Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de diciembre de 1999


 RESUMEN:

Recurso de revisión. Desestimación. Independencia del orden jurisdiccional penal respecto al laboral y viceversa en orden a la valoración de la prueba. La presunción de inocencia es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El actor ha interpuesto demanda -recurso en los términos legales- de revisión frente a la sentencia firme dictada en la jurisdicción social, que declaró procedente el despido de que fue objeto por parte del empleador, hoy demandado.

Basa la acción revisoria -aunque por lo que luego se dirá, más bien la causa es la instaurada por el artículo 86.3 de la Ley de Procedimiento Laboral- en el artículo 1796.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir en la maquinación fraudulenta para ganar injustamente una sentencia y deduce esta maquinación de la circunstancia de que (apartado B del escrito iniciador del proceso) "previamente a la notificación de la carta de despido (...) la empresa presentó (...) denuncia en la comisaría de Policía (...) por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico y análogos (...)" y de que "sin esperar a su resultado para demostrar los hechos imputados vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia (...) se le notifico la carta de despido (...) que es fiel reflejo de la denuncia que, previamente, se ha interpuesto ante la policía". De ello deduce que, -habiendo sido absuelto de dicha denuncia el trabajador despedido, por sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, número cinco de Málaga, en fecha 27 de marzo de 1998, notificada el 5 de mayo siguiente-"no participó en los hechos que se le imputaron"y que consecuentemente procede (hecho primero, apartado quinto de la demanda) "la revisión de la sentencia instada (...) ya que los hechos y las consecuencias acaecidas con posterioridad al dictado de la resolución sobre la que instamos la revisión, se desprenden de un modo indubitado que los mismos tuvieron como base unos hechos no probados y por cuanto menos fraudulentos".

Segundo.-La denuncia así planteada debe ser rechazada en virtud de los siguientes razonamientos:

1.  Nada impide que en el ejercicio de sus derechos los ciudadanos acudan al orden jurisdiccional competente para la tutela y conocimiento de las pretensiones actuadas. Un mismo hecho puede revelar la existencia de un incumplimiento voluntario y grave que, en el orden contractual laboral, justifique la existencia y procedencia de un despido, y, al mismo tiempo, ser constitutivo de una infracción penal, que bien de oficio o a instancia del particular ofendido o de la iniciativa popular de lugar a la instrucción "necesaria" del proceso penal. El hecho pues de que, simultáneamente o no, a la acción de despido, la empresa haya acudido a la vía formal en defensa de sus derechos no revela maquinación fraudulenta alguna.

Lo que acontece es que en el orden procesal laboral, a partir de la ley de procedimiento laboral de 1990, se ha introducido una especifica causa de revisión en el artículo 86.3, que literalmente afirma "Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o la Sala de lo Social la vía del recurso de revisión regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Los presupuestos, pues, para que la sentencia dictada en el proceso penal resolviendo la cuestión prejudicial de tal naturaleza, actúe como motivo de revisión de la sentencia laboral, son que la sentencia absolutoria penal sea debida a "inexistencia de hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo", lo que no acontece en el presente caso, en que la absolución no viene determinada por estas causas.

En efecto, la sentencia penal de autos que absolvió al actor del delito del que era acusado (defraudación de fluido eléctrico y análogos, incumplimiento que constituyó la base de su despido declarado procedente en el orden laboral) no sólo no constató la inexistencia del hecho imputado, ni la participación en el mismo del actor, sino que fundamentó esencialmente, su pronunciamiento absolutorio en el principio de presunción de inocencia que (fundamento de derecho primero, apartado tercero, "in fine") "se traduce en arbitrar una norma de interpretación tendente a establecer en aquellos casos en donde a pesar de haberse realizado una actividad preparatoria, tales pruebas dejan dudas al juzgador de la existencia de culpabilidad del acusado". En el propio fundamento no sólo se constata la existencia del hecho, sino que también se afirma que "en la conexión de las líneas telefónicas solicitadas existe una irregularidad por parte del acusado ..." y que dicha irregularidad "va más allá de sus deberes laborales, incurriendo además en negligencia no merecedora de sanción penal y sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder, en su caso a 'Telefónica de España, S.A.' " Mención última que, quizá, pudiera hacer alusión a la que se ha producido en la fecha de celebración del juicio oral penal, cual era el despido del acusado, hoy actor en revisión.

2.  La valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental de la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado -en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 97.2 de la L.P.L. en orden a la valoración de la prueba- el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido.

Este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en orden a la valoración de la prueba- con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo -entre otras sentencias de 15 de junio de 1992, y 20 de junio de 1994 y 13 de febrero de 1998- y ello, en cuanto -sentencias del Tribunal Constitucional 24/1983, de 23 de febrero, 36/1985, de 8 de marzo y 62/1984, de 2 de mayo- la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta". Tampoco existe violación del principio de presunción de inocencia, dado que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, rectificando su inicial jurisprudencia -entre otras, STC 18 de marzo de 1992-la presunción de inocencia es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal, y ello porque "de un lado, el despido no es más que una resolución contractual, y por tanto no conlleva la aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración por los Tribunales Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un juicio sobre culpabilidad o inocencia del recurrente".

En definitiva, este motivo especifico de revisión desconocido por el texto refundido de la L.P.L. de 1980, instaurado por el texto articulado de 1990 y mantenido en el vigente texto refundido de 1995, -quizá para armonizar y conciliar el principio de celeridad del proceso laboral con el de seguridad jurídica- establece en su artículo 86.3 una nueva vía de apertura al recurso de revisión regulado en la L.E.C. consiste en que la sentencia absolutoria penal se haya formulado "por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo". Vía que no concurre en el caso litigioso, en que el juez penal no excluyó la existencia del hecho, ni la participación en el mismo del inculpado, sino que fue la falta de prueba concluyente, la que condujo al órgano penal -por aplicación, sin duda, del derecho a la presunción de inocencia-, a la absolución del hoy recurrente en revisión.

3.  Finalmente es de constatar que la finalidad del proceso de despido no es la declaración de culpabilidad del despedido, sobre el que no se ha formulado acusación de culpabilidad penal, sino que su objeto, al que debe contraerse la actuación procesal de las partes y del órgano jurisdiccional laboral, se centra en el debate sobre si existe o no, a la luz del derecho labora, una causa justificante del despido disciplinario realizado por el empleador, y la comprobación al efecto se desenvuelve en el marco establecido por las normas sustantivas y procesales laborales, entre las que se encuentra el artículo 89.2 de la L.P.L., que faculta al juzgador para formar su convicción conforme a las pruebas practicadas en el proceso laboral. Con ello no se desconoce, ni se reduce a la nada la sentencia penal firme, sino que se limita su campo de aplicación a la esfera penal en la que se dictó, sin que afecte a la realidad jurídica que ya quedó cualificada en una sentencia laboral, que también goza de firmeza, conforme a una probanza y valoración que, en el caso presente, produjo la convicción del órgano judicial laboral distinta en el hecho cuarto probado de la sentencia impugnada.

Tercero.-En virtud de lo expuesto, procede declarar la improcedencia del presente recurso de revisión, sin hacer expresa declaración sobre costas procesales.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación