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Sentencia T.S. (Sala 4) de 20 de febrero de 2008


 RESUMEN:

Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Reclamación sobre clasificación profesional y encuadramiento. Prescripción. "Dies a quo".


ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El día 23 de febrero de 2005, el Juzgado de lo Social número 12 de Valencia, dictó sentencia en virtud de demanda formulada por Don Gabino, frente al MINISTERIO DE DEFENSA, en reclamación de clasificación profesional, en la que como hechos probados se declaran los siguientes: «Primero. El demandante Gabino, viene prestando servicios para el Ministerio de Defensa desde el 1-10-90, ostentando la categoría profesional de Técnico en Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios, con la especialidad de Mantenimiento Aeromecánico, grupo profesional 4, percibiendo una retribución bruta mensual cuya cuantía no controvertida asciende a 1.123,96 euros. Segundo El demandante que está destinado en el Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma II) realiza las siguientes funciones: Revisiones periódicas y de mantenimiento del helicóptero, sus monitores, sistemas y equipos. Localización y corrección de averías. Verificación y pruebas funcionales de los motores, sistemas y equipos con los correspondientes aparatos de medida y comprobación. Manejo e interpretación técnica del helicóptero, como Órdenes Técnicas, planos, esquemas de conjuntos totales y parciales, etc. Todas esas funciones las desempeña el actor con total autonomía y exclusiva responsabilidad, tanto en la ejecución de las tareas como en el manejo e interpretación de la documentación técnica del helicóptero que viene redactada en inglés. En el seguimiento, aplicación del proceso y supervisión de las tareas descritas el actor coordina y ordena a un grupo de trabajadores que prestan sus servicios en el hangar de mantenimiento de Bhelma II. Tercero. El demandante solicita el reconocimiento de la categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios correspondiente al grupo profesional Tercero y el abono de las diferencias salariales devengadas entre la categoría y Grupo Profesional al que ha sido adscrito y la categoría de Técnico Superior, correspondiente al grupo profesional Tercero que ascienden a la cantidad no controvertida de 1.088,88 euros por el período que va de febrero de 03 a enero de 04 así como las que se devenguen en lo sucesivo. Cuarto. Por el demandante se ha interpuesto sin éxito reclamación administrativa ante la Dirección General del Personal Civil del Ministerio de Defensa, en fecha 11-2-04, ante la Comisión General de Clasificación del Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado en fecha 11-2-04 y ante la Subcomisión departamental del Ministerio de Defensa en fecha 11-2-04 y ante la Comisión de interpretación, vigilancia, estudio y aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado en fecha 21-4-04». Y como parte dispositiva: "Desestimando la excepción de prescripción opuesta por el Ministerio de Defensa y estimando la demanda formulada por Gabino contra el Ministerio de Defensa declaró el derecho del demandante a ostentar la categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, correspondiente al Grupo Profesional 3 y condeno al Ministerio demandado a estar y pasar por dicha declaración y a que abone al demandante la cantidad de 1.088,88 euros en concepto de diferencias salariales por el desempeño de funciones de superior categoría profesional, correspondientes al período que va de febrero de 03 a enero de 04, así como las que se devenguen sucesivamente hasta que se haga efectivo por el Ministerio demandado el reconocimiento al actor de la meritada categoría profesional".

Segundo.-Anunciado e interpuesto recurso de suplicación contra dicha sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dictó sentencia de 20 de junio 2006, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: "Estimamos el recurso de suplicación formulado por el Abogado del Estado en nombre y representación del Ministerio de Defensa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 12 de los de Valencia de 23 de febrero de 2005 en consecuencia, con revocación de la misma, debemos desestimar la demanda formulada por D. Gabino, absolviendo de sus pedimentos a la demandada al estimar la excepción de prescripción de la acción alegada".

Tercero.-Contra dicha sentencia preparo y formalizo en tiempo y forma recurso de casación para unificación de doctrina, por el actor. En el mismo se denuncia la contradicción producida con la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 7 de febrero de 2006 (recurso 2593/05).

Cuarto.-Se impugnó el recurso por el recurrido, e informó sobre el mismo el Ministerio Fiscal en el sentido de estimar improcedente el recurso.

