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Sentencia T.S.J. Valencia 824/2007, de 22 de febrero


 RESUMEN:

Extinción del contrato. Voluntad del trabajador. Incumplimiento empresarial. Vacío de funciones y falta de ocupación y falta de consideración debida al trabajador. Indemnización. Cláusula del blindaje. "Despido improcedente": incumplimientos equivalentes al despido improcedente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida de fecha 31 de julio de 2006, dice en su parte dispositiva: "Fallo: "Que estimando como estimo parcialmente la demanda de D. Augusto contra la empresa Iniciativas Plástica, SL, sobre extinción del contrato de trabajo, debo declarar y declaro el derecho del actor D. Augusto a la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento empresarial con efectos desde la fecha de la presente resolución, condenando a la empresa demandada Iniciativas Plásticas, SL, a estar y pasar por dicha declaración así como a abonar al actor una indemnización de 137.803,05 euros.".

Segundo.-Que en la citada sentencia y como Hechos probados se declaran los siguientes: "Primero. El actor D. Augusto, con DNI n.º ..., trabaja para la empresa demandada Iniciativas Plásticas, SL, desde el día 3 de febrero de 1986, con la categoría de Director Administrativo Financiero y una remuneración anual con prorrata de pagas extras pactada de 53.941,68 euros, equivalente a 4.495,14 euros al mes, si bien en nómina sólo figuraban 3.586,00 euros (Folios 35 a 44, 48, 300 y 450). Segundo. En fecha 5 de marzo de 2003, la empresa demandada suscribió, siendo administrador el hermano del actor, con el demandante un pacto escrito en el que figuran los siguientes acuerdos: "1. Que el salario del Sr. Augusto será para el presente año 2003 de 39.267,00 euros brutos divididos por catorce mensualidades y media. 2. Que para el año 2004 el salario del Sr. Augusto será de 50.000,00euros brutos pagados igualmente en catorce mensualidades y media. 3. Que para los sucesivos años el citado salario de 50.000,00euros brutos se incrementará al menos con el incremento del IPC. La base del aumento será el salario que hubiese percibido en el año anterior a aquel en que se vaya a producir el aumento. 4. Que el citado salario bruto se compone de los conceptos previstos en el convenio y en lo que exceda del mismo por un complemento que se denominará "complemento pactado" en el cual tendrá el mismo aumento que las demás percepciones.". (Folio 48). Tercero. La empresa demandada se dedica a la actividad de transformación de plásticos, rigiéndose por el Convenio Colectivo Provincial de las Industrias transformadoras de plásticos y sus trabajadores, cuyo artículo 21 establece que: "Las categorías que impliquen funciones de dirección o confianza será de libre designación por parte de la empresa. A título de ejemplo se consideran incluidas las categorías de Director Técnico, Subdirector Técnico, Técnico Jefe y Director Comercial, Técnico Superior, Técnico, Jefe de 1.ª Administrativo, Jefe de Ventas, Inspector de Venta, Jefe de Organización, Jefe de Compras, Jefe de 2.ª Administrativo, Ayudante Técnico de Organización, Encargado, Capataz, Encargado de Actividades Complementarias y Guarda Jurado". (Folios 49, 71 a 97 y 303). Cuarto. La relación laboral del actor con la empresa demanda se inició en virtud de un contrato de trabajo para la formación con la categoría profesional de aprendiz, pasando el actor del grupo de personal no cualificado al de administrativos en fecha 1 de febrero de 1989, desde 1 de enero de 1999 pasó al grupo de Jefes Administrativos y desde 1 de julio de 1999 como Director Financiero pasó al grupo de ingenieros y licenciados. (Folios 45 a 47 y 444 a 446). Quinto. En fecha 27 de marzo de 2006 la empresa demandada requirió al actor para que acreditara la condición de licenciado en Económicas o Empresariales o Diplomado en Ciencias Empresariales y de los estudios o cursos de perfeccionamiento realizados, contestando el actor por carta de 30 de marzo de 2006 que carecía de dichos estudios, como le constaba a la empresa, siendo una categoría profesional la de Director Financiero que venía desempeñando desde hace más de siete años sin recibir queja alguna, considerando que se trataba de la respuesta a la demanda de rescisión presentada por el actor. (Folio 56 a 65, 304 y 305). Sexto. En fecha 18 e noviembre de 2002, la empresa demandada, a través de su administrador solidario D. Sergio, suscribió sendos pactos adicionales de la relación laboral existente con el actor y con el trabajador D. Juan Antonio, del siguiente tenor literal: "Primero: En el caso de despido del trabajador declarado improcedente y que la empresa no optase por la readmisión del mismo, la