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Sentencia T.S. (Sala 4) de 20 de mayo de 1998


 RESUMEN:

Pensión de viudedad. Desestimación. El causante no se hallaba en el momento del fallecimiento en alta o situación asimilada. No procede tomar en consideración la falta de carencia para iniciar una prestación cuando la misma no se esgrimió en el expediente administrativo ni en el acto de juicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Por la parte actora se interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 17 de abril de 1997, que revocando la de instancia desestimó la demanda en reclamación de pensión de viudedad denegada administrativamente por no hallarse el causante en el momento del fallecimiento en alta o en situación asimilada al alta.

Segundo.-La sentencia recurrida fundamentó su decisión en no encontrarse el causante en alta o situación asimilada al alta ininterrumpidamente sino desde el 10 de febrero de 1992, fecha en que se inscribió como demandante de empleo, pues así resultaba, del informe de su vida laboral obrante en autos, en el que constaba, que con anterioridad sólo se había inscrito como demandante de empleo el 18 de abril de 1986, situación en la que cesó el 12 de julio de dicho año, por alta en otra empresa; posteriormente hubo otras altas y bajas en el trabajo, desapareciendo del mercado laboral hasta el 12 de junio de 1990, en que se volvió a emplear por 29 días, es decir, hasta el 10 de julio de 1990, negando procediera flexionar dicho requisito por no estar probado que el trabajador causara baja involuntaria en el último trabajo, siendo sólo al mismo imputable tal estado de cosas; es más la propia actora manifestó que la antigüedad del causante como demandante de empleo data de 10 de diciembre de 1992; el causante acreditó 1.551 días de cotización al Régimen General.

Con independencia de dicha "ratio decidendi" de la sentencia también se desestimó la demanda porque, en todo caso, tampoco procedía la pensión por no acreditarse el período carencial de 500 días dentro de los cinco años anteriores al hecho causante como exigía el artículo 7. b) de la Orden de 13 de febrero de 1967.

Tercero.-Dado que la recurrente en su recurso, articulado en tres motivos, no sigue el orden que sería lógico de impugnar primero la causa principal de la desestimación de la demanda sino que plantea en el primer y segundo motivo la existencia de incongruencia interna de la sentencia al amparo del artículo 359 de la L.E.C., en relación con el artículo 97.2 de la L.P.L. e infracción de los artículo 72.1 y 142.2 de la L.P.L., que atañen al segundo razonamiento de la sentencia con valor "obiter dicta", los que incluso en el caso de ser estimados, no podían dar lugar a la estimación del recurso, de no prosperar el tercero de los motivos que impugna el pronunciamiento de la sentencia que apreció la falta del requisito de alta se hace preciso alterar el orden de estudio de dichos motivos, examinando primero el tercero, que aunque alegado en forma subsidiaria es decisivo, por afectar a la "ratio decidendi" de la sentencia.

Cuarto.-En este motivo se dice que la sentencia recurrida es contradictoria con la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de marzo de 1996. No existe dicha contradicción; la doctrina aplicada, en dicha sentencia en un supuesto de reclamación de pensión de viudedad es la misma, que la de la sentencia recurrida; la de esta Sala, contenida entre otras, en la sentencias de 23 de junio de 1995, 5 de mayo de 1971, 6 de abril de 1973, 5 de noviembre de 1977 y 12 de diciembre de 1996, esta última en unificación de doctrina, sobre la necesidad de flexibilizar la exigencia del requisito de alta o situación asimilada al alta con criterios humanos o individualizados, atendiendo a las circunstancias del caso; son estas últimas circunstancias, distintas en cada una de dichas sentencias lo que condujo a fallo distintos; así en la de contraste se valoró que el causante acreditó 3.356 días de cotización efectiva desde el 1 de octubre de 1977, cuando empezó a trabajar con 16 años a la fecha de su muerte en 1 de junio de 1993, con 31 años, figurando como demandante de empleo, desde el 20 de agosto de 1992, y que sólo desde el 10 de diciembre de 1991 a 19 de agosto de 1992, no consta inscrito como demandante de empleo, en cambio en la recurrida, el fallo distinto, se basaba en que no procedía aplicar la referenciada doctrina, porque la situación del causante sólo al mismo era imputable al no estar probado que el trabajador causará baja involuntaria en el último trabajo.

Todo lo dicho lleva a la desestimación del motivo.

Quinto.- La desestimación de dicho motivo, hace innecesario examinar los dos restantes, por lo antes dicho; ahora bien, y a mayor abundamiento, y en cuanto a la incongruencia alegada, en donde hay contradicción entre la sentencia recurrida y la alegada como contraria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dictada en 9 de abril de 1996, pues en ambos casos en relación a la falta de carencia de los 500 días cotizados dentro de los cinco años al fallecimiento del causante de la prestación, se debatió, si constituía incongruencia tomar en consideración la falta de carencia cuando la misma no fue alegada en el expediente administrativo, resolviéndolo en sentido distinto debe indicarse que la solución acertada es la de la sentencia de contraste, ya que la toma en consideración de la referida falta de carencia cuando no se esgrimió administrativamente, constituía indefensión, sin que sea de aplicación la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias de 28 de junio de 1994 y 31 de mayo de 1995, pues en estos casos la falta de carencia no invocada en expediente administrativo, si se hizo en el acto del juicio, con lo que ingreso en el proceso, pudiendo la parte oponerse a ella, no existiendo indefensión, lo que no sucede en el caso de autos en donde no concurren dichas circunstancias.

Por último el segundo motivo, en donde se denuncia una infracción procesal por la sentencia recurrida, los artículos 72.1 y 142.2 de la L.P.L. al introducir en el proceso conceptos y hechos distintos no formulados en la reclamación previa también debe desestimarse; no sólo por su conexión con la incongruencia alegada y falta de autonomía respecto del mismo, sino por falta de contradicción con la sentencia contraria dictada en 13 de septiembre de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, ya que ésta última lo que se resuelve es sobre la procedencia o no de efectuar revisiones de oficio de grado de invalidez antes de los dos años de haberse obtenido resolución administrativa declarativa de algunas de ellas, mientras que, como ya se ha relacionado, en esta se contempla un caso distinto.

Séptimo.-Todo lo dicho conduce a la desestimación del recurso, sin costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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