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Sentencia T.S.J. País Vasco 491/2007, de 13 de febrero


 RESUMEN:

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Cambio de horario. Comunicación confusa. Produce indefensión.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"1.º Que la demandante Dña. Maite, mayor de edad, con DNI núm. NUM000, y núm. de Seguridad Social NUM001, presta sus servicios para MOLABE, S.L., con antigüedad 12-3-1990, siendo su categoría profesional la de "Secretaria de Dirección" y su salario bruto mensual de 2.690 euros con inclusión de pagas extraordinarias.

2.º Que Dña. Maite y MOLABE, S.L. suscribieron en fecha 28-1-2002, un acuerdo denominado "MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO" con el siguiente contenido parcial:

"CLAUSULAS

Primera. El trabajador quedará sujeto, en lo relativo a la Jornada laboral, al Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Vizcaya, con código de convenio número 4801755 y suscrito con fecha 5 de marzo de 2001. Este convenio establece una Jornada Laboral de 1.756 horas anuales para el 2002, con un máximo de 40 horas semanales, de lunes a viernes.

Segunda. Se establece un período vacacional de 22 días laborables, repartidos como sigue:. 18 de marzo. 26 de julio. Del 1 al 2 de agosto, del 5 al 9 de agosto, del 12 al 14 de agosto, 16 de agosto, del 19 al 22 de agosto, del 26 al 30 de agosto.

Tercera. No obstante lo establecido, por acuerdo expreso entre el trabajador y la empresa, se establece el siguiente horario laboral, diferenciado en 2 períodos:. Jornada normal: Desde las 8:00 horas hasta las 15:30 horas.. Jornada de verano: Desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas (Del 01.07 al 31.08).

Sea adjunta calendario laboral resumen de lo expresado.

Ocasionalmente, la empresa podrá reclamar los servicios del trabajador en horario de tarde.

El establecimiento del horario laboral deberá realizarse anualmente, reservándose la empresa el derecho de reclamar al trabajador la realización efectiva de la totalidad de las horas establecidas en el Convenio de Oficinas y Despachos de Vizcaya vigente en el momento.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento."

3.º Que por MOLABE, S.L. se remitió comunicación a Dña. Maite fechada el 23-5-05, que fue recibida en dicha misma fecha, con el siguiente contenido parcial:

"Muy Sra. nuestra:

Sirva la presente como comunicación por la que a partir del próximo día 27 de junio Ud. pasará a prestar sus servicios en el centro de trabajo sito en Zamudio, en concordancia con el horario del personal que allí desempeña su actividad laboral.

Como Ud. ya sabe, el pasado día 01 de Enero de 2005 ha entrado en vigor la ley de trazabilidad, de obligada implantación en las empresas del sector alimentario, para garantizar la seguridad agroalimentaria. La trazabilidad permite conocer en todo momento los pasos seguidos en la elaboración de un producto desde su origen hasta su puesta en el mercado.

Por todo ello, a partir del día 27 de junio, Ud. se encargará de controlar la gestión de Stoks en fábrica con especial dedicación en la implantación y seguimiento de la trazabilidad de los productos comercializados, exigida por la legislación vigente."

4.º Que por MOLABE, S.L. se remitió comunicación a Dña. Maite fechada el 5-7-05, con el siguiente contenido parcial:

"Muy señora mía:

En respuesta a su solicitud de flexibilizar el horario de trabajo durante el período de julio y agosto del presente año, iniciando la jornada laboral a las 8,30 horas hasta las 15.00 horas, le manifestamos nuestro acuerdo para que pueda disfrutar de dicho horario.

Asimismo, y dado que difiere del realizado en las instalaciones de Zamudio, los viernes podrá realizar sus actividades en la oficina de Bilbao. Este horario será de aplicación durante la primera quincena de julio y la segunda quincena de agosto del 2005, dado que las otras dos quincenas (segunda de julio y primera de agosto) se corresponden con el período vacacional que había solicitado.

La aplicación de esta flexibilización de horario dará lugar al cálculo, a partir de septiembre, de las horas trabajadas hasta la fecha, de manera que al final del 2005, las horas totales por usted trabajadas, se correspondan con las reflejadas en el Convenio.

Y para que conste, firmo la presente en el lugar y fecha que se indican."

