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Sentencia T.S.J. Valencia 2950/2007, de 25 de septiembre


 RESUMEN:

Extinción del contrato por voluntad del trabajador. Desestimación. La falta de actividad inspectora es debida a la creación de un nuevo sistema de inspección y a las bajas por incapacidad temporal de la demandante. No concurre un incumplimiento grave del empresario.


ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida de fecha 10 de abril de 2007, dice en su parte dispositiva: "Fallo: "Que, desestimando las excepciones formuladas por la empresa y desestimando la demanda interpuesta por Doña Gema, frente a la empresa IPSOS OPERACIONES, S.A., debo declarar y declaro no haber lugar a la misma.".

Segundo.-Que en la citada sentencia y como Hechos probados se declaran los siguientes: "Primero. Que la demandante Doña Gema con DNI núm. ..., ha venido prestando sus servicios por cuenta de la empresa IPSOS OPERACIONES, S.A., dedicada a la actividad de estudios de mercado, desde el 14 de octubre de 1995, con la categoría profesional de inspectora entrevistadora, en el centro de trabajo sito en la calle Castellón núm. 2 de Valencia y percibiendo un salario mensual de 1.446,45 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. A la relación laboral entre las partes, resulta de aplicación el convenio colectivo de empresas consultoras de planificación, organización de empresas y contable. Segundo. Que el marido de la demandante D. Adolfo, en el año 2002, presentó demanda en el Juzgado de lo Social en materia de salarios, que fue repartida al juzgado de lo Social núm. 9 de Valencia, autos núm. 569/2002, dictándose sentencia estimatoria en fecha 20 de noviembre de 2002. Tercero. Que en fecha 6 de junio de 2003 se llego a un acuerdo transaccional entre la empresa y la trabajadora, en la que MANIFIESTAN: Que la trabajadora ha interpuesto demanda de reclamación de cantidad, por el concepto de DIETAS frente a la empresa, habiendo correspondido dicha demanda al Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia autos núm. 1115/2002, estando previsto el juicio para el 5 del mes de junio del presente año. Que igualmente la trabajadora ha interpuesto demanda de reclamación de cantidad por el concepto de antigüedad frente a la empresa, habiendo correspondido dicha demanda al Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, autos núm. 1124/2002, estando previsto el juicio para el 11 del mes de juicio del presente año. Su vez la trabajadora ha interpuesto demanda de reclamación de cantidad, por el concepto de clasificación profesional frente a la empresa, habiendo correspondido dicha demanda al Juzgado de lo Social núm. 16 de Valencia, autos núm. 1093/2002, habiendo recaído sentencia condenatoria por la cantidad de 796,25 euros. Llegando a una transacción económica, comprometiéndose la demandante a desistir de los procedimientos. Que en fecha 20 de julio de 2004 se presento nueva demanda ante el SMAC en reclamación de salarios llegándose a un acuerdo en el acto de conciliación en fecha 6 de septiembre de 2004. Que en fecha 24 de marzo de 2006 entre la empresa y D. José Antonio y Doña Gema acuerdan que en compensación del pago de la antigüedad del último año de los trabajadores, la empresa les ofrece la cantidad de 1500 euros para el Sr. José Antonio y 1.200 para la trabajadora Sra. Gema. Cuarto. Que en fecha 15 de abril de 2003 por D. Lorenzo, Delegado de Personal, se presento denuncia ante la Inspección de Trabajo de Valencia, ante un control que hizo, en el que comprobó que a la demandante y a otro trabajador Sr. José Antonio, se le daban menos inspecciones que al Sr. Daniel y en la que hacia constar que "D. José Antonio y Doña Gema, inspectores de la empresa, desde el 1-1-2003, previa denuncia en el Juzgado de lo Social, no se les da trabajos de su categoría, trabajos que viene haciendo el Sr. Daniel, sin categoría reconocida, lo cual redunda en una merma considerable en sus ingresos y una vejación frente a sus