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Sentencia T.C. 188/98, de 28 de septiembre

 RESUMEN:

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que contradice el criterio sostenido por la Sala Cuarta del mismo Tribunal. Falta de alegación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Desigualdad en la aplicación de la ley. Inexistencia.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.-La demanda de amparo imputa a lasentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 13 de noviembre de 1996, haber vulneradoel derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley protegido por el artículo 14 C.E., toda vez quecontradice abiertamente el criterio sostenido por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (sentencias de 4 de abril de 1990, de 4 de mayo de 1990, de 17 de julio de 1993 y de 6 de octubre de 1995) y por el propio Tribunal Constitucional (STC 234/1992) en relación con el artículo 227 -actual artículo 298- de la Ley de Procedimiento Laboral.

También le imputa haber lesionado el artículo 24.1 C.E., pues la sentencia de un orden jurisdiccional que contradice y priva de lo judicialmente otorgado por otra sentencia de un orden jurisdiccional distinto, vulnera el principio de la tutela judicial efectiva. Esta infracción constitucional habría que extenderla a la sentencia dictada por la sección vigésima de la Audiencia provincial de Madrid, de 4 de diciembre de 1993, confirmada por la citada sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo impugnada en amparo, pues la misma condenaba al recurrentea satisfacer al señor R.M. la cantidad recibida deéste en concepto de los salarios de tramitación quele habían sido abonados en ejecución de la sentenciaque declaró la improcedencia del despido delactual recurrente de amparo.

Segundo.-Antes de pronunciarnos sobre el fondo del recurso es preciso examinar la causa de inadmisibilidad del mismo que opone el señor R.M. en su escrito de alegaciones, consistente en la falta de invocación formal de la vulneración de los derechos fundamentales en el proceso judicial. Alega el señor R.M. que el demandante ha incumplido el requisito exigido por el artículo 44.1.c) L.O.T.C., pues en ningún momento de los trámites procesales que concluyeron con su condena invocó ni expresa ni tácitamente una hipotética violación de derechos constitucionales.

La doctrina de este Tribunal entiende que el cumplimiento de esta exigencia no requiere la invocación concreta de un artículo de la Constitución, ni siquiera la de su "nomem iuris", pero sí que ofrezca base suficiente para que en la vía judicial pueda conocerse la vulneración aducida. De este modo, lo decisivo al momento de la invocación es la descripción fáctica e histórica de la violación del derecho fundamental, de manera que conceda a los órganos judiciales la oportunidad de reparación de la posible vulneración del derecho fundamental cometida, interpretación flexible de dicho requisito que se contiene, entre otras, en las SSTC 17/1982, 117/1983, 75/1984, 10/1986, 75/1988, 248/1993 y 69/1997. La importancia de este requisito ha sido destacada en las STC 29/1996. Concretamente en esta última sentencia se dijo lo siguiente:

"El contenido de la queja que da origen al presente procedimiento de amparo no puede ser abordado por esta Sala, pues la demanda adolece de modo insubsanable de uno de los requisitos formales que posibilitan el adecuado ejercicio de esta jurisdicción de amparo. En efecto, el examen de las actuaciones del procedimiento al que se imputa la infracción constitucional pone claramente de manifiesto que la invocación que ahora se realiza en esta sede no tuvo precedente en el proceso ordinario en el momento inmediatamente posterior al conocimiento de la violación [44.1.c) L.O.T.C.]

