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Sentencia T.S.J. Madrid 934/2006, de 29 de noviembre


 RESUMEN:

Extinción del contrato de trabajo. Voluntad del trabajador. Incumplimiento empresarial. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Cambio de puesto de director con 7 trabajadores a su cargo a otro puesto con meras funciones de vendedor y sin percepción de salario variable.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por Don Félix, por resolución de contrato por voluntad del trabajador, contra ESQUITINO MARTÍNEZ, S.A. y WERNDL ESPAÑA, S.A. y en su día se dictó la sentencia que ahora se recurre, que en su parte dispositiva dice:

"Que debía estimar la demanda y la pretensión interpuesta por D. Félix en materia de R.C.V.T. contra las empresas ESQUITINIO MARTINEZ SA, y WERNDL ESPAÑA SL declarando extinguida la relación laboral existente entre las partes a la fecha de la presente, y condenando a la empresa al pago al actor de una indemnización de 38.910,99 euros y a estar y pasar a las partes por esta declaración".

Segundo.-En dicha resolución se declaran probados los siguientes hechos:

"Primero. Don Félix Y ESQUITINO MARTINEZ SA que junto a la otra codemanda forman un GRUPO DE EMPRESA expresamente reconocido por la defensa de ambas- suscribieron contrato de trabajo de carácter indefinido el 04-11-99, por el que el actor prestaría sus servicios como vendedor, con la categoría profesional de Jefe de Grupo, jornada semanal de cuarenta horas.

Además del salario mensual bruto de 3.523,05 euros con prorratas de pagas extras, el actor percibió en nóminas durante el pasado año 2005, 19.918,01 euros el importe de las comisiones por ventas realizadas de los meses comprendidos entre enero a junio y se le dedujeron por ese mismo concepto en las de los meses de julio a octubre 9.704 euros.

Segundo. Con fecha 17-09-05 la empresa le comunicó al hoy demandante su cese como Director Comercial, justificándolo en la pérdida de confianza en su gestión en los últimos tiempos y se le decía que mantendría su puesto de trabajo en el equipo comercial de la empresa.

Dicha decisión de la empresa se les comunicó a los siete vendedores de su equipo.

Tercero. El actor tenía estableció para el año 2005 una remuneración variable alcanzando los objetivos y que se basan en la cuota del nuevo ejercicio de 2005 y que está en conseguir el objetivo de ventas de 4.000.000 euros (folios 70 a 72 por reproducidos).

El importe, según el Plan preestablecido, de las Comisiones, a percibir por el actor serían de 1.1% de las ventas facturadas directas realizadas por el personal -siete trabajadores- del equipo y cobradas en un plazo no superior a cuatro meses, debiendo alcanzarse un mínimo de facturación de 2.600.000 euros aunque se podrán hacer anticipos a cuenta y de no alcanzarse en el primer semestre el 40% del mínimo anual señalado se retrocederán las comisiones anticipadas.

Cuarto. En las nóminas del actor sigue figurando la categoría de Jefe de Grupo y puesto de trabajo de vendedor, percibiendo los diferentes conceptos salariales fijos.

Quinto. La empresa certificó el 08-02-06 a petición del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Alcobendas, donde se tramita el procedimiento de separación del actor, que los ingresos -sueldo- del año 2004 había sido de 79.673,96 euros y los del año 2005 53.010,31 euros".

Tercero.-Contra dicha resolución se interponen sendos recursos de suplicación por el demandante, con intervención del Letrado Don GONZALO PÉREZ PÉREZ y por las demandas representadas por el Letrado Don FRANCISCO JAVIER JUEZ GONZÁLEZ, habiendo sido recíprocamente impugnados de contrario. Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.-Con amparo en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, interesan las empresas en su escrito de recurso, que se añada al hecho probado tercero el siguiente párrafo:

"Asimismo, del 2% por las ventas directas realizadas por el Sr. Orive y cobradas en un plazo no superior a cuatro meses desde su fecha factura según PLAN DE COMISIONES.

Para cobrar el 2% por las ventas directas se ha de alcanzar un mínimo de facturación de 480.000 euros aunque se podrán hacer anticipos a cuenta.

