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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 25 de enero de 1999


 RESUMEN:

Recurso de revisión. Desestimación. Absolución en la vía penal. No acredita en este caso la inexistencia del hecho o la no participación del sujeto en el mismo. Tal absolución fue debida a la falta de prueba concluyente. Independencia de uno y otro orden jurisdiccional en orden a la valoración de la prueba. Caducidad. Desestimación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1.  En el artículo 1798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece un plazo de tres meses para interponer el recurso de revisión "contados desde el día en que se descubrieren los documentos nuevos o el fraude, o desde el día del reconocimiento o declaración de la falsedad", habiéndose declarado jurisprudencialmente que se trata de un plazo de caducidad, que "incumbe al recurrente no sólo indicar que lo ha interpuesto oportunamente, sino fijar con claridad el 'dies a quo' y acreditar su certeza con prueba concluyente"(SSTS/IV 8 de junio de 1998 -recurso 1813/1995, 15 de junio de 1998--recurso 3239/1996, 9 de julio de 1998--recurso 3385/1995, 21 de julio de 1998--recurso 4106/1995, 8 de diciembre de 1998--recurso 208/1997-) y que "dada la naturaleza del referido plazo y el carácter excepcional de este recurso, la determinación del momento en que se descubre el fraude, como día inicial para el cómputo del plazo, no puede quedar al arbitrio de una de las partes" (entre otras, SSTS/IV 22 de septiembre de 1997 -recurso 4666/1996, 6 de octubre de 1997--recurso 2597/1996, 13 de febrero de 1998--recurso 3231/1996-).

2.  En el supuesto ahora enjuiciado, en la impugnación del recurso alega la empresa la excepción de caducidad. Dicha excepción debe ser desestimada. De lo actuado se desprende que la sentencia penal invocada por el trabajador recurrente fue dictada en fecha 4 de noviembre de 1997, y aunque de la misma hubiera tenido conocimiento el día 26 de noviembre de 1997, fecha en que fue emitida la certificación por él aportada, o como, más tarde el 10 de diciembre de 1997, fecha en la que se presenta un escrito con copia de la referida resolución penal ante la Sala del lo Social del TSJ/Comunidad Valenciana, resulta que si bien la sentencia de suplicación que ahora se combate fue dictada el día 25 de noviembre de 1997, con anterioridad a la citada aportación de la certificación penal, la misma no fue notificada a las partes hasta el día 12 de diciembre de 1997, por lo que sólo hasta diez días después no habría adquirido firmeza, una vez transcurrido el plazo para interponer recurso de casación unificadora (artículo 218 de la LPL), por lo que sólo a partir de la firmeza de la referida sentencia laboral podía interponerse el extraordinario recurso de revisión contra sentencias firmes, y en consecuencia, al haberse interpuesto ante el Registro General de este Tribunal Supremo en fecha 17 de marzo de 1998, el recurso fue presentado en plazo.

Segundo.-1.  El trabajador -hoy actor en el proceso de revisión- fue despedido por la empresa -hoy demandada- quien imputó a aquél, como causa justificativa del despido, la sustracción de 965 litros de aceite de oliva del almacén de la empresa. La pretensión del trabajador en reclamación sobre el despido fue desestimada por la sentencia del TSJ/Comunidad Valenciana de fecha 25 de noviembre de 1997 (rollo 3668/96) -confirmatoria de la pronunciada en instancia- de fecha 18 de marzo de 1996.

2.  Coetáneamente al proceso laboral, se siguieron, en virtud de denuncia de la empleadora, frente al trabajador, diligencias penales sobre los mismos hechos de sustracción de aceite. Abierto el juicio oral, el Ministerio Fiscal calificó los hechos imputados al ahora recurrente como constitutivos de un delito hurto. La sentencia del Juzgado de lo Penal, núm. 3 de Alicante, en cuanto ahora interesa, absolvió al trabajador despedido. El Juzgador, tras analizar la prueba practicada, de la que deducía, entre otros extremos, que al menos otras cuatro personas disponían de la llave del almacén y que existía un enfrentamiento con el principal testigo de cargo, concluye que "es indudable que de todo ello surgen dudas razonables respecto de la real implicación de este último en los hechos, por lo que en aplicación del principio jurisprudencial 'in dubio por reo' debe dictarse una resolución absolutoria en su favor"; sentencia que no consta recurrida en apelación por ninguna de las partes.

3.  Aunque en su escrito de recurso de revisión el trabajador no hace referencia la concreta causa de rescisión que invoca, de sus alegaciones cabe entender, con flexibilidad en la interpretación de los requisitos procesales, que pretende ampararse en el singular motivo contenido en el artículo 86.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que se establece que "si cualquier otra cuestión prejudicial penal -distinta de la falsedad documenta- diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía del recurso de revisión regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

4.  Como es reiterada jurisprudencia de esta Sala en interpretación del precepto referido, reflejada, entre otras, en la STS/IV 13 de febrero de 1998 (recurso 3231/1996), los presupuestos para que la sentencia dictada en el proceso penal resolviendo la cuestión prejudicial de tal naturaleza, actúe como motivo de revisión de la sentencia laboral, son que la sentencia absolutoria penal sea debida a "inexistencia de hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo", lo que no acontece en el presente caso, en que la absolución no viene determinada por estas causas, sino por inexistencia de prueba suficiente sobre los hechos imputados que generan una absolución penal por aplicación, en suma, del principio de presunción de inocencia.

5.  Por ello, como se razona en la citada STS/IV 13 de febrero de 1998, "la valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado- en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 97.2 de la LPL en orden a la valoración de la prueba- el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido" y que "este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en orden a la valoración de la prueba- con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo -entre otras, sentencias de 15 de junio de 1992, y 20 de junio de 1994-, y ello, en cuanto -sentencias del Tribunal Constitucional 24/1983 de 23 de febrero, 36/1985 de 8 de marzo y 62/1984 de 2 de mayo- 'la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta'. Tampoco existe violación del principio de presunción de inocencia, dado que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, rectificando su inicial jurisprudencia -entre otras, STC 18 de marzo de 1992-la presunción de inocencia es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal, y ello porque 'de un lado, el despido no es más que una resolución contractual, y por tanto no conlleva la aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración por los Tribunales Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente'".

6.  En definitiva, no es dable aplicar en el presente caso el motivo específico de revisión ex artículo 86.3 de la LPL, pues el Juez penal no excluyó la existencia del hecho, ni la participación en el mismo del inculpado, sino que fue la falta de prueba concluyente, la que condujo al órgano penal -por aplicación, sin duda, del derecho a la presunción de inocencia-, a la absolución del hoy recurrente en revisión. Procede, por lo expuesto, declarar la improcedencia del presente recurso de revisión, sin hacer expresa declaración sobre costas procesales.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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