5.º Que por MOLABE, S.L. se remitió comunicación a Dña. Maite fechada el 30-8-05, con el siguiente contenido parcial:

"Estimada señora:

Habiendo finalizado el período estival, durante el cual, tanto usted como el resto de los trabajadores del centro de Zamudio, han disfrutado de un período de descanso vacacional, y dado que a partir del próximo día 5 de septiembre, todos los trabajadores estarán incorporados nuevamente a sus puestos, le notificamos que el horario de trabajo que debe de realizar, será el vigente para este año, establecido en su momento de acuerdo con dichos trabajadores, y que por tanto, el horario flexible del que ha disfrutado durante este período vacacional (propuesto por usted y aceptado por la dirección de esta empresa) queda sin vigencia.

Esperamos que la incorporación de todos los trabajadores a su puesto de trabajo, y la unificación de horarios le permitan desarrollar sus funciones con mayor facilidad."

6.º Que en escrito emanado de MOLABE, S.L., fechado el 5-9-05, se recoge el siguiente contenido parcial:

"El horario de trabajo de Molabe, S.A. en el centro de Zamudio para el año 2005 es el siguiente:

Jornada completa:

De lunes a jueves: Horario de 8 a 13 horas y de 14 a 17,55 horas.

Media jornada:

Los viernes o último día laborable de la semana: Horario de 8 a 13,45 horas."

Que no consta que el anterior horario se implantara en dicha fecha, de modo que fuera distinto al existente en dicho centro de trabajo el 27-6-05.

7.º Que se dio cumplimiento por parte de MOLABE, S.L. a las formalidades legales previstas por el art. 41.3 pfo. 1.º del E.T. en cuanto a las modificaciones habidas, respecto de Dña. Maite de horario de trabajo habido a partir del 27-6-05.

Que por el delegado sindical, Sr. Duque, se ha reconocido en el acto de juicio que se le comunicó por parte de MOLABE, S.L. el cambio de Dña. Maite a tal centro y su acomodación al horario allí existente.

Que el cambio de centro de trabajo de que fue objeto Dña. Maite, de una localidad a otra, no exige un cambio de residencia de ésta.

8.º La papeleta de conciliación se presentó el 14-9-05 por Dña. Maite frente a MOLABE, S.L., en la Sección de Conciliación de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En fecha 26-9-05 se celebró el acto de conciliación con resultado de sin avenencia."

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que desestimando la demanda formulada por Dña. Maite contra MOLABE, S.L., debo absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos formulados de contrario."

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El juzgado de lo Social núm. 3 de los de Bilbao dictó sentencia en la que desestimó la demanda interpuesta por la trabajadora, por entender que la comunicación de cambio de horario que se le remitió el 5-9-05, era realmente la plasmación del cambio que se había realizado el 27-6-05, y que se había ajustado a los parámetros del art. 41 ET. De aquí se deriva el rechazo de la excepción de caducidad y se confirma la medida empresarial, precisándose que el cambio geográfico no supone una movilidad, pues no hay cambio de residencia, y tampoco se aprecia una mala fe o abuso de derecho en la empresa. Para obtener la conclusión relativa a que se ajustó la empresa en el cambio de junio del 2005 a los requisitos del art. 41,3 ET, se señala que el delegado de personal tuvo conocimiento de la comunicación previa de 23-5-05 que se remitió a la trabajadora.

Segundo.-Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, y lo hace en tres motivos, dedicando el primero de ellos a la modificación del relato de los hechos, intentando un nuevo añadido.

Para que prospere una revisión de los hechos no sólo es necesario que la parte instrumentalice el motivo por medio de prueba idónea: documental o pericial (art. 191 LPL); sino que se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditanto error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquélla que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte, que, lógicamente, representa un interés sectario, en uso de su legítimo derecho de defensa. Así, es el juzgador quien encarna la facultad soberana de interpretar los hechos desde la probanza llevada a cabo por las partes, que se plasma en el relato de hechos que se consigna. Sus deducciones es quien recurre el que debe impugnarlas de forma eficaz y veraz, sin dejar lugar a la duda o al cuestionamiento, ya que ante ella es primada la labor del juzgador de instancia; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea transcendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

