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Sentencia T.S. (Sala 4) de 6 de octubre de 2000


 RESUMEN:

Ejecución de sentencia. Intereses de demora. Cómputo. Hasta la fecha de consignación judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia impugnada desestima el recurso de suplicación planteado, en donde se interesaba de la ejecutada el abono de los intereses de demora ex artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la sentencia de instancia hasta aquella en la que se materializó el pago de la cantidad de condena.

Se alega como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 31 de julio de 1998,

Existe la contradicción en los términos establecidos en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, por cuanto las dos sentencias tienen origen y causa en sendas liquidaciones de intereses procesales, del artículo 921.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, devengados por el tiempo en que se demoró el pago de los respectivos principales establecidos en sentencia. En ambos casos se fija como fecha de inicio del devengo de intereses la de la respectiva sentencia de instancia estableciendo la condena al pago de cantidad liquida. Pero en referencia a la fecha final de dicho devengo, mientras que la sentencia combatida afirma que cesa la obligación cuando se consigna la cantidad de condena en el Juzgado, pues el pago "se entiende realizado en el momento en que se consigna la cuantía total de la prestación determinada judicialmente... dado que una vez efectuada la consignación puede obtenerse su entrega por el acreedor"; en cambio, la sentencia de contraste, extiende el devengo de intereses, no a la fecha de la consignación, sino aquella cuando el Juzgado ordena el pago al actor, pues se argumenta que "no basta la providencia de que por el demandado se hubiera consignado el principal, ya que no es hasta la providencia de fecha 23.4.97 que se concretó la cantidad a pagar y se ordenó el pago al actor".

Segundo.-Entiende la recurrente, que la sentencia combatida infringe el artículo 921.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la interpretación dada al mismo, en relación con la doctrina interpretativa ya consolidada, establecida no sólo en la sentencia invocada de contraste, sino también en las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1989, 21 de febrero de 1990, 31 de mayo de 1996, 11 de febrero de 1997 y 26 de enero de 1998, y sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de febrero de 1999.

El mencionado artículo procesal civil aplicable por disposición expresa contenida en el último párrafo del mismo a la ejecución laboral, establece que "cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes, o por disposición especial, salvo que interpuesto recurso la resolución fuere totalmente revocada".

Estos denominados intereses moratorios del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen un fundamento indemnizatorio, tendiendo a resarcir al deudor por los daños y perjuicios derivados de la demora en el cumplimiento de la obligación del acreedor al pago de cantidades líquidas cuando ya exista una condena judicial a su abono. (SSTS Sala Cuarta de 11 de febrero de 1997 y 26 de enero de 1998 recursos 3099/96 y 1776/97). Como se acaba de indicar, su razón de ser está en la demora en el cumplimiento de la obligación y se devengan, según dispone el precepto legal hasta que la sentencia "sea totalmente ejecutada". Lo que obliga a concretar en el supuesto de autos, si la consignación ante el Juzgado, excluye o no la demora y, en consecuencia, si implica o no que la sentencia esté totalmente ejecutada en cuanto a la condena de la cantidad determinada y líquida que fue objeto de la reclamación judicial.

La solución correcta es la contenida en la sentencia impugnada. Se trata de sentencia de condena al pago de una cantidad "determinada y líquida" y, el pago exige, para producir su efecto extintivo que libera al deudor, que se haga a la persona a quien la prestación se deba o a quien este autorizado para recibirlo en su nombre. Por tratarse de ejecución de sentencia, la consignación en el Juzgado, implica que se hace el pago a quien está autorizado para recibirlo, pues es al Órgano Judicial a quien incumbe ejecutar la sentencia, el cual "procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes" (artículo 921.1) siguiendo el correspondiente procedimiento de apremio. Así el artículo 919 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone, que "Luego que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución ... por el Juez o Tribunal que hubiere conocido del asunto en primera instancia".

En consecuencia, la consignación ante el Juzgado en el trámite de ejecución de sentencia, determina el pago de la cantidad de condena no requiriendo el ofrecimiento al deudor y su aceptación, ya que esto está implícito en el proceso judicial seguido y, no contraria lo dispuesto en los artículos 1176 y siguientes del Código Civil, que están referidos a la consignación fuera del procedimiento de ejecución judicial de sentencia recaída sobre reclamación de cantidad.

Esta doctrina, es también la sustentada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1999 (recurso número 2751/94), que en el fundamento de derecho cuarto "in fine", afirma que "La fecha final del vengo de intereses, según el artículo 921 del Código Civil, es aquella en que la sentencia resulta totalmente ejecutada, y ésta no puede ser otra que la de la consignación efectuada por esta parte, ... En primer lugar, porque tal consignación fue tenida por hecha por el Juzgado por providencia ... y tal providencia no fue recurrida ... [y no se] ... ha impugnado la eficacia de dicha consignación. Y en segundo, frente a lo que sostiene el auto recurrido, la consignación efectuada por esta parte es una verdadera consignación y produce, desde la fecha en que se efectúa, todos los efectos del pago". Incluso se añade en el fundamento sexto que "respecto a la otra cuestión en él suscitada: fijación de la fecha final del devengo de intereses, en cuanto que la misma debe establecerse en la de 30 de diciembre de 1993, en coincidencia con la del ingreso bancario que tuvo lugar, máxime, cuando el Juzgado lo tuvo por hecha en providencia de 1 de febrero de 1994, y cuando no es posible omitir que estamos en presencia de un incidente en ejecución de sentencia, por lo que la prevalencia de la fecha primeramente señalada no implica contrariar lo dispuesto en los artículos 1176 y siguiente del Código Civil."

Tercero.-A tenor de la doctrina expuesta procede desestimar el recurso sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas, ya que en el supuesto de autos, por providencia de 15 de julio de 1998, se requiere por el Juzgado a la demandada para que en el plazo de cinco días ingrese en la cuenta corriente que se identifica, la cantidad de 438.119 pesetas, y la demandada en cumplimiento de tal requerimiento el 6 de agosto ingresó la suma aludida, que se puso a disposición del actor por providencia de 2 de septiembre, que se notifica el siguiente día 15, y de la que se hace entrega en comparecencia el día 21 del mismo mes.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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