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Sentencia T.S. (Sala 4) de 30 de junio de 1999


 RESUMEN:

FOGASA. Responsabilidad subsidiaria. Alcanza al 60 por ciento del importe de las indemnizaciones derivadas de extinciones de contratos al amparo del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1. La cuestión a resolver en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en decidir si el Fondo de Garantía Salarial ha de responder subsidiariamente del importe total de las indemnizaciones derivadas de extinciones de contratos efectuadas al amparo del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. El mencionado organismo entiende que su responsabilidad en este supuesto se limita al 40 por ciento del importe total de la indemnización, conforme a lo prevenido en el artículo 33.8 de dicho texto legal, no teniendo que responder del pago del 60 por ciento restante, en caso de insolvencia del empleador.

La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda deducida por el actor en los términos expuestos en el correspondiente Antecedente de Hecho; sentencia que fue revocada por la dictada en vía de suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de marzo de 1998, que desestimó la pretensión del actor.

Segundo.-Contra la referida sentencia de suplicación interpone el demandante el presente recurso de casación para la unificación de doctrina e invoca en concepto de contradictoria la dictada por esta Sala con fecha 26 de enero de 1998; siendo claro que ésta contempla un supuesto fáctico y jurídico sustancialmente igual, llegando, no obstante, a conclusión distinta; concurre por tanto las identidades previstas en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral necesarias para viabilizar el presente recurso.

Tercero.-Respecto del fondo del asunto hay que resaltar que el tema controvertido ya ha sido resuelto por esta Sala, no sólo por la sentencia de contraste, sino también por la posterior de esta Sala de 16 de febrero de 1998, entre otras; por lo que procede reiterar sus argumentos.

La extinción contractual que regula el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores es una variedad dentro del género de las extinciones colectivas, caracterizada por afectar a menor número de trabajadores que la regulada en el artículo 51. Antes de la reforma operada por la Ley 11/1994, de 14 de mayo, todas las extinciones contractuales basadas en causas económicas, técnicas u organizativas, habían de realizarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, mediante el correspondiente expediente de regulación de empleo, en el que la autoridad laboral debía dictar la resolución que autorizaba la extinción contractual indemnizada. El FOGASA respondía, directamente, en el supuesto de empresas de menos de 25 trabajadores, del 40 por ciento del importe de la indemnización y, subsidiariamente, del 60 por ciento restante, en los casos de insolvencia del empresario. La referida Ley 11/1994, escindió este tipo de extinciones contractuales colectivas en dos grupos, según la entidad numérica de los trabajadores afectados, en relación con el total de los que constituyen la plantilla de la empresa. De modo que, los que sobrepasan los umbrales establecidos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, siguen precisando autorización administrativa, y, los que no alcancen tal número, pueden ser decididos directamente por el empresario, con el consiguiente control jurisdiccional posterior. Así las cosas es evidente que la única diferencia sustantiva entre las extinciones del artículo 51 y las del artículo 52.c) se halla en el número de trabajadores afectados pues, siendo iguales las causas es, asimismo, idéntico el importe de las indemnizaciones. La Ley 11/1994, pretendía, únicamente, liberalizar el sistema de extinciones de los contratos de trabajo que hubieran de adoptarse por estas causas, sin mermar los derechos de los trabajadores en cuanto a la efectividad de las indemnizaciones. Ni la Exposición de Motivos de la Ley, ni su texto, autorizan a concluir que se trata de excluir a los trabajadores afectos por extinciones "menores" de la garantía que supone el abono de su indemnización por el FOGASA en caso de insolvencia del empresario obligado principal. Y si donde una misma es la razón, debe ser también la misma la regla del Derecho, han de aplicarse a ambas extinciones, el mandato del artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, entendiendo que la extinción del artículo 52.c) no es sino una mera variedad de la del artículo 51 de lo que no se separa más que por el número de los trabajadores afectados. Solución contraria, al ser carente de cualquier sustento razonable, habría de ser calificada como discriminatoria.

Esta interpretación es la seguida por el legislador en la reciente Ley 60/1997 de 19 de diciembre, de naturaleza interpretativa al modificar la redacción del artículo 33 en su apartado dos, comprendiendo expresamente las causas de despido o extinción de los contratos, el 52.c) del E.T., además de los artículos 50 y 51, como supuestos en los que FOGASA debe abonar las indemnizaciones reconocidas, como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de los trabajadores.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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