Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 4) de 20 de septiembre de 2007


 RESUMEN:

Conflicto colectivo. Competencia objetiva. Delimitación. Alcance territorial de los efectos del conflicto. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Jornada y días de trabajo. Nulidad de la medida por incumplimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y de las previsiones del convenio.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Por la representación de la Confederación Sindical de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, se planteó demanda de conflicto colectivo, de la que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que: "se reconozca que se está ante una modificación de carácter sustancial de las condiciones de trabajo, y se declare que la misma es improcedente, al no ser la modificación operada posible por vía del artículo 41 del ET, así como que se declare que la empresa FOCCSA ha vulnerado su conducta los artículo 12.4 apartado e) y 41.4 del ET, 55 del Convenio en vigor y 29 del anterior convenio. Y que en sus méritos, se proceda a declarar nula y sin efectos la actuación empresarial, condenando a FOCCSA, a estar y pasar por tales declaraciones".

Segundo.-Admitida a tramite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratifico en la misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Tercero.-Con fecha 29 de junio de 2006, se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos estimar y estimamos la demanda de conflicto colectivo planteada por el Sindicato de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya contra la empresa Fomento de Contratas y Construcciones, SA, y en su consecuencia declaramos la nulidad de la medida empresarial de modificación de condiciones de trabajo adoptada con efectos de 1/2/2006 respecto del régimen de jornada y días de trabajo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a reponer a los trabajadores afectados en sus anteriores condiciones de trabajo, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes".

Cuarto.-En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "Primero La empresa demandada Fomento de Construcciones y Contratas, SA tenía adjudicada la contrata mercantil de limpieza de las dependencias de la empresa Caixa Tarragona. Para ello empleaba a unas 95 personas en la provincia de Tarragona, realizando cada uno de estos trabajadores un horario de varias horas semanales, distribuidas en 5 días a la semana, en horario de mañana. Segundo A finales del año 2005, la empresa Caixa Tarragona sacó las bases de la contrata de la limpieza para 2006, por las que se reducía el número de horas de limpieza, pasando a realizarse en un plazo de 3 días a la semana y en horario de mañana. Fomento de Construcciones y Contratas, SA obtuvo la nueva contrata por concurso. Tercero Fruto de las nuevas condiciones impuestas por la propiedad, que según el pliego de condiciones afectan al servicio de limpieza de todos los edificios y oficinas de Caixa Tarragona, que los tiene situados tanto en las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona, como fuera de Cataluña en las provincias de Castellón, Zaragoza y Madrid, Fomento de Construcciones y Contratas, SA comunicó a la presidenta del Comité de Empresa en fecha 22/12/2005 el deseo de proceder a la modificación del régimen de jornada y días de trabajo vigentes y abrir un período de consultas con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la pretendida modificación. Entre las partes se celebraron reuniones en 29/12/2005 y 23/1/2006. Paralelamente, en escrito fechado a 1/1/2006 pero realmente entregado entre los días 26 y 28/1/006, la empresa notificó a cada una de las trabajadoras afectadas su nueva jornada laboral, que suponía una reducción de horas semanales y de prestación de servicios de cinco a tres días, advirtiéndoles del derecho a rescindir la relación laboral con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 9 mensualidades. En dichos escritos se hacía constar que la modificación sería efectiva a partir del 1/2/2006. Cuarto En fecha 21/2/2006 la Dirección y el Comité de Empresa formalizaron un escrito un acta de reunión en los siguientes términos: 'De acuerdo con el período de consultas iniciado con el Comité y ante la imposibilidad de haber podido trasladar el acuerdo firme por la complejidad de convocar a todo el Comité, los acuerdos a los que se van a llegar durante el período de consultas y que hoy se trasladan al presente acta son los siguientes: A) Los trabajadores que a 31/1/2006 opten por las indemnizaciones de 20 días por año de servicio, al considerar perjudiciales las nuevas condiciones, la empresa les abonará el importe de esta indemnización más los 30 días de salario por no cumplir los 30 días de preaviso además de 5 días de salario. Por tanto, abonará la indemnización más 35 días de salario. B) La nueva jornada se inicia en fecha 1/2/2006, pero se acuerda dejar hasta el 15/2/2006 para que los trabajadores valoren la nueva situación, y en caso de ser esta modificación perjudicial, podrán acogerse a la indemnización correspondiente de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 9 mensualidades y a 15 días de salario por no cumplir los 30 días de preaviso. C) En cuanto haya vacantes para el trabajo, se les ofrecerá primero al personal que vea modificada su situación laboral en Caixa Tarragona'. Quinto. En nueva reunión entre las mismas partes en fecha 24/2/2006, la empresa propuso dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 55 del Convenio Colectivo de Neteges de Edificis i Locals de Catalunya (LCAT 2006, 19, 687), realizando la variación de jornada a las trabajadoras que de forma voluntaria aceptaron las nuevas condiciones de trabajo, al objeto de ofrecerles un puesto de trabajo alternativo por la parte de reducción de jornada en que cada una de ellas se vea afectada, así como dando de alta a aquellas trabajadoras que optaron por la rescisión de la relación laboral cobrando la compensación económica pactada con el Comité, dando la representación de los trabajadores su conformidad a esta propuesta".

