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Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de enero de 2001


 RESUMEN:

Incapacidad permanente absoluta. Congruencia entre la reclamación previa y el proceso. Causa de oposición invocada en el trámite de conclusiones. Hecho constitutivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El problema que se suscita en las presentes actuaciones consiste en determinar si la sentencia de instancia incurrió en incongruencia por apreciar la falta del requisito de alta que el organismo gestor demandado propuso en el trámite de conclusiones en el acto de juicio, porque, por la propia confesión de la actora, había quedado acreditado que ésta no realizó actividad laboral desde diciembre de 1994, aunque ha continuado abonando las cotizaciones. La sentencia recurrida aprecia la incongruencia por entender que, al haberse suscitado esta causa de oposición en conclusiones, la parte actora ya no podía replicar a la misma, lo que determina una efectiva indefensión. La sentencia que se designa como contradictoria es la de esta Sala de 2 de febrero de 1996, que estimó que no había incurrido en incongruencia la sentencia que apreció la falta de cumplimiento del periodo de cotización propuesta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el acto de juicio, pero que no había sido alegada en el acto de juicio. El Ministerio Fiscal y la parte recurrida sostienen que no hay contradicción, señalando que en el caso de la sentencia de contraste se alegó un hecho que constaba el expediente, aunque no se invocara como causa de desestimación en las resoluciones ad ministrativas, y que en la sentencia de contraste no consta que la defensa del organismo gestor se propusiera en conclusiones. Pero la identidad de las controversias que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral no es absoluta sino sustancial y los datos a que se ha hecho referencia no son relevantes, por las razones que se hará referencia en el siguiente fundamento.

Segundo.-El problema de la denominada exigencia de congruencia entre la reclamación previa y el proceso ha sido ya objeto de unificación por la Sala en su sentencia de 28 de junio de 1994, acordada en Sala General, cuya doctrina ha sido reiterada por las sentencias de 31 de mayo de 1995, 30 de octubre de 1995, 30 de enero de 1996, 2 de febrero de 1996 y 5 de diciembre de 1996. En estas sentencias se establece que las prohibiciones que contienen los artículos 72 y 142 de la Ley de Procedimiento Laboral sobre los límites de la oposición de los organismos gestores en el proceso de Seguridad Social no pueden interpretarse como "un mandato al Juez para pronunciarse únicamente sobre el motivo de denegación que se invoca en la resolución administrativa", pues en ese caso se invertiría "la relación entre vía administrativa previa y proceso, se subordina éste a aquélla con las graves consecuencias que de ello se derivan desde la perspectiva del principio de legalidad, del principio "iura novit curia" y, en general, de los principios que rigen la carga de la alegación y de la prueba de los hechos en el proceso" .

Esta conclusión se funda en que en el proceso de Seguridad Social se pide normalmente el reconocimiento del derecho a una prestación mediante una acción declarativa de condena, que es lo mismo que se ha solicitado en el procedimiento administrativo. El actor tiene que probar los hechos constitutivos de su derecho (la existencia de la situación protegida, la concurrencia de los restantes requisitos de acceso a la protección...) y la entidad gestora tiene la carga de probar los hechos impeditivos, los extintivos y los excluyentes. La ausencia de un hecho constitutivo puede ser apreciada por el Juez, si resulta de la prueba, incluso cuando no se haya alegado por la parte demandada y lo mismo sucede con los hechos impeditivos y extintivos. La razón está, como ha señalado la doctrina científica, en que los órganos judiciales están vinculados por el principio de legalidad y no pueden otorgar tutelas infundadas. Sólo los hechos excluyentes son excepciones propias en el sentido de que el Juez no puede apreciarlas si no son alegadas por la parte a quien interesan y ello porque estos hechos no afectan a la configuración legal del derecho. Pero en cuanto a los otros hechos, el Juez debe apreciarlos cuando se prueben aplicando las normas correspondientes, aunque no exista oposición del demandado o aunque éste no comparezca en juicio para oponerse. En este sentido, el hecho de que la Entidad Gestora desestime la solicitud por una causa cuando está acreditada en el procedimiento la existencia de otra que también excluye la existencia del derecho no impone al Juez la obligación de estimar la demanda y reconocer la prestación cuando considera improcedente la causa aplicada en la resolución administrativa, pero procedente la que debidamente acreditada no se tuvo en cuenta por el organismo gestor. De no ser así la tutela judicial y la garantía de la cosa juzgada podría no otorgarse en contra del mandato de la Ley, que no es disponible ni para el Juez (artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ni para la Administración (artículo 52.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común).

