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Sentencia T.S. (Sala 4) de 7 de abril de 1998


 RESUMEN:

Ejecución de sentencia. Tercería de mejor derecho. Procedencia del recurso de suplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1.  La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora es la de determinar si son recurribles en suplicación los autos que pongan fin en la instancia a los incidentes declarativos que pueden suscitarse en el ámbito del proceso de ejecución laboral con carácter general por la vía del artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, y en concreto, aquéllos en que intervienen terceros y, en especial, los resolutorios de las cuestiones tramitadas como tercerías de mejor derecho "ex" artículo 273 L.P.L., y si es dable entender que su recurribilidad en suplicación es subsumible en los supuestos tasados del artículo 189.2 L.P.L. que, reiterando el clásico esquema procesal civil, exige como presupuesto o requisito para tal tipo de impugnabilidad que "resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado".

2.  En el supuesto ahora enjuiciado, los trabajadores ejecutantes se adjudicaron en subasta una finca que cedieron a una sociedad anónima laboral, ambos ahora recurrentes en casación unificadora. Por el juzgado ejecutor, tras la cesión del remate, se dejó sin efecto el embargo trabajo y se acordó cancelar las anotaciones e inscripciones que hubieran podido realizarse con posterioridad. Los ahora recurrentes presentaron en la ejecución una demanda calificada de tercería de mejor derecho contra la ejecutada y contra quienes tenían registralmente a su favor anotaciones preventivas de embargo sobre la referida finca, con la pretensión de que se ordenara judicialmente la cancelación de las anotaciones e inscripciones anteriores que gravaban la finca adjudicada. Por el Juzgado de Instancia se dictó auto, en fecha 11 de marzo de 1996, declarando de oficio la falta de acción en los actores y argumentando que el orden jurisdiccional competente sería el civil, aunque sin efectuar declaración de incompetencia. Recurrida tal resolución en reposición, mediante auto de fecha 7 de mayo de 1996, se desestima el recurso y se confirma íntegramente la resolución impugnada.

3.  Contra este último auto interponen los demandantes incidentales recurso de suplicación, recayendo sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ/Castilla y León, sede en Burgos, fechada el día 11 de marzo de 1997 (rollo 434/1996) -ahora recurrida en casación unificadora-, en la que, de oficio, se declara la inadmisión del recurso de suplicación partiendo de que el auto impugnado, recaído en un incidente instado como de tercería de mejor derecho, no resuelve puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado en la forma exigida en el artículo 189.2 L.P.L., dado que "las cuestiones atinentes únicamente a la fase de ejecución no son materia susceptible de recurso, porque al ser de imposible contemplación en la de conocimiento y decisión del pleito, no pueden representar alteración alguna del título ejecutivo en que la sentencia firme consiste".

4.  Se selecciona por la parte recurrente, de entre las inicialmente invocadas como contradictorias, la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ/País Vasco, en fecha 7 de noviembre de 1994 (rollo 1331/1994), relativa a un supuesto en el que, al igual que en el ahora enjuiciado, se plantea, en el ámbito del proceso de ejecución, un incidente por los ejecutantes frente a la ejecutada y frente a terceros acreedores titulares de derechos inscritos o anotados en diferentes Registros de la Propiedad con la pretensión de que se declare que el crédito de los demandantes incidentales se satisfaga con preferencia a los restantes créditos de los codemandados, habiéndose admitido y resuelto en dicha sentencia el recurso de suplicación interpuesto contra el auto dictado por el juzgado ejecutor.

