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Sentencia T.S. (Sala 4) de 13 de julio de 1999


 RESUMEN:

Regulación de empleo. Pacto empresa-trabajadores. Fijadas cantidades por atrasos salariales, liquidación e "indemnizaciones legales". Estas últimas inferiores a las previstas en el artículo 51.8 del E.T. Desestimada la prestación de los actores. Falta de contradicción. Pierden valor referencial a efectos de la contradicción las sentencias cuya doctrina ha sido variada ulteriormente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los trabajadores demandantes, afectados por un expediente de regulación de empleo, otorgaron ante Notario un pacto con su empresa, por el que se fijaban las cantidades que, en concepto de atrasos salariales, liquidación de haberes e "indemnizaciones legales" debería satisfacer ésta a aquéllos, declarando ambas partes que la percepción de tales sumas suponía el saldo y finiquito de las respectivas relaciones laborales, sin que los operarios tuvieran nada más que reclamar. Las sumas pactadas se percibieron efectivamente, pero como quiera que las cantidades acordadas en concepto de indemnización eran menores que los veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, que prevé el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) para el despido colectivo, los trabajadores formularon demanda en reclamación de las correspondientes diferencias.

La demanda fue estimada por el Juzgado de lo Social, apoyándose en que el pacto aludido no podía menoscabar el derecho de los actores al percibo de la indemnización en la cuantía señalada por el citado artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), pues el artículo 3.º 5 del propio Estatuto impide la válida disposición de los derechos reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.

Interpuesto por la empresa recurso de suplicación contra la decisión aludida, la impugnación alcanzó éxito, pues la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por sentencia de 22 de septiembre de 1998 revocó la de primer grado y desestimó la demanda, con apoyo en que no puede acogerse la impugnación de lo convenido al amparo del artículo 3.º del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), porque el acuerdo tiene pleno poder liberatorio, al haberse otorgado con libre consentimiento de todos los interesados y con posterioridad a la extinción de las relaciones laborales.

Esta resolución es la que resulta objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina y, como sentencia supuestamente contradictoria con ella, se aporta la dictada, también por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 18 de enero de 1995, cuya firmeza consta, en la que en un supuesto de regulación de empleo, también con indemnización pactada e inferior a la prevista en el Estatuto de los Trabajadores (E.T.), se concedió al trabajador demandante la diferencia entre lo pactado (que fue efectivamente percibido) y lo legalmente previsto, apoyándose la decisión en que la indemnización fijada por el entonces artículo 51.10 (hoy 51.8) del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) constituye un mínimo legal e indisponible, por lo que el trabajador carece de capacidad de disposición al respecto.

Segundo.-La parte recurrida, en su escrito de impugnación, alega en primer término falta de verdadera contradicción entre las dos resoluciones reseñadas, por lo que habrá de atenderse prioritariamente a esta cuestión, ya que, en el caso de que la Sala estuviera de acuerdo con la expresada alegación, no se cumpliría la exigencia fundamental del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.) para la viabilidad de este excepcional recurso, resultando éste inadmisible, y tal causa de inadmisibilidad se habría convertido en causa de desestimación en el momento procesal en el que ahora nos hallamos, tal como hemos declarado en la sentencia de 1 de junio de 1998 entre otras muchas.

Es cierto que ambas resoluciones se pronunciaron acerca de la interpretación del actual artículo 51.8 (antes 51.10) del E.T., en relación con el artículo 3.º 5 del propio texto legal, pero también es verdad que la situación de hecho contemplada en cada una de ellas no fue sustancialmente la misma, por cuanto en la ahora recurrida la empresa y cada uno de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo pactaron, una vez extinguidos los contratos de trabajo (así se hace constar con valor de hecho probado en su segundo fundamento jurídico), una indemnización global en concepto de atrasos, liquidación de haberes e "indemnizaciones legales" para garantizar la percepción de créditos salariales en peligro, por haber cesado la empresa en su actividad y garantizado el pago de la cantidad global ofrecida. En cambio, en la de contraste se contemplaba un supuesto en el que la patronal, cuya actividad continuaba, pactó con el Comité de empresa (no directamente con los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo, siendo éstos solamente una parte de la plantilla de aquélla) la cantidad de 42 días de salario por cada año de antigüedad, con el límite máximo de 42 mensualidades y diez millones de pesetas, y el límite mínimo de un millón de pesetas, por lo que la indemnización pactada, tanto podría ser, según los casos, superior como inferior a la mínima prevista en el artículo 51 del E.T., mientras que en el supuesto de la sentencia recurrida resultó ser en todo caso inferior a dicho límite mínimo. Como se ve, no existe entre ambos supuestos la "identidad esencial" entre las situaciones de hecho que habían sido objeto de enjuiciamiento.

Además de ello, esta Sala ha sentado la doctrina -STS/4.ª 17 de marzo de 1993 (recurso 2461/1991), 1 de abril de 1993 (recurso 1772/1992) y 26 de mayo de 1993 (recurso 2535/1992), todas ellas citadas en la de 13 de mayo de 1997 (recurso 2858/1996)- que "pierden valor referencial a efectos del juicio de contradicción las sentencias cuya doctrina ha sido variada ulteriormente". Y la doctrina esencial de la sentencia de contraste ha sido modificada a partir de las sentencias de esta Sala de 21 y 28 de enero de 1997, votadas ambas en Sala General, seguidas por la de 14 de febrero del mismo año (recurso 2667/1996). Así pues, se llega a la conclusión de que no existe contradicción entre las dos resoluciones cuya doctrina se compara, por lo que procede la desestimación del presente recurso, sin imposición de costas, tal como resulta del artículo 233.1 de la L.P.L.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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