indemnización total que se le fija es de ciento ochenta días por año de servicio, computado a partir de la fecha de antigüedad reconocida en este contrato, hasta un máximo de ciento sesenta y ocho mensualidades; es decir que se complementaría la indemnización determinada en sentencia, con la cantidad necesaria para alcanzar el total que resulta de la fórmula de cálculo ahora pactada, estando sujeto la cantidad que exceda de la indemnización obligatoria a los impuestos y cotizaciones que corresponda a cada parte. Segundo: Que en el supuesto de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de fuera mayor y objetivas, comunicada por la empresa al trabajador con carácter individual o colectivo, la indemnización que deberá satisfacer la empresa será la resultante de multiplicar por cuatro la fijada en la normativa laboral que las regule. La cantidad que exceda a la indemnización obligatoria estará sujeta a los impuestos y cotizaciones que corresponda a cada parte. Tercero: La empresa, en caso de cambio de titularidad, cesión del centro de trabajo o de una unidad productiva, que afecte a la relación laboral con el trabajador, comunicará al nuevo empresario los acuerdos ahora pactados, que reconocerá su existencia y subrogación en el cumplimiento de las indemnizaciones, comunicándoselo cedente y cesionario fehacientemente al trabajador". (Folio 5, 51 y 52). Séptimo. De una parte D. Germán, D.ª Araceli y D. Simón, esposa e hijo y de otra parte D. Sergio, D.ª María Dolores y D.ª Isabel, esposa e hija, son los únicos propietarios de todas las participaciones sociales de la mercantil Sergio y Constantino Torres, SL, que a su vez es titular del 100% de las participaciones de la mercantil Iniciativas del Reciclado, SL, que a su vez es titular de todo el capital social de la empresa demanda. D. Sergio ostenta 680.323 participaciones sociales, D.ª Isabel ostenta 642.257 participaciones, D. Germán y D.ª Araceli ostenta 1.322.580 participaciones, D.ª María Dolores ostenta 1.00 participaciones y D. Simón ostenta otras 1.000 participaciones. (Folio 190). Octavo. Como consecuencia de unas largas negociaciones, en las que por parte de D. Sergio, Hermano del actor, se llegó privar a D. Germán del acceso a los Bancos (folio 291) a iniciadas formalmente el 17 de febrero de 2005, en fecha 23 de mayo de 2005, D. Sergio y D.ª María Dolores procedieron a vender sus participaciones sociales a la propia sociedad Sergio y Constantino Torres, SL, representada por D. Germán, que de esta forma se adjudica, junto con su esposa e hijo, la totalidad de las participaciones sociales (lote 2), recibiendo a cambio D. Sergio y su esposa e hija, una nave industrial en un solar de Araceli, dos solares industriales y 2.404.048 euros (folios 190 a 235 y 436 a 443). Noveno. En fecha 24 de mayo de 2005 se remitió por la empresa al actor la notificación del cambio de administradores, pasando a detentar dichos cargos D. Germán y D.ª Araceli, indicándole que continuará en las funciones de Director Administrativo Financiero y que se le requiere en presencia del Sr. Juan Alberto para que haga una descripción de las funciones desarrolladas por el actor en su puesto de trabajo (folios 301 y 448). Décimo. Las tareas que el actor contesta el mismo día 24 de mayo de 2005 a la nueva Administración de la empresa que realiza como director financiero son: controlar y dirigir el departamento de administración; riesgos de clientes; autorización y firma de pedidos; solicitud de clasificaciones; autorización de pagos de facturas; negociación con las entidades financieras; negociación con los seguros industriales; negociación de los seguros comerciales y de caución y de crédito; control de riesgos bancarios; asignación de pagarés; balances; preparar los cierres contables; preparar cierres fiscales; elaborar ratios económicos y financieros; revisar los cruces de información contable con las patrimoniales; llevas y contabilizar. Reciclado y revisar la patrimonial; planificar las inversiones desde el punto de vista financiero; controlar, revisar y preparar impuestos; BE central de balances; INE. El actor realizaba dichas funciones como se desprende de la documental aportada por la empresa y e la testifical practicada en la instancia (folios 53 a 55). Undécimo. El actor está de baja por incapacidad laboral desde el día 5 de septiembre de 2005 con el diagnóstico de esta depresivo ansioso, íntimamente relacionado con una situación de conflicto laboral, en el que el paciente se siente acosado psicológicamente y que en la actualidad le mantiene la baja laboral ante la imposibilidad psíquica de reincorporarse a su trabajo, según resulta de la pericial médica practicada en la instancias y de los informes médicos obrantes en autos (folios 98 a 189 y 236 a 262). Duodécimo. El demandante disponía de un despacho propio separado de los demás administrativos (dos) por una cristalera instalada sobre un murete. Tras el cambio de administradores se retiró dicha cristalera y murete, situando en su lugar unos archivadores y una mampara. Se han cambiado las claves y contraseñas de los ordenadores, sin que se le hayan facilitado al actor, que antes disponía de ellas y cuando se le estropeó el ordenador no le fue reparado hasta que volvió de vacaciones el Sr. Juan Antonio. El actor dispone de vehículo de la empresa y de tarjeta para reposición de combustible, pero cuando caducó la misma, la nueva tarjeta no fue renegociada inmediatamente, no disponiéndose de la nueva hasta que el actor ya estuvo de baja por incapacidad temporal. La nueva administración recomendó a los demás administrativos que no hablaran con el actor (testifical y folios 235 y 302). Decimotercero. Tras el cambio de administradores se ha producido una reestructuración en la empresa que ha supuesto varios despidos (5 o 6) y ha ocasionado algunas situaciones de baja por depresión. Cuando se despidió a una de las administrativas del departamento de logística, la nueva contratación no le fue presentada al actor. Cabe destacar la baja del D. Juan Antonio el día 18 de mayo de 2006 con un pacto con la empresa y la de D. Juan Alberto en enero de 2006. D. Juan Antonio era el Director de Calidad y Director Técnico y D. Juan Alberto era oficial de 1.º administrativo y entre sus funciones estaba presentar al actor todos los lunes el informe del estado de la tesorería, así como presentar un informe quincenal de los tipos de descuentos y de la morosidad, así como un informe mensual de los cuadres de bancos, así como llevar la contabilidad, según carta del actor de fecha 26 de abril de 2004. Con el cambio de contabilidad, según carta del actor de fecha 26 de abril de 2004. Con el cambio de administración le ascendieron y pasaba a asumir parte e las funciones que había el actor (pedidos, facturas) y le informaron que el nuevo Director Financiero era el Sr. Germán asumiendo éste y otra administrativa parte de las funciones del actor. (Folio 264 y testifical). Decimocuarto. El actor desde el cambio de administración, ve sustancialmente reducida su actividad llevando el control de pedidos sólo hasta finales de julio de 2006 (folios 236 a 262), no constando que con posterioridad realice estudios de solvencia siendo el último conocido de fecha 16 de junio de 2005 (folios 263); ni recibe los informes de seguros, siendo los últimos de junio de 2005 (folio 265); no controla facturación, siendo la última aportada por la empresa de julio de 2005 (folios 306 a 378); consta que sólo hasta julio de 2006 el actor pidió informes a bancos y recibió históricos de los bancos (folios 379 a 390); dejó de realizar informes financieros contables siendo el ultimo de junio de 2005 (folio 391); no controla los listados de clasificación de clientes de MAFRE, siendo el último de agosto de 2005 (folio 392); deja de realizar las autorizaciones de pagos, siendo la última conocida de junio de 2005 (folios 393 a 407), así como de llevar el control de la deuda y la gestión de impuestos; incluido el IVA, siendo los últimos aportados por la empresa de junio y julio de 2005 (folios 408 a 434). El actor pidió a la nueva dirección de la empresa repetidas veces que se le diera más actividad, ya que le residua que le quedaba de control de pedidos sólo le llevaba una o dos horas diarias, sin recibir respuesta de la empresa (confesión y testifical). Decimoquinto. Según se desprende del informe de detectives aportado por la empresa, el actor acude casi diariamente a un negocio de telefonía móvil sito en Cullera, plaza de la Libertad núm. 17, explotado por la mercantil Orellana & Martínez Telecom, SL, la cual consta que fue constituida pro la esposa del actora, D.ª Margarita, el día 2 de noviembre de 2005, costando ella como administradora única. Al acto se le hizo un seguimiento los días, 29 de marzo de 2006 y 3 a 7 de abril de 2006, inclusive ambos, en el que se le ve conducir un coche, hablar con un móvil por la calle, pasear con papeles por la calle o sacar cajas de la mercantil gestionada por su esposa y subir o bajar las persianas metálicas de acceso a la misma. (Folios 288 y 289). Decimosexto. La demanda de conciliación se presentó en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación el día 15 de marzo de 2006, celebrándose le intento conciliatorio el día 27 de marzo de 2006 con el resultado de intentado sin efecto. La demanda se presentó en el Registro de los Juzgados de Valencia el día 31 de marzo de 2006, teniendo entrada en este Juzgado el día 3 de abril de 2006".