De no alcanzar en el primer semestre el 40% del mínimo anual señalado se retrocederán las comisiones anticipadas".

Para lo que se basan en los documentos obrantes a los folios 71 y 81 que son fotocopias del mismo documento, aportadas por cada una de las partes, por lo que no hay obstáculo para incorporar al hecho el párrafo interesado.

Además solicitan las empresas la modificación del hecho probado cuarto, en la siguiente forma:

"En las nóminas del actor sigue figurando la categoría de Jefe de Grupo y puesto de trabajo de vendedor, percibiendo los diferentes conceptos salariales fijos, entre ellos el complemento de 1.883,72 euros mensuales que percibía como jefe de grupo".

Apoyándose en las nóminas aportadas por ambas partes y coincidentes, obrantes a los folios 54 a 68 y 119 a 146 de los autos, de las que se desprende el dato que se quiere aclarar, que es irrelevante para el resultado del pleito porque ya se ha tenido como probado que el salario fijo no se ha alterado, si bien no hay inconveniente en admitir la especificación.

Por último postulan las recurrentes que se añada al relato fáctico el siguiente hecho:

"El actor, con posterioridad a su cese como director comercial, sigue manteniendo los poderes otorgados por la empresa y en virtud de ellos ha suscrito diversos contratos con las administraciones públicas y diversa documentación para concursos públicos, y ha presentado presupuestos como vendedor".

Remitiéndose a los documentos obrantes a los folios 235 a 318 de los autos, en los que constan tales extremos, que se admiten de contrario, si bien matizando que se trata de concursos anteriores a su cese como director y en cuyo contrato hubo de comparecer por haber efectuado anteriormente el trabajo, por lo que concluye que no significan que se le siguieran encomendando trabajos de responsabilidad, sino que finalizó los que antes se le habían asignado, tratándose realmente de una circunstancia irrelevante para el resultado del pleito, por cuanto el mantenimiento de poderes no es equivalente al de responsabilidad ni de categoría, cuando se utilicen esporádicamente, sin perjuicio de lo cual se admite la adición.

Segundo.-Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncian las demandadas recurrentes la indebida aplicación del artículo 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y la inaplicación de los artículos 5.c, 20 y 39 del mismo cuerpo legal, así como de la jurisprudencia que cita, alegando que el Sr. Félix fue contratado como vendedor, con la categoría profesional de jefe de grupo, que conserva, no siendo la de director comercial una categoría recogida por el convenio, sino que se trata de un cargo debido al plus de confianza que se tenga en la persona que lo vaya a ostentar y cuyo cese se debe a la pérdida de tal confianza, por lo que no es necesaria motivación, entrando en la órbita del poder de dirección de la empresa, habiendo vuelto el actor a su anterior puesto de trabajo, como vendedor y no percibiendo, por tanto, en sus retribuciones el porcentaje sobre las ventas obtenidas por el equipo de ventas, por lo que consideran que tal cese no supone causa para la extinción y está amparado por los últimos preceptos citados.

Independientemente de que el convenio contemple o no como categoría laboral la de director comercial, hemos de tener en cuenta que figuraba en nómina como jefe de grupo y que el actor ha venido desempeñando las funciones de dirección y coordinación de siete vendedores que componían su equipo, percibiendo las comisiones derivadas de las ventas de todos ellos, sin que pueda negársele el ascenso que se verificó en fecha indeterminada, tras su contratación como vendedor, por el mero hecho de darle la empresa una denominación no acorde con la establecida en el convenio, lo que, desde luego, conforme a lo dispuesto en el artículo 1288 del Código Civil, no puede perjudicar al trabajador, siendo igualmente irrefutable que, desde el momento en que se le encomendó la jefatura o dirección del grupo hasta el año 2005, el actor consolidó tal categoría y que su desconocimiento por parte de la empresa a partir del 17 de septiembre de este último año, supone una clarísima modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, unida al detrimento patrimonial que conllevó, que le ocasiona indudablemente un perjuicio en su formación y un menoscabo para su dignidad al pasarle de realizar funciones de dirección con personal a su cargo, a realizar meras tareas de vendedor, al mismo nivel que los trabajadores a los que antes coordinaba y dirigía, cambio tan perjudicial y sustancial que da lugar, como ha apreciado correctamente el Juzgador a quo, a la extinción de su contrato al amparo del artículo 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, no siendo de recibo la alegación de la empresa respecto de que se trataba de un cargo de confianza, lo que es lógico, pues todos los cargos de dirección han de gozar de la confianza de la empresa, no concibiéndose que sea de otro modo, pero ello no implica que ésta pueda proceder a su antojo a remover a quienes los ocupan durante períodos dilatados como en el caso que nos ocupa, habiendo consolidado la jefatura, degradándolos en su posición en la empresa, sino que para cesarlos ha de observar las prevenciones legal y convencionalmente establecidas, por lo que el recurso de la empresa se desestima.

