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Sentencia T.S.J. País Vasco de 8 de abril de 2008


 RESUMEN:

Extinción del contrato por voluntad del trabajador por mobbing y vulneración del derecho fundamental a la integridad. Desestimación. Carencia de indicios de vulneración. Voto particular.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1.º La actora DÑA. Leticia, viene prestando servicios para la empresa GRUPO MGO S.A., con una antigüedad 15-12-2000, categoría profesional auxiliar administrativo y salario bruto mensual 1.331,37 euros con p/p de pagas extras.

2.º La demandante en febrero 2007, de forma verbal, interesó un ascenso de categoría profesional a la superior jerárquico de ella, Sra. Begoña, quien la manifestó que tenía que consultarlo con los superiores, ésta lo comentó con la Sra. Montserrat quien manifestó que no y que si quería se fuera de la empresa.

La demandante ante ello remitió comunicación escrita en fecha 8-3-2007 al departamento de RRHH solicitando la categoría profesional de Técnico oficial de 1.ª Por la empresa no se contestó a la misma.

3.º En el ámbito de la empresa ha existido un descontento entre dos grupos de trabajadores, por un lado Sra. Begoña, el Sr. Luis Pablo, quienes dimitieron en los meses de abril y junio de 2007 y la Directora Territorial Sra. Montserrat.

Tanto éstos como la demandante, han sido considerados como "cánceres" en el ámbito de la empresa por la Sra. Montserrat.

4.º Durante un período de tiempo han concurrido en la prestación de servicios varias auxiliares, entre ellas la demandante, existiendo desavenencias entre éstas.

5.º Existió una reunión entre la demandante y la Sra. Montserrat con fecha 14-6-2007, no consta acreditado sobre que se hablara en la misma.

6.º La actora se encuentra en situación de incapacidad temporal desde el 20 de junio del 2007 como consecuencia de clínica ansioso depresiva.

7.º Con fecha 27-7-2007 se celebró acto de conciliación con fecha 25-6-2003 con el resultado de sin avenencia.

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

Que desestimando la demanda formulada por Dña. Leticia frente a Grupo Mgo S.A., debo absolver y absuelvo al demandado de cuanto en la misma se reclama.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Doña Leticia plantea recurso de suplicación contra la sentencia que ha desestimado la demanda en la que postulaba la extinción del contrato de trabajo que mantenía con Grupo MGO, S.A. en base a incumplimientos empresariales, basados en una actuación de acoso laboral practicado por la demandada, instando también la indemnización legalmente procedente y otra adicional, en concepto de daños y perjuicios derivados de la conculcación de derechos fundamentales.

Resumidamente, el Magistrado autor de la sentencia desestima ésta porque entiende que en este caso no se han acreditado indicios suficientes de conculcación del derecho a la integridad física o moral de la trabajadora. Parte de que lo que se alega es la merma de tal derecho, fijado en el artículo 15 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978, y que, por tanto, al caso le resulta aplicable sobre la carga de la prueba prevista en el artículo 179 punto 2 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril), si bien, para obligar al empresario a probar que su conducta no suponía violación de tal derecho, debieran aportarse indicios que hiciesen ver la posibilidad de aquel atentado, indicios que considera no se constatan en este caso, pues junto con el parte médico relativo a clínica ansiosodepresiva, se ha practicado diversa testifical a instancias de ambas partes procesales y el Juzgador da escaso valor a los testimonios prestados a su presencia en juicio, dadas las circunstancias generales de los diversos testigos tal y como expresa en los fundamentos de derecho primero y quinto de la sentencia, cumpliendo de tal forma con lo previsto en el artículo 97 punto 2 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con su artículo 74 punto 1.

La parte recurrente manifiesta su discrepancia con tal decisión en el escrito de formalización del recurso, en el que termina por pedir que se revoque tal sentencia y se estime la demanda en su día planteada.

Al efecto, no discutiendo los hechos probados fijados en sentencia, plantea un único motivo de impugnación, formalmente enfocado por la vía prefijada en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y en el mismo aduce la infracción del artículo 50 punto 1 letra c) del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), de los artículo 10 punto 1, 14 y 15 de la Constitución y del 179 punto 2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

A su vez la demandada ha presentado un escrito de impugnación de tal recurso en el que solicita se desestime tal motivo y con el mismo todo el recurso, confirmándose la sentencia recurrida.

Segundo.-Asume expresamente la recurrente la exposición de las conductas empresariales que pueden etiquetarse como manifestación del llamado "mobbing" empresarial que se contiene en la sentencia recurrida, si bien discrepa en cuanto a la exposición que allí se contiene en lo relativo a la prueba de tal supuesto.