Tercero.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante y también por la parte demandada habiendo sido impugnados ambos por las representaciones letradas de las respectivas contrapartes. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. Doce de los de Valencia que estima parcialmente la demanda sobre resolución del contrato por incumplimiento empresarial y condena a al empresa demandada a abonar al demandante la indemnización legal prevista para el despido improcedente, interponen recurso de suplicación ambas partes, habiéndose impugnado respectivamente dichos recursos de contrario.

Procede examinar en primer lugar el recurso interpuesto por la empresa demandada por cuanto que en él se impugna, entre otros extremos, la estimación de la acción resolutoria ejercitada por el demandante.

1. El indicado recurso se estructura en cinco motivos, los cuatro primeros se introducen por el apartado b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), y tienen como objeto la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, mientras que el quinto motivo se incardina en el apartado c del referido precepto y contiene la censura jurídica de la resolución impugnada.

2. La primera de las revisiones fácticas atañe al hecho probado primero para que se modifique la cuantía de la remuneración del demandante que se cifra por la recurrente en 3.586,21 euros brutos con prorrata de pagas extras incluida. Dicha revisión se apoya en las hojas de salarios del actor obrantes a los folios 35 a 44 y 450 a 452 y la misma no puede prosperar en primer lugar porque al tratarse al tratarse de una cuestión controvertida la determinación del salario, no es posible fijar su cuantía en el relato de hechos probados, sino que será en la fundamentación jurídica donde habrá de razonarse sobre su cuantificación y en segundo lugar porque las hojas de salario en las que se apoya la modificación sobre la cuantía del salario ya han sido tenidas en cuenta por el Magistrado "a quo", como se evidencia en el indicado hecho probado primero en el que se dice que el demandante tiene "una remuneración anual con prorrata de pagas extras pactada de 53.941,68 euros, equivalente a 4.495,14 euros al mes, si bien en nómina sólo figuraban 3.586,00 euros (folios 35 a 44, 48, 300 y 450)", es decir que el juzgador de instancia da prevalencia al pacto del salario suscrito entre las partes respecto a las hojas de salario aportadas a autos, sin que ello evidencie un error en la valoración de los medios de prueba llevada a cabo por el Magistrado de instancia.

3. La segunda revisión fáctica afecta al hecho probado segundo para el que se solicita la supresión y que se fundamenta en los mismos documentos que la anterior modificación. Supresión que ha de fracasar por cuanto que el hecho de que en las hojas de salario del demandante se recogiese un salario inferior al pactado no supone la inexistencia del pacto salarial suscrito entre las partes y que se reseña en el ordinal cuya eliminación se interesa.

4. La tercera modificación postula la adición de un nuevo hecho probado, el decimoséptimo para el que se solicita el siguiente tenor: "A pesar de firmar D. Sergio como administrador (en el acuerdo de 5 de marzo de 2003 -sobre salario- y como administrador solidario (en el acuerdo de 18 de noviembre de 2002 -sobre cláusula de blindaje-, lo cierto es que D. Sergio, hermano del actor, D. Augusto, era administrador único y gerente de la sociedad Iniciativas Plásticas, SL".

La adición transcrita se apoya en las escrituras de constitución de la sociedad (folio 436), la escritura de formalización de acuerdos sociales (folio 437), la escritura de adaptación de estatutos y reelección de administrador de la entidad (folio 438), la escritura de declaración de unipersonalidad (folio 440), la escritura de elevación de acuerdos sociales (folio 441) y la escritura de cese y nombramiento de administrador (folio 443) y la misma se ha de acoger al desprenderse de los documentos reseñados y aportar más precisión al relato fáctico aun cuando carezca de trascendencia para modificar el sentido del fallo.

La última revisión fáctica insta la modificación el hecho probado decimocuarto para el que se propone la siguiente redacción:

"El actor desde el cambio de administración (23 de Mayo de 2005) y hasta la fecha de su baja (5 de septiembre de 2005), ha realizado las siguientes funciones:

Autorización o denegación de pedidos hasta finales de julio de 2005.

Realización de estudios de solvencia hasta el 16 de junio de 2005, recibiendo informes de seguros hasta el 1 de julio de 2005.

Control de facturas hasta el 27 de julio de 2005.

No se han negociado las condiciones de las cuentas/préstamos durante el período desde Mayo de 2005 hasta septiembre de 2005.

Realización de informe financieros contables, siendo el último de junio de 2005.

Realización y control de listado de seguros de MAPFRE siendo el último el 31 de agosto de 2005, siendo la última el 30 de junio de 2005.

Autorización de pagos hasta el 30 de junio de 2005.

Control de la deuda hasta junio de 2005, incluido el IVA, hasta julio de 2005".

Los documentos en los que se apoya son los obrantes a los folios 236 a 263 respecto a la autorización o denegación de pedidos, estudios de la solvencia del cliente y solicitud de riesgos a la compañía MAPFRE, los folios 306 a 378 respecto al control de facturas; los folios 379 a 383 y 384 a 390 (histórico bancario) respecto a no haber negociado con los bancos condiciones de las cuentas/préstamos durante el período de Mayo de 2005 hasta septiembre de 2005; el folio 391 recoge el informe financieros contables; el folio 392 el listado de seguros de MAPFRE; los folios 393 a 407 las autorizaciones de pagos y los folios 408 a 433 y 447 son documentos de avisos de insolvencia provisional y modelo 320 de IVA. La modificación propuesta no puede ser acogida por cuanto que los documentos en los que se apoya son los que ha tenido en cuenta el Magistrado de instancia para la redacción del hecho probado cuya revisión se postula, sin que se evidencie error alguno en el contenido del meritado hecho probado en el que se constata como el actor vio reducidas paulatinamente sus funciones hasta el punto de que "pidió a la nueva dirección de la empresa repetidas veces que se le diera más actividad, ya que la residual que le quedaba de control de pedidos sólo le llevaba una o dos horas diarias, sin recibir respuesta de la empresa (Confesión y testifical)", conclusión esta última que no puede verse desvirtuada por la documental en la que ampara su revisión la recurrente y que por consiguiente conlleva la desestimación de la modificación propuesta como antes se adelantó, siendo por lo demás de destacar que dadas las numerosas funciones que realizaba el actor como Director Administrativo Financiero antes del cambio de administración y que se recogen en el hecho probado décimo de la sentencia de instancia, parece evidente que la supresión automática de dichas funciones tras el cambio de administración no hubiera sido posible sin perjudicar gravemente la marcha de la empresa, por lo que resulta lógico como recoge el Juez "a quo" que la reducción de la actividad del actor impuesta por la empresa demandada fuese gradual, pero ello no significa que no se produjese que es lo que pretende la recurrente.