Tercero.-El demandante, en su escrito de recurso, pide la modificación del segundo párrafo del hecho probado primero, en la siguiente forma:

"Además del salario mensual bruto de 3.523,05 euros, percibe dos pagas extraordinarias por importe de 2.939,63 euros (489,94 euros mensuales) y unas comisiones por ventas realizadas que se liquidan mensualmente y se regularizan una vez al año durante el mes siguiente de cada año natural, y que ascienden a una cantidad de 37.341,62 euros anuales durante el año 2004 (3.111,77 euros mensuales) y 19.918,01 euros durante el primer semestre del año 2005 (3.319,67 euros mensuales), considerando por tanto que el salario mensual que se percibe a efectos de indemnización equivale a la cuantía de 7.332,66 euros mensuales (244,42 euros diarios) resultante del sumando de 3.523,05 + 489,94 euros + 3.319,67 euros)".

Manifestando que a partir del mes de julio dejaron de abonársele comisiones, coincidiendo con su cese como director, por ser entonces imposible cumplir con los objetivos marcados al no tener ningún comercial bajo su dirección, quedando vacío de contenido el plan suscrito al ser de imposible cumplimiento, por lo que interesa que se tengan en cuenta los ingresos anteriores, esto es los del primer semestre de 2005 o los de 2004.

Tal y como pone de relieve la empresa en su escrito de impugnación, el actor no cita precepto alguno que pudiera considerar infringido, limitándose el recurso a la solicitud de revisión del hecho probado primero, pero, tal y como señala la jurisprudencia constitucional, lo relevante no es la forma o técnica del escrito del recurso, sino su contenido (STC 18/1993), de manera que, cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser, sin más, desestimado, pues se vulneraría el mandato del artículo 24.1 de la Constitución Española (SSTC 55/1993 y 37/1995), así como el contenido en el artículo 11.3 de la LOPJ, debiéndose pues obviar los defectos formales, cuando, como en el presente caso, es tan evidente lo interesado en el recurso, a la sazón que se corrija un pretendido error respecto del salario fijo y que se tenga en cuenta a efectos del salario variable un determinado período y no otro, sobre la base de las alegaciones antes citadas y, consecuentemente, que se eleve la indemnización tal y como se pide en el suplico.

Pues bien, en primer lugar, y respecto al salario fijo bruto mensual que se declara probado, lo que interesa el recurrente no es sino la mera rectificación de un error material que pudo haberse corregido en vía de aclaración, esto es que se ha considerado salario prorrateado el que lo es sin prorrata y ello resulta de forma evidente de las nóminas aportadas por ambas partes, documentos respecto de los que no existe cuestión alguna, al ser coincidentes, de los que resulta que el fijo mensual sin prorrata asciende a 3.503,24 euros, y la prorrata de pagas extras a 492,91 euros, en total 3.996,15 euros brutos con prorrata.

