de de los de Salamanca, de 2 de mayo de 2006, desestimó la demanda sobre impugnación de sanción disciplinaria deducida por D. Germán frente al Ministerio de Defensa, y declaró en definitiva la adecuación a derecho de la corrección de tres meses y un día de suspensión de empleo y sueldo impuesta al citado trabajador.

Se recurre en suplicación el aludido pronunciamiento por la propia parte en la instancia demandante, quien interesa en primer término, al amparo de lo previsto en el artículo 191.a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración de nulidad de la sentencia de origen, con reposición de lo actuado al momento inmediato anterior al pronunciamiento de esa sentencia, al entender que con ocasión de su dictado se infringieron garantías procedimentales esenciales productoras de indefensión. Y la infracción procedimental que se estima cometida se sitúa normativamente en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y se localiza en la circunstancia de "ser insuficiente la declaración de hechos probados".

Bien, a juicio de esta Sala es claro que un fundamento o alegato de esa naturaleza no justifica de ninguna manera el recurso al drástico y perturbador remedio en que consiste la nulidad de las actuaciones judiciales, remedio ese concebido como auténticamente extraordinario en los artículos 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción a los mismos atribuida por la Ley Orgánica de reforma de aquélla 19/2003, de 23 de diciembre), hallándose condicionada su actuación a la detección de una actuación jurisdiccional productora de material indefensión y de imposible subsanación por otro cauce que no sea el de la nulidad del acto.

Mas ello no ocurre en el presente caso. Sencillamente, porque la hipotética insuficiencia de la declaración probatoria contenida en la sentencia es susceptible de ser colmada a través de la técnica de la revisión fáctica que viene habilitada por la letra b) del artículo 191 de la Ley procesal, no generando entonces la aducida insuficiencia material indefensión de clase alguna, y siendo la misma susceptible además de subsanación a través de remedio menos drástico y oneroso que el de la nulidad de la sentencia. Al cabo, ese parecer es el de la propia parte recurrente, puesto que la misma, como no podía ser de otra forma, ya se encarga de intentar la conformación del relato probatorio grato a su interés a través del instrumento procesal a tal fin construido por el legislador del recurso: la alteración fáctica que se posibilita en el ya citado artículo 191.b) de la Ley ritual.

Segundo.-En esa sede, en efecto, insta el escrito de recurso las dos modificaciones o adiciones siguientes. En primer lugar, la incorporación como hecho probado de la circunstancia de que "la actividad desarrollada por D. Germán en la Base Aérea de Matacán, centro de trabajo al que está adscrito, era de dominio público". En segundo término, la también elevación a la categoría de verdad procesal del extremo de que "con fecha 14 de julio de 2005 se ordenó la incoación de una Información Administrativa Previa al inicio del expediente sancionador, que concluyó mediante la resolución administrativa que se impugna en este proceso".

A juicio de la Sala, sin embargo, no es posible aceptar ninguna de esas dos pretensiones de revisión probatoria. Comenzando por la segunda, porque la misma se encuentra expresamente consignada con indiscutible valor fáctico en el número o apartado 4 del segundo fundamento de derecho de la sentencia de instancia; en consecuencia, no existe a tal respecto laguna u omisión alguna necesitada de cobertura. En relación con lo primero, porque la resolución sancionadora que se invoca para avalar la adición probatoria que se pide hace referencia a la circunstancia de ser "de dominio público" el hecho de la ejecución de trabajos por parte de D. Germán para la empresa de titularidad de su madre en el contexto del proceso de valoración de lo manifestado por testigos en el expediente laboral disciplinario; por consiguiente, aquella circunstancia no tiene propiamente naturaleza fáctica sino valorativa o perceptiva, no cabiendo entonces su incorporación a hechos probados de la sentencia. Además, porque la consignación que se quiere introducir se encuentra de alguna manera aceptada en la propia sentencia de instancia, puesto que en el apartado 3 de su segundo fundamento jurídico se razona sobre lo que ha de entenderse como conocimiento de la falta cometida, en relación con la alegada prescripción de la infracción al trabajador atribuida. En fin, tal y como sobre ello se insistirá en el siguiente fundamento de derecho, porque la alteración fáctica que se pretende resulta irrelevante en orden a alterar el fallo en la instancia alcanzado.