Seguidamente la recurrente resalta los datos constatados en los hechos probados que considera son indiciarios de tal conducta empresarial, señalando que el móvil era que la demandante desistiese de su contrato de trabajo y se fuese de la empresa, como ya consiguió con otros dos trabajadores y que se le consideraba a la actora, como al resto de las personas que integraban su grupo, un "cáncer" razón por la que se ejercitaría aquella presión, quedando constatado el daño producido en la salud psíquica de la actora.

Tal y como entendemos el asunto los que por mayoría suscribimos esta sentencia, en un primer nivel, el tema pasa por valorar si hay o no indicios suficientes que permitan aplicar la regla de "onus probandi" empresarial aludida, para luego valorar, en un segundo estadío, si efectivamente la empresa ha acreditado o no la lejanía de su conducta de cualquier "animus" de conculcar el derecho a la integridad de la salud de la actora y en su caso, ya en un tercer paso lógico, de considerar concurrentes indicios suficientes y mediando inactividad probatoria empresarial sobre tal extremo, concluir en declarar probada aquella conculcación del artículo 15 de la Constitución, lo que llevaría a considerar concurrente incumplimiento empresarial muy grave de sus obligaciones contractuales, justificativa de la extinción del artículo 50 punto 1 letra c) del Estatuto de los Trabajadores y de ahí rectamente a la indemnización prevista en su punto 2 y la prevista en por conculcación de derecho fundamental, a la que se alude en el artículo 180 punto 2 Ley de Procedimiento Laboral, indemnizables compatibles y susceptibles de ser reclamadas en ambos procesos, si nos atenemos a lo señalado por el Tribunal Supremo recientemente en su sentencia de 20 de septiembre de dos mil siete, recurso 3326/06 y 17 de mayo de 2006, recurso 4372/04 (esta última de Sala General).

En este caso, el tema en el que discrepamos en lo relativo a aquel primer nivel o escalón. La mayoría consideramos que los datos constatados no tienen la virtualidad que pretende la recurrente en orden a imponer a la empresa la obligación de probar su conducta es ajena a pretender cualquier tipo de conculcación del derecho fundamental.

Asumimos todos que en esta materia no hay "a priori" y de forma genérica, con independencia de cada caso, un punto, ras o medida que fije la diferencia entre los indicios suficientes y los insuficientes, y la mayoría entendemos que, partiendo de los hechos probados de la sentencia recurrida, se llega a la misma conclusión que fija el Juez.

Tercero.-Hemos de recordar que, para que entre en juego el desplazamiento de la carga probatoria, se requiere un principio de prueba revelador de la existencia de un fondo o panorama conculcador del derecho fundamental alegado, que se constaten hechos de los que surja la sospecha vehemente de tal conculcación (por todas, sentencias del Tribunal Constitucional 183/2.007, de 10 de septiembre, 293/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 140/1999, de 22 de julio, FJ 5; 29/2000, de 31 de enero, FJ 3; y 17/2005, de 1 de febrero, FJ 5).

En este caso, los datos relevantes son los siguientes.

1. Baja laboral por clínica ansioso depresiva en fecha 20 de junio de 2007 de la señora Leticia.

2. Previa petición oral de superior categoría profesional en febrero de 2007 de tal trabajadora, consultando su superior y recibiendo como respuesta la negativa y que si quería, se fuera de la empresa.

3. En marzo de tal año, reiteración por escrito de tal petición, sin contestación.

4. La existencia de descontentos entre dos grupos de trabajadores, mediando incluso desavenencias entre auxiliares por razón del servicio, habiendo dimitido dos trabajadores de un grupo distinto de de la directora territorial de la empresa en abril y en junio de 2007. Uno de los dimisionarios era superior jerárquico de la actora.

5. Que la demandante y estos dos dimisionarios fueron considerados como "cánceres"por la citada directora territorial.

6. Peticiones vía correo electrónico de tal directora territorial a la trabajadora de que le informe de si le ha llamado alguien por teléfono, cuando ambas trabajan en el mismo centro de trabajo y los despachos están en las cercanías, según expresa el Juez ya en el quinto fundamento de derecho.

El simple dato de la baja laboral, tal y como está fijado en hechos probados, no conecta con la problemática laboral. Asumiendo que derive de tal problemática, a su vez puede derivar de una supuesta conflictividad laboral o de actos de acoso.