5. El último motivo del recurso imputa a la resolución impugnada la infracción por interpretación errónea del artículo 50.a) y c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la Jurisprudencia que refleja a lo largo de dicho motivo y que se tiene aquí por reproducida. Entiende la recurrente que en el presente caso no se dan los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que pueda estimarse la rescisión contractual al amparo del artículo 50 del ET ya que con independencia de incardinar la falta de ocupación efectiva dentro del supuesto de hecho previsto en el art. 50.1.a) o c), en el supuesto examinado no existe la pretendida inactividad pues ha quedado acreditado con la revisión fáctica del hecho decimocuarto que el demandante autorizaba o denegaba pedidos, realizaba estudios de solvencia, recibía informes de seguros, controlaba las facturas, realizaba informes financieros y contables, autorizaba pagos, etc. Tampoco se constata pérdida del status alegada por el juzgador, continúa argumentando la recurrente, ya que el actor sigue teniendo su despacho, explicándose como una cuestión de privacidad y protección de datos que el demandante dejase de tener acceso a las claves de los ordenadores de los trabajadores que antes eran sus subordinados, justificándose la tardía reparación del ordenador del demandante en la necesidad de que regresase de vacaciones el Sr. Juan Antonio, sin que la privación momentánea de la tarjeta de combustible asignada al demandante tenga suficiente entidad para acceder a la rescisión del contrato instada por el trabajador accionante.

El fracaso de la revisión fáctica del hecho probado decimocuarto postulada por el actor, así como el contenido de los hechos probados duodécimo y decimotercero obligan a rechazar la censura jurídica que se acaba de exponer. De los indicados hechos probados interesa ahora destacar los siguientes extremos: El demandante disponía de un despacho propio separado de los demás administrativos (dos) por una cristalera instalada sobre un murete. Tras el cambio de administradores se retiró dicha cristalera y murete, situando en su lugar unos archivadores y una mampara. Se han cambiado las claves y contraseñas de los ordenadores, sin que se le hayan facilitado al actor, que antes disponía de ellas y cuando se le estropeó el ordenador no le fue reparado hasta que volvió de vacaciones el Sr. Juan Antonio. El actor dispone de vehículo de la empresa y de tarjeta para reposición de combustible, pero cuando caducó la misma, la nueva tarjeta no fue renegociada automáticamente, no disponiéndose de la nueva hasta que el actor ya estuvo de baja por incapacidad temporal. La nueva administración recomendó a los demás administrativos que no hablaran con el actor. Tras el cambio de administradores y después de despedirse a una de las administrativas del departamento de logística, la nueva contratación no le fue presentada al actor. Con el cambio de administración D. Juan Alberto que era oficial de 1.ª administrativo fue ascendido pasando a asumir parte de las funciones que hacía el actor (pedidos, facturas), habiéndole informado de que el nuevo Director Financiero era el Sr. Simón asumiendo éste y otra administrativa parte de las funciones del actor. El demandante desde el cambio de administración, ve sustancialmente reducida su actividad llevando el control de pedidos sólo hasta finales de julio de 2006, no constando que con posterioridad realice estudios de solvencia siendo el último conocido de fecha 16 de junio de 2005, ni recibe los informes de seguros, siendo los últimos de junio de 2005; consta que sólo hasta julio de 2006 el actor pidió informes a bancos y recibió históricos de los bancos; dejó de realizar informes financieros contables siendo el último de junio de 2005; no controla los listados de clasificación de clientes de MAPFRE, siendo el último de agosto de 2005, deja de realizar las autorizaciones de pagos, siendo la última conocida de junio de 2005, así como de llevar el control de la deuda y la gestión de impuestos, incluido el IVA, siendo los últimos aportados por la empresa de junio y julio de 2005. El actor pidió a la nueva dirección de la empresa repetidas veces que se le diera más actividad, ya que la residual que le quedaba de control de pedidos sólo le llevaba una o dos horas diarias, sin recibir respuesta de la empresa.

