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Sentencia T.S. (Sala 4) de 8 de abril de 1991


 RESUMEN:

Extinción de contrato por voluntad del trabajador. Modificaciones sustanciales. Inexistencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Contra la sentencia de instancia que desestimó las demandas por resolución de contrato formuladas por dos trabajadores de la empresa demandada se interpone por uno de ellos recurso de casación formalizando cinco motivos. Los cuatro primeros se amparan en el número 5 del artículo 167 de la Ley de Procedimiento Laboral y no pueden tener éxito. El primero propone la modificación del hecho probado segundo de la resolución recurrida para precisar que el recurrente ha permanecido en situación de incapacidad laboral transitoria durante el período comprendido entre el 13 de abril y el 27 de julio de 1989, pero tal precisión es innecesaria porque el mencionado ordinal se remite ya a los partes de baja y alta obrantes en las actuaciones en los que consta este dato y el que el alta tuviera lugar en la indicada fecha no es suficiente para modificar la conclusión del juzgador de que fue el delicado estado de salud del recurrente el que motivó la decisión de la empresa, pues, aun después de cursada el alta, puede subsistir una situación que haga aconsejable el relevo de determinadas funciones. También es innecesaria la adición que propone el motivo segundo en relación con la ubicación del centro de trabajo de la calle ... de Alcobendas (Madrid) y la fecha -31 de diciembre de 1989- en que se procedió al cierre de este centro, pues la incorporación de estos datos carece de trascendencia decisoria como se razonará más adelante. Propone el motivo tercero que se añada en el hecho probado cuarto que el actor ha pasado a desarrollar funciones de vendedor a partir del 1 de enero de 1990. Sin embargo, como reconoce el recurrente, las nuevas funciones asignadas ya figuran en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y, al tener valor fáctico esa afirmación con independencia de su posición formal, no es preciso integrarla en la declaración de hechos probados, careciendo, por otra parte, de eficacia decisoria el que el cambio de funciones se produjera en la fecha indicada, pues, aunque el alta en la situación de incapacidad se produjo con anterioridad, ello no es obstáculo para que en aquella fecha existiera un estado de salud que hiciera preciso el cambio. También son innecesarias las precisiones que intenta introducir el motivo cuarto en el hecho probado séptimo sobre la fecha a partir de la que comienzan a reunirse los vendedores en la cafetería, la razón que motivó las reuniones en este lugar (el cierre del centro de Alcobendas) y la ubicación de dicha cafetería en Alcobendas.

Segundo.-El problema fundamental del presente recurso consiste en determinar si las variaciones acordadas por la empresa respecto al trabajo del actor justifican la resolución del contrato de trabajo y ésta es la cuestión que se plantea en el motivo quinto, en el que se denuncia la infracción de los apartados a) y c) del número 1 del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el número 2 de este artículo y el artículo 56 del mismo texto legal y con la doctrina contenida en las sentencias que cita. Entiende el recurrente que se ha producido una modificación sustancial que autoriza la resolución del contrato, ya que ha sido cesado como jefe de ventas pasando a desempeñar las funciones de vendedor y se le ha privado además de la secretaria que tenía asignada, así como de la oficina y de los medios materiales de trabajo, obligándole a mantener reuniones en una cafetería por haberse trasladado sin autorización administrativa el centro de trabajo a otro término municipal (Fuenlabrada). Frente a la objeción que formula la empresa recurrida en su impugnación hay que señalar que en su demanda el actor invocó como fundamento de su pretensión tanto la privación de sus funciones como jefe de ventas (delegado en Madrid) con asignación de las de vendedor como el traslado de centro de trabajo y las consecuencias del mismo en su actividad laboral.

Así se desprende claramente de los hechos probados primero y tercero de la demanda.

Hecha esta aclaración, han de examinarse las modificaciones alegadas. El traslado de centro de trabajo carece de transcendencia para justificar la resolución del contrato. En realidad, no hay propiamente traslado, sino cierre de un centro -la oficina de Alcobendas- y este cierre no ha obligado a un cambio de residencia (artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores). El recurrente reconoce que desde la cláusula del indicado centro la reunión de los vendedores tiene lugar en una cafetería de Alcobendas -la sentencia indica que la cafetería está en Madrid, pero la diferencia no es relevante- y el hecho probado séptimo de la sentencia recurrida precisa que los vendedores sólo acuden al centro de Fuenlabrada ocasionalmente y cuando quieren aportar mercancías. En cuanto a la privación de la secretaria, está subordinada a la modificación principal relativa al cambio de funciones y su alcance real queda también limitado ya que según el hecho probado sexto la secretaria no estaba adscrita en exclusiva al actor. Tampoco tiene especial significación el que las reuniones de coordinación hayan de realizarse en una cafetería, pues, como señala el Ministerio Fiscal, es todo el grupo de vendedores el que ha de reunirse allí y, aunque no se trate de un centro de la empresa, puede aceptarse como lugar de encuentro y conexión dadas las características del trabajo que presenta el trabajo del recurrente.

El cambio de funciones tiene mayor interés. La existencia del mismo se ha acreditado y no puede entenderse que quede comprendido en el ámbito del "ius variandi" empresarial, pues la jefatura de ventas no es puesto directivo de confianza, sino una categoría que el actor tiene formalmente atribuida por lo que en el presente caso son aplicables los límites que a la movilidad funcional en el seno de la empresa impone el artículo 23.4 del Estatuto de los Trabajadores al tratarse de un supuesto de movilidad vertical descendente -sentencia de 17 de marzo de 1988-. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con una reiterada doctrina de la Sala -sentencias de 15 de enero y 13 de noviembre de 1987, 11 de abril de 1988 y 3 de mayo de 1990- no todo incumplimiento empresarial puede considerarse determinante de la resolución del contrato sino que ha de tratarse de un incumplimiento grave y ello tanto en el supuesto del apartado a) del número 1 del artículo 50, donde la gravedad está implícita en los efectos de la modificación sobre la formación profesional o la dignidad del trabajador, como en el del apartado c), en el que aquella condición se exige expresamente. En el presente caso el cambio de funciones se produce dentro del mismo grupo profesional y en unas circunstancias y dentro de un ámbito donde no cabe, en principio, apreciar un perjuicio a la formación profesional del recurrente, ni tampoco un menoscabo de su dignidad, ya que se ha mantenido su retribución y su categoría, y la asignación de funciones aparece como una decisión de alcance limitado y motivada por una situación que se presenta como extraordinaria y no permanente, evitando así otras medidas más gravosas para el trabajador. Esta limitación de la medida -el relevo se produce según el recurrente el 1 de enero de 1990 y la papeleta de conciliación se formula el 20 de enero- y la realidad de su fundamentación apreciada por el juzgador de instancia en el delicado estado de salud del recurrente excluyen en las circunstancias mencionadas también la aplicación del apartado c) del precepto de referencia sin perjuicio de que el actor pueda ejercitar la acción para exigir el correcto cumplimiento del contrato, si a ello hubiere lugar.

Procede, por tanto, la desestimación del motivo y la del recurso de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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