Quinto.-Señalado día para la deliberación, votación y fallo de la sentencia, se celebró el acto de acuerdo con el señalamiento acordado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La parte actora formula recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de suplicación que estimando el de esta naturaleza formulado por la Administración demandada desestimo la demanda absolviendo de sus pedimentos a la recurrente al apreciar la prescripción de la acción alegada. Fue seleccionada como sentencia de contraste la de la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 7 de febrero de 2006 (recurso 2593/05) y, al amparo de lo establecido en el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral se denuncia en un primer motivo incorrecta aplicación del artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores (inexistencia de prescripción) e infracción de la doctrina recogida en las sentencias de esta Sala de 7 de noviembre de 2004 y 25 de febrero de 2005 (recurso 5624/03 y 415/04); en el segundo motivo y con el mismo amparo procesal, incorrecta aplicación del artículo 137 de la Ley de Procedimiento Laboral, alegando que si bien la sentencia impugnada solo hace referencia a la presunta existencia de la figura de la prescripción, sin embargo esta cuestión esta directamente relacionada con la procedencia de la reclamación de la clasificación en la vía judicial y, al efecto señala reiterando las alegaciones del escrito impugnando el recurso de suplicación formulado por la parte demandada, que "en el presente procedimiento nos encontramos ante un procedimiento ordinario de clasificación profesional previsto por la Ley para los supuestos en que no coincida la categoría que ostenta el trabajador con las funciones y requerimientos que, por instrucción directa del empleador, desempeñe en su puesto de trabajo, tal y como se resuelve en las sentencias de contradicción" y, que "cuestión distinta, como hemos mencionado, consiste en los diversos procedimientos en materia de reconocimiento de derecho contra encuadramiento inicial que fueron interpuestos en su día. En dichos procedimientos, no existe análisis pormenorizado de las funciones y requerimientos ejercitados por el trabajador, ni consta informe del Comité de Empresa. El presente procedimiento no es comparable porque versa sobre cuestión distinta y procesal y jurídicamente incomparable"

Por la parte demandada en el escrito de impugnación del recurso alega la falta de contradicción así como de contenido casacional, causas de inadmisión que también opone el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, cuestiones que han de ser resueltas previamente, a las que plantea el recurso.

Segundo.-En suplicación, la parte demandada recurrente, alegó que el presente proceso no versa una acción de clasificación, sino de encuadramiento dimanante del Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración del Estado, por lo que se trata de una reclamación de derecho en un proceso declarativo ordinario, derivando la controversia de la publicación del Convenio. La sentencia recurrida acoge tal tesis y, aplicando la doctrina contenida en las sentencias que cita del Tribunal Supremo estima que el "dies a quo" para el computo de la prescripción es el 19 de septiembre de 2000, cuando fue publicado el Acuerdo sobre el sistema de clasificación profesional del Convenio Único, por lo que estima prescrita la acción dado que la reclamación previa fue presentada el 11 de febrero de 2004.

La parte actora en el escrito impugnando el recurso de suplicación alega (motivo segundo.-respecto a la procedencia de la interposición de procedimiento de clasificación profesional), como ya se indicó en el fundamento anterior, que "Si bien de adverso solo se hace referencia, como motivo de impugnación, a la presunta existencia de la figura de la prescripción, la cuestión entendemos está directamente relacionada con la procedencia de la reclamación de la clasificación en la vía judicial, en el caso del personal afectado por el Convenio" y, al efecto señala que "En el presente procedimiento nos encontramos ante un procedimiento ordinario de clasificación profesional, previsto por la Ley para los supuestos en que no coincida la categoría que ostenta el trabajador con las funciones y requerimientos que, por instrucción directa del empleador, desempeñe en su puesto de trabajo... cuestión distinta, como hemos mencionado, consiste en los diversos procedimientos en materia de reconocimiento de derecho contra encuadramiento inicial que fueron interpuestos en su día. En dichos procedimientos, no existe análisis pormenorizado de las funciones y requerimientos ejercitados por el trabajador, ni consta informe del Comité de Empresa. El presente procedimiento no es comparable porque versa sobre cuestión distinta y procesal y jurídicamente incomparable".

En la sentencia son hechos probados: que el demandante, viene prestando servicios para el Ministerio de Defensa desde el 1-10-90, ostentando la categoría profesional de Técnico en Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios, con la especialidad de Mantenimiento Aeromecánico, grupo profesional 4, percibiendo una retribución bruta mensual cuya cuantía no controvertida asciende a 1.123,96 euros. Está destinado en el Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma II) y realiza las siguientes funciones: -Revisiones periódicas y de mantenimiento del helicóptero, sus monitores, sistemas y equipos. Localización y corrección de averías. Verificación y pruebas funcionales de los motores, sistemas y equipos con los correspondientes aparatos de medida y comprobación. Manejo e interpretación técnica del helicóptero, como Órdenes Técnicas, planos, esquemas de conjuntos totales y parciales, etc. Todas esas funciones las desempeña el actor con total autonomía y exclusiva responsabilidad, tanto en la ejecución de las tareas como en el manejo e interpretación de la documentación técnica del helicóptero que viene redactada en inglés. En el seguimiento, aplicación del proceso y supervisión de las tareas descritas el actor coordina y ordena a un grupo de trabajadores que prestan sus servicios en el hangar de mantenimiento de Bhelma II.