De las premisas fácticas transcritas se evidencia que el demandante tras el cambio de administración, si bien sigue nominalmente desempeñando el cargo de Director Administrativo Financiero, en la práctica sus funciones las ha reducido la empresa demandada hasta el punto de limitarlas al control de pedidos que sólo le ocupa una mínima parte de su jornada laboral (una o dos horas), por lo que ya no controla el departamento de administración, ni los riesgos de clientes, ni autoriza los pagos de facturas, ni negocia con las entidades financieras, ni negocia los seguros industriales, ni los seguros comerciales y de caución y de crédito, ni controla los riesgos bancarios, ni realiza la asignación de pagarés, ni confecciona los balances, ni prepara los cierres contables, ni revisa los cruces de información contable con las patrimoniales, ni lleva ni contabiliza el inmovilizado reciclado ni revisa la patrimonial ni planifica las inversiones desde el punto de vista financiero, ni controla, revisa ni prepara impuestos, actividades todas ellas que sí que llevaba a cabo el actor hasta el cambio de la administración de la empresa como se desprende del hecho probado décimo, por lo que es evidente que se ha llevado a cabo por parte de la patronal demandada un vaciamiento de las funciones desempeñadas por el actor, con la consiguiente falta de ocupación del mismo en detrimento de su formación y de su promoción profesional, pero es que además se le ha aislado también del resto de personal administrativo al que se le recomendó no hablar con el actor, se le ha prohibido el acceso al trabajo del personal que hasta entonces tenía subordinado, al cambiarse las claves y contraseñas de los ordenadores sin facilitar las nuevas claves al actor, se le ha imposibilitado el trabajo al no repararle el ordenador de forma inmediata, teniendo que esperar no se sabe porqué, a que regresase de sus vacaciones el Sr. Juan Antonio, se le ha ignorado, no presentándole a la nueva administrativa contratada para el departamento de logística, en definitiva se le ha aislado y minusvalorado ante los trabajadores que hasta entonces eran sus subordinados, por lo que se ha de concluir que se ha operado una modificación sustancial en las condiciones de trabajo del demandante que redundan en perjuicio de su formación profesional y en menoscabo de su dignidad lo que constituye justa causa para que el trabajador pueda pedir la extinción de su contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.1.a) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y es que como esta Sala ha tenido ha tenido ocasión de señalar con anterioridad, entre otras en sentencias de 23 de noviembre de 2000 (núm. 4783/2000), de 21 de junio de 2001 (3625/2001) y de 17 de febrero de 2005 (504/2005) aunque ni el citado artículo 50 del ET ni el artículo 1124 del Código Civil, señalan cuáles son los caracteres que debe revestir el incumplimiento para que sea susceptible de conllevar la resolución del contrato; la jurisprudencia se ha preocupado de declarar que el incumplimiento determinante de la resolución ha de ser grave, es decir, ha de hacer referencia a una parte esencial de lo pactado, y ha de ser de tal índole que, en términos generales, frustre las legítimas aspiraciones o expectativas de la parte que cumplió su pretensión (sentencias del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1990 [RJ 1990\6899]; o de 8 de febrero de 1993 [RJ 1993\749]...) lo que sin duda se aprecia en el presente caso al afectar el incumplimiento empresarial a la prestación de servicios del demandante, vaciándola prácticamente de contenido y faltando deliberadamente a la consideración debida al trabajador, por lo que al haberlo apreciado así la sentencia de instancia no ha incurrido en las infracciones jurídicas denunciadas, lo que determina la desestimación del recurso ahora examinado.

Segundo.-Procede entrar a analizar a continuación el recurso formulado por la parte actora, el cual se fundamenta en tres motivos, los dos primeros destinados a la revisión de los hechos que se declaran probados por la sentencia de instancia y el segundo dirigido al examen del derecho aplicado en dicha resolución.

1. Al amparo del apartado b del artículo 191 de la LPL se formulan, pues, los dos primeros motivos, el primero de los cuales pretende la adición al hecho probado sexto del siguiente contenido:... "Que en la estipulación octava del documento suscrito, por un lado, por D. Germán, D.ª Araceli y D. Simón y, por otro lado, por D. Sergio y D.ª María Dolores en fecha 5 de Mayo 2005, que complementa o aclara el contrato suscrito por los mismos el día 17 Febrero 2005, por el que se obligaron a realizar la división y separación de las compañías Iniciativas Plásticas, SL, Iniciativas del Reciclado, SL, y Pedro Martínez y Constantino Torres, SL, entre otros extremos, se dice que: "Del mismo modo reconoce que D. Juan Antonio y D. Augusto, gozan de una cláusula de blindaje de sus relaciones laborales, la cual es conocida por parte de D. Germán."

La adición transcrita se apoya en el folio 203 que forma parte del documento que en la misma se reseña y ha de prosperar por desprenderse del referido documento y es relevante en la medida en que pone de manifiesto el conocimiento que de la cláusula de blindaje tenía D. Germán al cual posteriormente se adjudicará, junto con su esposa e hijo, la totalidad de las participaciones sociales de la mercantil demandada.

La segunda revisión atañe al hecho probado octavo para el que se postula la siguiente adición: "El valor o precio de la nave industrial en un solar de Nieves se fija en 709.222,04 euros y los dos solares industriales en 256.352,62 euros."