Tercero.-Ya en el territorio del artículo 191.c) de la Ley procesal, atribuye el escrito de recurso a la sentencia de origen, vertebrado ello en dos motivos de suplicación, la infracción de lo establecido en el artículo 83 del Convenio Colectivo Unico para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, de un lado, así como la vulneración de lo dispuesto en ese mismo precepto y en el artículo 60 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de otro lado. En definitiva, a través de lo uno y de lo otro viene a patrocinar la parte recurrente la caducidad del expediente laboral disciplinario y la prescripción del ilícito contractual imputado al Sr. Germán y objeto de sanción.

Y la citada crítica jurídica, en atención al inalterado relato fáctico de la sentencia de Salamanca, se instala en el siguiente y resumido contexto circunstancial. D. Germán viene prestando servicios para el Ministerio de Defensa con categoría de Técnico de actividades técnicas de mantenimiento y oficios y destino en la salmantina Base Aérea de Matacán. D. Germán tenía reconocida compatibilidad para el desempeño de trabajos para la empresa Construcciones M.ª Teresa López, empresa radicada en el sector de su propia denominación y de titularidad de la madre del Sr. Germán, compatibilidad que se reconoció por resolución de la Dirección General de la Función Pública de 30 de septiembre de 2004, y compatibilidad que excluía de forma expresa la intervención en asuntos relacionados con los servicios públicos cuya prestación incumbía al citado laboral de Defensa. Entre abril de 2000 y diciembre de 2004 la citada patronal Construcciones M.ª Teresa López resultó adjudicataria de 46 obras a ejecutar en la Base Aérea de Matacán, habiendo prestado servicios D. Germán en algunas de tales obras. El 9 de junio de 2005 el superior jerárquico del Sr. Germán instó la incoación de expediente disciplinario al citado trabajador ante la Jefatura Militar del establecimiento. Iniciadas actuaciones informativas el 14 de julio siguiente, el día 24 de octubre se decreta la incoación del expediente, concluyendo el mismo por resolución de la citada Jefatura Militar de Matacán de 13 de enero de 2006, notificada al afectado el siguiente día 16, resolución aquella que impusiera al tan citado trabajador una sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, al tener al mismo como autor responsable de un ilícito laboral muy grave de incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades. En fin, por resolución de 9 de marzo de 2005 se había sancionado a D. Germán con tres días de suspensión de empleo y sueldo, al tener a ese trabajador como autor de una falta grave de incumplimiento de órdenes de superiores.

Pues bien, como se anticipó, la parte recurrente patrocina en primer lugar la tesis de haber caducado el expediente sancionador que se precipitó en la corrección disciplinaria impuesta a D. Germán, puesto que desde la fecha en que se acordó la apertura de actuaciones informativas -14 de julio de 2005- y hasta aquella otra en que se notificó la resolución sancionadora al expedientado -16 de enero de 2006- transcurrieron más de 6 meses, vulnerándose con ello lo establecido en el párrafo segundo del artículo 83 del Convenio Unico.

La Sala no puede compartir esa inteligencia. Como muy bien se señala ello por el Abogado del Estado en el escrito de impugnación de la suplicación que se está examinando, el régimen de la caducidad de las actuaciones propias de lo disciplinario laboral en el ámbito del personal al servicio de la Administración del Estado sujeto a contrato de trabajo, no es el régimen de la caducidad al que se encuentra sujeta la Administración cuando actúa su potestad sancionadora de acuerdo con lo previsto en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sino el específico régimen contenido en la fuente reguladora de la potestad disciplinaria en el ámbito laboral, fuente esa que no es otra que el Convenio Colectivo Unico. Y el ya citado párrafo segundo del artículo 83 de ese derecho contractual colectivo establece que "desde el inicio del expediente incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses". Por consiguiente, esa específica regulación sitúa el referente final para el cómputo del plazo al que se encuentra sujeta la actuación de la potestad disciplinaria en materia laboral en la fecha de la resolución sancionadora, que no en la fecha de notificación de la misma al afectado, siendo entonces claro que no transcurrieron en este caso aquellos seis meses entre la fecha de inicio de la información previa -14 de julio de 2005-y hasta la fecha de la resolución sancionadora -13 de enero de 2006-.