Esto es lo que sucede en el ámbito de la jurisdicción revisora típica de la actuación administrativa, que es la jurisdicción contencioso-administrativa. Como señala la sentencia de 21 de junio de 1988, "ni las partes ni desde luego el órgano judicial pueden traer al debate cuestiones nuevas, es decir, pretensiones que no hayan sido planteadas ante la Administración, pero lo que no está vedado a las partes es invocar nuevos motivos o alegaciones para fundamentar el recurso y la oposición, que el Tribunal a su vez puede introducir en la discusión y luego considerar en la sentencia". Esta es la solución que se contempla en los artículos 33.2 y 56 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. El primero permite al órgano judicial, previa audiencia de las partes, considerar en la sentencia motivos de decisión distintos de los planteados en el recurso o en la oposición y el segundo señala que en los escritos de demanda y contestación podrán alegarse cuantos motivos procedan "hayan sido o no planteados ante la Administración". Por otra parte, los artículos 85, 87.5 y 88 de la Ley de Procedimiento Laboral permiten aplicar esta solución en el proceso social con garantía de los principios de contradicción y defensa.

Tercero.-Por otra parte, no puede apreciarse que en estos casos se produzca una incongruencia por alteración de los términos del debate, porque, como señala también la sentencia de 28 de junio de 1994, "quien afirma en un proceso la existencia de un derecho ha de estar en condiciones de alegar y probar en ese proceso la concurrencia de los requisitos que fundan su derecho y no puede invocar una situación de indefensión porque se alegue por la demandada o se aplique por el Juez una previsión legal en virtud de un hecho directamente relacionado con la pretensión ejercitada que se ha probado en el proceso" y que en el presente caso supone, según la interpretación de la sentencia de instancia, en cuya corrección no cabe ahora entrar en este recurso, la falta de un requisito necesario para causar derecho a la prestación solicitada. En este sentido se pronunció la sentencia del Tribunal Constitucional 41/1989, en la que se afirma que el hecho de que el actor haya podido centrar su defensa en el motivo en el que la resolución administrativa fundó la desestimación -el tratarse de lesiones anteriores al alta- no puede convertirse en incongruencia e indefensión cuando el nuevo hecho en que se funda la desestimación ha podido ser también objeto de debate en el proceso.

Desde esta perspectiva es irrelevante que en el presente caso ese hecho no constase en el expediente administrativo y fuese alegado por primera vez como causa de oposición en las conclusiones. Ello es así por dos razones. La primera, porque se trata de una circunstancia, que -siempre desde el criterio de la sentencia de instancia-afectaba a un hecho constitutivo, y que, por tanto, una vez acreditada puede ser apreciada directamente por el juzgador sin necesidad de alegación de parte. La segunda razón consiste en que el hecho en cuestión se puso de manifiesto en la confesión de la propia demandante y, por tanto, pudo ser valorado en conclusiones por esa parte, que tampoco alegó indefensión por esta causa en suplicación, en la que sólo formalizó dos motivos, uno de revisión de los hechos probados y otro de examen del derecho aplicado, denunciando la infracción de los artículos 23 y 28 del Decreto 2346/1969, los artículos 1 y 9 del Real Decreto 1424/1985, los artículos 134 y 137 de la Ley General de la Seguridad Social y los artículos 6 y 1253 del Código Civil.

Cuarto.-Procede, por tanto, la estimación del recurso para casar la sentencia recurrida y ordenar la devolución de las actuaciones y del rollo de suplicación a la Sala de lo Social de procedencia para que por la misma se dicte nueva sentencia, en la que, con acatamiento de lo que aquí se dispone sobre la congruencia de la sentencia de instancia, dicte nueva resolución resolviendo el recurso de suplicación interpuesto; todo ello sin costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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