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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 7 de octubre de 1992


 RESUMEN:

Recurso de casación. Auto dictado en ejecución de lo convenido en conciliación. Conflicto colectivo. Cajas de ahorros. Fondo de pensiones.

EXTRACTO:

Una cosa es lo que precisa el pie o suplico de la demanda de conflicto colectivo, en que se pide que por sentencia se declare la obligación de la caja de dar cumplimiento al apartado c) del anexo del IV Convenio colectivo de 3 de junio de 1987, procediéndose a acomodar a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y a su normativa el Fondo de Pensiones constituido por las aportaciones de la empresa en favor de los empleados ingresados en ella después del 8 de agosto de 1984; y otra lo que se convino en conciliación judicial en trámite de ejecución, en que se fijó el compromiso de la caja de ahorros de iniciación del procedimiento de acomodación del Fondo de Pensiones constituidos a las exigencias legales. El compromiso estipulado se ha cumplido. Pero tiene más alcance que lo contenido en el acta y requiere, desde luego, no sólo la actividad diligente de la Caja demandada, sino también la colaboración y actuación dentro y fuera del proceso igualmente diligente del Comité de empresa. Pero esto no obstaculiza lo que aquí se ha razonado sobre la no contradicción con lo ejecutoriado.

Contra el auto recurrido no cabe la casación pretendida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1.  La cuestión primera a resolver, expuesta por el recurrido en su escrito de impugnación del recurso de casación y reiterada en su informe por el Ministerio Fiscal, es si cabe o no recurso de casación contra el auto dictado en ejecución de lo acordado en conciliación judicial. Esto equivale, en definitiva, a decidir si la conciliación judicial es título que permite abrir directamente una ejecución, sin necesidad del previo proceso de cognición. En otros términos, si la conciliación ante el órgano judicial -juez o Sala de lo Social, según los casos; en el nuestro ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional- es título ejecutivo que abre directamente el proceso de ejecución.

El artículo 84.3 de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que lo acordado en conciliación se llevará a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias; y así hay que relacionar dicho precepto con los números 1 y 2 del artículo 234 de la propia Ley.

2.  El artículo 203, segundo, de la Ley de Procedimiento Laboral declara recurribles en casación los autos que decidan el recurso de súplica interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (así dice el artículo 202, al que se remite el siguiente 203), "cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado". Repite al efecto lo que para suplicación dispone el artículo 188.2 de la propia Ley, y lo que para la casación civil establece el artículo 1687.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La nueva Ley Procesal de 1990 da así entrada a la casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia, silenciado en la derogada Ley de 1980, pero reconocido por reiterada jurisprudencia de esta Sala dentro de los estrechos límites que para la casación civil autoriza el precepto indicado.

3.  De acuerdo con el tenor del artículo 203, segundo, de la Ley, sólo cuando lo acordado en ejecución desborda el contenido de la resolución ejecutoria cabe sostener la recurribilidad de dicho acuerdo. Y en el caso de que resuelva sobre lo no controvertido, sólo cabe el recurso cuando en ejecución se decida sobre una cuestión que además de nueva, sea sustancial.

4.  No hay exceso sobre lo acordado en la resolución ejecutoria, y por ende no cabe recurso, cuando la actuación seguida en ejecución se desarrolla dentro de los límites de la propia ejecución y sobre cuestiones características de ella, aunque al margen de lo que fue objeto de debate en la instancia. Así lo tiene declarado esta Sala en repetidas sentencias, entre otras en las de 23 de octubre de 1989 y 12 de febrero de 1990.