En segundo término, afirma el escrito de recurso que el ilícito laboral atribuido a D. Germán no tuvo que ser objeto de sanción, al haber prescrito el mismo en aplicación de las reglas contenidas en los artículos 83, párrafo primero, del Convenio Unico, y 60.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Afirmación esa que se erige desde la aseveración de ser "de dominio público" la actividad desplegada en su centro de trabajo por el Sr. Germán, actividad que comprendía la prestación de servicios en obras adjudicadas por el Ministerio de Defensa a la empresa constructora de titularidad de la madre del trabajador, prestación aquella que había concluido en noviembre o diciembre de 2005, puesto que la citada constructora cesó en su actividad a comienzos del año 2006.

Empero, tampoco este Tribunal puede abrazar esa inteligencia. Sencillamente, porque en el supuesto litigioso no hay dato alguno del que colegir con rigor que el titular de la facultad disciplinaria en el establecimiento militar de prestación de servicios del trabajador sancionado tuviere conocimiento cabal y exacto de aquella prestación de servicios infractora de la normación sobre incompatibilidades con anterioridad a la denuncia presentada el 9 de junio de 2005 y/o con anterioridad a la investigación preliminar que se inicia el 14 de julio del año citado. Y no es posible la afirmación de ello aquí por lo siguiente. En primer lugar, como ya antes se dijo, porque la aseveración de ser "de dominio público" el conocimiento que se tenía de la realización por el Sr. Germán de tareas en las obras adjudicadas a la constructora de titularidad de su madre, es afirmación efectuada en el proceso de valoración de determinada actividad probatoria desplegada en el contexto de las actuaciones del expediente disciplinario, y es apreciación que en modo alguno equivale a que aquella prestación de servicios infractora fuere conocida por el titular del poder disciplinario de Matacán. En segundo término, porque el magistrado de instancia afirma en su sentencia que no se acreditó sin duda razonable que el laboral sancionado prestara servicios en la empresa familiar durante su jornada laboral en la Base Aérea, afirmación esa que refuerza ese carácter de apreciación valorativa que ha de atribuirse a la afirmación de ser "de dominio público" el conocimiento que se tenía de la citada prestación de servicios, y afirmación la referida que sirve por el contrario para atribuir alguna nota de ocultamiento al proceder del Sr. Germán...En tercer lugar, por mucho que se conociera aquella tan citada prestación de servicios, lo que desde luego no consta es que se tuviera idéntica noticia respecto de que la misma infringía en todo caso los términos de la compatibilidad profesional concedida al laboral de Defensa por la Administración de la Función Pública. En cuarto lugar, es que fue precisa la presentación de una denuncia por el superior jerárquico del trabajador para que se pusiera en funcionamiento la maquinaria de lo disciplinario, necesidad la de aquella denuncia que es en alguna forma reveladora, otra vez, de un proceder de ocultación de la conducta, así como de la necesidad de vigilancia de la misma para su cabal detección. En fin, es que la tesis del recurso, tesis que el cabo equivale a la aseveración de que el proceder infractor del Sr. Germán venía siendo tolerado por conocido, choca con la circunstancia que significa la inexistencia de dilaciones, trámites o excursiones poco justificadas en el decurso del expediente laboral disciplinario instruido, expediente que, por contra, no sólo se diligenció y tramitó con normalidad y rigor, sino que en su decurso se pusieron determinados hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, habiendo dado ello lugar a la incoación de diligencias previas por la Jurisdicción Militar, todo lo cual es bien poco fotográfico de aquel insinuado conocimiento y tolerancia para con la conducta infractora. Por consiguiente, claro es que no hubo prescripción de esa conducta, al no haberse tenido conocimiento cabal, riguroso y exacto de la misma, cuanto menos, hasta la denuncia que se formula el 9 de junio de 2005.

Al haberlo entendido así la sentencia de instancia, no incurrió la misma en las infracciones atribuidas.

Por lo expuesto y

En nombre del Rey

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Germán contra la sentencia dictada en fecha 2 de mayo de 2006 por el Juzgado de lo Social número Uno de Salamanca, en virtud de demanda promovida por dicho actor contra la Administracion General del Estado (Ministerio de Defensa), sobre sanción y, en consecuencia, confirmamos el fallo de instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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