compañeros. Entendiendo que la actuación de la empresa es castigar a dos compañeros que lo único que han hecho es hacer valer sus derechos."Quinto. Que en fecha 27 de octubre de 2003 se firma entre la empresa y D. Adolfo acuerdo transaccional en el que en manifiestan: Que el trabajador ha interpuesto denuncia por la vía penal en reclamación de cantidad, por el concepto de apropiación indebida frente al representante de la empresa, en la ciudad de Valencia, habiendo correspondido dicha denuncia al Juzgado de Instrucción núm. 5 de Valencia, Diligencias Previas 2633/2002. Que teniendo ambas partes interés en resolver sus diferencias sin necesidad de recurrir a los tribunales laborales y penales acuerda, y posteriormente se une un anexo que es firmado también por D. José Antonio, Doña Gema y Doña Filomena. Sexto. Que la demandante inicio un procedimiento de incapacidad temporal en fecha 9/12/2004, baja que fue extendida por los servicios médicos de la Consellería de Sanidad con el diagnóstico de "coxalgia aguda", siendo dada de alta en fecha 6-9-2005. Que en fecha 9 de marzo de 2006 y hasta la actualidad, la demandante se encuentra de baja, habiendo sido extendida por los servicios médicos de la Consellería de Sanidad con el diagnóstico de reacción depresiva prolongada. Por el Servicio Valenciano de Salud en fecha 30 de marzo de 2007, se hace constar que esta diagnosticada de cuadro ansioso depresivo de tipo reactivo por el psiquiatra, por acoso psicológico por parte del jefe. Séptimo. Durante el primer trimestre de 2003 se acordó por la Dirección General de IPSOS en España, la creación de un departamento de Inspección Central. Su función principal es la de la realización y gestión de la labor de Inspección telefónica de las entrevistas desarrollada en Campo personal. Su ámbito es de carácter nacional. Y a partir de ese momento se redujeron las inspecciones en cada delegación. Octavo. Que el trabajo de la empresa consistía en la realización de encuestas, los cuales se denominaban estudios o trabajos. Las inspecciones se hacían para rehacer la entrevista a fin de comprobar que todos los datos eran correctos. Estas inspecciones se habían mediante visita o por teléfono. Que las inspecciones una vez centralizadas en Madrid se rehacían en Valencia, cuando allí surgía algún problema y era necesario repetir. Que las inspecciones podían hacerse por los trabajadores de la empresa, aun a pesar de no tener esta categoría. Noveno. La actora en un principio tenía la categoría de entrevistadora y posteriormente paso a tener la de inspectora, si bien antes de tener esta categoría también hacía inspecciones. El trabajo de la actora se hacía fuera de la sede, sólo acudía a recoger y entregar el trabajo, también hacía inspecciones telefónicas. Que la categoría de inspectora le fue reconocida en febrero de 2003 y así consta en el informe de Inspección de Trabajo, que por obrar unido a autos como documento núm. 35 de la actora, se da por reproducido y en que se hace constar que: "si bien en fecha de uno de febrero de 2003 la empresa le ha reconocido la categoría profesional de "inspector-entrevistador" según consta en el recibo de salario del mes de febrero de 2003." Décimo. Que por Doña Marina se realizó en fecha 2 y 4 de agosto de 2006 inspección telefónica. Que estas inspecciones telefónicas eran para comprobar datos y lo hacía normalmente Doña Montserrat. En dicha fecha la trabajadora demandante se encontraba en situación de IT. Undécimo. Que en una reunión entre el Sr. Luis Enrique, el Sr. Iván, en el que se encontraba también presente la demandante, el Sr. José Antonio y el Sr. Lorenzo y la Sra. Filomena, dijo refiriéndose a los dos primeros "podéis ganar en el juzgado pero no vais a hacer inspecciones", No consta acreditada fecha exacta de la reunión (2002 o 2003). Décimo Segundo. Que presentada papeleta de conciliación ante el SMAC el 13 de diciembre de 2006 el acto se celebró el 12 de enero de 2007 y la demanda se presento el día 13 de febrero de 2007.".

