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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 26 de septiembre de 2001


 RESUMEN:

Nulidad de actuaciones. No son acumulables las acciones de fijeza y clasificación profesional. La alegación de un defecto procesal esencial no constituye una cuestión nueva. La exigencia de contradicción en el plano sustantivo, también exigible para las infracciones procesales, quiebra en los casos de competencia funcional o falta manifiesta de jurisdicción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión litigiosa que se somete a casación unificadora, invocando la infracción de los artículos 27 y 28 LPL, consiste en determinar si constituye o no una cuestión nueva, y como tal debe ser rechazada en suplicación, la denuncia que la parte demandada efectúa por primera vez ante la Sala de lo Social del TSJ, de la existencia de una indebida acumulación de acciones, a fin de que se anule lo actuado y se proceda conforme prescribe el artículo 28.1 LPL, requiriendo a la parte actora para que subsane el defecto y opte por una de ellas.

En el caso contemplado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 26 de octubre de 2000 que hoy se recurre en casación unificadora, el Ministerio de Defensa, que había sido condenado en la instancia, denunció en el primer motivo de su recurso de suplicación y por el vía del artículo 191.a) LPL, la infracción del artículo 27 de la propia Ley, producida al haber tramitado y resuelto el Juzgado conjuntamente las acciones de declaración de relación laboral indefinida, clasificación profesional y reclamación de diferencias salariales que la actora ejercitó en una sola demanda, siendo así que la acción de clasificación profesional tiene su propia modalidad procesal y la sentencia que recae en ella no es susceptible de recurso. La Sala de lo Social, pese a manifestar que compartía el planteamiento del Ministerio, rechazó el motivo porque consideró que planteaba "una cuestión nueva no suscitada con anterioridad en la instancia y por tanto de imposible examen en este recurso extraordinario de suplicación, que debe limitarse al enjuiciamiento de las cuestiones decididas por el juzgador de instancia o que hubieran debido serlo por planteárselas oportunamente las partes".

A solución contraria llega al sentencia de 18 de diciembre de 1997 de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra, que se cita como término de comparación. En su caso, la actora había ejercitado frente a un Patronato Municipal y en una misma demanda una doble acción: la declaración del carácter fijo de su relación laboral y el reconocimiento de la categoría de directora del Centro. Y ante la denuncia de la demandada, la referida Sala entró a resolver la excepción planteada y tras considerar que el ejercicio simultáneo de ambas constituía un supuesto indebido de acumulación de acciones, decretó la nulidad de lo actuado y repuso las actuaciones para que se actuara de acuerdo con el artículo 28.1 LPL.

Concurre pues el requisito de la contradicción exigido por el artículo 217 LPL que nos autoriza a resolver la supuesta infracción legal denunciada. Cuestión que en cualquier caso habría sido abordada de oficio por esta Sala IV, de acuerdo con la doctrina sentada en su sentencia, por todas, de 21-XI-00 (rec. 2856/1999) dictada en Sala General constituida por todos los Magistrados que la integran. Conforme a ella, la regla general que impone la obligación de acreditar la debida contradicción en el plano sustantivo, que en unificación de doctrina es también exigible para las infracciones procesales, quiebra a favor del examen "ex oficio" en los supuestos excepcionales vinculados a la competencia funcional de la Sala o a la falta manifiesta de jurisdicción. Y es evidente que en este caso esta comprometida nuestra competencia funcional, al haber permitido la decisión de la sentencia recurrida el acceso a suplicación, y por consiguiente a la unificación de doctrina, de una acción de clasificación profesional que lo tiene vedado por mandato legal.

Segundo.-Es doctrina de esta Sala, contenida de forma y reiterada en tan numerosas sentencias que excusa de su concreta cita, que las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida en suplicación. Y ello como consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permiten dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de instancia, pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia, construyendo «ex officio» el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que si se permitiera la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo.

