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Sentencia T.S. (Sala 4) de 10 de octubre de 2007


 RESUMEN:

Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Reclamación de clasificación profesional unida a una pretensión de diferencias retributivas. No cabe recurso contra la sentencia de instancia.


ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La parte dispositiva de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 18 de enero de 2006, es del siguiente tenor literal.-Fallo: "Que estimando parcialmente el recurso de suplicación deducido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. tres de Jaén, en autos sobre encuadramiento profesional y reclamación de cantidad, a instancia de Don Víctor Manuel, frente a la recurrente, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución, en cuanto al reconocimiento de encuadramiento profesional del actor en el Grupo IV del Convenio Colectivo Único de la Administración Civil del Estado, absolviendo a la demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra en tal sentido, manteniendo la condena de la demanda al pago de la cantidad de 1.665,58 Euros más las partes proporcionales que correspondan por antigüedad y turnicidad, por trabajos de superior categoría por el periodo 1-1-03 al 31-12-03, absolviéndola del resto de las pretensiones económicas instadas en su contra".

Segundo.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jaén, de fecha 27 de mayo de 2004, contiene los siguientes Hechos Probados: "1.º) El actor D. Víctor Manuel, con D.N.I. núm. NUM000, viene prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia del organismo demandado Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, desde el día 1-7-90, continuando en la actualidad y con la condición de personal laboral fijo, con la categoría guarda en primer lugar y con posterioridad de oficial de 2.ª y con salario de 1.309,92 euros mensuales. 2.º) Que desde su ingreso en la Entidad demandada el actor viene realizando las funciones que se dicen en el informe del Comité de Empresa y en el de la Inspección Provincial de Trabajo. El Jefe inmediato del demandante no se desplaza al centro de trabajo durante los fines de semana, realizando la supervisión a través de teléfono, sin que exista un contacto continuo, realizando la supervisión a través de teléfono, sin que exista un contacto continuo, realizando todas las funciones reseñadas anteriormente con un elevado nivel de iniciativa y autonomía, y asimismo el encargado del centro de trabajo solo tiene turno de mañana, mientras que el actor efectúa turno rotatorio de mañana, tarde y noche. 3.º) Que solicitó del Organismo demandado la adecuación de su clasificación profesional, siéndole denegada la reclamación e instando demanda en 16 de marzo de 2004. 4.º) Que la diferencia anual entre las distintas categorías de oficial de 2.ª y oficial de 1.ª, asciende a 1.665,58 euros anuales en salario base más la proporcional en antigüedad, turnicidad, etc.".

Dicha sentencia, concluye con el siguiente Fallo: "Que estimando la demanda interpuesta por D. Víctor Manuel, debo de condenar y condeno a la entidad demandada CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR a estar y pasar por ello, reconocerle la categoría de Oficial de Primera Grupo Sexto, al que corresponde el grupo profesional 4, abonándole las correspondientes retribuciones, así como las diferencias resultantes en el periodo transcurrido desde 1-1-03, hasta el 31-12-03, importando el devengado hasta dicho día la cantidad de 1.665,58 euros, más las partes proporcionales que correspondan por antigüedad, turnicidad, etc. y asimismo al abono de las diferencias correspondientes desde el 1-1-04 en adelante, sin que haya lugar a intereses de demora por ser litigiosa la cuestión".

Tercero.-Sobre cuestión litigiosa referida a CLASIFICACION PROFESIONAL, se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 3 de junio de 1994.

Cuarto.-Por el Letrado D. MARCOS GARCÍA SÁNCHEZ, se formalizó el recurso de casación para unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el 6 de abril de 2006 y en el que se alegaron los siguientes motivos: I) Sobre la contradicción alegada. II) Sobre el quebranto producido en la interpretación del derecho y la formación de la Jurisprudencia.

La parte recurrente, ha aportado la preceptiva certificación de la sentencia contradictoria.

Quinto.-Se tuvo por personado e interpuesto, en tiempo y forma, el presente recurso de casación para unificación de doctrina y pasados los autos al Magistrado Ponente, por proveído de 17 de enero de 2007, se admitió a trámite el recurso dando traslado del mismo al Ministerio Fiscal.

Sexto.-Evacuado el traslado de impugnación de la parte recurrida personada, el Ministerio Fiscal emitió su preceptivo dictamen en el sentido de considerar PROCEDENTE el recurso. Se señaló para Votación y Fallo, el día 3 de octubre de 2007, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-En la demanda rectora de estos autos, ya en fase de recurso de casación para unificación de doctrina, se postuló por la parte demandante, Don Víctor Manuel, hoy recurrente, el encuadramiento en la categoría de Oficial de Oficio de 1.ª, Grupos 6, correspondiente al Grupo Profesional 4 del Convenio Colectivo único de la Administración General del Estado, en lugar de Guarda Primero y Oficial de 2.ª, grupo 5, en el que se hallaba encuadrado, solicitándose, solo con carácter subsidiario y para el caso de no accederse al primer pedimento de la demanda el abono de las diferencias retributivas correspondientes.

La sentencia de instancia del Juzgado de lo Social número 3 de Jaén estimo la demanda en su pronunciamiento principal y no otorgo recurso de suplicación frente a dicha resolución judicial.