Tercero.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante habiendo sido impugnado por las demandadas. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-A través del recurso que se examina se formalizan dos motivos: el primero plantea la revisión de los hechos declarados probados; el segundo se encamina al examen de infracciones de normas sustantivas o jurisprudencia, siendo impugnado de contrario.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.b) de la Ley de procedimiento laboral, interesa la representación letrada de la trabajadora recurrente, la modificación del relato histórico que contiene la sentencia en lo que atañe a los ordinales cuarto, séptimo, octavo, noveno y décimo, así como la adición de un nuevo ordinal que pasaría a numerarse como décimo tercero.

En relación al hecho probado cuarto se pretende adicionar ciertas manifestaciones realizadas por el representante legal de la empresa ante el Inspector de Trabajo al indicar que no se les daba trabajo de inspectores por haberse perdido la confianza por parte del representante de la demandada en Valencia. Sin embargo el motivo deberá ser desestimado al encontrar apoyo en prueba ya valorada por la juzgadora de instancia (Informe y no acta de la Inspección de T. y S.S.) junto con la globalidad de la prueba practicada en el acto de juicio oral, sino porque además se alude por la recurrente a las manifestaciones vertidas en prueba de interrogatorio de parte que resulta inhábil a los presentes efectos.

En cuanto a la modificación propuesta de los hechos séptimo, octavo, noveno y décimo se limita la parte a indicar su apoyo por remisión al contenido del "citado documento", sin señalar a cual se refiere, pues con anterioridad tampoco se localizaba de forma específica y concreta prueba documental alguna, limitándose a indicar que se trata de las inspecciones aportadas por la parte y obrantes en su ramo de prueba, así como de declaraciones realizadas por los testigos.

Nos encontramos antes referencias genéricas que chocan con las formalidades que debe cumplir la parte para instar de forma procedente la revisión por error de hecho en la valoración de la prueba imputado a la juzgadora "a quo" y que requieren que se cite de forma precisa y concreta, los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación de dicha juzgadora, sin que sea viable admitir su invocación genérica, así como que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente y, de forma incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas.

Finalmente la adición de un nuevo hecho probado tendente a que se recoja que durante el tercer trimestre del año 2003 la empresa contrató a un nuevo trabajador para la delegación de Valencia llamado D. Daniel, que no tenía categoría de inspector, tampoco puede prosperar, al venir remitida a las manifestaciones realizadas por los testigos en el acto de juicio, y tal y como antes ya indicábamos, los testimonios son inviables para el fin propuesto al no basarse en prueba alguna de las exigidas por los artículos 191.b) y 194.3 de la Ley de procedimiento laboral que señala documentos o pericias en que fundar el motivo de la revisión, de tal forma que no es idónea a este fin la prueba testifical (STS de fecha 24/5/2000).

Segundo.-En el campo jurídico, con encaje en lo dispuesto en el art. 191.c) de la Ley de procedimiento laboral, se denuncia, en un primer reproche, la infracción del art. 50.1.a) y c) del Estatuto de los Trabajadores, así como del derecho a la indemnidad, recogido en el art.24 de nuestra Constitución, argumentándose que la empresa no ha proporcionado trabajo de inspección a la actora, haciendo un recorrido por las declaraciones vertidas por el representante de la empresa o por los testigos que depusieron en el acto de juicio, con la finalidad de poner de manifiesto que la empresa no ha dado a la actora ocupación suficiente, lo que determina un incumplimiento empresarial que ha redundado en perjuicio de la trabajadora por la actitud hostil hacia la misma, generadora de mobbing y capaz de implicar una extinción de contrato; dentro de un segundo apartado del mismo motivo de recurso se vuelve a denunciar el art. 50.1.c) del E.T. sobre la existencia de continuos malos tratos, amenazas y conductas vejatorias, indicándose que las mismas no suelen darse en público y que se evidencian por el diagnóstico del psiquiatra que aparece relatado en los hechos probados, concurriendo, en definitiva, todos los elementos del acoso moral en el trabajo en cuanto que se ha lesionado su dignidad e integridad psíquica, degradándose sus condiciones de trabajo e indicando finalmente que la trabajadora, tras serle notificada la sentencia recurrida, ha solicitado la excedencia voluntaria por la imposibilidad de reincorporarse a la empresa y que además la demandante ha tenido que reiterar una petición de reclamación por dietas frente a la demandada.