Debe señalarse que si se aludía a una serie de tales actos de acoso en demanda, no se han probado en juicio aquellas frases que se señalaban en demanda y sí solo aquella expresión de "cánceres" que se desconoce el ámbito y momento en que se produjo, que tampoco consta que la reclamación de superior categoría profesional estuviese o no justificada en la realidad, sino solo la petición, sin que la denegación o el silencio en esta circunstancia sirvan como indicio, que consta conflicto interno entre diversas auxiliares, como la actora, en el desarrollo de las tareas y una conflictividad laboral entre dos grupos de trabajadores, pero tal conflictividad laboral y la baja laboral sin mas consideramos que no nos puede llevar a entender que se de aquel presupuesto que permite aplicar la carga de la prueba, pues tampoco sabemos si aquellas dimisiones obedecieron a una conducta de acoso o a causas particulares de los dimisionarios, sin que aquella petición vía correo electrónica nos haga ver tampoco tal extremo, por mas que se pueda considerar injustificada la misma, dada la ubicación de los puestos de trabajo, pues consideramos que no es conducta de entidad relevante al efecto.

Nuestra sentencia de fecha 23 de enero de 2007, recurso 2847/06, que cita la recurrente, consideramos que no es traspolable al presente caso, pues en aquel si que estaba claro ya en hechos probados, aparte de baja por ansiedad y conflictividad laboral, una serie de conductas insultantes y tratos vejatorios, lo que no consta en este caso.

Cuarto.-Desestimándose el recurso, no procede pronunciamiento sobre costas procesales de esta instancia en atención al artículo 233 punto 1 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 2, letra d) de la Ley 1/1.996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, dado el derecho que asiste a la parte recurrente (beneficio de justicia gratuita).

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación formulado en nombre y representación de doña Leticia contra la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil siete, dictada por el Juzgado de lo Social número 10 de los de Bilbao en el proceso 539/07 seguido ante ese Juzgado y en el que también ha sido parte Grupo MGO. S. A. y confirmamos la misma.

Cada parte deberá abonar las costas de este recurso que hayan sido causadas a su instancia.

Voto particular que formula el Magistrado Ilmo. Sr. D. EMILIO PALOMO BALDA

El Magistrado que suscribe formula el siguiente voto particular, al amparo de lo previsto en los artículos 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para manifestar su discrepancia con el criterio mayoritario expresado en el Fundamento de Derecho tercero de la sentencia, así como con el fallo, que considera debió ser estimatorio del recurso de suplicación, en base a las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen.

Primera.-Aunque la sentencia ya explica los presupuestos fácticos del caso enjuiciado, en los términos que resultan del incombatido apartado de hechos probados y de los que, con igual valor, figuran en el fundamento de derecho quinto de la sentencia, parece aconsejable, a efectos de su adecuada valoración, exponerlos cronológicamente. Conforme a este criterio, la secuencia fáctica es la siguiente:

a) la recurrente viene prestando servicios para la empresa demandada desde el 15 de diciembre de 2000, con la categoría profesional de auxiliar administrativo;

b) en el mes de febrero de 2007, solicitó el ascenso de categoría a su inmediata superiora, que trasladó su petición a la Directora Territorial de la empresa, que la rechazó con la apostilla de que si quería que se fuera de la empresa.

c) el 8 de marzo siguiente se dirigió por escrito al Departamento de Recursos Humanos reclamando la categoría de técnico administrativo oficial de 1.ª, no recibiendo contestación;

d) la Directora Territorial consideraba a la demandante, a su jefa inmediata y a otro trabajador "cánceres", en el ámbito de la empresa;

e) los otros dos empleados causaron baja voluntaria en los meses de abril y junio de 2007, respectivamente;

f) la Directora Territorial se dirigía por correo electrónico a la actora para preguntarle si había tenido llamadas, a pesar de a trabajar en despachos muy próximos.

g) durante algún tiempo, concurrieron en la prestación de servicios varias auxiliares administrativas, existiendo desavenencias entre ellas;

h) en fecha 14 de junio de 2007, la Directora Territorial mantuvo una reunión con la demandante, sin que conste su contenido;

i) desde el 20 de junio de 2007, la recurrente se encuentra en situación de incapacidad temporal, por presentar clínica ansioso-depresiva.

Segunda.-Partiendo de este relato, el problema que plantea el recurso consiste en determinar si los hechos descritos, valorados en su conjunto y en su sucesión temporal, generan una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor del alegato de acoso laboral lesivo de la dignidad y del derecho a la integridad moral de la demandante, que justifiquen el desplazamiento del "onus probandi" a la empresa demandada.