5.  Concurre, en consecuencia, el requisito o presupuesto de contradicción que el artículo 217 L.P.L. exige para viabilizar el recurso de casación unificadora, debiendo entrarse a conocer de la infracción legal denunciada por la parte recurrente que centra, esencialmente, en el artículo 189.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.-1.  La cuestión ahora planteada ya ha sido resuelta por esta Sala en favor de la tesis de la recurribilidad en suplicación de tales autos resolutorios de incidentes declarativos surgidos en el ámbito del proceso de ejecución, en especial a partir de su STS/IV de 24 de febrero de 1997 (recurso 1977/1996), cuya doctrina han consolidado en la materia que ahora nos afecta, entre otras, la STS/IV de 10 de abril de 1997 (recurso 1800/1995), recaída en un supuesto relativo a un incidente de tercería de dominio y subsidiaria de mejor derecho, y la STS/IV de 17 de noviembre de 1997 (Sala General, recurso 3707/1996), relativa a un incidente en ejecución de sentencia concluido por auto que decidió sobre la pretendida preferencia de los créditos ejecutados sobre cualquier otro crédito que pesara sobre los inmuebles donde los ejecutantes habían realizado sus tareas profesionales, proclamándose, en la citada sentencia dictada en Sala General, que "la Sala expresamente declara que el Auto del Juzgado es subsumible en el núm. 2 del artículo 189 L.P.L., pues decide sobre una cuestión no resuelta por la ejecutoria, cuyo contenido es, a la inversa, el de una tercería de mejor derecho, lo que viabiliza el grado de suplicación, que abre el recurso de casación para la unificación de doctrina, en términos del artículo 216 de la citada Ley".

2.  En la citada STS/IV de 24 de febrero de 1997, en la que se abordaba con carácter general esta problemática, se establecía que:

a)  "Cabe interpretar la norma contenida en el artículo 189.2 L.P.L. en el sentido de que es factible interponer recurso de suplicación contra los autos que pongan fin al procedimiento incidental cuando decidan cuestiones nuevas de carácter sustancial no decididas o contenidas en el título ejecutivo, o en la terminología legal cuando decidan puntos sustanciales no contenidos en la sentencia. Es decir, como con rigor se ha defendido doctrinalmente, cabe también el recurso de suplicación cuando el juez ejecutor afronta y resuelve una cuestión que, en cuanto no debatida ni decidida en el título, es nueva en el apremio, del que constituye una incidencia con efectos prejudiciales en sentido amplio".

b)  "En estos supuestos, no obstante, dado el contenido del auto impugnado resolutorio de un incidente declarativo que se inserta de forma instrumental en la ejecución pero que consiste materialmente en una actividad de cognición, la finalidad y motivos del recurso no pueden ser, a diferencia de lo que acontece en aplicación del principio general en el ámbito de los recursos en la ejecución, la estricta de 'aseguramiento de la inmutabilidad del contenido de la parte dispositiva del título objeto de ejecución' que comporta 'sus propios y específicos motivos de fundamentación' (STC 99/1995 de 20 de junio y STS/IV de 24 de abril de 1996 -recurso 2218/1995-), sino que cuando ostente el carácter de verdadero incidente declarativo planteado en el ámbito de la ejecución la finalidad del recurso de suplicación y sus motivos serán los comunes a tal tipo de recursos, en concreto los enumerados en el artículo 191 L.P.L.".

Tercero.-1.  La aplicación de la anterior doctrina al supuesto ahora enjuiciado, en el que se plantea la recurribilidad en suplicación del auto que pone fin a un incidente surgido en el ámbito del proceso de ejecución con intervención de terceros, obliga a declarar que dicho auto es susceptible de impugnación en suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.2 L.P.L. Puesto que el juez ejecutor -con independencia de su encaje ahora no cuestionable como tercería de mejor derecho-, al negar acción a los demandantes incidentales para instar la cancelación registral de determinadas anotaciones e inscripciones de embargo anteriores que gravaban la finca adjudicada, afronta y resuelve a través del auto referido una cuestión sustancial que afecta de manera trascendente al contenido y alcance de la adjudicación efectuada y que obviamente no pudo ser prevista en el título ejecutivo y que debe ser resuelta en el incidente adecuado en el ámbito del proceso laboral, en cuanto no debatida ni decidida en el título, es nueva en el apremio, del que constituye una incidencia con efectos prejudiciales en sentido amplio.

2.  Procede, en consecuencia, estimar en los términos expuestos el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por los demandantes incidentales, debiéndose casar y anular la sentencia impugnada pero devolviendo los autos a la Sala de suplicación para que, partiendo de la admisión del recurso de suplicación interpuesto, resuelva, en su caso, las cuestiones planteadas. Devuélvase el depósito constituido y no efectuándose imposición de costas (artículos 226.2 y 233.1 L.P.L.)


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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