5.  En el presente recurso, lo que se precisa en el acto de conciliación ejecutorio es que la caja de ahorros se compromete a iniciar en el plazo de un mes el procedimiento que permita acomodar a la Ley de Regulación de los Planes y Fondo de Pensiones y a su normativa de desarrollo el Fondo de Pensiones constituido por las aportaciones económicas a cargo de la empresa y a favor de los empleados de la misma que ingresaron después del 8 de agosto de 1984. Se conciliaron las partes el 25 de enero de 1991 y antes de transcurrir los treinta días estipulados la caja de ahorros solicitó de la Dirección General de Seguros, en función de las facultades atribuidas a la misma sobre la inspección y control de los Planes y Fondos de Pensiones, su opinión fundado sobre su propósito, visto el contenido del artículo 16 del IV Convenio colectivo de la Caja de Ahorros de Navarra que excluye al personal de nuevo ingreso de la pensión de jubilación dimanante del sistema de previsión que aplica a sus empleados, ni a los complementos que otorga sobre la pensión de jubilación que reconoce la Seguridad Social; y visto también el contenido del acto de conciliación celebrado. Consulta por ello a la Dirección General si es posible constituir el plan de ámbito subjetivo limitado y, en caso negativo, si es posible acogerse a alguna de las fórmulas alternativas contempladas en la Ley 8/1987 y en el Reglamento de Planes y Fondo de Pensiones. La Dirección General advierte las conexiones que debe tener el Plan con la negociación colectiva, pues el proceso de negociación deberá respetar la decisión individual del trabajador de integrarse o no al plan; y la premisa de negociación con la totalidad de la plantilla, aunque resulte posible la inclusión de una parte de la misma.

6.  De las actuaciones realizadas por la caja no sólo ante la Dirección General, sino también de la elaboración misma de un proyecto de Reglamento de Plan de Pensiones para el personal de la caja ingresado después del 8 de agosto de 1984, cursado para obtener el dictamen favorable actuarial sobre viabilidad de dicho proyecto, de conformidad con lo dipuesto en el artículo 23 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado pro Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, queda de manifiesto que no se está ante ninguno de los supuestos del citado artículo 203 de la Ley Procesal. Pero es que en rigor, ése es el verdadero motivo de un recurso de casación contra un auto dictado en ejecución de sentencia; y frente a ello el comité de empresa recurrente invoca infracciones que dice cometidas, con silencio del precepto por el que se rige este recurso y de cuál sea la causa legal, de entre las contenidas en el artículo 203 de la Ley, que se estime aplicable. La parte reproduce en su recurso todo lo acontecido y pide que la caja prosiga los trámites subsiguientes, cuando lo cierto es que en las ocasiones en que evacuó los escritos de la otra parte se limitó a pedir que prosiguieran los trámites hasta la total ejecución de lo convenido, sin precisar cuáles fueran las actuaciones omitidas de entre las contenidas en el acto de conciliación celebrado, ni tampoco en qué sentido se está contraviniendo lo ejecutoriado.

Claro está que una cosa es lo que precisa el pie o suplico de la demanda de conflicto colectivo, en que se pide que por sentencia se declaartículore la obligación de la caja de dar cumplimiento al apartado c) del anexo del IV Convenio colectivo de 3 de junio de 1987, procediéndose a acomodar a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y a su normativa el Fondo de Pensiones constituido por las aportaciones de la empresa en favor de los empleados ingresados en ella después del 8 de agosto de 1984; y otra lo que se convino en conciliación judicial en trámite de ejecución, en que se fijó el compromiso de la caja de ahorros de iniciación del procedimiento de acomodación del Fondo de Pensiones constituidos a las exigencias legales. El compromiso estipulado se ha cumplido. Pero tiene más alcance que lo contenido en el acta y requiere, desde luego, no sólo la actividad diligente de la Caja demandada, sino también la colaboración y actuación dentro y fuera del proceso igualmente diligente del Comité de empresa. Pero esto no obstaculiza lo que aquí se ha razonado sobre la no contradicción con lo ejecutoriado.

Segundo.-Por las razones expuestas es obligado resolver que contra el auto recurrido no cabe la casación pretendida, por lo que le recurso debe ser destimado, sin hacer pronunciamiento sobre las costas causadas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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