La transcendencia del estricto cumplimiento del requisito omitido ha sido reiteradamente acentuada por este Tribunal. La pronta y formal invocación en el proceso ordinario del derecho fundamental que se estima vulnerado hace posible su inmediata e idónea reparación, por el órgano judicial a quien se reprocha la infracción; evita la reprobación constitucional de una actuación judicial sobre cuya irregularidad no había sido advertido su agente; estratifica racionalmente la jurisdicción de amparo y, con ello, posibilita la plena subsidiariedad y "la propia funcionalidad de la jurisdicción constitucional" (STC 168/1995); y, en fin, preserva el itinerario procesal posible de la cuestión que tiene por centro un derecho fundamental y, por ello, su completo debate y análisis por las partes implicadas en el proceso, por el órgano judicial directamente afectado, y por los demás órganos judiciales con jurisdicción en el mismo. El artículo 44.1.c) LOTC no contempla, pues, como no podía ser de otro modo, un mero rito (SSTC 30/1985, 158/1995) para poner a prueba la diligencia procesal del amparable, sino que incorpora una exigencia con la que se pretende tanto "que los órganos judiciales ordinarios remedien por sí mismos la violación que ellos causen del derecho o libertad fundamental, dándole la oportunidad para que puedan argumentar dialécticamente y pronunciarse sobre la cuestión que posteriormente puede ser tratada como causa y fundamento del recurso último y subsidiario de amparo" (STC 46/1983, fundamento jurídico 4.º; ya en la STC 1/1981; también, entre otras muchas, SSTC 17/1982, 201/1987, 105/1992, 168/1995), como preservar "los derechos de la otra parte, a la que también ha de darse oportunidad en el curso del proceso judicial para que pueda argumentar dialécticamente y defenderse sobre esa presunta violación del derecho fundamental" (SSTC 77/1989, fundamento jurídico 2.º, 168/1995)."

Pues bien, conforme a la anterior doctrina y por lo que respecta a la vulneración del artículo 14 C.E. debe descartarse que la demanda de amparo incurra en el defecto insubsanable previsto en el artículo 44.1.c) LOTC, consistente en la falta de invocación formal de la vulneración de los derechos fundamentales en el proceso judicial, tan pronto, una vez conocida la violación, hubiera lugar para ello. En primer lugar, el recurrente imputa tal lesión directamente a la Sala Primera del Tribunal Supremo al apartarse la Sentencia recurrida de la doctrina seguida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por lo que la Sentencia del Tribunal Supremo sería la primera resolución que habría vulnerado el derecho fundamental ahora alegado como fundamento de amparo. En todo caso, además, como ha sido señalado por el Ministerio Público, el recurrente había ya planteado sustancialmente ante la jurisdicción ordinaria la queja suscitada ante este Tribunal, pues en el recurso de casación, concretamente en el primer motivo (y al hilo de la impugnación de la interpretación realizada por la Audiencia Provincial de Madrid del derecho a la ejecución provisional de la sentencia de despido regulado por el artículo 227 -actual artículo 298- de la Ley de Procedimiento Laboral), se alegaba la vulneración de la doctrina jurisprudencial de diversas sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, algunas de las cuales se ofrecen ahora como término de comparación, y en las que la demanda de amparo sustenta la presunta violación del artículo 14 C.E.

Tercero.-Respecto de la vulneración del artículo 24.1 C.E., en el presente, caso y como razona el señor R.M. en su escrito de oposición al recurso, falta la invocación formal de este derecho fundamental en el proceso judicial, sin que pueda entenderse cumplido, conforme a la doctrina constitucional transcrita, el requisito exigido por el artículo 44.1.c) L.O.T.C.

La primera resolución que habría vulnerado el derecho fundamental que ahora se alega sería la Sentencia dictada por la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, al tratarse, en palabras del recurrente, en su recurso de amparo, de una "sentencia de un orden jurisdiccional que contradice y priva de lo judicialmente otorgado por otro orden jurisdiccional". Siendo esto así, basta la lectura del recurso de casación formulado frente a aquella sentencia para comprobar que en él ninguna alusión se hizo a la tutela judicial efectiva, en el sentido que ahora se plantea ante este Tribunal.

La demanda de amparo, aunque en términos ciertamente escuetos, se refiere a la cuestión relativa a si la privación por una sentencia del orden jurisdiccional civil de lo obtenido conforme al orden jurisdiccional social lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial, atendiendo a la doctrina constitucional de las SSTC 234/1992 y 104/1994, en las que se ha equiparado el derecho a la ejecución provisional de las sentencias de despido al derecho a la ejecución en sus propios términos de las resoluciones judiciales, como contenido de la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 C.E.