Desde la anterior perspectiva, dos diversas circunstancias conducen a rechazar el motivo. En primer término, se trata de hechos negativos que no acceden a la resultancia fáctica (TS 15-7-05); y, en segundo lugar la revisión es innecesaria, careciendo de transcendencia (TS 25-4-05). En efecto, ha indicado el mismo TS que las normas aplicables para el recurso de casación lo son para el de suplicación (TS 4-7-06), y el pretender que el pacto del 2002 sea respetado entre las partes, pues no ha habido ningún cambio del mismo, no es cuestionado, y de lo que se trata es de determinar si el nuevo horario plasmado en el escrito de 5-9-05 supone una modificación sustancial, ajustable al art. 41 ET, o es una ratificación de aquel cambio operado previamente.

Por tanto, en nada afecta la permanencia de los horarios pactados en 2002 respecto al nuevo cambio ofertado.

Dicho ello, los dos siguientes motivos, segundo y tercero, articulados por la vía del apdo. c) del art. 191 LPL, buscan la cuestión jurídica. Siguiendo el orden de los mismos, en aquel se intenta denunciar la indebida aplicación de los art. 1256 y 1258 del Código Civil. El argumento base de tal petición es que ha existido un pacto suscrito en 2002 entre la empresa y la trabajadora que ha sido unilateralmente modificado por la empresa.

Aunque el relato de los hechos que hemos transcrito es suficiente para dar conocimiento de lo acontecido, en síntesis podemos señalar que la trabajadora, que presta servicios desde 1990 como secretaria de dirección, suscribió el 28-1-02 un documento denominado de "modificación de condiciones de trabajo", por el que quedó sujeta al Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Bizkaia, fijándose un período vacacional y, cláusula tercera, una jornada normal, de 8 a 15:30 horas y otra de verando de 8 a 14:30 horas. El 23-5-05 se le remitió carta, folio 35, en la que se le comunicaba que a partir del 27-6-05 pasaba a desempeñar servicio en el centro de trabajo sito en Zamudio, en concordancia con el horario del personal que allí desempeñaba su actividad. El 5-7-05 la empresa reitera comunicación en la que le indica que accede a flexibilizar su horario durante el período de julio y agosto, según la petición que se le había realizado por la actora, y el 30-8-05 se le vuelve a comunicar que habiendo finalizado el período estival, a partir del 5 de septiembre el horario que debía realizar era el vigente para ese año en el centro de Zamudio. Por último, en nueva carta de 5-9-05 expresamente se le señala que el horario de trabajo en el centro de Zamudio es en jornada completa de lunes a jueves de 8 a 13.00 horas y de 14 a 17:55 horas, y en media jornada los viernes o último día laborable de la semana de 8 a 13:45 horas.

La empresa en la impugnación del recurso alega caducidad y la irrecurribilidad de la sentencia, pero estos extremos los hemos de analizar más detenidamente en el motivo tercero, ciñéndonos por el momento al segundo según las infracciones que hemos denunciado. Y este motivo debe rechazarse. En efecto, el contrato de trabajo implica una red de prestaciones que obligan a cada uno de los contratantes a la realización de las obligaciones pactadas, de acuerdo a la buena fe y a los propios actos (TS 21-9-05). Todo contrato de trabajo debe ceñirse a los criterios del art. 1258 del Código Civil, y básicamente a la buena fe y cumplimiento de lo pactado (TS 31-5-06). No puede dejarse, y en ello acierta el recurrente cuando lo señala, el contrato de trabajo a la arbitrariedad de una de las partes, pues ello conculca el art. 1256 del Código Civil, obviando el carácter recíproco que toda contratación lleva consigo.

Ahora bien, la veracidad de los argumentos del recurrente, no implican la estimación del recurso en este motivo. Ello es así por cuanto que el núcleo del proceso deriva en establecer si ha existido una modificación de las condiciones de trabajo, y si la misma se ajusta a los parámetros del art. 41 ET. Si tal modificación ha operado, es posible cambiar las circunstancias pactadas en 2002; si, por el contrario, no se ha ofertado un cambio idóneo, deberá restablecerse el compromiso suscrito entre las partes, y, efectivamente, la empresa, unilateralmente, habrá variado lo suscrito, con infracción del art. 1091 del Código Civil, y las circunstancias que convinieron en las cláusulas específicas del contrato. En consecuencia, lo definitivo va a ser si ha existido una modificación que se ajusta a los parámetros legales, y o bien la misma ha supuesto una actuación contraria al art. 41 ET, lo que nos lleva a examinar el motivo tercero en el que, precisamente, se alega la infracción del art. 41 ET desde diversos campos. Se precisa que la comunicación de mayo de 2005 no se articuló. Por la vía del art. 41 ET, y no suponía un cambio definitivo que pudiera determinar la variación del horario de la trabajadora.