Quinto.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Sexto.-Emitido el preceptivo informe del Ministerio Fiscal en el sentido de considerar improcedente el recurso, se señaló para votación y fallo el día 13 de septiembre de 2007, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso de casación ordinario lo interpone la empresa "Fomento de Construcciones y Contratas S.A." (en adelante FCC) frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 29 de junio de 2006 que estimó la demanda de conflicto colectivo interpuesta el 17 de marzo de 2006 (el 24 de febrero anterior se presentó la solicitud de conciliación administrativa) por la "Confederación Sindical de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya", previo rechazo de las excepciones opuestas por aquélla.

La referida sentencia "declaró la nulidad de la medida empresarial de modificación de condiciones de trabajo adoptada con efectos de 1/2/2006 respecto del régimen de jornada y días de trabajo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a reponer a los trabajadores afectados en sus anteriores condiciones de trabajo". Y frente a ella interpone FCC recurso de casación articulado en tres motivos, amparados respectivamente en los apartados a), c) y e) del artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral. Antes de proceder a su examen, parece conveniente para la mejor comprensión del debate, reproducir por un lado, los hechos que resultan de interés, de entre los que se declaran probados en el relato fáctico de la sentencia (que ya aparece literalmente trascrito en los antecedentes de esta resolución); y por otro, el contenido literal de los artículos de los Convenios Colectivos en liza.

Segundo.-En la narración histórica de la sentencia recurrida consta probado que:

1.  FCC tenía adjudicada desde tiempo la contrata mercantil de limpieza de las dependencias de Caixa Tarragona en las sucursales de Barcelona, Lleida, Tarragona, Castellón, Zaragoza y Madrid. En la provincia de Tarragona FCC ocupaba en tal servicio a 95 trabajadores. A finales del año 2005, la citada Caixa sacó las nuevas bases de dicha contrata, reduciendo el número de días de limpieza semanal de cinco a tres, en jornada de mañana. La contrata fue adjudicada también a FCC.

2.  Dadas las nuevas condiciones impuestas por la Caixa, FCC comunicó en 22-12-05 a la presidenta del Comité de Empresa de sus trabajadores en Caixa Tarragona, su deseo de abrir un período de consultas en cumplimiento del artículo 41.4 ET para proceder a la modificación del régimen de jornada y de días de trabajo hasta entonces aplicado, a fin de ajustarlo a las nuevas condiciones. Empresa y Comité celebraron dos reuniones en 29-12-05 y 23-1-06 en las que FCC se limitó a informar al Comité de los cambios de jornada y horario que exigían las nuevas condiciones de la contrata; pero no consta que en ellas se alcanzara ningún acuerdo.

