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Sentencia T.C. 130/98, de 16 de junio

 RESUMEN:

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Despido. Defectos subsanables. Entender como requisito esencial para la admisión a trámite de la demanda una relación fáctica por parte del trabajador y disponer por la sola omisión de este dato el archivo de las actuaciones no se acomoda a las exigencias que se derivan del artículo 24.1 C.E.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.  El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 C.E., la decisión de archivo de las actuaciones por el incumplimiento del requerimiento judicial de concretar los hechos en la versión de la demandante; archivo decretado por el auto del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid, de fecha 26 de abril de 1996.

2.  Antes de abordar el fondo de la cuestión planteada procede dilucidar si, como sostiene el Ministerio Fiscal, el presente recurso de amparo ha sido interpuesto prematuramente; pues la recurrente había anunciado recurso de suplicación frente a un anterior auto del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid, de 12 de febrero de 1996.

La objeción procesal señalada no concurre en el presente caso, toda vez que el referido auto de 12 de febrero de 1996 fue después anulado por el auto de 26 de abril de 1996 (impugnado en este recurso de amparo), sin haberse formulado recurso de suplicación alguno, por lo que no había ninguna vía judicial abierta cuando se admitió a trámite este recurso de amparo.

3.  Pasamos, pues, a examinar el fondo del recurso. Hemos de resolver si la decisión de archivo de las actuaciones acordada por el Juzgado de lo Social, en el proceso por despido promovido por la recurrente ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho al proceso.

Frente a la inexistencia de conculcación del derecho fundamental sostenida por el Ministerio Fiscal -que entiende que la exigencia judicial, además de fundada en la Ley, es razonable y necesaria, y no supuso un obstáculo real y efectivo para el acceso de la actora a la jurisdicción- sostiene la demandante de amparo que la decisión de archivo se fundo en una interpretación irrazonable y contraria al principio "pro actione" de las exigencias legales de las demandas sobre despido y, por tanto, lesiva del artículo 24.1. C.E.

4.  Hay que recordar, ante todo, nuestra doctrina aplicable al caso.

Constituye un criterio reiteradamente mantenido por la jurisprudencia constitucional que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión, si bien ésta ha de estar fundada en una causa legal apreciada razonablemente por el órgano judicial. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (S.S.T.C. 118/1987, 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, 8/1998, 38/1998, entre otras). El principio "pro actione" opera en este caso sobre los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida.

También es un criterio, reiteradamente mantenido por la jurisprudencia de este Tribunal, que los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con independencia de la trascendencia práctica del mismo; antes al contrario, los requisitos formales han de examinarse teniendo en cuenta la finalidad que con ellos pretende lograrse, para, de existir defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas por la entidad real del defecto mismo, pues debe existir proporcionalidad entre éste y aquéllas (S.S.T.C. 36/1986, 216/1989, 172/1995, 8/1998, y 38/1998).

Por último, y en la generalidad de los procesos, el control constitucional ha sido especialmente riguroso en relación con decisiones judiciales que, apreciando irregularidades formales en las demandas, decretaron el archivo de las actuaciones, o no dieron una respuesta sobre el fondo de la pretensión formulada (S.S.T.C. 118/1987, 11/1988, 216/1989, 25/1991, 335/1994, 84/1997, 112/1997, entre otras). Este Tribunal admite la posibilidad de subsanar algunos de tales defectos de la demanda.

5.  En el concreto ámbito laboral, la S.T.C 118/1987 afirmó que el trámite de subsanación, previsto en la L.P.L., "se propone garantizar que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele a aquélla" (fundamento jurídico 3.º). El artículo 81 de la L.P.L. prescribe, en efecto, que el órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido el actor al redactar la demanda, a fin de que lo subsane dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo.

La doctrina elaborada por este Tribunal en torno a su precedente inmediato -el artículo 72.1 de la L.P.L. de 1980- ha precisado, de un lado, que tal atribución es constitucionalmente inobjetable, puesto que responde a una finalidad razonable y necesaria, incluso de la brevedad del plazo de subsanación establecido, acorde con el principio de celeridad que preside los procesos laborales (S.T.C. 154/1992, fundamento jurídico 3.º) y, de otro lado, que se trata, no de una mera facultad, sino de una auténtica obligación legal del órgano judicial dirigida a garantizar que los derechos e intereses legítimos deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudieran imputársele a aquélla (S.T.C. 118/1987, fundamento jurídico 3.º). El juzgador debe advertir a la parte actora la existencia de defectos en la demanda y concederle un plazo para su subsanación, pero el incumplimiento del requerimiento judicial en el plazo legalmente establecido determina irremisiblemente el archivo de las actuaciones, excluyendo así la Ley una reiteración o cadena de subsanaciones sucesivas, que podría significar el ampliar "ad infinitum" las posibilidades de subsanación de la demanda (S.T.C. 25/1991, fundamento jurídico 4.º)

En definitiva, la decisión de archivar el procedimiento, si el demandante incumple el mandato judicial, no viola el artículo 24.1 C.E., porque se basa en la concurrencia de una causa legalmente prevista para la inadmisión de la demanda, aunque la norma ha de ser aplicada con un criterio antiformalista y no rigorista a fin de no impedir justificadamente la obtención de una resolución de fondo (S.T.C. 118/1987, fundamento jurídico 3.º).

De cuanto antecede se deriva, como ha sido recordado recientemente por la S.T.C. 8/1998, que la interpretación y aplicación de la Ley, en lo que atañe a los requisitos formales de la demanda, tiene trascendencia constitucional, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la interpretación de aquélla que sea más conforme con el principio "pro actione", y que lleve a favorecer la continuación del proceso; siempre que el interesado actúe con diligencia y que no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento (S.S.T.C. 29/1985, 216/1989).