El problema, al que la sentencia ha dado una respuesta negativa, no es de solución fácil, pues exige pronunciarse sobre dos cuestiones distintas:

1.ª) Si los hechos expuestos pueden ser valorados como indicativos de la existencia de acoso moral en el trabajo. A este respecto, hay que tener presente que aun cuando la protección eficaz del trabajador frente a las prácticas constitutivas de acoso, y no sólo de sus manifestaciones más graves, es un imperativo derivado del reconocimiento de la efectividad de los derechos fundamentales en el interior de la empresa y de la necesidad de que la impunidad de estas conductas no las conviertan en una forma habitual de actuación por parte de su autor, no toda falta de respeto y consideración ni todo comentario despectivo pueden identificarse con un ataque a la integridad moral y a la dignidad y conceptuarse como acoso moral, reservándose esta calificación a aquellas situaciones en que, de forma reiterada, se producen actos, gestos, palabras o actitudes de carácter intimidatorio, humillante, degradante u ofensivo para el trabajador. En su consecuencia, serán indicativos de acoso los hechos en los que se aprecie tal significación, debiendo reconocerse aptitud probatoria tanto a los que sean "claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del derecho fundamental, como aquéllos que, pese a no generar una conexión tan patente y resultar, por tanto, más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de la vulneración"ponderarse a tal fin (sentencia 168/2006, de 5 de junio, del Tribunal Constitucional, entre otras).

2.ª) En el caso de la respuesta a la primera cuestión fuese afirmativa, habrá que determinar si tales indicios son suficientes para que opere el desplazamiento de la carga de la prueba, para lo que habrá de atenderse a las circunstancias del caso concreto, sin olvidar que la necesaria suficiencia no puede adquirir un nivel tal de exigencia que haga inviable la consecución de la finalidad a la que responde la regla específica sobre la carga de la prueba contenida en el artículo 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral de posibilitar la protección eficaz de los derechos fundamentales.

A la luz de las anteriores consideraciones, el comportamiento de la Directora Territorial de la empresa demandada, objetivamente considerado en su conjunto y atendidas las circunstancias del caso, no puede ser interpretado como expresión de un simple conflicto laboral o desavenencia, como entienden mis compañeros, sino como indicativo de la situación de acoso denunciada por la actora.

En efecto, los hechos expuestos traslucen:

1.ª) Una actitud de menosprecio hacia el trabajo realizado por la demandante y de negación de sus perspectivas profesionales en la empresa, como se deduce del comentario realizado frente a su petición verbal de acenso y la falta de respuesta a la petición formalizada por escrito.

2.ª) El intento de crearle un entorno hostil en el seno de la organización de trabajo, difundiendo un calificativo negativo como es el de considerarla un "cáncer" de la empresa, al igual que a su jefa inmediata y a otro compañero de trabajo, con la previsible intención de forzar la salida de la empresa, como sucedió con los otros dos afectados.

3.ª) La ruptura de la comunicación personal directa con la demandante, recurriendo al correo electrónico, con la proyección negativa que ello supone.

Estos hechos adquieren un significado especial a la vista de las circunstancias concurrentes, pues:

A) Son personal y directamente atribuibles a la máxima responsable del centro de trabajo que, en tal condición, está obligada especialmente a respetar la dignidad personal y profesional y la integridad moral de sus subordinados, no mermar su autoestima ni deteriorar su imagen ante sus compañeros de trabajo y sus jefes inmediatos, y favorecer un adecuado clima de trabajo.

B) Carecen de cualquier justificación objetiva y razonable al no haber mediado incumplimientos previos o actitudes censurables de la actora.

C) Produjeron efectos sobre el equilibrio psicológico de la demandante, que seis días después de mantener una conversación con la Directora Territorial en términos que no constan acreditados, causo baja laboral, sin que la trabajadora, que llevaba seis años y medio en la empresa, tuviese ningún antecedente de patología mental, ni existiese ningún otro factor que explicase la aparición de ese trastorno.

Tercera.-Los hechos y circunstancias expuestos tienen la necesaria entidad para ser considerados como indicios suficientes del acoso alegado, por lo que no habiendo aportado la demandada ninguna justificación objetiva y razonada de que el comportamiento de la Directora Territorial estuviese al margen de cualquier intencionalidad lesiva del derecho fundamental a la integridad moral, ha de estimarse el recurso. Por consiguiente, y acogiendo la pretensión deducida en la demanda, procede acordar la extinción de la relación laboral que vincula a las partes, y reconocer a la actora una indemnización de 45 días por año de trabajo por la pérdida de su empleo, más una indemnización adicional por la vulneración del referido derecho en cuantía que no es necesario determinar en este voto.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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