3.  Entre el 26 y 28 de enero de 2006 la empresa entregó a todos sus trabajadores en Caixa Tarragona, sendas cartas fechadas el día 1 anterior, y con idéntica redacción, en las que les notificaba su nueva jornada laboral, que suponía una reducción de horas semanales y una nueva distribución de la jornada que pasaba de cinco a tres días a la semana y que comenzaría a regir a partir del 1 de febrero siguiente; en dichas cartas se les comunicaba también de "su derecho a rescindir la relación laboral con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 9 mensualidades". Muchos de los trabajadores optaron por la rescisión de sus contratos.

4.  Con posterioridad FCC y el Comité citado, celebraron nueva reunión el 21 de febrero, levantando acta de "los acuerdos a los que van a llegar durante el período de consultas, y que en síntesis son los siguientes: a) los trabajadores que a 31 de enero anterior hubieran optado por la indemnización, la empresa les abonaría además de ésta, 30 días de salario por no haber cumplido el período de preaviso y otros 5 días más de salario; b) se concedía un nuevo plazo a los trabajadores que aun no habían optado, para que hasta el 15 de febrero pudieran valorar la nueva situación y optar por la indemnización de 20 días, a la que se sumarían 15 días más de salario, por no cumplir los 30 días de preaviso; c) se reconoció al personal afectado un derecho de prioridad para cubrir las vacantes que se pudieran producir en la contrata de Caixa Tarragona.

5.  En una posterior reunión de empresa y Comité, celebrada el día 24 de febrero, la empresa comunicó a éste que, a consecuencia de una denuncia de CC.OO. iba a "dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 55 del Convenio Colectivo de "Limpieza de Edificios y Locales" de Cataluña, realizando la variación de la jornada a las trabajadoras que de forma voluntaria habían aceptado las nuevas condiciones de trabajo y ofreciéndoles un puesto de trabajo alternativo por la parte de reducción de jornada en que cada una de ellas se vea afectada; así como dar de alta a las trabajadoras que habían optado por la rescisión de la relación laboral cobrando la compensación económica pactada con el Comité; propuesta a la que los miembros del Comité manifestaron su conformidad".

Tercero.-Veamos ahora cuales son las previsiones de los Convenios Colectivos a los que alude el recurso. El artículo 29 del Convenio de "Limpieza de Edificios y Locales" de Tarragona con eficacia inicial hasta el 31 de diciembre de 2004 (artículo 3) y prorrogable tácitamente de un año a otro, salvo denuncia de las partes, dispone que "si como consecuencia de una resolución o de una modificación de los contratos de arrendamiento de servicios de limpieza de determinados centros, se redujera la jornada laboral de los trabajadores, la empresa estará obligada de ofrecer por escrito a los trabajadores afectados que completen su jornada laboral en otro centro de trabajo. Si el trabajador se negara, pasaría a percibir el salario según la jornada realizada".

En parecidos términos, aunque más exigentes, se manifiesta el artículo 55 del Convenio de "Limpieza de Edificios y Locales" de Cataluña, publicado el 13 de enero de 2006 y con vigencia desde el 1 de enero anterior al 31 de diciembre de 2009: "Si como consecuencia de la resolución o modificación de los contratos de arrendamiento de servicio de limpieza de determinado centro, la jornada de trabajo del personal se viera reducida, la empresa estará obligada a ofrecer por escrito a los trabajadores afectados, que completen su jornada laboral en otro centro de trabajo. Si el trabajador no aceptara el ofrecimiento, pasará a percibir su salario a prorrata de la jornada realizada. Si la empresa no hiciera tal ofrecimiento, estará obligada a mantener el salario que viniera disfrutando el trabajador con anterioridad a la reducción de jornada y hasta que pueda ofrecerle la realización de la jornada original, en cuyo caso se estará a lo antes establecido para la alternativa de no aceptación".

Cuarto.-Con el primer motivo de su recurso reitera FCC la excepción de incompetencia objetiva que ya opuso en la instancia, y denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Laboral. Sostiene que el pliego de condiciones de Caixa Tarragona, afecta a todos sus centros de trabajo dispersos por varias Comunidades Autónomas por lo que la competencia para conocer del conflicto colectivo corresponde a la Audiencia Nacional y no a la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, como ya opuso ante ella.