La pretensión formulada en demanday que había sido estimada en la instancia era que "se reconozca y declare el derecho del actor a ser adscrito e integrado en la categoría de Técnico Superior de actividades técnicas, de mantenimiento y oficios, correspondiente al Grupo Profesional Tercero del Convenio Colectivo Único, con todos los efectos económicos y administrativos que se deriven de dicho reconocimiento, condenando al demandado a estar y pasar por dicha declaración y, a que se le abonen las cantidades indebidamente descontadas en el último año que ascienden a 1.088'88 euros correspondientes a los meses de febrero de 2003 a enero de 2004, ambos incluidos, y las pagas extraordinarias de junio y diciembre". En los hechos séptimo al décimo de la demanda se recogen las funciones que ha venido realizando y realiza el actor y, en duodécimo primero, que tales funciones "se corresponden con la categoría profesional de 'Técnico Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios' que se incluyen en el Grupo Profesional Tercero, así como su titulación". En el acto de juicio la parte actora, después de ratificarse en su demanda alega "Que el proceso que debe seguirse es el de clasificación profesional, habiéndose acompañado la reclamación previa". Por la parte demandada se manifiesta que "Se opone a la demanda entendiendo que el actor ha desempaño siempre las mismas funciones, estando en el presente a una obligación de trato único por lo que la acción estaría prescrita. El artículo 23 del Convenio Colectivo establece que el ascenso se realiza mediante los procedimientos establecidos en el mismo". Concedida la palabra a la actora "que no se trata de obligación de trato único sino continuo, estando legitimado el actor para ejercitar la acción mientras continua realizando las presentes funciones".

En la sentencia de contraste según consta en los hechos probados tercero y cuarto, "El actor en fecha 11-2-04 insto el reconocimiento del encuadramiento en el grupo profesional 3 ante la Subcomisión Departamental del Ministerio de Defensa, la Comisión General de Clasificación del Convenio Unico para el Personal Laboral de la Administración del Estado y a la Dirección General del Personal Civil del Ministerio de Defensa, que no ha sido estimada, formulando la actual demanda... La parte actora insta ser encuadrada en el Grupo 3 en lugar del 4 en el que ha sido encuadrada, formulando de forma acumulada la petición de reclamación de cantidad de las diferencias de retribuciones del febrero de 2003 a enero 2004, que ascienden a 1.088,88 euros, cantidad a cuyo cálculo aritmético nada opone la parte demandada". La sentencia de instancia desestimó la demanda y formulado recurso de suplicación por la parte actora interesó la revisión de los citados hechos "en el sentido de que se haga referencia no sólo a la pretensión de encuadramiento en grupo sino también a la pretensión de la categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios", modificación que mereció favorable acogida "al desprenderse de la demanda y de las reclamaciones efectuadas por el actor ante la Dirección General del personal civil del Ministerio de Defensa y ante la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado, resultando con la indicada adición una mejor comprensión del alcance de las pretensiones deducidas por el demandante en el presente proceso". La sentencia de suplicación estimó el recurso formulado "declarando el derecho del demandante a ser adscrito e integrado en la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, correspondiente al Grupo Profesional 3, condenando al Ministerio demandado a estar y pasar por dicha declaración y a que abone al actor la cantidad no controvertida de 1.088,88 euros a las que asciende la diferencia por el desempeño de funciones de superior categoría profesional correspondientes a los meses de febrero de 2003 a enero de 2004 ambos inclusive así como las que sucesivamente se devenguen desde la presentación de la demanda hasta su completo pago".

Parte dicha sentencia para tal declaración como se recoge en el apartado tercero del fundamento de derecho segundo que "Es cierto que la acción ejercitada por el demandante es una acción sobre clasificación profesional ya que lo que pretende el mismo es el reconocimiento de la categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios por encuadrarse las funciones desarrolladas por el mismo en la indicada categoría, y estando expresamente previsto el ejercicio de dicha acción en el artículo 20 del Convenio Colectivo de aplicación, la cuestión principal se centra en dilucidar si las funciones que desarrolla el demandante se corresponden con la categoría profesional de Técnico de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios que es la que tiene reconocida o si por el contrario dichas funciones se corresponden con las propias de la categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios" y, al respecto señala que "las funciones llevadas a cabo por el actor tienen su adecuado encuadre en el grupo profesional 3, tal y como postula el mismo, sin que obste a dicha conclusión que los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo aplicable nieguen la posibilidad de modificar el grupo profesional a través de la movilidad funcional ya que dichos preceptos regulan respectivamente la ocupación de un puesto de trabajo de superior categoría o la atribución de funciones superiores a partir de la entrada en vigor del referido Convenio y en el presente caso el demandante realizaba ya las funciones propias de la categoría profesional postulada cuando entró en vigor la indicada norma convencional, por lo que procede la estimación del recurso y, por consiguiente de la demanda, sin que sea de aplicación a la reclamación deducida en el presente proceso el plazo de prescripción de un año del artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores ya que el demandante no esta impugnando su encuadramiento inicial sino que se trata de una reclamación profesional por realizar funciones de distinta categoría".