En cuanto al salario variable a tener en cuenta a efectos de indemnización, tal y como se declara en el relato de probados, el actor tenía fijada por la empresa, para el año 2005, una retribución variable, consistente en el 1,1% de las ventas realizadas por los siete trabajadores que actuaban bajo su dirección, siempre que se alcanzase un mínimo de facturación, igualmente fijado; en cumplimiento de esta condición incorporada al contrato del trabajador, éste vino percibiendo durante los meses de enero a junio de 2005, de forma mensual, unas comisiones que en total ascendieron a 19.918 euros, si bien en los meses de julio a octubre de 2005 se le dedujeron 9.704 euros, por no haber alcanzado los objetivos y de acuerdo con las condiciones establecidas al respecto, por lo que, en fin, las comisiones devengadas durante los primeros seis meses del año 2005, ascendieron a 10.214 euros, 1.702,33 euros al mes, que sumados a los 3.996,15 euros mensuales fijos, dan un total de 5.698,48 euros, que fue el salario total percibido por el actor durante el citado período, es decir, hasta su cese como director comercial, y que es el que hemos de computar, de conformidad con la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, recogida en su sentencia de se de febrero de 1993, recurso 1404/1993, que se pronuncia respecto de la cuestión planteada, en la siguiente forma:

"El artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que en caso de resolución por incumplimiento empresarial el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente y el artículo 56.1.a) del citado Estatuto establece la indemnización en cuarenta y cinco días de salario por año de servicio. La determinación de este salario no ha sido cuestión pacífica en la doctrina y así se ha establecido en ocasiones que se trata del salario que realmente se estuviera percibiendo en el momento del cese y no el que se pudiera tener derecho a percibir, por lo que el mayor salario que el trabajador considere que debe percibir podrá ser objeto de controversia en otro proceso, pero no en el de despido. Pero la más reciente doctrina de la Sala ha establecido que "el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido", pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es "en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la ley... una reclamación inadecuada" (sentencia de 7 de diciembre de 1990, que cita la de 10 de diciembre de 1986, y sentencia de 3 de enero de 1991). En este sentido la sentencia de 24 de julio de 1989 señala también que "el salario regulador de la indemnización es aquel que corresponde al trabajador al tiempo del despido y no el que arbitrariamente abona la empresa" y la de 2 de febrero de 1990 precisa que sería contrario al principio de buena fe aceptar la actuación de la empresa que reduce unilateralmente el salario para perjudicar al trabajador no sólo en sus retribuciones, sino incluso en el importe de la indemnización por extinción de la relación laboral. Este mismo criterio ha de aplicarse para la resolución del contrato de trabajo en virtud de la remisión del artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el supuesto que se examina es la propia actuación empresarial, que se considera como un incumplimiento grave que justifica la resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador, la que ha determinado una reducción ilícita del salario que como tal (artículo 6.3 del Código Civil) no puede tener eficacia para reducir la base de cálculo de la indemnización procedente".

Conforme a la cual, al no haberse acreditado por la empresa, hecho alguno que pudiera justificar su decisión de modificar las condiciones del actor, pasándole del puesto que ocupaba como director, a cargo de siete personas, de cuyas ventas percibía comisiones, a otro en el que no tiene posibilidad de devengar el salario variable pactado, hemos de estar a la retribución que venía percibiendo antes de tal modificación indebida, de 189,45 euros mensuales, y no al que se le atribuye como consecuencia de la misma de 145,23 euros, por lo que se estima parcialmente el recurso, fijando la indemnización a la fecha de la sentencia de instancia, en 54.182,7 euros (antigüedad de 6 años, cuatro meses y seis días = 286 días).

A la vista de cuanto antecede,

FALLAMOS

Que en los recursos de suplicación seguidos con el número 4188/06, interpuestos por Don Félix y por ESQUITINO MARTÍNEZ, S.A. y WERNDL ESPAÑA, S.A., frente a la sentencia número 101/06, dictada por el Juzgado de lo Social número Veintiuno de los de Madrid, el día 10 de marzo de 2006, en los autos número 11/06, en procedimiento por resolución de contrato por voluntad del trabajador, desestimamos el formulado por las empresas y estimamos parcialmente el del demandante, y en consecuencia revocamos parcialmente la resolución impugnada, fijando la indemnización en CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (54.182,7 euros), confirmando los restantes pronunciamiento que contiene y condenamos a las empresas recurrentes al pago de tal indemnización y a la pérdida de los depósitos y consignaciones a los que se dará el destino legal, así como al pago de los honorarios del Letrado de la parte recurrida, en cuantía de 300 euros.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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