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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 27 de diciembre de 1999


 RESUMEN:

Tercería de dominio. Desestimación. Subvención a percibir por la empresa ejecutada y que había sido embargada a resultas de ejecución laboral. Falta de contradicción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso viene interpuesto por un Banco que interpuso demanda de tercería de dominio sobre una subvención a percibir por la Empresa ejecutada y que había sido embargada a resultas de la ejecución laboral, llevada a cabo por el Juzgado de lo Social núm. 5 de los de Murcia. El fundamento de la tercería consistía en que la subvención había sido afectada como garantía de un préstamo efectuado por el Banco a una tercera persona jurídica, ajena a la subvención. El Auto de 14 de enero de 1997 que decidió contra los pedimentos del tercerista fue recurrido, inicialmente, en Suplicación, y la Sala dictó sentencia en el sentido de no proceder el recurso extraordinario, sin haber agotado los remedios ordinarios. Tramitada la reposición, el Juzgado ejecutor resolvió, en 26 de enero de 1998 y desestimó dicho recurso, mediante Auto que, a su vez, fue recurrido en suplicación, dando lugar a la sentencia de 27 de julio de 1998, desestimatoria del recurso de tal grado, y que es ahora objeto del presente Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Segundo.-El Ministerio Fiscal opone, en su dictamen y en primer lugar, el obstáculo procesal consistente en que el Auto que resuelve un incidente de tercería de dominio, no es recurrible en Suplicación; y a tal propósito invoca la sentencia de esta Sala 4.ª del Tribunal Supremo, de 10 de abril de 1997, en que se admite que sea procedente el Recurso de Suplicación, cuando lo resuelto por el Auto recurrido es una tercería de mejor derecho, pero con razonamientos que parecen excluir dicha procedencia cuando la tercería decidida sea la de dominio. Es cierto que, en la meritada sentencia, quedó suscitada la cuestión de tal procedencia del recurso de suplicación; pero la premisa en que el razonar de la Sala se apoya es claramente proclive a la admisión del debatido recurso, porque se dice que: "Así pues, según la doctrina de la referida sentencia de 24 de febrero de 1997, el artículo 189.2 admite dos supuestos en los que es posible entablar recurso de suplicación contra los autos dictados en ejecución de sentencia, a saber: el primero, cuando tales autos resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia que se ejecuta; y el segundo, cuando el auto de que se trate contradiga lo ejecutoriado. Pues bien, aplicando esta doctrina al caso que ahora se analiza, se ha de tener en cuenta que la tercería resuelta en los antedichos Autos del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia de 21 de mayo y 11 de octubre de 1994 es cuestión sustancial que obviamente ni se planteó en la fase de cognición del proceso, ni se decidió en la sentencia, lo que hace lucir que tales autos se incardinan en el primer supuesto de los consignados en el párrafo anterior, y en consecuencia es obligado concluir que contra el citado Auto de 11 de octubre de 1994 cabe formular recurso de suplicación". Este mismo criterio debe ser aplicado ahora, pues resulta evidente que, aunque la desestimación de la tercería de dominio, en cuanto aparta obstáculos a la eficacia del fallo, no puede incardinarse en el supuesto consistente en decidir en contra de lo ejecutoriado, aparece obvio que se deciden cuestiones no resueltas por la ejecutoria, y que se deciden precisamente con eficacia limitada a la propia ejecución, por lo que será dentro de ella donde haya de resolverse, con plenas garantías para los justiciables, tal cuestión, sobrevenida después de la firmeza del fallo ejecutado. La remisión que el artículo 258.3 de la Ley de Procedimiento Laboral hace al "trámite incidental regulado en esta Ley", y que atrae el cauce establecido por el artículo 236 de la misma, impone tener presente que este precepto no ciega el acceso al Recurso extraordinario contra el Auto que decida el incidente, por lo que es de plena aplicación el supuesto de procedencia arriba estudiado, ya que es innegable que, al juzgar sobre la tercería, se deciden cuestiones no resueltas por la ejecutoria.