Tras diversos recursos de reposición, queja y aclaración formulados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que desembocaron, finalmente, en una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 14 de septiembre de 2005, esta última resolución judicial confirmó la de instancia, en el sentido de entender que contra la misma no cabía el recurso de suplicación planteado.

Frente a esta última sentencia planteó la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la precitada Confederación, incidente de nulidad de actuaciones por manifiesta incongruencia, que fue resuelto por Auto de la citada Sala de lo Social, de fecha 25 de noviembre de 2005, estimatorio de la pretendida nulidad.

Finalmente, ya en trámite de suplicación frente a la sentencia de instancia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en sentencia de 18 de enero de 2006, estimó parcialmente el recurso ante la misma planteado, no accediendo al encuadramiento profesional postulado en la demanda, pero aceptando el abono de diferencias retributivas por la realización de funciones de superior categoría.

Contra esta última resolución judicial se formula, ahora, el presente recurso de casación para unificación de doctrina por parte del trabajador Don Víctor Manuel que articula en tres motivos de impugnación distintos referidos, el primero, a la irrecurribilidad de la sentencia de instancia para el que se propone como sentencia referencial la de la propia Sala de lo Social, de fecha 10 de febrero de 2004, dictada en el recurso 2.537/2004, de la que procede la hoy recurrida; el segundo, al reconocimiento de categoría en concordancia con los trabajos realizados para el que se propone, como término de contradicción, la sentencia de esta Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1994 dictada en el recurso 2.562/1992 y el tercero y último motivo impugnatorio, relativo al nivel retributivo para el que se propone como sentencia referencial la de la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Granada, de fecha 27 de abril de 2005, dictada en el recurso 2826/2004.

Segundo.-Entrando en el análisis del primero de los motivos de impugnación propuestos y cuya posible prosperabilidad hará innecesario, ya, el enjuiciamiento de los restantes alegados en el recurso, es de significar, en primer término, que tratándose de una cuestión de competencia funcional atinente, por tanto, al orden público procesal, según un reiterado criterio jurisprudencial de esta Sala -sentencias 21 de noviembre de 2000, Sala General (recurso 234/2000), 11 de diciembre de 2000 recurso 2298/2000) y 13 de marzo de 2003 (recurso 1899/2001)-no se precisa, siquiera, la concurrencia del requisito de la contradicción judicial para poder entrar en el conocimiento y resolución del mismo.

Aún así, es lo cierto que verificado el juicio de contradicción entre la sentencia recurrida y la de la misma Sala, propuesta como término referencial, se advierte, con meridiana claridad, la concurrencia del expresado requisito, de carácter previo e ineludible, para entrar en el conocimiento de la cuestión jurídica de fondo planteada en el recurso unificador de doctrina.

En efecto, en ambos casos se trata de trabajadores de la misma empresa, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que solicitan, igualmente, su adecuado encuadramiento profesional y el abono de diferencias retributivas correspondientes y en tanto la sentencia hoy recurrida admite el recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, la de contraste deniega dicho recurso por tratarse de un proceso de clasificación profesional conforme a lo establecido en el artículo 137-3 de la LPL.

Tercero.-Analizada la demanda rectora de autos y lo, concretamente, postulado en la misma no puede, en manera alguna, desconocerse que se está ante un procedimiento de clasificación profesional de acuerdo con el Convenio Colectivo anteriormente vigente en la empresa pública demandada y adecuándolo a lo previsto en el actual Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado.

En este sentido y como ya dijimos en nuestra sentencia de 29 de octubre de 2001 -recurso 444/2001-"el acto determinante de la elección de la modalidad procesal idónea, es el de la presentación de la demanda, de suerte que la pretensión que en ella se ejercite condiciona el cauce a seguir, independientemente de la procedencia o improcedencia de la cuestión de fondo discutida, y de la denominación que el actor le haya dado".

No cabe la menor duda de que en la demanda rectora de autos se reclama una clasificación profesional conforme a una normativa convencional anterior y adecuándola a la normativa, también convencional, actualmente vigente conforme a los cometidos laborales desempeñados por el trabajador demandante y a cuya pretensión principal se une una reclamación de diferencias retributivas, lo que no enturbia ni desnaturaliza la principal acción ejercitada.

Desde esta perspectiva enjuiciadora que es la, también seguida, en nuestra más reciente sentencia de 30 de mayo de 2006 -recurso 2207/2005-procede estimar este primer motivo de recurso y, consecuentemente, declarar nulidad de actuaciones desde el momento procesal en que se tuvo por admitido el recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, cuyo pronunciamiento, por ende ha de quedar firme.

La admisión de la irrecurribilidad de la sentencia de instancia hace ya innecesario el examen de los restantes motivos de impugnación propuestos.

No ha lugar a la imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de SM el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina, promovido por el Letrado D. MARCOS GARCÍA SÁNCHEZ, en nombre y representación de D. Víctor Manuel, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 18 de enero de 2006, en recurso de suplicación núm. 421/04, correspondiente a autos núm. 190/04 del Juzgado de lo Social núm. 3 de Jaén, en los que se dictó sentencia de fecha 27 de mayo de 2004, deducidos por dicha parte recurrente, frente a la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR, sobre CLASIFICACION PROFESIONAL. Casamos y anulamos la sentencia recurrida; declaramos la nulidad de actuaciones desde el momento procesal en que se tuvo por admitido el recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia que queda firme. Sin imposición de costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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