La adición expuesta se apoya en el folio 199 que es parte del documento en el que se procede a la división y separación de las Compañías Iniciativas Plásticas, SL, Iniciativas del Reciclado, SL, y Sergio y Constantino Torres, SL, y la misma también ha de prosperar al evidenciarse del susodicho documento y tener trascendencia a efectos de valorar la cláusula de blindaje ya que como señala el trabajador recurrente uno de los argumentos que utiliza el Juez "a quo" para no aplicar la indicada cláusula es que el capital social de la empresa es inferior a lo reclamado por el demandante, lo que no se ajusta a la realidad ya que si tenemos en cuenta que D. Germán al comprar las participaciones sociales pertenecientes al hermano del actor, D. Sergio, valora dichas participaciones que importan el 50%, en 3.369.622,88 euros, el valor de la Sociedad demandada asciende a 6.739.245,36 euros tal y como apunta el recurrente.

2. El tercer motivo del recurso que se ampara en el apartado c del artículo 191 de la LPL denuncia la infracción de los artículos 1.254, 1.255, 1.256, 1.258, 1.271, 1.278, 1.281 y 1.285 del Código Civil y la jurisprudencia que cita a continuación y que se tiene aquí por reproducida.

Razona el trabajador recurrente que la intención de las partes contratantes al estipular la cláusula de blindaje fue la de multiplicar por cuatro las indemnizaciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para todos los supuestos de extinción del contrato de trabajo por causas no imputables al trabajador y dicho pacto que no es contrario a la ley ni a la moral ni al orden público o a las buenas costumbres, al formar parte del contrato de trabajo vincula a las partes, por lo que procede condenar a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 551.212,20 euros (137.803,05 euros x 4).

El motivo ha de prosperar porque conforme se desprende del hecho probado sexto de la sentencia de instancia con la adición fáctica postulada por el actor: "En fecha 18 de noviembre de 2002, la empresa demandada, a través de su administrador solidario D. Sergio, suscribió sendos pactos adicionales de la relación laboral existente con el actor y con el trabajador D. Juan Antonio, del siguiente tenor literal: "Primero. En el caso de despido del trabajador declarado improcedente y que la empresa no optase por la readmisión del mismo, la indemnización total que se le fija es de ciento ochenta días por año de servicio, computado a partir de la fecha de antigüedad reconocida en este contrato, hasta un máximo de ciento sesenta y ocho mensualidades; es decir que se complementaría la indemnización determinada en sentencia, con la cantidad necesaria para alcanzar el total que resulta de la fórmula de cálculo ahora pactada, estando sujeto la cantidad que exceda de la indemnización obligatoria a los impuestos y cotizaciones que corresponda a cada parte. Segundo: Que en el supuesto de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, extinción del contrato por causas económicas, técnicas organizativas o de producción derivadas de fuerza mayor y objetivas, comunicada por la empresa al trabajador con carácter individual o colectivo, la indemnización que deberá de satisfacer la empresa será la resultante de multiplicar por cuatro la fijada en la normativa laboral que las regule. La cantidad que exceda a la indemnización obligatoria estará sujeta a los impuestos y cotizaciones que corresponda a cada parte. Tercero: La empresa, en caso de cambio de titularidad, cesión del centro de trabajo o de una unidad productiva, que afecte a la relación laboral con el trabajador, comunicará al nuevo empresario los acuerdos ahora pactados, que reconocerá su existencia y subrogación en el cumplimiento de las indemnizaciones, comunicándoselo cedente y cesionario fehacientemente al trabajador (Folios 5, 51 y 52). Que en la estipulación octava del documento suscrito, por un lado, por D. Germán, D.ª Araceli y D. Simón y, por otro lado, por D. Sergio y D.ª María Dolores en fecha 5 de mayo de 2005, que complementa o aclara el contrato suscrito por los mismos el día 17 de febrero de 2005, por el que se obligaron a realizar la división y separación de las compañías Iniciativas Plásticas, SL, Iniciativas del Reciclado, SL, y Sergio y Constantino Torres, SL, entre otros extremos, se dice que: "Del mismo modo reconoce que D. Juan Antonio y D. Augusto, gozan de una cláusula de blindaje de sus relaciones laborales, la cual es conocida por parte de D. Germán".

El pacto de blindaje suscrito por las partes y que se acaba de transcribir prevé una indemnización superior a la prevista legalmente tanto en caso de despido improcedente del trabajador, como en caso de extinción del contrato de trabajo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo o por causas objetivas y habiéndose evidenciado el incumplimiento empresarial en que ha incurrido la patronal demandada, el cual como se dijo en el anterior fundamento de derecho y por las razones entonces expuestas, constituye justa causa de rescisión del contrato ex artículo 50.1 a de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el consiguiente devengo por parte del actor de la indemnización por despido improcedente, se ha de concluir afirmando el derecho del actor a la mayor indemnización pactada por las partes en la cláusula de blindaje tanto porque el incumplimiento empresarial constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que además no está amparada legalmente como porque de lo contrario se estaría privilegiando indebidamente el comportamiento empresarial que persigue el abandono del trabajador a través de la imposición de prácticas abusivas como sucede en el presente caso, sobre otras causas objetivas de extinción del contrato (modificación sustancial de condiciones de trabajo y despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y que según el pacto suscrito entre las partes también dan lugar a mayor indemnización, siendo por lo demás lógico entender que las partes cuando incluyeron para el caso de despido improcedente una indemnización adicional a la legal, también quisieron comprender el supuesto de rescisión contractual por incumplimiento empresarial, pues de otro modo sería muy fácil burlar la eficacia de la cláusula de blindaje que es lo que pretende la patronal demandada en el presente caso en el que intenta prescindir de los servicios del demandante pero no a través del despido sino a través del aislamiento y la falta de ocupación efectiva del mismo, para así obligarle a que abandone su puesto de trabajo sin ninguna indemnización o en todo caso con la indemnización prevista para el despido improcedente ex artículo 50 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores pero sin percibir la superior pactada por las partes.

Por otra parte la conclusión que se acaba de exponer está avalada asimismo por la doctrina establecida por el Tribunal Supremo entre otras en sentencia de 21 mayo 2004, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2707/2003 en la que haciéndose eco de lo ya establecido en su sentencia de 6 de junio de 1996 (recurso 008/2469/1995) (RJ 1996\4995), con cita de la anterior sentencia de 27 de julio de 1990 (RJ 1990\6487), afirma que «el término improcedentemente, no puede ser interpretado como una remisión o referencia exclusiva al despido improcedente de los artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607), sino que debe ser entendida la frase comentada como alusiva a cualquier extinción o rescisión de la relación laboral que se haya efectuado sin contar con la voluntad del empleado y que no haya sido causada por un incumplimiento grave de éste. La sentencia citada añade que, lo más razonable es que el empleado no tenga derecho a percibir indemnización alguna en los ceses que sean debidos bien a su voluntad bien a un incumplimiento contractual grave cometido por él, pero, en cambio, en todos los demás supuestos de extinción de la relación de trabajo lo lógico es que tenga derecho a percibir una indemnización pactada».

Aplicando tal doctrina al presente supuesto debe afirmarse que la expresión de la cláusula novena del contrato cuando se refiere a despido improcedente, ha de comprender también aquellos incumplimientos del empresario que son equivalentes al despido improcedente como expresión de la terminación del contrato por circunstancias no imputables al trabajador, sino a graves incumplimientos del empresario. Como se afirma en la referida sentencia, también en este caso la interpretación contraria conduciría al absurdo, pues si la simple invocación de una causa de despido por la empresa que luego no resulte probada o sobre la que ni siquiera se intente acreditar el incumplimiento del trabajador conduciría a la indemnización especial pactada, con mayor razón se habrá de entender aplicable la misma cuando la extinción del contrato se ha producido por tales incumplimientos contractuales cuando son llevados a cabo por conducta del empleador valorada jurisdiccionalmente como determinante de la resolución del contrato. Por otra parte, esta interpretación es acorde con lo establecido en el artículo 1281.2.º del Código Civil (LEG 1889\27), pues como se afirma en la sentencia citada «el sentido literal de las palabras (indemnización por despido improcedente y no por resolución de contrato por causa imputable al empresario, en este caso) contradice la intención evidente de los contratantes, que debe prevalecer sobre aquélla y que no puede ser otra que la de aplicar la indemnización en aquellos casos en los que el empresario no acredita una causa justa para extinguir la relación».

La aplicación de la anterior doctrina así como lo antes razonado lleva a estimar el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora y a revocar la sentencia de instancia a fin de fijar la indemnización devengada por el actor por la resolución de su contrato de trabajo en 551.212,20 euros, que es la que postula el demandante y que resulta de multiplicar por cuatro la indemnización por despido improcedente, siendo algo superior la indemnización pactada de 180 días por año de servicio, computado a partir de la fecha de antigüedad de 3-2-1986 y hasta un máximo de 168 mensualidades y que asciende a 552.909,6 euros, sin que proceda calcular la indemnización a razón de 20 días por año de servicio y multiplicar el resultado por cuatro, como pretende la empresa demandada ya que la indemnización de 20 días por año de servicio está prevista para el caso de que el trabajador decida resolver su contrato de trabajo tras producirse una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo acorde con la legalidad vigente y justificada que no es el caso.

Tercero.-1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 202 LPL, se acuerda la pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir.

2. Asimismo y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 233.1 LPL, procede la imposición de costas a la parte vencida en el recurso.

FALLO

Desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de la empresa Iniciativas Plásticas, SL, y estimamos el recurso de suplicación formulado por el demandante D. Augusto, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Doce de los de Valencia y su provincia, de fecha 31 de julio de 2006, y, en consecuencia, se revoca en parte la sentencia recurrida, fijando en 551.212,20 euros la indemnización devengada por la rescisión del contrato de trabajo del demandante por incumplimiento empresarial, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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