Debe la Sala necesariamente partir del inalterado relato histórico que contiene la sentencia -literalmente trascrito en los antecedentes de hecho de la presente resolución- extraído de abundante y copiosa prueba practicada en el acto de juicio oral, y que reflejan que, en efecto, tanto empresa como trabajadora han tenido diversos litigios laborales que culminaron en su mayor parte con acuerdos entre partes, llegándose a una transacción; figura acreditado que la reducción de inspecciones por parte de la actora, adscrita a esta delegación, se vio alterada por la creación de un servicio central de Inspección; consta que la demandante ha permanecido largos períodos de baja por incapacidad laboral (hecho probado sexto) que han podido incidir en un menor número de inspecciones a realizar; se da cuenta asimismo de los diferentes períodos de baja por incapacidad temporal de la actora y diagnóstico médico.

De otro lado, la resolución combatida, sobre los malos tratos alegados por la actora, no fija ni concreta elemento fáctico alguno, ante las contradictorias versiones dadas por los testigos de las partes en el correspondiente acto de juicio, de ahí que del estudio de la sentencia no se infiera circunstancia probada sobre el supuesto acoso moral en el trabajo aducido por la parte actora, y sin que de otro lado la misma haya interesado modificación del relato histórico que se contiene respecto a dichas alegaciones de acoso y con la finalidad de constatar su existencia.

Así las cosas, es sabido que para justificar la extinción del contrato a tenor de lo dispuesto en el art. 50.1.a) y c) del ET deben concurrir hechos que revelen un incumplimiento que debe calificarse como grave por parte del proceder empresarial y que el mismo se revele con trascendencia resolutoria, que acarreará las consecuencias indemnizatorias legalmente previstas. Y dicho incumplimiento, respecto a los hechos acreditados, no parece desprenderse concurra en el supuesto que se examina pues la falta de actividad concreta relacionada con las inspecciones que la trabajadora tenía encomendada se vio alterada por el nuevo sistema de inspección central, que motivó una reducción de las mismas, unido al período de baja por incapacidad de la actora que lógicamente tuvo que provocar y repercutir en un descenso en su normal actividad, si a ello se une que no quedaron suficientemente acreditados los datos tendentes a probar una actitud de hostigamiento hacia la actora, dadas las contradictorias versiones emitidas por los testigos en el correspondiente acto de juicio y sobre cuya prueba es a la magistrada de instancia a quien corresponde su íntegra valoración en atención a un criterio racional, aquí no cuestionado, la solución, en consecuencia que se impone será la de confirmar la resolución de instancia que entendió no concurrente gravedad suficiente en los hechos enjuiciados, sin que la existencia de reclamaciones salariales frente a la demandada, concluidas mediante acuerdo mutuo de las partes, evidencien sin más el requerido y exigido incumplimiento empresarial capaz por si solo de generar la extinción postulada.

Por lo expuesto,

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de D.ª Gema contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 11 de Valencia de fecha 10 de abril de 2007 en virtud de demanda formulada a su instancia contra PISOS OPERACIONES SA, con la intervención del MINISTERIO FISCAL y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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