De acuerdo al art. 41 ya citado nos encontramos, y nadie lo niega, en una situación de variación sustancial de las condiciones de trabajo pues se está afectando el horario de manera directa, número 1, b) del citado art. La sentencia recurrida entiende que el comunicado de 23-5-05 supone una actuación conforme al número 3 del art. 41 ET, al igual que la empresa. Partamos, por tanto, de la existencia de una modificación, y a partir de aquí veamos si se ajusta a los límites de procedimiento, ya que el ius variandi del empresario (art. 39 ET), viene limitado por el umbral del art. 41 ET (TS 5-7-06), siendo que para que pueda operar la variación del horario de la actora, le es exigible al empleador el cumplimiento de esos trámites formales que determinan la modificación.

De todas maneras, es ya el momento de precisar que la excepción de caducidad interpuesta de posible alegación aunque sea en trámite de impugnación (TS 21-9-05 respecto a la prescripción), debe ser rechazada, y ello porque se ha articulado un procedimiento ordinario, en orden a la impugnación de una comunicación que, a todas luces se dislumbra que no se ajusta a los parámetros del art. 41 ET, con independencia de que pueda tener su base en otro expediente que sí que se ajustó, y por ello, según criterio consolidado del TS (por todas las sentencias del TC 19-7-04, y TS 27-5-04 y 18-6-01), cuando existe una articulación del proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, la parte no está limitada por el plazo de caducidad, ni tampoco el procedimiento debe ser el especial de tal circunstancia del art. 138 LPL, de donde se desprenden dos consecuencias: primero, ya lo hemos dicho, el rechazo de la excepción de caducidad, y, en segundo término, la posible vía de recurso de suplicación, y ello con independencia de la afectación que la plasmación de la comunicación tiene respecto al cambio ya ofertado en mayo del 2005.

Todo lo dicho nos ha conducido, precisamente, a la posible legalidad del cambio, que para el Juzgado de lo Social se acomoda a lo establecido en el núm. 3 del art. 41 ET, ya que se comunicó el cambio con 30 días de antelación y tuvo conocimiento del mismo el delegado de personal.

Conforme al art. 41,3 ET, la condición de trabajo individual debe ser modificada mediante la notificación al trabajador afectado y a sus representantes legales, con una antelación de al menos 30 días a la fecha de su efectividad. Estos dos requisitos se han cumplido, y, desde esta perspectiva meramente formal la sentencia es confirmable. Ahora bien, para que una modificación sustancial de condiciones de trabajo se pueda ajustar al art. 41 ET, y de conformidad a lo que señala el TS en sus sentencias de 6-3-01 y 10-4-00, solo la decisión patronal puede ser considerada modificativa a efectos procesales y sustantivos, en la medida en que pueda ser reconocible o identificada como tal, por haberse adoptado cumpliendo las exigencias del art. 41 ET. En otro caso, podrá el empleador incurrir en un incumplimiento contractual, injustificado a la luz del procedimiento que se le exigía. Y, concretando todavía más lo dicho, la sentencia de 10-4-00 que hemos precisado señala que la modificación individual requiere la notificación de la medida a los trabajadores y sus representantes, y que cuando sea reconocida e identificada como tal, operará de acuerdo al art. 41 ET por cumplir sus exigencias.

Y ello nos conduce directamente a lo que consideramos es el núcleo principal de la cuestión, que no es otro que la identificación de la comunicación de mayo del 2005, a los efectos de poder encuadrarla dentro de una indudable voluntad modificativa, consecuencia del procedimiento del art. 41 ET. Y al llevar a cabo este paso el mismo no obtiene el resultado positivo que le era exigible a la empresa.