Sin embargo, en el recurso de casación no se hizo planteamiento alguno de este tema, ni aun en los escuetos términos en que se suscita en la demanda de amparo se planteó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos que ahora se hace en el recurso de amparo. El recurrente estaba obligado a alegar [artículo 44.1.c) LOTC] la vulneración constitucional con el contenido que ahora denuncia, y al no hacerlo así, impidió al Tribunal Supremo dictar un pronunciamiento al respecto, que eventualmente hubiera permitido dar satisfacción al derecho fundamental vulnerado, y que, en todo caso, hubiera preservado realmente el carácter subsidiario del recurso de amparo.

La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en los términos ahora denunciados no se suscitó, pues, en la primera oportunidad que el recurrente tuvo para poner de manifiesto la misma, esto es, en el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, lo que impide en este momento el examen de fondo de la queja de amparo relativa a la vulneración del artículo 24.1 C.E.

Cuarto.-Excluida, pues, la vulneración del artículo 24.1 C.E., queda reducido nuestro examen a la alegada violación por la Sala Primera del Tribunal Supremo del principio de igualdad en la aplicación de la Ley.

La valoración de la efectiva existencia de tal infracción constitucional exige poner de manifiesto que, como reiteradamente ha declarado este Tribunal, no es suficiente, sin más, que exista una divergencia entre dos resoluciones judiciales para estimar que se ha producido una lesión del artículo 14 C.E. Para apreciar la existencia de una desigualdad en la aplicación de la Ley se requiere que las resoluciones que se contrastan hayan sido dictadas por el mismo órgano judicial (SSTC 134/1991, 183/1991, 245/1994, 285/1994, 104/1996), y que hayan resuelto supuestos sustancialmente iguales (SSTC 79/1985, 27/1987, 140/1992, 141/1994, 165/1995), junto con la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio. Se trata, en fin, de excluir la arbitrariedad o la inadvertencia, así como de establecer diferencias tomando en consideración no criterios generales, sino circunstancias personales o sociales de las partes que no debieran serlo (SSTC 49/1985, 120/1987, 160/1993, 192/1994, 105/1996, 96/1997, 132/1997).

Para que pueda hablarse de desigualdad en la aplicación de la ley se necesita, pues, que un mismo órgano judicial en supuestos sustancialmente iguales resuelva en sentido distinto, basándose para ello en criterios que supongan un voluntarismo selectivo a partir de argumentos "ad personam" o "ad casum", es decir no fundados en criterios de alcance general (STC 132/1997). El valor constitucional de la igualdad en la aplicación de la ley protege fundamentalmente, frente a divergencias arbitrarias de trato en resoluciones judiciales, evitando el capricho, el favoritismo, o la arbitrariedad del órgano judicial e impidiendo que no se trate a los justiciables por igual y se discrimine entre ellos. Pero ni el principio de igualdad ni su configuración como derecho subjetivo permiten asegurar un tratamiento idéntico uniforme o unificado por los distintos órganos judiciales, ya que el repetido principio ha de hacerse compatible con el principio de independencia de los mencionados órganos (STC 104/1996, por todas).

En el presente caso, como afirma el Ministerio Fiscal, no se pretende la comparación entre sentencias de un mismo órgano judicial, ya que las que se invocan como término de comparación han sido dictadas por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, mientras que la que se impugna en el recurso procede de la Sala Primera del mismo Tribunal. Son, pues, no sólo órganos judiciales distintos sino pertenecientes a diferentes órdenes jurisdiccionales.

No ha existido, por tanto, la lesión denunciada del artículo 14 C.E., porque no existe apartamiento arbitrario por un órgano judicial de su doctrina anterior aplicada a un mismo supuesto.

Fallo: En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:


Desestimar el recurso de amparo.

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