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Sentencia T.S. (Sala 4) de 19 de febrero de 2001


 RESUMEN:

Audiencia al rebelde. Desestimación. Prescripción del plazo. Defectos formales insuperables.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso de casación formaliza cuatro motivos. El primero, amparado en el apartado a) del artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral, por abuso y defecto de la jurisdicción, denuncia la infracción de lo dispuesto en los artículos 14 y 24 de la Constitución en relación con lo dispuesto en los artículos 183.3, 82.1, 83.1, letras a), b) y c) (sic), apartados 1, 2, 3, 4, y 5 (sic), 89.2, 89.3 y 97, apartados 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral. El motivo debe desestimarse porque: 1) no se fundamentan las infracciones denunciadas, que además se denuncian de forma acumulativa, 2) las dos consideraciones que pueden identificarse como motivaciones de la impugnación -que la fecha de la sentencia es anterior al acto de juicio y que se ha privado a la parte de recurrir la sentencia en la que se condena-, carecen de fundamento, la primera porque a la vista de las actuaciones se trata de un nuevo error material manifiesto -subsanado en el auto de aclaración de 25 de septiembre de 2000-, que de ninguna forma afecta a la tutela judicial efectiva, ni al ejercicio de la jurisdicción y la segunda porque la sentencia ha dado una respuesta motivada a su pretensión de audiencia, aunque ha sido la de rechazarla por extemporánea y con ello se cumple el derecho a la tutela judicial, sin perjuicio de que la parte pueda impugnar esa decisión si infringe las normas procesales.

Segundo.-El segundo motivo, denuncia también de forma acumulativa la infracción de los artículos 53, apartados 1 y 2, 55, 57, 61 y 97.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, de los artículos 261, 262, 266, 267, 268 y 1796.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se alega, en síntesis, la existencia de irregularidades en la designación del domicilio y en las citaciones practicadas en el juicio en el que se pide la audiencia, pero, aparte de que se mezclan denuncias propias de un recurso de revisión y otras de un incidente de nulidad de actuaciones, lo cierto es que la sentencia recurrida no ha entrado en la cuestión de la regularidad de las citaciones en el mencionado pleito, porque ha considerado que la petición de audiencia es extemporánea y, siendo previa esta cuestión, no han podido producirse las infracciones que se denuncian. Dentro de este motivo y de forma asistemática vuelve a plantearse la cuestión de la fecha de la sentencia, cuya intrascendencia ya se ha señalado, y también se alega de forma absolutamente indeterminada una pretendida falta de práctica de las pruebas sin indicar de qué pruebas se trata; alegación que por su falta de concreción y de transcendencia a efectos decisorios, en atención a lo que luego se dirá, debe también rechazarse. En cuanto a la denuncia de que no se ha consignado en los antecedentes de hecho el domicilio del actor en Madrid, ni se cita precepto alguno que imponga esa mención ni se razona por qué la pretendida omisión ha podido determinar algún tipo de indefensión.

Tercero.-El motivo tercero se ampara en el apartado c) del artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral, proponiendo determinadas rectificaciones para sustituir las referencias al "último domicilio conocido" por las correspondientes al "último domicilio reseñado", añadiendo que éste en el caso del recurrente es el que se indica en Madrid. El motivo ha de rechazarse porque: 1) la prueba de confesión no es hábil para acreditar un error de hecho en casación, 2) no se identifican en las actuaciones los documentos designados para fundar la revisión y 3) los datos que se proponen son irrelevantes en orden a la modificación del fallo, porque éste se ha fundado en el carácter extemporáneo de la petición de audiencia y, por tanto, no se altera en función del domicilio real de la parte, ni por el eventual conocimiento de éste por las actoras en el proceso en que se dictaron las sentencias que se tratan de rescindir, como se razonará en el siguiente fundamento.