Tercero.-Se invoca como sentencia que contiene doctrina contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 14 de diciembre de 1994, que en realidad son tres sentencias de la misma fecha, recaídas respectivamente en los recursos núms. 4459, 4460 y 4461 del año de 1994, y que deciden sobre hechos análogos, también consistentes en la afección de una subvención a garantizar un préstamo, y el embargo de dicha subvención en ejecución de una sentencia firme de un Juzgado de lo Social, planteándose como cuestión litigiosa si aquella afección puede, o no, fundar una tercería de dominio, en favor del prestamista cuyo crédito ha sido garantizado con la subvención esperada. En esencia la contradicción doctrinal consiste, sintéticamente, en entender que la garantía de la solvencia equivale a garantía de cumplimiento, y que, tanto una como otra, trasladan la titularidad dominical a efectos de poder ejercitar la acción de tercería sobre los bienes afectados a garantizar el crédito (así la sentencia de Galicia); en tanto que la Sala de Murcia razona que la garantía no traslada el dominio, por lo que únicamente podría fundar una tercería de mejor derecho, si el título del prestamista avalado fuera de mejor calidad que el de los ejecutantes que han obtenido el embargo del mismo bien sobre el que el tercerista vio establecida la garantía en su favor. Es negada la contradicción doctrinal, por el escrito de impugnación formulado por los ejecutantes, razonando que cada supuesto de ejecución, y de aval de préstamo, estará compuesto por muy diferentes circunstancias que hagan innecesaria la unificación doctrinal entre ellas. Pues bien, aún admitiendo, hipotéticamente, tales diferencias entre las circunstancias concurrentes en una tercería de dominio y las demás que puedan ser ejercitadas, la parte tendría que haber concretado es la teóricamente afirmada diferencia de hechos entre los supuestos respectivamente enjuiciados por las Salas de Suplicación de Murcia y de Galicia, y lo ha omitido, puesto que precisamente la divergencia entre la sentencia recurrida y la de la Sala del Tribunal de Galicia, que este escrito hace consistir en distinguir entre "cesión en garantía de pago de deudas" y "cesión en pago de deudas" no es distinción de supuesto, sino divergencia doctrinal, ya que a unos mismos hechos, -consistentes en establecer un aval, mediante la afectación de una futura subvención a garantizar un préstamo- en una sentencia se le atribuye naturaleza jurídica de "cesión en pago" (Galicia), y en otra se le califica sólo como "cesión en garantía de pago" (Murcia).

Cuarto.-Sin embargo, el escrito de impugnación formulado por la Sindicatura de la quiebra sí acusa una diferencia fáctica muy significativa entre los supuestos respectivamente enjuiciados por la sentencia recurrida y por la de contradicción, y consiste en que la Sala de Murcia contempla la realidad de que entre el prestamista (Banco Guipuzcoano) y el titular del crédito que se afecta a garantizar el pago del mismo ("Hernández Pérez Hermanos S.A.") está interpuesto el prestatario ("Riverbend España S.A."), de modo que la función de garantía está ejercitada por quien es un tercero en relación con el negocio principal, y así razona la Sala de Murcia en el Fundamento Jurídico de su sentencia, como también hace notar el escrito de impugnación del Abogado del Estado. Tal circunstancia no concurre en el supuesto enjuiciado por la Sala de Galicia, pues en este otro caso el crédito sobre la subvención garantiza la obligación de su propio titular, quien es, simultáneamente, titular activo del crédito que avala y titular pasivo del crédito del prestamista, según aparece en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia ejecutada. Situaciones jurídicas respectivas de indudable transcendencia, porque un tercero (respecto del préstamo) que actúa como avalista, no compromete su crédito en el cumplimiento directo de la obligación avalada, sino únicamente para cuando el obligado directo (prestatario) la haya dejado incumplida y en tanto la haya incumplido, ya que la solidaridad no consta establecida en el vínculo, ni se trata de un supuesto de nacimiento ex lege, en términos del artículo 1137 del Código Civil. Quiere decirse que mal puede hablarse de situaciones iguales cuando, en una, la titularidad del bien-garantía corresponde a quien es obligado de la deuda garantizada, y, en la otra, son diferentes los sujetos pasivos de la obligación garantizada, y de la titularidad del bien sujeto a la garantía.

Quinto.-Lo razonado impone que se declare que hay una causa legal de inadmisión del recurso estudiado, cual es la inexistencia de la contradicción a que se refiere el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, causa que actúa ahora como de desestimación, pronunciamiento que ha de efectuarse y que conlleva la condena en costas de la empresa recurrente, dentro de las cuales se incluirá la partida de honorarios de los Letrados de los recurridos, a fijar, en su caso por esta Sala.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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