En efecto, la comunicación de 23-5-05 aunque a posteriori pueda apreciarse que tenía el plazo de 30 días y que fue comunicada al trabajador representante de sus compañeros, en la misma no puede establecerse que supusiese un intento de llevar a cabo por el cauce legalizado la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Si lo analizamos detenidamente se está comunicando un cambio tanto de centro como de horario, pues la trabajadora deberá ajustarse al nuevo horario, se señala que la nueva Ley de Trazabilidad obliga a la implantación en las empresas del sector alimentario de la seguridad agroalimentaria, y que a partir del 27-6-05 la actora se encargará de la gestión de stoks en fábrica con especial dedicación a la implantación y seguimiento de la trazabilidad de los productos comercializados exigidas por la legislación vigente. Al realizarse la diligencia de entrega incluso se añadía, en orden a la recepción, "tanto de la carga como del importe de la indemnización". Ni se argumentaba la causa, y ello era obligado (económica, técnica, organizativa), ni tampoco parece precisarse que fuese algo definitivo, pues se alude a implantación y seguimiento; y, de otro lado, no existe una definición específica de términos ni de intencionalidad empresarial a los efectos de posible movimiento de defensa o actuación por parte de la trabajadora.

Por ello, creemos que esa carta producía indefensión si trata de hacerla valer la empresa como un operativo del art. 41 ET, pues no se deduce sin lugar a dudas, y desde una perspectiva a favor de la parte débil del contrato, ese carácter indubitado. No olvidemos que conforme a reiterada doctrina (TS 10-5-06), el derecho del trabajo tiene una finalidad protectora y tuitiva de la parte más débil de la relación laboral que es el trabajador, y que en modo alguno el derecho y la tutela judicial efectiva puede considerarse "cepo para los no prevenidos" (TS 23-1-06). De aquí el que derivemos que el conocimiento que tuvo la actora del cambio, no fue dentro de los parámetros específicos de oposición que podían esgrimirse de una modificación sustancial, y de aquí, consecuencia lógica, el que pueda existir una revisión de aquel cambio ofertado, y de las plasmaciones posteriores. Así, el cambio de 5-9-05, que enlaza con el de 27-6-05, debió ajustarse a esos parámetros de modificación fundada que determinase una posibilidad de examinar los motivos y justificaciones, con carácter etéreos, vagos e indefinidos alegados por la empresa, y que no llevaron consigo un conocimiento por parte de la trabajadora de la modificación ofertada con carácter definitivo, que variaba el sistema acordado el 28-1-02.

Por todo lo anterior hemos de revocar la sentencia recurrida y estimar el recurso si bien respecto al cambio horario, pues en el mismo se indica que no existe contradicción en orden a la movilidad de centro. En cuanto a tal extremo veamos que no se ha recurrido, y la argumentación de la sentencia recurrida versa en orden a la diferenciación entre movilidad, desplazamiento y facultad de variación conforme al art. 39 ET. Recordemos que el TS (sentencias de 19-12-02, 16-4-03), diferencia entre la denominada movilidad geográfica débil, que no implica cambio de domicilio, y se encuadra dentro del poder de dirección y aquella otra que requiere cambio de acuerdo al art. 40 ET. Nos recuerda también el TS, sentencia de 26-4-06, que la variación del centro de trabajo no es una modificación sustancial si es escasa (hasta 14,5 kilómetros se aludía en dicha resolución). Pues bien, conforme a estos criterios, y en orden al asentimiento que existe, por falta de impugnación, de estos argumentos, deberemos de modular la estimación del presente recurso, que en modo alguno puede implicar la imposición de costas, no solo por el carácter con que litiga la recurrente sino por esa misma estimación.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general aplicación

FALLAMOS

Se estima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Bilbao de 23-5-06, procedimiento 695/2006, por don Julio M. García Llopis, abogado que actúa en nombre y representación de doña Maite, y con revocación de la misma, se estima la demanda interpuesta por la recurrente, declarándose injustificada la modificación de condiciones de trabajo operada respecto a su cambio horario en la comunicación de 5-9-05, e igualmente la de 27-6-05, condenando a la empresa Molabe, S.A., a estar y pasar por la anterior declaración, y a reponer a la actora en las circunstancias anteriores al cambio, sin pronunciamiento sobre costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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