En relación con la competencia objetiva, que es aquella que, atendiendo al objeto del proceso, determina que tipo o clase de órgano judicial entre los del mismo grado debe conocer del asunto en la instancia, es constante la doctrina de esta Sala nacida de la interpretación de los artículos 67.2 y 75.1 LOPJ y 7.a) y 8 LPL. Conforme a ella la competencia para conocer de una pretensión de conflicto colectivo viene determinada por el alcance territorial de los efectos del conflicto planteado (sentencias, entre otras, de 15-6-94 (rcud. 2542/93), 6-7-94 (rcud. 3772/93), 14-1-97 (rcud. 1587/96), 18-3-97, (rcud. 3140/96), 17-7-00 (rcud. 3591/99), 21-2-01 (rcud. 4364/99) y 20-6-01 (rcud. 4659/00) 13-3-02 (rcud. 1231/01) y 4-4-02 (rcud. 882/01) y las que en ellas se citan).

La empresa pretende identificar el ámbito o alcance territorial del conflicto con el de la contrata del servicio de limpieza que mantiene con Caixa Tarragona. Pero no es ese el elemento a tener en cuenta a efectos competenciales, porque en este conflicto no se cuestiona el pliego de condiciones de la contrata, que en efecto es común a todos los centros de trabajo de la Caixa, ni la validez de la reducción de la jornada que en él se establece o que sus condiciones afecten a todos los trabajadores que limpian dichos centros. Lo que se combate es, única y exclusivamente, la medida de la empresa (cfr. número 3 del fundamento segundo anterior) adoptada unilateralmente el 1 de enero de 2006, fecha de las cartas, y comunicada a los trabajadores el 26 siguiente. Y como, con todo acierto, señala la sentencia recurrida "no hay en autos prueba, dato o indicio alguno de que los trabajadores de fuera de Cataluña estén atravesando la misma problemática que los operarios que prestan servicios en esta Comunidad"; pues no consta en este procedimiento, es mas FCC no lo ha intentado acreditar, que la empresa haya adoptado en otros lugares medida análoga, en contenido, alcance y forma, a la tomada en Tarragona. Y es claro que la decisión adoptada por la empresa en esta provincia solo afecta a los 95 trabajadores a los que fue comunicada.

Es evidente pues que la sentencia recurrida, al desestimar la excepción de incompetencia objetiva, no ha infringido el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Laboral pues, como se infiere de lo dicho, no es éste el precepto aplicable al caso, sino el artículo 7.a) de la propia Ley, que residencia la competencia para conocer del presente conflicto en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El motivo debe ser, por consiguiente, desestimado.

Quinto.-Igual suerte adversa debe correr el segundo motivo del recurso en el que se denuncia la infracción del artículo 153 LPL en relación con el artículo 12.2 LEC alegando un supuesto quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, que, según la recurrente, se habría producido al rechazar la sentencia la excepción de litisconsorcio pasivo necesario que FCC alegó en juicio, donde afirmó "la necesidad de demandar a la representación de los trabajadores como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre las empresa y el comité, acerca de la modificación de los horarios". El precepto invocado no es, en ningún caso, viable para amparar el motivo, puesto que no establece ninguna situación litisconsorcial de carácter necesario y se limita regular la posibilidad de que los sindicatos más representativos, las asociaciones empresariales y los órganos de representación unitaria y sindical "puedan" personarse como partes, aunque no hayan sido demandados.

En cualquier caso, el reproche solo habría sido acertado si lo combatido en este proceso fueran los acuerdos que FCC y su comité de empresa de Tarragona, alcanzaron los días 21 y 24 de febrero de 2006 (cfr. números 4 y 5 del fundamento segundo). Lo que por cierto, contradiría la tesis de incompetencia objetiva que sostiene la empresa en el primer motivo, pues la competencia para resolver la impugnación de unos acuerdos con ese alcance, no puede corresponder a la Audiencia Nacional de acuerdo con el artículo 8 LPL. Y, de otro lado, hace escasamente comprensible el mantenimiento del recurso, para sostener una decisión unilateral que la propia empresa dejó sin efecto con los pactos de 21 y 24 de febrero.

