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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 28 de mayo de 1999


 RESUMEN:

Procedimiento laboral. Citación a las personas jurídicas. Plazo. Ha de ajustarse a lo previsto en el artículo 82.3.a) de la L.P.L. Cercenar estos plazos puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina versa sobre las garantías procesales que han de observarse, respecto de los entes colectivos o personas jurídicas, en los actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales. Se trata en concreto de las consecuencias que deben anudarse a la infracción de la norma establecida en el artículo 82.3.a) de la Ley de Procedimiento Laboral, que fija en quince días el plazo mínimo que debe mediar entre la citación y los actos de conciliación y juicio, cuando la citación se practique con persona jurídica, pública o privada, o con un grupo sin personalidad.

La sentencia recurrida reconoce que la infracción de esta norma se produjo en la tramitación del procedimiento de instancia. Efectivamente la parte demandada (recurrente en suplicación y casación) fue citada el 28 de abril de 1998 para un juicio que había de celebrarse, y que se celebró sin su presencia el 5 de mayo, con más de un día no laborable intermedio. La Sala no atribuye a esta infracción efecto de invalidación o anulación de actuaciones, aduciendo el excepcional trastorno procesal que indudablemente había de producir el pronunciamiento anulatorio.

Circunstancias equivalentes se dan en el litigio resuelto en la sentencia de contraste, en la que una sociedad mercantil también había sido citada a un juicio laboral sin que se respetara el plazo referido sin que estuviera presente en las actuaciones llevadas a cabo en esta condiciones. La decisión de la Sala fue, en cambio, estimatoria del motivo de infracción de normas o garantías de procedimiento.

Segundo.-La solución correcta de la cuestión controvertida es, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, la contenida en la sentencia de contraste. Como se dice en este informe, el otorgamiento por parte de la Ley de un plazo superior a los entes colectivos tiene como justificación el posibilitar o facilitar la defensa jurídica en el acto del juicio al que la parte, según el propio artículo 82.2 al final, debe acudir provista de "todos los medios de prueba"; cercenar estos plazos puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución, cuya lesión se invoca como motivo principal del recurso. Ello es así, con toda evidencia, cuando, como ocurre en los litigios de las sentencias comparadas, el intervalo de días laborables entre la citación y el juicio ha sido tan escaso que puede suponerse fundadamente que la parte perjudicada por la citación defectuosa no tuvo posibilidad de acudir a juicio en condiciones adecuadas de defensa procesal.

Tercero.-La sentencia estimatoria de unificación de doctrina debe resolver el debate de suplicación con arreglo a doctrina unificada. Ello comporta en el caso la estimación del motivo de infracción de garantías procesales causantes de indefensión interpuesto por la excelentísima Diputación de Cáceres, con las consecuencias legalmente previstas de anulación de las actuaciones en la instancia a partir de la citación a los actos de conciliación y juicio, y reposición de los autos al estado en que se encontraban en el momento de producirse la infracción procesal denunciada.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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