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Sentencia T.S. (Sala 4) de 25 de febrero de 1993


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina. Debe estimarse. Contrato de trabajo. Extinción. Voluntad del trabajador. Debe estimarse. Jornada. Salario. Reducción. Cálculo de indemnización. Tiene que servir de base el que corresponde al trabajador y no el que arbitrariamente abona la empresa. Se toma en cuenta el anterior a la reducción que ha llevado a la extinción.

EXTRACTO:

"El salario regulador de la indemnización es aquel que corresponde al trabajador al tiempo de despido y no el que arbitrariamente abona la empresa", sería contrario al principio de buena fe aceptar la actuación de la empresa que reduce unilateralmente el salario para perjudicar al trabajador no sólo en sus retribuciones, sino incluso en el importe de la indemnización por extinción de la relación laboral.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La actora prestaba servicios para la entidad demandada que en el curso 1990-1991 redujo su jornada laboral y el salario. La sentencia de instancia estimó la demanda de resolución del contrato condenando a la empresa a abonar una indemnización, que se calculó sobre el salario efectivamente percibido en el momento de interponerse la demanda, inferior al que se abonaba con anterioridad a la reducción. La actora interpuso recurso de suplicación. Se formularon tres motivos [dos por error de hecho para modificar los datos sobre el salario y uno denunciando la infracción del artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 56.1.a) del mismo texto legal], en los que se pretendía que la indemnización se calculase sobre el salario percibido antes de la reducción con el incremento acordado para 1991. La Sala desestimó los motivos por error de hecho y también de forma completa el motivo por infracción de Ley, en el que en realidad se suscitaban dos cuestiones: el cálculo de la indemnización sobre el salario percibido antes de la reducción y la aplicación a ese salario del incremento de 1991.

Segundo.-En el presente recurso se formalizan cuatro motivos. Dos por error de hecho con la finalidad de revisar los datos sobre el salario y otros dos por infracción de Ley que invocan la misma violación del artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el 56.1.a) de la misma Ley, si bien en un caso teniendo en cuenta la rectificación fáctica propuesta y en otro ateniéndose al salario que figura en los hechos probados. Los dos motivos por error de hecho han de rechazarse; porque, como ha declarado reiteradamente esta Sala (sentencia de 3 de junio de 1992 y las que en ella se citan), el recurso de casación para la unificación de doctrina no admite motivos por error de hecho, sino únicamente por infracción legal (artículo 221 de la Ley de Pronunciamiento Laboral en relación con el artículo 216 de la misma Ley). La infracción denunciada ha de estudiarse a partir de los hechos probados de la resolución recurrida, lo que hace innecesario el examen del denominado motivo tercero, que resulta superfluo, pues la única variación que introduce no afecta a la infracción legal, sino a los hechos. En este punto se aporta como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de agosto de 1991. En el supuesto por ella decidido se contempla un caso en que también se produjo una variación de condiciones de trabajo con reducción del salario -Inspector con funciones comerciales que pasa por decisión de la empresa a desarrollar funciones de gestión administrativa perdiendo los incentivos de producción- y la sentencia decide que el salario que ha de tomarse en cuenta comprende los incentivos mencionados "sin que quepa oponer el que tales incentivos dejaron de percibirse desde noviembre de 1990 en que se le cambió de puesto de trabajo, ya que es precisamente ese cambio y la disminución salarial que conlleva el que propicia la acción resolutoria aquí ejercitada". Existe, por tanto, la contradicción alegada, porque la identidad relevante es la relativa a la cuestión debatida sobre el cálculo de la indemnización y en ella existe una igualdad sustancial entre las sentencias que se comparan, mientras que sus pronunciamientos son opuestos.

Tercero.-También ha de apreciarse la infracción que se denuncia. El artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que en caso de resolución por incumplimiento empresarial el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente y el artículo 56.1.a) del citado Estatuto establece la indemnización en cuarenta y cinco días de salario por año de servicio. La determinación de este salario no ha sido cuestión pacífica en la doctrina y así se ha establecido en ocasiones que se trata del salario que realmente se estuviera percibiendo en el momento del cese y no en el que se pudiera tener derecho a percibir, por lo que el mayor salario que el trabajador considere que debe percibir podrá ser objeto de controversia en otro proceso, pero no en el de despido. Pero la más reciente doctrina de la Sala ha establecido que "el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido", pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es "en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la Ley ... una reclamación inadecuada" (sentencia de 7 de diciembre de 1990, que cita la de 10 de diciembre de 1986, y sentencia de 3 de enero de 1991). En este sentido la sentencia de 24 de julio de 1989 señala también que "el salario regulador de la indemnización es aquel que corresponde al trabajador al tiempo de despido y no el que arbitrariamente abona la empresa" y la de 2 de febrero de 1990 precisa que sería contrario al principio de buena fe aceptar la actuación de la empresa que reduce unilateralmente el salario para perjudicar al trabajador no sólo en sus retribuciones, sino incluso en el importe de la indemnización por extinción de la relación laboral. Este mismo criterio ha de aplicarse para la resolución del contrato de trabajo en virtud de la remisión del artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el supuesto que se examina es la propia actuación empresarial, que se considera como un incumplimiento grave que justifica la resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador, la que ha determinado una reducción ilícita del salario que como tal (artículo 6.º, 3 del Código Civil) no puede tener eficacia para reducir la base de cálculo de la indemnización procedente. Por ello, debe estimarse el recurso en concordancia con lo informado por el Ministerio Fiscal para resolver el debate planteado en suplicación estimando también dicho recurso en este punto con revocación de la sentencia recurrida para establecer que la indemnización procedente asciende a 4.609.687 pesetas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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