La censura carece, sin embargo, de todo fundamento desde el momento en que, debemos repetirlo una vez más, la demanda no combate los acuerdos de 21 y 24 de febrero, sino la previa y unilateral medida adoptada por FCC el 1 de Enero anterior y comunicada a los trabajadores el 26 de ese mismo mes, con efectos del día 1 de febrero, como se explica con toda claridad en su hecho tercero. No hay razón alguna, por tanto, para imponer a la parte demandante la carga de codemandar a un comité que no ha tenido ninguna intervención en dicha medida. Fue pues acertada la decisión de la Sala, ya que "el hecho de que tales acuerdos consten debidamente reflejados en la declaración de hechos probados de la sentencia que se impugna" como se enfatiza en el recurso, no implica que los mismos sean el objeto del debate. La inclusión de tales acuerdos, a los que para nada se refiere luego la sentencia, obedeció sin duda, a la voluntad de clarificar la cronología de lo sucedido y diferenciarlos de la medida que la empresa tomó unilateralmente y antes de alcanzar dichos acuerdos a los que las partes "llegaron durante el período de consultas" (cfr. número 4 del fundamento segundo).

Sexto.-Finalmente, y por la vía del apartado e) del artículo 205 LPL denuncia la empresa la infracción de los artículos 3.1.b), 41 y 82 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 55 del Convenio Colectivo de "Limpieza de Edificios y Locales"de Cataluña, cuyas previsiones sostiene la empresa que ha cumplido escrupulosamente.

La denuncia parte de nuevo del error de considerar que son los acuerdos tan repetidamente citados los anulados por la sentencia recurrida. Pero el fallo de ésta es concluyente, puesto que declara "la nulidad de la medida empresarial de modificación de condiciones de trabajo adoptada con efectos de 1/2/2006 respecto del régimen de jornada y días de trabajo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a reponer a los trabajadores afectados en sus anteriores condiciones de trabajo". Reposición que, como ya hemos señalado, se debió llevar a efecto a partir de marzo de 2006 si es que la empresa cumplió el acuerdo de 24 de febrero (núm. 5 del fundamento segundo) con el que, fruto de la denuncia formulada por Comisiones Obreras en la Inspección de Trabajo, abandonó su decisión inicial, que es la aquí debatida, y aplicó las previsiones del artículo 55 del Convenio Colectivo invocado.

Es claro pues que la sentencia recurrida, no conculcó dicho precepto paccionado, cuando declaró la nulidad de una medida, la modificación de las condiciones de trabajo, que la empresa decidió unilateralmente, sin cumplir las previsiones del artículo 41 ET, y en contra, además, de las previsiones del Convenio. Queda ello patente al comprobar que con las cartas fechadas en 1 de enero y notificadas en 26 siguiente, al empresa procedió a fijar una nueva jornada laboral, que suponía una reducción de horas semanales sin entablar un previo período de consultas con los representantes de los trabajadores ni respetar el plazo de preaviso que el precepto estatutario dispone, y a comunicarles "su derecho a rescindir la relación laboral con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 9 mensualidades". Cuando es lo cierto que el artículo 55 del Convenio (cfr. párrafo segundo del fundamento tercero) contiene concretas previsiones tendentes a evitar precisamente la rescisión de los contratos; y sin embargo en dichas cartas, tampoco se ofreció a los afectados que completaran su jornada laboral en otro centro de trabajo, ni se manifestó la voluntad de mantenerles su salario si es que FCC no podía ofrecer esa actividad complementaria. No fue pues la sentencia la que infringió los artículos 41 ET y 55 del Convenio, sino la empresa con su decisión unilateral del día 1 de enero.

En atención a todo lo expuesto procede la desestimación del recurso de casación interpuesto por la empresa "Fomento de Construcciones y Contratas S.A." frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 29 de junio de 2006. Sin condena en costas (artículo 233.2 LPL).

Por lo expuesto, en nombre de SM el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación promovido en nombre de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. contra Sentencia de fecha 29 de junio de 2006, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmamos, en el procedimiento núm. 11/06 promovido por la Confederación Sindical de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. sobre conflicto colectivo. Sin costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación