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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 27 de julio de 1999


 RESUMEN:

Complemento por mínimos. Reintegro. Facultad del INSS para ordenarlo con carácter imperativo y fuerza ejecutiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El actor en el procedimiento de origen era pensionista de jubilación a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), percibiendo la correspondiente pensión básica y complemento al mínimo, sin que hubiera declarado anualmente sus ingresos totales a la Entidad Gestora, quien, una vez tuvo constancia de ellos, inició expediente para la revisión y regularización de la pensión, en el que recayó acuerdo declarando indebidamente percibida determinada cantidad entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de noviembre de 1997, y disponiendo que le fuera reintegrada. Formulada demanda por el pensionista en petición de que el acuerdo aludido se declarara nulo, tal demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social en sentencia de 10 de octubre de 1998, contra la que el beneficiario formuló recurso de suplicación, que fue estimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 29 de diciembre de 1998, por entender que la Entidad Gestora carecía de facultades para acordar el reintegro, pudiendo únicamente acudir ante el Juzgado competente para hacer valer sus derechos, conforme al artículo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL).

Como sentencia supuestamente contradictoria con la antes reseñada -que es la impugnada a través del presente recurso de casación para la unificación de doctrina- se citó la dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 6 de julio de 1998 en el recurso núm. 4214/1997, que, en un supuesto similar, declaró la facultad de la Entidad Gestora no sólo para revisar y regularizar el importe de la pensión, sino también para reclamar el reintegro de las percepciones indebidas. Existe, pues, la identidad de situaciones y la disparidad de decisiones que para la admisibilidad del recurso de casación unificador requiere el artículo 217 de la LPL, y el problema a resolver estriba en orden a si el artículo 145.2 del invocado texto procesal autoriza o no a las Entidades Gestoras para reclamar de los beneficiarios el importe de pensiones indebidamente percibidas, cuando éstos hayan incumplido su obligación de declarar sus ingresos.

Segundo.-En el segundo fundamento jurídico de la STS 4.ª de 6 de julio de 1998 (recurso 4214/97), citada como de contraste, se razona lo siguiente:

"Si bien es cierto que la jurisprudencia ha establecido con carácter general y de forma reiterada, a partir de la sentencia de 10 de febrero de 1997, seguida entre otras por las de 10 y 20 de febrero, 10, 14, y 19 de marzo 6 y 21 de octubre de 1997, que 'no puede reconocerse al INSS la potestad de ordenar con carácter imperativo y fuerza ejecutiva el reintegro, pues esa potestad únicamente corresponde a los Tribunales de justicia, y en su consecuencia para lograr su reintegro es preciso que se plantee la cuestión ante el órgano judicial competente por medio de demanda o, en su caso de reconvención ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral'. Tal regla general sufre excepciones, que la jurisprudencia también señaló en sentencias de 7 de mayo y 11 de junio de 1992, 12 de julio de 1993, y 28 de julio y 11 de octubre de 1995, al tener en cuenta, que los Reales Decretos de revalorización anual de pensiones de la Seguridad Social, vienen facultando a las Entidades Gestoras para proceder de oficio, no sólo a la revisión de la cuantía de las prestaciones, sino también al reintegro de lo irregularmente percibido por el beneficiario de la Seguridad Social. Así en el párrafo segundo, apartado 2, de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 2547/1994, de 29 de diciembre sobre revalorización de pensiones para el año 1995, se dispone que 'cuando el interesado no haya presentado, dentro de plazo, las declaraciones previstas en el apartado 4, del artículo 5 (pensiones perceptores de complementos por mínimos) y en el número 3 del artículo 6 (complemento por cónyuge a cargo), o estas contengan datos inexactos o erróneos. En este caso, el interesado deberá reintegrar lo indebidamente percibido, cualquiera que sea el momento en que se detecte la percepción indebida y sin que, por tanto, en estos supuestos devenga definitiva la asignación de complementos por mínimos'. Norma que se mantiene en el Real Decreto 2547/1994, y que en los Reales Decretos 6/1997, de 10 de enero, y 4/1998, de 9 de enero, aparece recogida en la disposición adicional tercera, pero añadiendo que 'dicho reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas percepciones de pensión, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero'. También en esta línea, las Leyes de Presupuestos del Estado, por ejemplo, la Ley 4/1990, de 29 de junio, en el artículo 46.3 y, la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, en el artículo 40.3 disponen, que el incumplimiento de la obligación de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que tengan reconocido complemento por mínimo, de presentar declaración expresiva de la cuantía de la rentas de capital o trabajo personal, que excedan de determinadas cuantías, 'dará lugar al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el pensionista con los efectos y en la forma que reglamentariamente se determine'.

El criterio mantenido en la sentencia de contraste ha sido seguido asimismo en la STS 4.ª de 21 de diciembre de 1998 (recurso núm. 652/98), en la que se señala que 'carece de fundamento e infringe lo dispuesto en los Reales Decretos de revalorización de pensiones, así como la doctrina de esta Sala (...) el fraccionamiento que se hace en la sentencia recurrida de la resolución de la Entidad Gestora, para entender que está facultada para revisar la pensión, pero no para llevar a efecto el reintegro que de tal revisión resulta cuando dicho reintegro es una obligada consecuencia de ella en relación con las causas en que se funda' (...), pues 'los sucesivos Reales Decretos de revalorización de pensiones han venido habilitando a la Entidad Gestora, no sólo para modificar, de oficio, la prestación cuando detecta un indebido pago del complemento, sino también para, igualmente de oficio, reclamar el reintegro. La fórmula usual, repetida en los Decretos de revalorización, es que, cuando el interesado no haya presentado dentro de plazo las declaraciones exigidas para obtener el complemento de mínimos, o éstas contengan datos inexactos o erróneos, no deviene definitiva la asignación de complementos por mínimos y el interesado deberá reintegrar lo indebidamente percibido'".

Por consiguiente, la sentencia recurrida se ha apartado de la unidad de doctrina declarada por esta Sala, por lo que procede estimar el recurso formulado por el INSS, casando aquélla, y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de desestimar el de esta clase y confirmar la resolución de instancia, sin imposición de costas, conforme al artículo 233.1 de la LPL.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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