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Jurisprudencia
 
 
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Auto T.S. (Sala 4) de 13 de noviembre de 1992


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina. Requisitos del escrito de preparación del recurso. Defectos subsanables.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-En el primer motivo de la queja, en el que se alega que el auto recurrido infringe el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral, afirma la entidad recurrente que la resolución impugnada se limita a indicar que no había cumplido todos o algunos de los requisitos necesarios para la preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que le produce indefensión. Tal afirmación carece de fundamento. El auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece de forma inequívoca que lo que el escrito de preparación incumple es el requisito de establecer «la especificación elemental... de las circunstancias en que se registra la contradicción justificante del interés en recurrir, así como la información histórica convincente -no el mero aserto de que existen- sobre las decisiones judiciales que la han provocado». Y no cabe la menor duda de que en esta carencia incurre el mencionado escrito, pues en él la representación de la entidad recurrente se limita en este punto a indicar que «la procedencia del recurso que ahora se anuncia y prepara resulta de lo establecido en los artículos 215 y 216 de la Ley de Procedimiento Laboral, al resultar contradictoria con otras dictadas para situación idéntica pronunciadas» por esa Sala. No hay información alguna sobre el contenido de la contradicción, ni sobre las sentencias con las que ésta se produce.

Segundo.-El problema se sitúa, por tanto, en determinar el alcance que ha de darse a la exigencia que en esta materia introduce el artículo 218.2 de la Ley de Procedimiento Laboral cuando establece que el escrito de preparación debe contener «una exposición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos». No desconoce la Sala que en algunas decisiones anteriores ha contemplado con flexibilidad tal exigencia. Pero la experiencia en la aplicación del nuevo recurso de casación para la unificación de doctrina y una interpretación finalista y sistemática de este precepto dentro de la configuración general del recurso y de los principios que inspiran en el proceso laboral, llevan a conclusiones distintas. El recurso de csación para la unificación de doctrina no es sólo un recurso extraordinario, como la casación común y la suplicación; es también un recurso claramente excepcional, porque con él se introduce una excepción al principio de doble grado jurisdiccional, que proclama la base 31 de la Ley 7/1989, de 12 de abril, y que es, a su vez, consecuencia técnica del principio de celeridad (base 16.1), esencial al proceso laboral, como proceso que atiende a la resolución de controversias que tienen por objeto situaciones que requieren una rápida respuesta judicial, no sólo en atención al carácter de las necesidades a las que afectan, sino también porque el elemento temporal influye de forma decisiva en la solución de la controversia y puede alterar la eficacia o idoneidad de la misma. Una utilización generalizada del recurso de casación para la unificación de doctrina fuera de los márgenes precisos que establece su delimitación legal no es compatible con las finalidades institucionales del proceso laboral. Así se señaló ya por el Auto 17-1-1991 y así lo puso de relieve también la S. 4-12-1991 cuando en su fundamento jurídico cuarto alerta sobre los peligros de que el recurso de casación para la unificación de doctrina se convierta en la vía para introducir, si no se opera con la prudencia debida, el tercer grado jurisdiccional como regla general.

Tercero.-A partir de estas consideraciones ha de determinarse el alcance del artículo 218 de la Ley de Procedimiento Laboral y en este sentido no puede olvidarse que la contradicción entre la sentencia recurrida y las sentencias que menciona el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral no se confunde con la motivación del recurso, sino que constituye un requisito de recurribilidad, que, como tal, ha de ser objeto de la exposición sucinta que exige el artículo 218.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Tal exposición no es, desde luego, la relación precisa y circunstanciada que contempla el artículo 221 de la misma Ley, pero tampoco se identifica con una mera afirmación de que la contradicción existe sin incluir ningún elemento de determinación. La exposición, aunque breve, concisa o resumida, sigue siendo exposición, y tiene, por tanto, que mostrar o manifestar la existencia de la contradicción, haciendo visible la misma como indica el sentido propio de las palabras. No será necesario el análisis comparativo de las identidades que constituye el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposión, pero deberá identificarse tanto el núcleo básico de la contradicción como las sentencias en relación con las que se entiende que ésta se produce; en designación que vincula la del escrito de interposición. Es ésta además de una exigencia razonable, pues quien afirma responsablemente que existe una contradicción y con esta afirmación provoca efectos de gran trascendencia en el proceso, como son la paralización del efecto de cosa juzgada y de la ejecución definitiva de una resolución judicial, que ha sido dictada ya en un recurso extraordinario, debe conocer los términos en que esta contradicción se produce y tiene que exponerlos como garantía del fundamento de su propósito y como medio de control a los efectos de lo previsto en las normas procesales.

Cuarto.-Es patente que en el presente caso no se ha cumplido esta exigencia por la entidad recurrente. Sin duda por ello denuncia también la queja en su segundo motivo la infracción del artículo 206.3 de la Ley de Procedimiento Laboral por entender que en todo caso se trataría de un defecto subsanable. Esta tesis tampoco puede ser aceptada. El artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, al referirse a la subsanación señala que ésta habrá de realizarse "por el procedimiento establecido en las Leyes" y análoga referencia respecto a los casos, condiciones y plazos previstos en las Leyes Procesales se contiene en el artículo 243 de esta Ley. El artículo 206 de la Ley de Procedimiento Laboral ha de ponerse en relación con el artículo 192 de la Ley de Procedimiento Laboral que relaciona los defectos subsanables (insuficiencia de la consignación, falta de presentación del depósito y falta de acreditación de la representación), en los que no puede incluirse la absoluta omisión de los datos que identifican la contradicción. Pero, aunque se superara esta limitación aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional [S. 99/1990, de 24 de mayo, y las que en ella se citan] sobre la subsanación de defectos procesales, las consecuencias serían las mismas, pues se trata de una omisión injustificada imputable a quien prepara recurso, en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad de un proceso fundado en el principio de celeridad, al retrasar, también de forma injustificada, la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable.

Quinto.-Procede, por tanto, la desestimación de la queja.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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