Más concretamente, la doctrina de este Tribunal, en relación con los defectos formales no subsanados de la demanda por despido, ha precisado que si bien una demanda que olvide requisitos esenciales no puede ser admitida a trámite, la interpretación de las exigencias legales del escrito de demanda ha de pasar por unos moldes espiritualistas y no formalistas. En particular, si la omisión advertida es intrascendente para el resultado del juicio y no puede producir indefensión al empresario demandado, debe estimarse manifiestamente desproporcionada a ese posible defecto formal la consecuencia radical de inadmisión de la demanda por despido y archivo de las actuaciones, con los efectos consiguientes que tal decisión implica en un proceso en que la acción ejercida está sometida a plazos breves de caducidad (S.S.T.C. 118/1987, 216/1989, 335/1994).

6.  En el presente caso, la recurrente de amparo formuló demanda sobre despido adjuntando la carta de despido y refiriendo no ser ciertos los hechos imputados en la misma. El Juzgado de lo Social mediante providencia decidió provisionalmente no admitir la demanda, al apreciar el defecto de no concretar los hechos en la versión de la demandante. Formulada reposición, la actora argumentó la inexistencia del defecto advertido, atendiendo al régimen jurídico del proceso sobre despido disciplinario, tras la Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Finalmente, el órgano judicial desestimó el recurso de reposición y decretó el archivo de las actuaciones ante el incumplimiento del requerimiento de subsanación por parte de la demandante.

Antes de concretar las consecuencias de la aplicación de la doctrina constitucional al supuesto que estamos enjuiciando, "es inexcusable, como indicaba la S.T.C. 36/1986, que este Tribunal valore la legalidad ordinaria en relación con la cual el amparo se articula" (S.T.C. 118/1987, fundamento jurídico 3.º).

7.  La demanda por despido se regula en los artículos 103 y 104 de la L.P.L., estableciendo este último precepto una relación de los requisitos que, además de los generales previstos, debe contener aquélla. Uno de los requisitos generales de la demanda es la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas [artículo 80.1 c) de la L.P.L.] Por otra parte, el artículo 105 de la L.P.L. establece que tanto en la fase de alegaciones como en la práctica de la prueba y en la fase de conclusiones, corresponde al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, corresponde al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo. Para fundamentar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido. El artículo 108.1 de la L.P.L. establece coherentemente que el despido será calificado como procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación; en caso contrario será calificado como improcedente.

En el procedimiento especial sobre despido disciplinario la comunicación escrita del despido, la carta de despido, juega pues un papel delimitador del contenido del proceso, y la carga de la prueba de la veracidad de los hechos imputados incumbe al empleador demandado, por lo que se alteran, en alguna medida, las posiciones procesales de las partes. El artículo 105.1 de la L.P.L. atribuye al empleador la iniciativa en los trámites de alegaciones, prueba y conclusiones, y a él corresponde exponer sus posiciones en primer lugar, y es el trabajador el que "contesta" al demandado. El citado precepto engarza con diversos principios constitucionales, ya que la inversión en el orden de la actuación de las partes, que novedosamente introduce la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 (mantenida con anterioridad por la jurisprudencia laboral), no sólo se ajusta al principio de igualdad procesal, sino que contribuye a que el trabajador pueda articular una defensa más adecuada. La norma, en suma, participa de la naturaleza material del haz de derechos en que se descompone el más genérico a la tutela judicial efectiva (A.T.S. 108/1992). El éxito de la pretensión del actor no dependerá tanto de la eficacia de su defensa cuanto del fracaso de las alegaciones y prueba del empleador demandado; el trabajador ocupa realmente la posición de parte demandada y, en consecuencia, puede limitarse a afirmar o negar los hechos contenidos en la carta de despido (artículo 85.2 de la L.P.L.)

Atendida la expresada configuración normativa del procedimiento sobre despido disciplinario, no puede entenderse, a diferencia de lo expresado por el Ministerio Fiscal, que la exigencia de hacer constar en la demanda de despido los hechos en la versión de la demandante, sea un medio idóneo e insustituible para la fijación del objeto del proceso, ni un presupuesto necesario para permitir el derecho de defensa de las demás partes.

Con independencia de que la omisión del relato de los hechos ocurridos según la trabajadora constituya o no un defecto de la demanda por despido, tal omisión en nada viciaría el debate de la litis. En el presente caso quedaba perfectamente delimitada a través de la carta de despido adjuntada con la demanda; además, no habría podido provocar la indefensión del empresario demandado, sobre el que recae en este procedimiento la carga de acreditar la veracidad de los hechos imputados al trabajador en la carta de despido (artículo 105 de la L.P.L.)

8.  En definitiva, entender como requisito esencial para la admisión a trámite de la demanda una relación fáctica por parte del trabajador y disponer por la sola omisión de este dato el archivo de las actuaciones no se acomoda a las exigencias que, en la interpretación de los requisitos procesales, se derivan del artículo 24.1 C.E. El órgano judicial interpretó la regla procesal en el sentido menos favorable al acceso a la justicia de la demandante, y con un rigorismo formalista que no guarda proporción con la funcionalidad y trascendencia los requisitos, de la demanda en el procedimiento especial sobre despido disciplinario. Se ha causado, por tales razones una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que nos lleva derechamente a la estimación de la demanda de amparo.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española ha decidido:

Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia:

1.º  Reconocer el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva.

2.º  Anular el auto del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid, de 26 de abril de 1996, y la providencia de 7 de noviembre de 1995, del mismo Juzgado.

3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la providencia anulada, a fin de que el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid admita la demanda y prosiga el proceso laboral conforme a Derecho.

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