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Sentencia T.C. 7/2000, de 17 de enero

 RESUMEN:

Procedimiento laboral. Citación para el acto del juicio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. El órgano judicial debe adoptar las medidas necesarias para la averiguación del domicilio del demandado.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.  El presente recurso suscita la cuestión de determinar si la citación para el acto del juicio efectuada por edictos publicados en el "Boletín Oficial de la Provincia", tras el fracaso de dos citaciones efectuadas por medio de correo certificado, lesiona o no el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión proclamado en el artículo 24.1 CE, atendida la circunstancia de la incomparecencia de la entidad demandante de amparo al acto del juicio laboral de reclamación de cantidad en el que tenía la condición de demandada.

2.  Como recordábamos recientemente en la STC 109/1999 (de 14 de junio, F.J. 3), desde muy antiguo (STC 9/1981, de 31 de marzo) este Tribunal ha venido señalando la importancia de asegurar la defensa procesal de los ciudadanos mediante la debida contradicción y audiencia. Corolario de ello es la afirmación (SSTC 166/1989, de 16 de octubre, 167/1992, de 26 de octubre, y 103/1993, de 22 de marzo, entre otras) del deber que tienen los órganos judiciales de emplear la máxima diligencia en el cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal, cuidando siempre de asegurar, cuando ello sea factible, que éstos lleguen al conocimiento real de la parte, ya que tal deber judicial constituye parte integrante del derecho a la tutela por los Jueces y Tribunales que garantiza el artículo 24.1 CE. De forma que la omisión o la defectuosa realización de los actos de comunicación procesal constituye una violación de ese derecho fundamental siempre que con ello se impida a las partes litigantes llegar al conocimiento real que necesitan para defender sus derechos en los procesos en que intervengan, a no ser que la falta de dicho conocimiento tenga su origen y causa determinante en el desinterés, pasividad, negligencia o malicia del interesado, o éste haya adquirido el debido conocimiento a pesar de la existencia de defectos en los actos ordenados a su emplazamiento.

En las SSTC 275/1993, de 20 de septiembre, 108/1995, de 4 de julio, o 126/1996, de 9 de julio, hemos reiterado, por una parte, que los actos de comunicación procesal no pueden ser considerados como meros trámites que permiten la continuación del proceso, y, por otra, la necesidad de que los órganos jurisdiccionales extremen su celo a la hora de poner en conocimiento de las partes pasivas de un pleito la propia existencia del proceso, dada la trascendencia que estos actos tienen para asegurar el principio de contradicción o audiencia entre las partes. En tal sentido, y en relación con la citación a juicio como primer acto procesal de comunicación o de emplazamiento, es doctrina reiterada que se trata de un requisito que cobra especial importancia. La citación resulta, así, algo más que un mero requisito de forma, y por ello se hace preciso, desde el punto de vista de la garantía del artículo 24.1 CE, que el órgano judicial asegure en la medida de lo posible su efectividad real (SSTC 157/1987, de 15 de octubre, 242/1991, de 16 de diciembre, 180/1995, de 11 de diciembre, 80/1996, de 20 de mayo, 81/1996, de 20 de mayo, y 99/1997, de 20 de mayo, entre otras muchas).

3.  En el ámbito específicamente laboral, el artículo 56 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral contempla como ordinario el sistema de citaciones, notificaciones y emplazamientos por correo certificado con acuse de recibo, pero ello no puede entenderse desconectado del precepto contenido en el artículo siguiente, en el que se ordena que si las diligencias de comunicación no pueden efectuarse en esta forma se practiquen mediante entrega de cédula al destinatario. Sólo cuando, una vez intentada la comunicación utilizando los medios razonables, no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, se consignará esta circunstancia por diligencia y se mandará que se haga la notificación, citación o emplazamiento por medio de edictos. La realización de los actos de comunicación mediante correo certificado, por tanto, no agota la actividad exigible al órgano judicial.

Pues bien, en nuestro supuesto, el Juez de lo Social intentó por dos veces la citación de la entidad demandada mediante correo certificado, citaciones que fueron devueltas con la nota de estar ausente su destinatario. Ante lo infructuoso de este medio de comunicación, el Juzgado, no sólo debió haber intentado la citación mediante entrega de cédula, como ordena el citado artículo 57 LPL, sino que debía haber agotado todos los medios razonablemente a su alcance para que aquella entidad llegase a tener conocimiento de la fecha de celebración del juicio en el que era demandada. Como hemos apreciado en multitud de ocasiones, el órgano judicial debe adoptar las medidas necesarias para la averiguación del domicilio del demandado, requiriendo al trabajador demandante que manifieste cuál es, consultando la guía telefónica u oficiando al Registro Mercantil (STC 103/1993, de 22 de marzo, 227/1994, de 18 de julio, y 160/1995, de 6 de noviembre), pues la ausencia del destinatario de la notificación del domicilio en el que primeramente se intenta la práctica de ésta no equivale a la imposibilidad de llegar al conocimiento del domicilio en el que debe efectuarse ni a que su destinatario se encuentre en paradero ignorado, por lo que debe intentarse realizar la citación mediante gestión directa del órgano judicial (últimamente, SSTC 97/1992, de 11 de junio, 312/1993, de 25 de octubre, 51/1994, de 16 de febrero, 227/1994, de 18 de julio, 160/1995, de 6 de noviembre, y 64/1996, de 16 de abril). Existe además en este supuesto la singularidad de que los trabajadores demandantes aportaron como prueba documental los contratos de trabajo y las nóminas en virtud de las cuales formulaban su reclamación de cantidad, documentos en los que aparecía el domicilio real de la empresa demandada en el "Polígono ... de Arrigorriaga", sin que esta circunstancia fuese advertida por el Juzgado para, ante la incomparecencia de la entidad demandada al acto del juicio, intentar su citación en el domicilio que revelaba la documentación aportada como prueba. Ya en la STC 160/1995 significamos la transcendencia de los documentos aportados en el juicio como reveladores del verdadero domicilio del demandado.

Cabe concluir, por ello, que el Juzgado no cumplió la exigencia de acudir a la citación personal mediante cédula, no agotó las posibilidades de que disponía para lograr una comunicación efectiva con el demandado, y, cuando se le aportó en el acto del juicio una documental que revelaba un domicilio distinto del facilitado por los demandantes, no reaccionó para lograr la efectiva citación de la entidad demandada. Acudiendo directamente al sistema edictal lesionó el derecho de ésta a la tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el artículo 24.1 CE, al impedir el desarrollo de un verdadero juicio contradictorio.

4.  La estimación del recurso de amparo lleva a que, como forma de restablecimiento del derecho fundamental invocado, haya de anularse la sentencia impugnada y retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno para que la entonces demandada sea emplazada correctamente y pueda comparecer en el juicio.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud:

1.º  Declarar que se ha vulnerado el derecho de la entidad demandante a obtener una tutela judicial efectiva sin indefensión.

2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia del Juez de lo Social núm. 1 de Eibar de fecha 2 de mayo de 1996, dictada en los autos núm. 51/96, así como la de las actuaciones seguidas para su ejecución, y retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno para que la entidad demandada en dichos autos sea correctamente emplazada y pueda comparecer en el correspondiente juicio.

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