Cuarto.-El cuarto motivo se ampara en el apartado e) del artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral y denuncia la infracción de los artículos 1796.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 183.3 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con los artículos 775, 777, 785 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como de la doctrina de la Sala, contenida en sus sentencias de 9 de diciembre de 1997, 18 de diciembre de 1998, 29 de octubre de 1999, y 31 de enero de 2000. De nuevo la denuncia presenta defectos formales insuperables. En primer lugar, el artículo 1796.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es aplicable, porque no estamos en un recurso de revisión, sino en una audiencia al rebelde. En segundo lugar, tampoco son aplicables los artículos 775 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la regulación del plazo para solicitar la audiencia en el proceso laboral se regula en el artículo 183.3 de la Ley de Procedimiento Laboral. Por último, la cita del artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es inoperante, porque este precepto se refiere a las causas de revisión y aquí de lo que se trata es exclusivamente de un problema de plazo en la solicitud de la audiencia. La única denuncia útil, es, por tanto, la del artículo 183.3 de la Ley de Procedimiento y en este punto sostiene el recurrente que en los supuestos, como el presente, en que han existido defectos que han impedido la notificación personal, el plazo de tres meses que establece el precepto citado debe computarse a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento. Es cierto que la Sala en su sentencia de 11 de octubre de 1999, recogiendo la doctrina de la sentencia 15/1996 del Tribunal Constitucional, aceptó, como ya habían hecho las sentencias de 5 de octubre de 1998, 18 de diciembre de 1998, 5 de marzo de 1999, 29 de marzo de 1999 y 29 de octubre de 1999, la viabilidad de la audiencia al rebelde para atender a las pretensiones de rescisión de sentencias firmes por haberse desarrollado el proceso sin la intervención del demandado por irregularidades en su citación, y admitió también que en estos supuestos el plazo para solicitar la audiencia podía iniciarse en el momento del conocimiento de la sentencia. Pero, como precisó la sentencia de 31 de enero de 2000, esta doctrina estaba condicionada por la situación anterior a la reforma de la Ley Orgánica 5/1997, en la que la única vía para corregir estas situaciones de indefensión era la audiencia al rebelde o, en su caso, el recurso de revisión. El establecimiento del incidente excepcional de nulidad de actuaciones en los supuestos en que la reparación por vía de recurso -ordinario o extraordinario-ya no es posible cambia esta situación. Como dice la sentencia últimamente citada, ya "no existe actualmente razón alguna para seguir manteniendo la interpretación extensiva del recurso de audiencia al rebelde, obligada en su día para evitar situaciones de indefensión, pero innecesaria ya desde el momento en que el legislador ha puesto a disposición de los justiciables, con el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un instrumento procesal hábil para obtener la tutela judicial efectiva que demandan las situaciones de indefensión por defectos formales, sin necesidad de violentar el sentido y alcance de los artículos 773 y siguientes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil a los que se remite el artículo 183 de la Ley de Procedimiento Laboral".

La sentencia citada añade que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/97 la audiencia al rebelde ha recuperado su tradicional función y queda reservada para los casos previstos en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: falta de entrega a la parte, por causa a ella no imputable, de la cédula encomendada a un tercero legalmente autorizado para su recepción y ausencia del lugar en el caso de citación edictal correctamente realizada, de forma que "los supuestos de indefensión causada directamente por la irregularidad del emplazamiento, deben sustanciarse por la vía incidental abierta por dicha Ley Orgánica". En el mismo sentido se ha pronunciado la sentencia de 22 de noviembre de 2000. Por ello, ni la audiencia al rebelde es la vía idónea para la finalidad que pretende el recurrente ni se puede seguir aplicando la anterior interpretación sobre el cómputo del plazo de la regla tercera del artículo 183 de Ley de Procedimiento Laboral. El recurrente reconoce que así es y por ello, al final del motivo, concluye solicitando, al margen del suplico, que se acuerde con carácter excepcional que pueda acudir al incidente de nulidad de actuaciones en el plazo de veinte días a partir de esta sentencia. Pero ni el motivo puede estimarse ni tampoco ha lugar a la habilitación del nuevo plazo que se pide, porque la jurisdicción para pronunciarse sobre el plazo de la solicitud de nulidad de actuaciones corresponde exclusivamente al órgano judicial que en su momento pueda conocer de ese incidente, sin que el fallo de un recurso de casación dictado en otro proceso pueda vincularle en este punto y en este sentido la solución de la sentencia de 31 de enero de 2000 es excepcional y no puede generalizarse. Por otra parte, tal solución respondía a una situación por completo distinta de la que ahora se enjuicia, tanto por las fechas en que se dictó la sentencia que se pretendía rescindir (22 de diciembre de 1997 y 9 de junio de 1999), como por el conocimiento del cambio de doctrina, que no podía existir en el caso resuelto por la sentencia de 30 de enero de 2000, mientras que en el presente caso la solicitud de audiencia se formuló el 23 de junio de 2000 y en el recurso se alega una sentencia contraria a la posición procesal de la parte recurrente para sostener un recurso que se está reconociendo como improcedente al realizar la petición de reapertura del plazo para el incidente de nulidad de actuaciones. Tampoco es posible la declaración de la inadecuación de procedimiento, pues el objeto de la pretensión ejercitada -la solicitud de la audiencia con retroacción de las actuaciones al momento anterior al acto de juicio- se corresponde con el que es propio de la audiencia al rebelde, aunque no sea correcta su fundamentación.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido y condena en costas de la parte recurrente. Las costas consistirán en los honorarios del Letrado de la parte recurrida en la cuantía que fijará la Sala si a ello hubiera lugar con el límite del artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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