Ahora bien, no toda alegación novedosa constituye una cuestión nueva. El concepto de "cuestión nueva" de diseño jurisprudencial, se estableció para prohibir en sede de recurso extraordinario, la introducción como objeto del proceso de aquellas cuestiones fácticas o jurídicas, procesales o de fondo, que pudiendo ser discutidas solo a instancia de parte no fueron, sin embargo, planteadas en la instancia ni resueltas, consiguientemente, en la sentencia recurrida. Y ello con fundamento, tanto en la naturaleza extraordinaria y revisora de dicho recurso que requiere, para evitar convertirlo en una segunda instancia, que las infracciones alegadas en él hayan de guardar armónica y debida conexión con las formuladas en demanda y contestación, como en las exigencias derivadas de los principios de preclusión, lealtad y buena fe procesal, igualdad de las partes y derecho de defensa que obligan a proscribir, como ya indicaba nuestra sentencia de 17-XII-91 rec. 456/1991), toda "falta de identidad entre las alegaciones de la demanda y del recurso impugnatorio subsiguiente que pueda producir indefensión a la otra parte procesal". En definitiva, no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, ínsitas en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por estas en la instancia.

Pero la prohibición no alcanza, como es lógico, a aquellas otras cuestiones que por afectar al orden público procesal y quedar extramuros del poder de disposición de las partes, están siempre presentes de manera latente a lo largo de todo el proceso y por tanto pueden y deben ser examinadas en cualquier momento por el órgano judicial. Estas no pueden calificarse en modo alguno de cuestiones nuevas porque no implican una mutatio libelli o alteración de la pretensión deducida y de la resistencia opuesta. Cabe por tanto afirmar -con las salvedades propias del recurso extraordinario y excepcional de casación para la unificación de doctrina, que no son del caso- que la alegación en un recurso extraordinario como es el de suplicación de un defecto procesal esencial no constituye una cuestión nueva que deba quedar excluida del debate, ya que por afectar orden público puede plantearse en cualquier momento, habida cuenta de que la Sala habría de abordarla incluso de oficio, a tenor de lo prevenido en los artículos 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo ha reiterado esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 24-I-94 (rec. 44/92), 27-V-96 (rec. 3892/1995), 20-XI-96 (rec. 912/1996) y 15-I-97 (rec. 265/96).

Tercero.-Lo expuesto pone de relieve que en el presente proceso se han incumplido el mandato del artículo 28-1 de la Ley procesal laboral, con quebrantamiento de esenciales normas reguladoras de las actuaciones del proceso, cuyo acatamiento resulta indispensable para que aquel pueda alcanzar validamente su fin. Por ello, dado lo que establecen los artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 6-4 del Código Civil, la Sala de suplicación pudo y debió examinar de oficio la cuestión planteada. En circunstancias normales la ausencia de tal decisión, que implicó que la sentencia recurrida dejara imprejuzgada la cuestión procesal planteada, conduciría a su revocación con devolución de los autos a la Sala de Suplicación para que se pronunciara sobre ella. Ahora bien en el presente caso concurren dos circunstancias que aconsejan adoptar un decisión más radical.

De un lado, la propia sentencia recurrida declara expresamente que no son acumulables las acciones de fijeza y clasificación profesional. Y así lo ha declarado también esta Sala en la suya de 20-XII-1988 (rec. 1988/10030), señalando que han de ventilarse en procesos distintos: La de clasificación profesional debe encauzarse por la modalidad procesal, de carácter especial, que diseña el artículo 137 LPL mientras que el proceso ordinario es la vía obligada para sustanciar una pretensión de fijeza. Por consiguiente el reenvío de la sentencia a la Sala de origen para que emita una calificación que ya ha realizado resultaría contrario a los principios de economía y celeridad que informan el proceso laboral ex. artículo 74 LPL.

Y de otro, contamos con otra circunstancia, mucho más relevante que la anterior. Porque no solo se han acumulado acciones que por su distinta naturaleza exigen diferente tramitación, sino que se ha producido al mismo tiempo una inadecuación de procedimiento, ya que por la vía de la acumulación se ha sustraído a la acción de clasificación de su cauce natural y distinto del propio de la acción de fijeza, logrando así el acceso al recurso de suplicación de una acción que lo tiene vedado, por mandato de los artículos 137.3 y 189.1 LPL. Y esa es una cuestión que afecta ya directamente a la competencia funcional de esta Sala IV, que en tales casos esta facultada para acordar directamente la nulidad, no solo de la sentencia recurrida sino de todo lo actuado a partir de la referida infracción.

Procede pues que esta Sala acuerde estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio de Defensa, para revocar y anular la sentencia recurrida. Y que declare la nulidad de todo lo actuado a partir del momento inmediatamente posterior al de interposición de la demanda con devolución de las actuaciones a la Sala de procedencia para que las remita al Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid, a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 LPL y se requiera a la actora para que, en plazo de cuatro días subsane el defecto y elija la acción que pretende mantener, con apercibimiento de archivo.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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