A tenor de todo lo expuesto aparece que las cuestiones planteadas en uno y otro proceso por los actores son substancialmente iguales, dando las sentencias respuestas distintas. La combatida estima la prescripción por entender en contra de lo alegado por la parte actora (clasificación profesional), que se trata de encuadramiento en Grupo Profesional 3, dimanante del Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración del Estado, por lo que se trata de una reclamación de derecho en un proceso declarativo ordinario, derivando la controversia de la publicación del Convenio, como ya se dijo en el primer apartado del presente fundamento jurídico. La de contraste por el contrario resuelve de conformidad con la pretensión de la parte actora sobre clasificación profesional y no encuadramiento dimanante del Convenio y, en consecuencia rechaza la prescripción. Concurre en consecuencia el presupuesto de contradicción y estando cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de conocer de la cuestión que plantea el recurso y de las alegaciones opuestas referidas a la falta de contenido casacional.

Tercero.-Conviene precisar que la cuestión planteada en el recurso, como se deduce de las sentencias objeto de contraste, podría en principio presentar dos vertientes (clasificación o encuadramiento), pero en este caso se reconducen a lo mismo, que es la clasificación profesional y consiguiente encuadramiento en un determinado Grupo Profesional como consecuencia del sistema de clasificación profesional del Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración del Estado y Acuerdo Colectivo complementario publicado en el BOE de 19 de septiembre de 2000, por entender que las funciones que el trabajador venía originariamente y viene realizando corresponden a distinto grupo de aquel en el que fue encuadrado y, en consecuencia como opera el Instituto de la prescripción.

En esta materia, se ha venido reiterando de forma uniforme la mas reciente doctrina unificada de esta Sala, que aparece recogida entre otras sentencias en la de 25 de febrero de 2005 (recurso 415/04), lo que conlleva la desestimación del recurso por falta de contenido casacional, pues: "esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha pronunciado ya sobre la cuestión de prescripción controvertida en sentencia de 27 de abril de 2004 (rec. 5447/2003). De acuerdo con ella es aplicable el plazo de prescripción de un año previsto en el art. 59.2 del Estatuto de los Trabajadores al ejercicio de la acción de clasificación profesional en litigio. Pero el cómputo de dicho plazo de prescripción se ha de iniciar no en la fecha de entrada en vigor del convenio colectivo único para el personal de la Administración General del Estado, sino en la fecha de un posterior acuerdo colectivo complementario en la materia, negociado precisamente a la vista de los problemas de clasificación de los trabajadores que aquél había suscitado.

El 'dies a quo' o punto temporal a partir del cual se ha de iniciar el cómputo de la prescripción es, siguiendo la doctrina unificada sentada en dicha sentencia, en la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (19 de septiembre de 2000) del referido Acuerdo colectivo complementario sobre el sistema de clasificación profesional. Como ya se ha señalado, la demanda del trabajador se interpuso el 24 de diciembre de 2001, pero la reclamación administrativa previa que debe preceder a las reclamaciones jurisdiccionales frente a las Administraciones públicas tuvo lugar el 2 de mayo de 2001, interrumpiéndose con su presentación el plazo de prescripción de la acción de clasificación profesional ejercitada.".

Cuarto.-En consecuencia como en el presente caso la demanda se interpuso el 30 de abril de 2004 y la reclamación administrativa previa el 11 de febrero de 2004, es plenamente correcta la sentencia combatida al apreciar la prescripción, por lo que de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede en este trámite procesal desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas.

Por lo expuesto, en nombre de SM el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación interpuesto por la Letrada D.ª Ana Amoros Castellvi, en nombre y representación Don Gabino, frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 20 de junio de 2006, dictada en el recurso de suplicación número 54/06, formulado por el Abogado del Estado, MINISTERIO DE DEFENSA, contra el Juzgado de lo Social número 12 de Valencia, de 23 de febrero de 2005, dictada en virtud de demanda formulada por Don Gabino, frente al MINISTERIO DE DEFENSA, en reclamación de clasificación profesional. Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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